Torturan y detienen a dos venezolanas

Carmen Yolanda Daza Artigas llegó a México en febrero de 2006, con la esperanza de salvar su vida. La socavaba la leucemia que cinco años atrás le había diagnosticado en Caracas su médico Francisco Jonás Mendoza. Ocho meses después, vejada y con su salud en peligro por el maltrato que, asegura, le infligieron elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y del Instituto Nacional de Migración, regresó a su país natal sin posibilidad de retornar a México.

Libre ya de todo cargo por la justicia mexicana, Daza Artigas fue expulsada de México por negarse a regresar a la estación migratoria, en la que había sido confinada tras ser liberada del delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este hecho constituye un capítulo más de la grave escalada política que desde hace varios meses protagonizan los gobiernos de México y Venezuela.

Xiomara Josefina Salazar Gómez, también venezolana y amiga de Carmen Yolanda Daza, ingresó por enésima ocasión a nuestro país, en febrero de 2006. Ambas mujeres fueron acusadas de violar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada al realizar supuestamente operaciones de blanqueo de capitales.

Pese a la osteoporosis que por 20 años ha padecido, Xiomara Josefina caminaba bien; pero tras su detención y arresto, ahora se moviliza en silla de ruedas en la prisión de Santa Martha Acatitla, como secuela de la tortura física y moral que, asegura, padeció durante el arresto por parte de la policía federal. En prisión, espera que se le haga justicia.

De su detención se informó a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela hasta el 20 de febrero de 2006, es decir, 13 días después de que fueron sometidas a un intenso interrogatorio sin presencia de un diplomático de su país y sin asesoría legal.

Las dos venezolanas denunciaron que al momento de su detención e interrogatorio sufrieron tortura física y moral, por lo que niegan las presuntas declaraciones en que admitían los delitos que les imputa la autoridad mexicana.

Meses más tarde, Xiomara Josefina exigió en un escrito la presencia de un relator de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que testimoniara la violación de sus derechos humanos por la autoridad federal.

En el fondo de la tragedia que vivieron en México estas mujeres, subyace la discriminación de que son objeto los venezolanos por parte de autoridades migratorias, desde que arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Son numerosos los testimonios de viajeros venezolanos retenidos por agentes migratorios que los acusan de ingresar en el país con fines ilegales, mientras los retienen por largo tiempo antes de imprimir en sus rojos pasaportes el sello que autoriza su internación a México (Fortuna 43).

Comienza la pesadilla

Xiomara Josefina realizaba continuos viajes entre Caracas y México. Hasta febrero de 2006 esta comerciante en pequeño había encontrado su forma de vida en la compra de mercancía mexicana -ropa, enseres y accesorios- para revenderla en Venezuela. Le iba bien, tanto que invitó a Carmen Yolanda a viajar con ella a México y así involucrarla en ese negocio, y al mismo tiempo buscar un tratamiento más efectivo en contra de la leucemia que la agobiaba.

Nacida en Barquisimeto, estado de Lara, Carmen Yolanda Daza Artigas, de 47 años y viuda, decidió vender una pequeña finca para buscar una alternativa a su enfermedad. Su primer y único viaje a México fue el sábado 5 de febrero del año pasado. Con su amiga Xiomara se alojó en el hotel Plaza Lora. Al día siguiente paseó por la Zona Rosa y el lunes 7 de febrero, mientras tomaba un baño, Xiomara salió de la habitación.

Momentos después, irrumpieron en el cuarto del hotel varios elementos policiales de la AFI con el rostro cubierto y, con inusitada violencia, la detuvieron. En la calle, Xiomara había sido detenida también. El cargo: complicidad en actividades de delincuencia organizada.

Ambas coinciden que en las instalaciones en donde fueron interrogadas, por largo tiempo permanecieron sentadas y con la cabeza inclinada entre las piernas. Al ser detenida, Carmen Yolanda declaró a sus captores que sufría descompensación por hemorragia nasal y vaginal, efecto de su enfermedad.

El severo interrogatorio se prolongó por largo tiempo. Estuvieron arraigadas en el número 43 de la calle Ignacio Morones de la colonia Doctores, en el centro de la Ciudad de México, desde el 7 de febrero hasta el 8 de mayo de 2006, con fundamento en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDCS/024/2006. Poco después, ambas mujeres manifestaron las secuelas de la tortura física y psicológica que sufrieron durante ese tiempo.

