La prensa del movimiento y de la Iglesia católica, algunas emisoras de radio y una televisión pública al amparo del régimen conformaron la estructura informativa en el Estado español durante cuatro nefastas décadas. Con esa realidad, convivía algo de iniciativa privada, en forma de publicaciones, que para subsistir seguían las consignas estipuladas y eran sometidas a la censura política. A la muerte del general Franco, esta estructura consistía en un entramado de empresas públicas débiles y claramente propagandísticas, muy controladas por el régimen. A finales de 1975 comienzan a ponerse en marcha nuevas iniciativas que constituyen el germen de lo que serán los nuevos grupos de comunicación españoles.

Con excepción de periódicos históricos como La Vanguardia, La Voz de Galicia o El Correo fundados a finales del siglo XIX o a principios del XX, en el caso de ABC, durante la década de los setenta y ochenta tiene lugar el nacimiento de las que hoy son las principales publicaciones impresas del mercado de información general español: los periódicos El País (1976), El Mundo (1989), El Periódico (1978); o las revistas Interviú (1976) o Tiempo (1982). También en esas fechas se produce una importante proliferación de cadenas de radio y se llega a la concesión de tres licencias de televisión privada, una de ellas de pago. Esta fue la primera fase de lo que será la actual transformación del sector de la información y comunicación en el Estado español. La ruptura con el viejo modelo mediático permite que se articule toda una maraña de negocios en expansión en manos de empresas que hasta entonces habían sido simples editoriales o periódicos familiares de gran tradición.

Origen de la concentración de medios

Durante la segunda legislatura socialista y tras la descentralización de la televisión a través de los canales autonómicos, se aprobó en 1988 en el Congreso de Diputados la Ley de Televisión Privada, que contemplaba la concesión de tres nuevos canales adjudicados mediante concurso público. La aprobación de esta Ley puede ser considerada como el punto de arranque de la concentración de los medios en este país.

Aquella primera Ley pretendía regular un campo hasta entonces inexistente en el Estado. Establecía que las concesiones de explotación de las televisiones se otorgaban por un plazo de 10 años renovables; acotaba la publicidad a un límite no superior al 10 por ciento del total de las horas de programación anual y fijaba mecanismos de control importantes a nivel de accionariado, estableciéndose que un accionista no podía superar el 25 por ciento de participación en una cadena de TV privada, garantizando así un "moderado" grado de pluralismo.

Paula Cabildo

Las presiones políticas de los empresarios de la comunicación hicieron que la Ley de Televisión Privada fuera modificada diez años después, en la era Aznar. En 1998, Antena 3 TV estaba participada por el Banco Santander (19’4 por ciento) y por el Central Hispano (19’3 por ciento). Con la fusión de ambas entidades financieras al año siguiente, el nuevo Banco Santander Central Hispano (BSCH) superaría el 25 por ciento del accionariado previsto por la Ley.

Las presiones de Botín tienen como resultado que paralelamente al acuerdo de fusión se modificara la Ley, permitiéndose ampliar hasta el 49 por ciento la participación para un solo accionista. Posteriormente, el BSCH venderá sus acciones a Telefónica, que se convertirá en socio mayoritario en Antena 3 hasta hace apenas cuatro años.

La segunda reforma de la Ley de Televisión Privada llega en 2002 y articula que un único accionista pueda tener el cien por cien del accionariado. Una vez más, la reforma coincide con un nuevo movimiento de capital en el mercado privado. Mediaset, la multinacional mediática de Berlusconi, había aumentado su participación en Tele 5 en función de las posibilidades legislativas en cada momento: del 25 por ciento posible en 1989, pasó a controlar el 40 tras la reforma de 1998, llegando al 52 el mismo día en que entraba en vigor esta última reforma de la Ley. Berlusconi situó al frente de los informativos al Grupo Correo-Prensa Española (hoy Vocento), cuyo periódico más emblemático es ABC, de clara línea editorial conservadora y posicionado políticamente con el gobierno.

