Baluarte era el nombre en clave del agente asignado por la sección segunda del Estado Mayor Presidencial para espiar a los grupos guerrilleros ERPI, EPR y TDR en Guerrero. Bitácora y borradores de informes -entregados a campesinos me’phaa y nu’saavi al ser descubierto- dan cuenta del acoso castrense contra los paupérrimos pueblos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, los cuales, sin pruebas, son vistos como conspiradores.
La Montaña, Guerrero. A hurtadillas, Baluarte garrapatea nombres y siglas, y describe rostros y complexiones. También anota las partes que considera “subversivas” de los discursos pronunciados. Agazapado bajo su disfraz de “indígena” en los márgenes del mitin, se da tiempo de sacar de vez en vez una pequeña cámara reflex -pues no puede ostentar una digital en la zona más pobre del país- para discretamente tomar fotos y guardarla nuevamente en su morral jaspeado.
Es el mediodía del 7 de junio de 2002 y frente a él -y una muchedumbre de 600 personas- desfilan oradores provenientes de 20 pueblos de la Costa Chica y Montaña guerrerenses. La mayoría de las comunidades que se dan cita pertenecen al municipio de Ayutla y están habitadas principalmente por indígenas me’phaa, o tlapanecos, y nu’saavi, o mixtecos. Conmemoran el cuarto aniversario de la masacre de El Charco, cuando 11 campesinos fueron acribillados por elementos del Ejército Mexicano.
La ceremonia tiene lugar en la misma primaria donde ocurrieron los hechos sangrientos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó como un enfrentamiento de elementos del Ejército mexicano con integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Los indígenas rechazan la versión de las autoridades y aseguran que se trató de una matanza de campesinos indefensos. Como entonces, la humedad del ambiente y el cielo encapotado anuncian la lluvia nocturna que aplaca la tierra rojiza de la montaña.
Baluarte calza huaraches, viste pantalón de mezclilla y camisa a cuadros; lleva paliacate al cuello, morral de hilo que cuelga del hombro derecho y sombrero costeño. Mira detenidamente rostros y actitudes. Tiene como misión identificar a integrantes de “grupos subversivos” y se vale de efectivos del 48 Batallón de Infantería infiltrados en las comunidades desde hace años, entre los que destacan –según se desprende de los propios informes de Baluarte– Alfonso Morales Silvino, indígena me’phaa quien se hace pasar como simpatizante de las decenas de organizaciones políticas y sociales de la Montaña y Costa guerrerenses.
Pero el cazador está siendo observado. Un grupo de indígenas recuerda haberlo visto con otra vestimenta semanas atrás y lo siguen disimuladamente. La conducta de Baluarte es analizada y finalmente le piden que se identifique. Nadie lo reconoce como vecino de alguna comunidad y decide hacerse pasar por periodista. Ofrece el nombre de un diario inexistente pero no logra acreditarse como reportero. Él mismo abre su cámara reflex y vela el rollo. Asegura que no quiere problemas y entrega su “libreta de periodista”.
Los indígenas lo dejan marchar. Aseguran que no le preguntaron su nombre y ni siquiera pusieron cuidado en el transporte que utilizó para abandonar la comunidad a la que se llega sólo por una brecha accidentada que parte de la cabecera municipal. A Baluarte no se le volvió a ver por ninguno de los pueblos. El informe más antiguo del cuaderno que entregó tiene fecha del 26 de abril de 2002, mes y medio antes de ser descubierto.
El diario
El cuaderno, ahora en manos de los indígenas, contiene borradores de los informes que Baluarte enviaba a sus superiores; nombres y descripciones de los líderes de las organizaciones políticas y sociales de la región, teléfonos, domicilios, lugares de trabajo, familia, propiedades y amistades; extractos de discursos pronunciados en mítines y reuniones; resultados de “seguimientos” a personas y organizaciones; directorios de funcionarios municipales, estatales y federales y de dirigentes de los partidos políticos PRD, PRI y PAN en el municipio y el estado.
Además, un “diccionario”, al parecer en clave; calendarios elaborados a mano; reflexiones sobre el “panorama” político, electoral y magisterial, y nombres incompletos o en clave de informantes de la región, los cuales están adscritos al 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en el poblado de Cruz Grande, en la zona de la Montaña.
Todos los borradores de los informes ostentan en la parte superior de la hoja, además de la fecha, la leyenda “P/GRUSEP.ACAPULCO”. Concluyen con “Resptte., Baluarte”. Algunos reportes agregan: “aprovecho para informar encuéntrome sin novedad”. La mayoría de ellos se dividen en tres apartados (A, B, y C), los cuales a su vez se subdividen en incisos.
El primero de los apartados está dedicado a informar de los resultados de sus “seguimientos” a personas y organizaciones: lugares de reunión, medios de transporte e intereses; el segundo, a señalar los hechos de delincuencia e inseguridad de la zona, y el tercero acerca de las acciones que planea realizar el espía en la siguiente semana.
En la hoja titulada “Mi Diccionario” se encuentran palabras como “Occiso”, “Cadáver”, “Favor”, “Exhibición”, “Suicidio”, “Versión”, “Decibeles” y, entre otras, “Trascendencia” sin que Baluarte haya escrito en seguida el significado de ellas. Sin embargo, a través de la lectura de los apuntes se infiere que “Trascendencia” podría ser insurgencia o sospechoso de insurgencia; como “Trascendente”, insurgente o sospechoso de ser insurgente.