“Los padecimientos que presento se han agravado, por ser víctima de agresiones, malos tratos y violencia física y moral a partir de mi detención, para obligarme a declarar cosas que no sé. Lo anterior motivó que inclusive mi defensor haya expuesto dicha situación por escrito ante el agente del ministerio público. Es de señalar que durante este tiempo de arraigo se me formó una protuberancia en la espalda, en la región de la columna vertebral, que no me permite dormir normalmente. Me llevaron con un supuesto doctor que, sin mi consentimiento y sin explicarme la necesidad de la medida que iba a tomar, me encajó una aguja en la parte de la protuberancia dentro de la columna sin anestesia, poniéndome en peligro de quedar paralítica debido a la descalcificación de mi columna que padezco”, cita Xiomara en su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 30 de marzo de 2006.

Agrega que “desde mi detención he sido objeto de tortura y vejaciones. Fui golpeada por dos policías que aparentemente son el comandante Corza Palacios y un ‘AFI’ que se llama Emilio Gutiérrez, quien de un puñetazo me tiró un diente, como lo podrán comprobar”.

Aclara que no tiene la seguridad de que esos datos correspondan a sus agresores. Sin embargo, agrega en su escrito que “sí los podría reconocer de tenerlos a la vista. Después de que fui golpeada y lesionada se me tuvo varias horas desde las seis de la tarde hasta las tres de la mañana, sin que me brindaran atención médica hasta que les firmara una declaración en la que pusieron lo que quisieron, y hasta después me enteré que acepté una supuesta responsabilidad penal de hechos que desconocía”.

Xiomara solicitó a la CNDH que investigue y corrobore los hechos narrados y que la auxilie para ser internada en una clínica especializada, ante el temor de poder quedar paralítica o afectada permanentemente.

Para confrontar la información con las autoridades mexicanas, se solicitaron entrevistas con la CNDH sobre el seguimiento que dio a esa queja y la respuesta de Miguel Ángel Paredes, funcionario de esa dependencia, fue contundente: “La Comisión investigó, resolvió y le comunicó directamente la respuesta a la interesada. Por tratarse de un asunto muy delicado y por la confidencialidad que establece el artículo cuarto de nuestra ley, la respuesta no se hace pública. Si ella quiere hacerla pública, a lo mejor entonces nosotros lo haríamos. Mientras tanto, no se hará”.

Perseguida

Carmen Yolanda salió de la Casa de Arraigo para ser confinada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, mientras transcurrían los trámites legales de su caso. Ahí fue valorada médicamente por las doctoras de apellidos Jiménez y Badillo, quienes en su informe refirieron que la interna padecía leucemia mastocistica.

La condición del encierro causó en Carmen Yolanda crisis recurrentes de su enfermedad, denominada “desorden complejo hematológico con efecto myeloproliferativo”, que genera reacciones cuando la paciente es sometida a estrés severo. Con ese cuadro, en menos de 24 horas podría producirse la muerte de Carmen, por lo que el 6 de marzo, Mario Carpanta Juárez, su defensor de oficio, notificó esa situación ante el agente del ministerio público encargado de la investigación.

La detenida recibió primeros auxilios, ante la crisis que presentó el 7 de marzo, por los médicos generales de la casa de arraigo. El día siguiente fue llevada al hospital “Torre Médica” de José María Iglesia 21, colonia Tabacalera, en donde sólo certificaron su padecimiento, sin ofrecerle tratamiento adecuado y fue trasladada de nuevo a la casa de arraigo.

Más de dos meses después, el 29 de mayo de 2006, el juez décimo primero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, recibió la solicitud de la embajada de Venezuela en México para obtener copia de los resultados de estudios que se habían practicado a Carmen Yolanda en la “Torre Médica”, así como información a la casa de arraigo de los tratamientos a los que fue sometida.

En garras de Migración

El 29 de septiembre de 2006, Carmen fue liberada de todo cargo por el Poder Judicial mexicano. La hoja tres del documento de la causa penal 54/2006-IV, oficio 6433/2006, señala: “Ante la improbación del delito, se decreta a favor de Carmen Yolanda Daza auto de libertad, por falta de elementos para procesar, respecto del ilícito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Firma Daniel Sánchez Montalvo, juez décimo primero de distrito de Procesos Penales Federales en el D.F”.

