Sonora es el estado con más municipios dominados por el narcotráfico; sin embargo, los operativos de seguridad que arrancaron con la administración de Felipe Calderón para combatir a este flagelo no han tocado la región que gobierna actualmente el priísta Eduardo Bours Castelo.

De acuerdo con el estudio de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) denominado El mapa de las drogas en México, de la autoría de Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, en Sonora está asentada la mayor presencia del narcotráfico del país, pues de los 100 municipios con más habitantes dedicados al narcotráfico, esa entidad concentra 25 cabeceras municipales.

El análisis español señala que la circunscripción de Naco, ubicada al noreste de la entidad, encabeza la lista de una centena de ayuntamientos en donde se encuentra la residencia habitual de los sentenciados por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos por cada 100 mil habitantes.

Le sigue Onavas, con la segunda posición, localizado al sureste de Sonora, y en tercer lugar se encuentra San Vicente Coatlán, en Oaxaca. El ayuntamiento de Guerrero en Tamaulipas ocupa el cuarto sitio, y nuevamente los municipios de Sáric, Imuris y General Plutarco Elías Calles, en Sonora, llegan hasta el séptimo de los 10 primeros lugares.

Antes de llegar al sitio 20, Sonora tiene registrados siete cabildos: Yécora, Altar, Nogales, Rosario, Bacerac, Puerto Peñasco y Bavispe. Luego, según la investigación, se ubican Agua Prieta, Álamos, San Luis Río Colorado, Bacoachi, Santa Ana, Caborca, Nácori Chico, Cananea, Magdalena, Navojoa, Cajeme, Pitiquito y Banámichi.

Luis Gerardo Serrato Castell, secretario de la Comisión de Seguridad Pública por el Partido Acción Nacional del estado de Sonora, señala que la inseguridad y el crimen organizado son “el lado flaco del gobernador Bours”, quien no ha podido abatir estos problemas.

“Nosotros hemos solicitado que los operativos de combate al narcotráfico se lleven a cabo también en Sonora. El senador Guillermo Padres Elías que ya lo pidió formalmente, y yo me sumé a dicha solicitud en mi carácter de secretario de la Comisión de Seguridad Pública.”

Serrato Castell advierte que ha habido muchos actos violentos en el estado, mismos que han afectado a la comunidad, por lo que exige se lleven a cabo este tipo de operativos. El estado tiene muchos problemas que son focos amarillos, tendientes a rojos, prácticamente desde que inició el gobierno de Eduardo Bours.

El legislador panista dice que “ya solicitamos el apoyo del gobierno federal ante la falta de resultados por parte del estado. El narcotráfico es el lado flaco de la administración estatal y veo un problema serio de falta de coordinación”.

Al conocer la estadística realizada por el investigador de la universidad española, Rodrigo Medina de la Cruz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública por el Partido Revolucionario Institucional, señala que es “alarmante” ver que en ciertos estados o municipios se lleven a cabo este tipo de actividades ilícitas, por lo cual habría que tomar medidas emergentes.

No obstante, el legislador priísta defiende la administración de Bours Castelo y detalla que el problema de la inseguridad no es privativo de una sola entidad. “No debemos etiquetar a una sola persona este problema”.

La inseguridad y el narcotráfico “han crecido porque no hemos sido capaces, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox, de encabezar una gran cruzada nacional para poder convertir a todos los actores en parte de la solución y no del problema.

“Necesitamos que parte de la coordinación sea efectiva, no en un solo estado sino en toda la República, que el gobierno federal se convierta en ese líder nacional que pueda sentar en la mesa a los diferentes gobernadores y regidores y los pueda sacar adelante a todos, agrega.

Medina De la Cruz critica que la lucha contra el narcotráfico no nada más se va a dar con otorgar más recursos y discursos. “Hay que demostrar y comunicar a la ciudadanía que esto se está atendiendo con acciones contundentes que se transformen en una mejor calidad de vida para las personas”.

El legislador priísta agrega que las posiciones de los municipios relacionados con el narco que muestra la investigación de la UAM española no hace a Sonora un estado en el que prive la inseguridad y el crimen organizado.