Aún durante el mandato de Aznar, diversas enmiendas a la Ley de Televisiones Privadas, introdujeron una serie de incompatibilidades respecto a la participación en sociedades concesionarias dentro del ámbito audiovisual. Entre ellas destacaba la incompatibilidad entre estar presente en una televisión de ámbito nacional y participar en otra sociedad concesionaria. De igual manera, se impedía a los titulares de una concesión autonómica, el que tuvieran acciones en otra de ámbito local, y limitaba la participación en sociedades concesionarias de distintos ámbitos autonómicos y locales en razón de la población, lo que se haría teniendo en cuenta el equilibrio entre el pluralismo informativo y el acceso a la titularidad de los medios.

De esta manera, el ejecutivo planteaba serias dificultades a los tres grupos de comunicación españoles: Correo-Prensa Española (con participación en Tele 5 y 30 televisiones locales), PRISA (con participación en Canal Plus y 67 televisiones locales a través de Localia) y Telefónica (junto a Antena 3 participaba en televisiones locales de Castilla y León). En el caso de PRISA y Telefónica, el asunto se agrava dado que ya tenían planificada la futura fusión de las plataformas digitales Canal Satélite Digital (PRISA) y Vía Digital (Telefónica).

Sólo un año después el gobierno corregía las medidas adoptadas, flexibilizando el régimen de incompatibilidades y permitiendo que los grupos superaran el 5 por ciento de participación en una televisión de ámbito estatal. De esta manera, el ejecutivo eliminaba la posibilidad de acotar la concentración de los grupos, permitiendo que estos imperios mediáticos pudieran seguir creciendo y continuó favoreciendo aun más la concentración mediática adoptando medidas como la concesión de nuevas licencias de televisión digital en abierto y el beneplácito a la fusión de las dos plataformas digitales anteriormente expuestas.

Intereses gubernamentales

En noviembre de 2000 el ejecutivo concedió dos nuevas licencias a los consorcios Veo TV y Net TV formados por Recoletos, Unedisa, Iberdrola y Torreal de Inversiones Ibersuizas (de Juan Abelló) entre otros y Prensa Española a través de E-Media, Pantalla Digital (del Grupo Árbol y Telson/Cartel) y Altadis, respectivamente. Estos consorcios fueron grupos de comunicación cuyos medios principales destacaban por su cercanía al gobierno del PP (El Mundo y ABC respectivamente). Además, el gobierno, que había prohibido a las privadas concurrir a las convocatorias de los dos canales fallados, permitió la de Recoletos (presente en Veo TV), a pesar de que tenía un 10 por ciento de Antena 3 TV.

En definitiva, tanto la concesión de licencias de 1989, donde se puso de manifiesto la cercanía de Felipe González a Jesús de Polanco en el caso de Canal Plus, y con Benito Craxi y Silvio Berlusconi, en el caso de Tele 5; como las adjudicaciones realizadas por el ejecutivo popular en las concesiones de 2000, evidenciaron que los beneficiarios correspondían siempre a sectores cercanos al partido gobernante. Las prácticas poco limpias y las estrategias han caracterizado las concesiones de licencias de emisión.

A finales de 2005 el gobierno de Rodríguez Zapatero anunció la tramitación de una nueva Ley General Audiovisual, en la que se consideraba que un accionista no podría participar en más de una televisión si superaba el 5 por ciento del capital de una cadena. Sin embargo esta restricción, sólo aplicable para licencias de igual ámbito de cobertura, ha sido bastante inútil para el control sobre la concentración. El gobierno también ha tramitado la Ley de Impulso de la Televisión Digital Terrestre, con la cual eliminó el límite de tres canales de televisión en analógico. En un momento en el que la apertura a lo digital es una prioridad para Veo TV y Net TV, la posibilidad de ampliar lo analógico ha tenido una clara connotación de favor a PRISA. En noviembre de 2005 el grupo de Polanco comenzó las emisiones en abierto de Cuatro (la transformada Canal Plus), cuya adjudicación se hizo como televisión de pago; y otorgó una cuarta licencia en analógico a La Sexta (participada por Televisa, Globomedia y Mediapro). Ambas cadenas son próximas al PSOE.