Casi enseguida, el 4 de octubre, el abogado de Carmen pidió su libertad por falta de elementos. Sin embargo, en un procedimiento que aún no queda claro, lejos de autorizar la absoluta liberación de la venezolana, su resguardo pasó al Instituto Nacional de Migración (INM), como consigna el oficio firmado por Tonatiuh García Castillo, coordinador de Control y Verificación Migratoria, perteneciente a la Subdirección de Resoluciones, del 6 de octubre de 2006.

Se trata del expediente 3397/06, que comenzó un procedimiento migratorio conforme al acta 1948/EM/2206 que dice: “La directora del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla puso a disposición del Subdirector de la Estación Migratoria en el Distrito Federal a la extranjera Carmen Yolanda Daza Artigas”. Se trataba del aseguramiento de la venezolana por parte del Instituto Nacional de Migración.

A esa medida siguió un cúmulo de trámites administrativos: la embajada de la República Bolivariana de Venezuela debía expedir un documento de identidad y otro de viaje para Carmen, “a efecto de definir su situación migratoria en el país”, así como constancias de no antecedentes penales. Ello pese a que ya estaba libre de cargo.

Las incongruencias continuaron.

En la estación migratoria, la salud de Yolanda empeoró mientras rogaba por tener acceso a su embajada. Hasta que llegó la respuesta. El oficio del 3 de octubre del 2006, en su punto II, del capítulo “Considerandos”, firmado por el jefe del Departamento de Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria, comisionó a los agentes de Migración, Evelia Vargas Hernández y Marco Antonio Téllez a trasladarla hacia el consulado venezolano para “sostener una entrevista con las autoridades de esa representación consular, a las 10:30 y regresarla a la estación migratoria donde se encontraba a disposición de la autoridad migratoria”.

Además, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, emitió el 4 de octubre un oficio con el sello del Poder Judicial Federal, que respondía a la demanda de garantías promovida por Carmen contra actos del presidente constitucional. Ahí se describe: “Se concede a la quejosa suspensión del plano del acto consistente en la deportación o destierro”, firmado por Onorio Gamboa Cárcamo, secretario del Juzgado.

Así, el 5 de octubre de 2006 Yolanda acudió a su embajada. Subió al auto acompañada de los agentes del Instituto Nacional de Migración que la trasladaron al consulado venezolano y una vez ahí, le advirtieron que sólo tenía unos minutos.

Tan pronto ingresó en la sede diplomática, Carmen se desplomó. La angustia que la dominó por semanas y meses hizo crisis mientras veía la amenazadora presencia de sus custodios en la calle. Con frases entrecortadas por las lágrimas narró a sus compatriotas su terrible experiencia, los abrazaba y rogaba que no permitieran su regreso a la estación migratoria. Temía permanecer ahí indefinidamente.

Abajo, en la calle, los agentes Vargas Hernández y Antonio Téllez reportaban por teléfono a sus superiores que Carmen se negaba a regresar; presionaron al personal de acceso de la legación a desalojarla. Así lo consignaron en un acta circunstanciada: “Hasta las diecisiete horas, momento en que el consulado cerró sus puertas y fueron invitados a desalojar las instalaciones del mismo, sin que les fuera puesta a disposición la extranjera Carmen Yolanda, bajo el argumento de que había sufrido una crisis nerviosa y necesitaba reponerse de la misma”.

Ese documento ostenta en el ángulo superior izquierdo un sello de confidencialidad, con un periodo de reserva de 12 años, con base en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Contralínea solicitó una entrevista con la titular del INM, la ex senadora panista y suegra de César Nava, secretario particular del presidente Felipe Calderón, Cecilia Romero, pero no hubo respuesta.

Expulsada

Carmen Yolanda Daza, presa de la angustia y de crisis nerviosas permaneció toda la noche en la embajada. Se rehusó a regresar a su confinamiento y sólo quería volver a su país. Tras un intenso intercambio de telefonemas entre las autoridades migratorias y su defensor, logró salir de la embajada hacia el aeropuerto con destino a Venezuela.

Un oficio de la Secretaría de Gobernación, del 10 de octubre de 2006, firmado por Patricia O. Peláez Olivares, del Instituto Nacional de Migración, autorizó su salida definitiva. De ahí partió con destino a su país, bajo consigna de no regresar jamás a México. Ese expediente, entonces, sigue abierto.

Publicado: Marzo 1a quincena de 2007