Comunicación: desafío estratégico para los pueblos

La confrontación entre lo viejo y lo nuevo se desarrolla en todos los planos de la vida del continente latinoamericano. Es una confrontación que por un lado tiene como protagonistas a los trabajadores y pueblos, y por otro a las oligarquías; por un lado a las naciones que quieren soberanía y por otro al imperialismo, que busca imponer, a sangre y fuego, sus intereses. Uno de los escenarios de esa confrontación sobre el que casi no se reflexiona, pero que trasciende por el rol que juega en este proceso, es el de la comunicación.

La decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de la cadena de televisión RCTV es una muestra de este conflicto (mirar la nota al respecto, pág. 7), que ha adquirido dimensiones regionales. Lo viejo, en comunicación, es lo dominante, y lo nuevo busca conspirar contra ello. Es un verdadero campo de batalla, en el que, según muchos analistas, los grandes medios de comunicación están ocupando el espacio político que han dejado libre los desgastados partidos de derecha.

Al autoritarismo y verticalismo tradicional se opone la idea de democracia, de comunicación como ejercicio de un derecho humano básico. Al ejercicio único de libertad de empresa (más no de prensa) que guía a los grandes medios de comunicación se le opone la exigencia de una real libertad de expresión de las mayorías, de los pueblos.

En el Ecuador también se vive esta guerra. El presidente de la República, Rafael Correa, inició un demanda por injuria no calumniosa grave contra el presidente nacional del diario La Hora, Francisco Vivanco Riofrío (vinculado con el derechista partido Unión Demócrata Cristiana, antes Democracia Popular, del ex presidente Jamil Mahuad), en respuesta a un editorial que sostiene que el primer mandatario gobierna con tumultos, piedras y palos. Alrededor de esta demanda se ha armado una polémica que involucra a quienes hacen periodismo, a los dueños de los medios de comunicación y a los sectores políticos en general que respaldan al Presidente unos, y respaldan al medio demandado otros.

Desde que se tomaron las primeras acciones discursivas contra el poder mediático por parte del gobierno, la confrontación no ha amainado, pese al recurrente llamado a la mesura por parte de ciertos sectores de opinión; más bien se ha acentuado.

Un episodio reciente en la televisión, que grafica este ambiente tenso, ocurrió en Teleamazonas, con Jorge Ortiz: “Usted siempre me habla en quichua, para desubicarme”, dijo enfadado este ultraconservador periodista, en una entrevista con la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Mónica Chuji, el 8 de mayo, cuando la funcionaria gubernamental, cumpliendo con un derecho democrático contemplado en la Constitución vigente (que establece que el idioma quichua es el segundo oficial del Ecuador), saludaba a los ecuatorianos, y especialmente a su pueblo indígena en su idioma originario. “No, señor Ortiz, ese no es mi propósito, únicamente ejercer el derecho de saludar a mi pueblo”, le respondió la funcionaria, tras lo cual Ortiz inició su consabida y burda andanada de acusaciones de intolerancia, autoritarisamo, etc. contra el régimen. Chuji terminó la entrevista despidiéndose en quichua...

Este enfrentamiento que muestra connotaciones culturales tiene expresiones más agudas en el plano social, pues están de por medio grandes intereses económicos de los grupos oligárquicos, que tienen como su patrimonio los principales y más grandes medios de comunicación del país: cinco familias potentadas controlan las principales cadenas de televisión.

Estos son solo ejemplos de lo que podría venirse en el corto plazo, sobre todo porque entre las muchas propuestas que van surgiendo en torno a la Asamblea Constituyente, hay algunas que comienzan a hablar de la necesidad de liberar la palabra, de democratizar la comunicación. Recogemos tres testimonios de comunicadores al respecto. En las próximas ediciones profundizaremos algunos de los temas que aquí se exponen.

Oswaldo León

De la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

Creo que se debería llegar al menos a tres puntos básicos, el uno, que es específico en torno a la Asamblea, y tiene que ver con la reformulación de la normativa actualmente consagrada, en función de una ampliación de lo que es el derecho a la comunicación. Pero quedarse ahí sería, en mi opinión, reducir la oportunidad de -y ese sería el segundo puto y el desafío mayor- que se abra un debate público sobre el tema comunicación. Es decir, que haya un diálogo con la sociedad con respecto a cómo se organiza el sistema de información, los medios, etc. Éste es un asunto que no concierne únicamente a las personas vinculadas al campo de la comunicación, es un problema general de la sociedad.

En cuanto a las políticas específicas que se deberían tomar, uno de los ejes es la existencia y desarrollo de medios públicos. Pero tienen que ser efectivamente públicos, que no estén al servicio del gobierno de turno. Deben ser sostenidos por el Estado y ser el espacio para la expresión de la diversidad de los sectores sociales organizados.