Las organizaciones espiadas son, principalmente, la Organización de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Autónomo (OPIDA), el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT). De ellas, Baluarte informó el número de integrantes, zonas y pueblos de influencia, número de posibles adherentes, nombres de los líderes y sedes centrales y locales.
En uno de sus reportes Baluarte escribe que a las “1800” (6 de la tarde) del 5 de mayo de 2002 “al dar un último recorrido por el local de la OIPMT se detectó que personas indígenas se estaban reuniendo […].
“El suscrito pudo entrar aprovechando la confusión de la gente que asistió a la feria tradicional que se realiza en ese barrio, pudiendo presenciar la exhibición de un video relacionado con los hechos de Aguas Blancas. Al final la persona que manejó el aparato (TV) dijo que próximamente presentarían los acontecimientos ocurridos [sic] en El Charco […].
“El elemento (Alfonso 48 [Alfonso Morales Silvino, del 48 Batallón de Infantería del Ejército]) manifestó que las mismas personas mencionadas tendrán reunión el 6 de mayo en Barranca Tecoani, por lo que se desplazó a ese lugar hoy (6-mayo-0600 hrs.) quedando de informar sobre dicho evento, habiéndosele proporcionado medios económicos de ida y vuelta.”
En otro reporte acerca de la OIPMT, Baluarte señala que el “objetivo de la organización es […] conseguir mejores beneficios para el campo, desconociendo hasta el momento que tengan vínculos con grupos armados. No tienen día fijo para sesionar. Lo hacen periódicamente y su círculo es sumamente cerrado y discreto.
“Para efectos de transporte a las diferentes comunidades cercanas al área de Ayutla, utilizan una camioneta tipo Pik-Up, Ford, modelo 96, color blanca […] mismo vehículo en mención sirve para acarrear cosechas de integrantes de esa organización.”
Las personas escudriñadas hasta en sus gustos y pertenencias son Narciso Martínez, Raymundo Nava, Onésimo Gil, Juan Bruno Guzmán, Omar Garibay, Hilario Ramírez, Arturo Campos y María de los Ángeles Nava, líderes de distintas organizaciones, algunas de ellas incompatibles entre sí. De ellos, Baluarte señaló complexión, edad, domicilio, lugar de trabajo, teléfonos, carácter, lugares y personas que frecuenta y medios de transporte.
Un ejemplo de los “seguimientos” abundantes en los apuntes del espía es el realizado a Omar Garibay, del FPR, el 3 de mayo de 2002, quien “fue a una jugada de gallos; llegó acompañado de unos amigos en una camioneta Ford blanca […]. Llegó como a las 1500 y se regresó como a las 1800. Estuvo con el presidente municipal, quien lo despidió a su regreso.”
Además, Baluarte elaboró croquis del domicilio y del lugar de trabajo del profesor Juan Bruno, y reportó las horas del día en que el investigado se encuentra en su casa y en la escuela primaria.
Las comunidades acosadas son, principalmente, Barranca de Guadalupe, Barranca Tecoani, El Timbre y El Camalote, todas del municipio de Ayutla.
Entre los apuntes del agente encubierto se encuentra una hoja que señala la existencia de “células trascendentes” (insurgentes) en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Veracruz y el Distrito Federal, sin dar mayor información.
Además de Alfonso Morales Silvino, Baluarte habla del “Mayor Valladares S. T. I. O 48BI” y del “Cabo Inf. Adulfo Cruz Castro” con quienes para comunicarse tenía como contraseña decir que hablaba de parte de “la tienda Roberto”.
El espía incluso informaba con quién de las personas investigadas Morales Silvino estaba “más relacionado”. Baluarte no portaba teléfono celular y, si era necesario entablar una conversación con su superior, utilizaba el de Alfonso Morales. También señala como “contacto de Gobernación en Ayutla” a Rogelio Hernández Chávez.
De acuerdo con el documento, proporcionado por integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, (OPIM), Baluarte no logró demostrar nexo alguno entre las decenas de organizaciones políticas y sociales con presencia en las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero y los grupos armados, pero da cuenta del acoso castrense contra los paupérrimos pueblos me’phaa y nu’saavi.
Obtilia Eugenio Manuel, secretaria general de la OPIM, fue una de las indígenas que desenmascaró al espía en la comunidad El Charco. Tres años después del hecho fue amenazada de muerte, mediante un papel manuscrito entregado en la calle por un desconocido, “por lo que le hiciste a mi compañero en El Charco”. En el documento le echan en cara haber denunciado las violaciones sexuales cometidas por soldados contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Además de insultarla, le prometen que pronto va a “descansar en paz”.
La indígena defensora de derechos humanos expone que a mediados de enero de 2007 se presentó en Barranca de Guadalupe la persona que dijo ser el “licenciado Francisco, funcionario de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios”. El supuesto servidor público le reprochó al comisario de esa comunidad haber denunciado la militarización y los destrozos en la Montaña y Costa Chica del estado.
Con un ejemplar de Contralínea 70 en la mano, el “licenciado Francisco” preguntó por las personas que habían dado su testimonio a la publicación. “Pero el comisario hizo reunión y la gente se encabronó. Le dijo al tal Francisco que el pueblo nunca pidió militares, sino clínica, escuela y obra social y que no tiene miedo de decir la verdad”, señala Obtilia Eugenio.
Fuente: Revista Contralínea
Publicado: Febrero 2a quincena de 2007
Fuente: Revista Contralínea (Por Zósimo Camacho, texto y fotos)
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