“También estamos viendo como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros estados de la República tienen este problema. No considero que lo más inteligente sea atacar a una persona o achacar el problema hacia una sola institución. Todos hemos permitido que esto se incremente, sobre todo las autoridades pertinentes”, dice.

Para Armando Barreiro Pérez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), “no es una novedad que los estados del norte y que en particular Sinaloa y Sonora hayan estado sometidos al flagelo del narcotráfico. Ello es un indicador más de cómo han fracasado las políticas de seguridad pública que instrumenta el Estado”.

Las cifras

El estudio del español Carlos Resa, miembro de la International Association for the Study of Organized Crime, señala que en Sonora por cada cien mil habitantes hay 143.57 sentenciados –por producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos–.

De acuerdo con el cuadro Densidad de narcos según estados, le siguen Baja California, con 135.97 personas; Sinaloa, 121.13; Chihuahua, 117.13; Baja California Sur, 100.46; Nayarit, 89.22; Colima, 86.43; Durango, 56.33; Tamaulipas, 53.79; y Michoacán, con 50.98 entre los 10 primeros estados.

Mientras Sonora ocupa el primer lugar a nivel estatal, Tijuana, Baja California, es la ciudad que tiene a más personas consignadas por cada cien mil habitantes. Le siguen Ciudad Juárez (Chihuahua) con 133.16; León (Guanajuato), 71.73; Guadalajara (Jalisco), 70.76; Zapopan (Jalisco) 39.56; Monterrey (Nuevo León), 33.30, Distrito Federal, 17.63, Nezahualcoyotl (Estado de México), 12.40; Puebla, 9.50 y Ecatepec (Estado de México) con 8.94.

Acciones para legitimar

Armando Barreiro Pérez, secretario de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados por el PRD, hace un balance de las acciones que puso en marcha el ejecutivo federal para el combate al narcotráfico y descarta que se vayan a lograr resultados favorables de alto alcance, pues los operativos han servido para que el presidente Felipe Calderón intente legitimarse y para polemizar la problemática.

El legislador perredista hace referencia a las declaraciones que hizo el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien afirmó el pasado 12 de febrero que se llevaba a cabo una investigación al alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, por su presunta vinculación con el narcotráfico en la región.

“Parece que igual que en el sexenio anterior, con el programa que se llamó México Seguro, no ha tenido el efecto que mediáticamente nos han dicho, si no que están siendo en algunos puntos contraproducentes, porque son aprovechados para politizar el combate en contra del crimen organizado”, dice.

“A este tipo de declaraciones hay que agregar que no ha habido los resultados esperados, por lo que los legisladores del PRD consideramos que deben someterse a revisión los operativos. Y ya desde hace unas semana estamos solicitando la comparecencia del secretario García Luna ante esta Cámara”, agrega Barreiro Pérez.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública por el PRD señala que es a través de los efectos mediáticos que el presidente Felipe Calderón intenta legitimarse. “Esa va a ser la tendencia, debido a la necesidad que tiene su gobierno espurio”.

El investigador Resa Nestares coincide con el legislador perredista, pues señala que el mensaje del presidente con estos operativos es “soy el nuevo presidente, con una legitimidad escasa, así que opto por enfrentarme a un enemigo fácilmente manipulable ante la opinión pública: la industria de las drogas. Nada nuevo. Todo muy aparatoso, pero con nulos efectos reales, fuera de los publicitarios para el nuevo gobierno”.

Agrega que “para combatir el "flagelo" de las drogas, las medidas son inocuas. La presencia física del Ejército reduce el ejercicio de la violencia en ciertos lugares. Pero, conociendo que la violencia no es una parte intrínseca sino un subproducto de la industria de las drogas, combatir sus efectos no tiene porqué generar ningún efecto sobre la industria en su conjunto”.

Luego de ser consultado sobre las posibles implicaciones sociopolíticas previsibles en esta materia, el académico español concluye: “Ninguna. La población por abrumadora mayoría, pero con excepción de una minoría muy ruidosa, está a favor de una mayor participación de las fuerzas armadas en la represión de la industria de las drogas y de la delincuencia en general, con lo cual es cumplir con los deseos de la mayoría. La industria de las drogas seguirá sin cambios”.

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007

Érika Ramírez