En el Estado español la connivencia entre poder político, económico y mediático ha sido siempre favorable a la concentración mediática.

El entendimiento PRISA-Telefónica

En noviembre de 1996, Telefónica junto a Antena 3 TV, Televisa, RTVE y las autonómicas Canal 9 y Telemadrid, firmaban un acuerdo para poner en marcha Vía Digital. De dicho acuerdo se desmarcó PRISA al no conseguir una posición dominante, sin embargo inició gestiones para desarrollar Canal Satélite Digital, llegando a acuerdos con el Grupo Zeta y Televisión de Cataluña en cuestión de derechos deportivos. Esta colaboración entre Zeta (Antonio Asensio) y PRISA, provocó gran malestar en las filas del PP, llegando a ser calificado por sus dirigentes como una "traición" el cambio de estrategia realizado por Asensio. El PP había mantenido múltiples reuniones con éste con el fin de desarrollar una estrategia para contrarrestar el poder de Polanco. Vía Digital se erigió entonces como la plataforma del PP, al ser la iniciativa de Telefónica, cuyo presidente entonces, Juan Villalonga, era un hombre fuerte del PP. Por su parte, PRISA (cercano al PSOE), junto a Zeta, ponía en marcha Canal Satélite.

Ambas comienzan a emitir en 1997 pero muy pronto se percibe la imposibilidad de que ambas tengan posibilidad de pervivencia por sí solas. En 2001, Sogecable, empresa a través de la que funciona Canal Satélite, anunciaba pérdidas de 24 millones de euros y Vía Digital de 162 millones, por lo que en mayo de 2002 se anunciaba el acuerdo de fusión de las dos plataformas digitales. En realidad, asistimos a la absorción de Vía Digital por Sogecable, que asumirá la deuda conjunta. La nueva plataforma única recibirá el nombre de Digital Plus y quedará repartida en un primer momento entre Telefónica (23 por ciento), Sogecable y Vivendi (16’38 por ciento cada una), dejando el resto de participaciones en manos de otros pequeños accionistas. De esta manera se articulaba el actual monopolio de la televisión digital de pago a un sólo operador. En julio de 2003 Digital Plus empezaba a emitir, haciendo realidad el entendimiento de dos empresas.

Las contradicciones del sistema hicieron que la guerra político-mediática de mediados de los 90 se sustituyera por el entendimiento y la fusión en los primeros años de 2000. Es una buena demostración de cómo el interés económico se superpone a las posiciones ideológicas que pueden caracterizar a ciertos medios de comunicación y que no responden más que a la cobertura de la cuota de mercado. Las empresas mediáticas son competidoras entre sí, quieren gozar de los favores políticos del ejecutivo de turno, con quien comparten intereses mutuos, pero sobre todo, no pierden de vista la rentabilidad económica. Si la lógica del sistema se vuelve en contra de los intereses de una compañía, hay que, paradójicamente, seguir la ley del mercado. En este caso, atrás quedaron pactos frustrados, tensiones por los derechos futbolísticos y hasta el enfrentamiento PP-PSOE que se reconocía en cada una de las plataformas, porque lo importante es salir adelante sin que nada ni nadie "pueda dificultar el desarrollo de la compañía resultante".

Por la falta de competencia en el monopolio audiovisual, Sogecable se ha convertido en una máquina de hacer dinero, creciendo hasta el 24’5 por ciento a base de comprar su participación en el holding mediático a accionistas minoritarios. A finales del 2005 Sogecable lanzó una OPA sobre el 20 por ciento de las acciones, que se hizo efectiva en el primer trimestre de 2006 y con la que se situó como socio mayoritario indiscutible. PRISA en tan solo tres años se ha hecho con el control de Digital Plus, la única plataforma que actualmente existe en el mercado español.

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