Cuando el gobierno habla de crear un canal del Estado, me parece una buena iniciativa, aunque creo que sería también reducir el tema a la existencia de un canal, ¿por qué no pensar en un sistema de canales regionales que cumplan ese rol? Pensar más en un sistema de comunicación pública. Adquiriendo ese carácter de espacios públicos, vale pensar convergencias con la producción comunitaria, ciudadana o popular. Entonces también tiene que haber cierta forma de legislación, referida a este tipo de medios comunitarios.

Luego, hay que tener presente un tercer desafío, que es la articulación de movimiento por la democratización de la comunicación, porque si no se convierte en una bandera de lucha social y queda como un tema de especialistas, la pelea, de entrada, será desigual. Las organizaciones sociales deben asumir el tema como un aspecto tan importante como pelear por la recuperación del petróleo, como la lucha por políticas fiscales más equilibradas, porque aquí lo que se está jugando es cómo romper ese gran desequilibrio que existe en el espacio de la distribución simbólica.

Me parece que los medios alternativos, que están día a día viviendo lo duro que es mantenerse, tienen un rol importante: articularse para ser un factor que coloque este tema al debate, porque en general es un tema no discutido; las columnas que existían de análisis de medios han desaparecido paulatinamente. También en el sentido de ir consolidando mecanismos de colaboración, apuntar a lo que pude ser un sistema básico, para que no que sean unidades discretas desperdigadas. Tecnológicamente es factible tener una acción conjunta.

El desafío va a pasar al quehacer cotidiano, porque imaginémonos que se aprueben disposiciones que permitan la creación de canales ciudadanos, mi pregunta es: ¿y qué haríamos entonces? El saber hacer va a ser uno de los desafíos grandes que se vienen en la medida de que se quiere ampliar el espacio comunicacional. No es solo una cuestión que concierne a comunicadores o comunicadoras, debe ser una dinámica que permita liberar la palabra del ciudadano y ciudadana.

José Villamarín

Director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de las Américas

Cuando se incorporaron algunos cambios, por la lucha permanente de los gremios periodísticos, especialmente por el Colegio de Periodistas y la Federación Nacional de Periodistas, se incorporó a la legislación articulados que defendían el verdadero derecho a la comunicación; es cierto que muchos de ellos se han quedado en el papel, que muchos no llegan a la práctica, como aquel de la cláusula de conciencia que prohibe que un periodista sea obligado a escribir en una línea ideológica (impuesta por el dueño del medio) distinta a la que él cree. Nos falta, entonces, una reglamentación que permita aplicar aquello, pero que ya esté en el papel ya es bastante.

¿Por qué no se ha desarrollado esa segunda parte de la lucha, es decir la aplicación de estos principios constitucionales y legales? En mi criterio, porque los comunicadores, los periodistas, no estamos muy unidos en todo el país; segundo, porque no hay una concepción clara acerca de qué significa hacer comunicación social, y periodismo específicamente. Hay dos concepciones extremas: aquella que defienden los medios, y que habla de la libertad, no de prensa sino de empresa, a la cual se suman consciente o inconscientemente una buena parte de periodistas, muchos hechos en la práctica (empíricos) pero que tienen presencia y credibilidad en los medios, y que de alguna manera van marcando pautas. Por otro lado están los trabajadores de la comunicación, que están intentando recuperar esos espacios.

La tercera razón por la que no se han aplicado estos avances constitucionales y legales en el tema de la comunicación es porque la derecha en el país había avanzado en trechos muy grandes. Si se planteaban cambios a las leyes como la del Ejercicio Profesional del Periodista habría sido un momento para el retroceso antes que para el adelanto. Por eso éste es el momento más oportuno, porque de alguna manera la correlación de fuerzas ha cambiado. Correa ha dejado sin piso a ciertos sectores que han tenido la hegemonía en el país y es el momento de hacer propuestas clave para estos cambios.

Debería legislarse para la asignación de frecuencias a radios comunitarias o ciudadanas.

El caso de un canal estatal, de una radio estatal, en definitiva de políticas de Estado, es un mecanismo muy importante, pero bastante peligroso. Habría que legislar para que el gobierno no tenga ningún tipo de participación decisoria en la programación. La obligación del gobierno es de proveer los recursos necesarios para que subsista ese medio, pero no interferir en los contenidos. Mientras no haya madurez democrática en el país, eso me parece una arma de doble filo. Es una sociedad democrática la que va a demandar medios democráticos.

Fernando López

Decano de la Facultad de Comunicación social de la Universidad Central del Ecuador

El problema está en cómo lograr que la comunicación se convierta en un derecho humano, político, social fundamental, y eso pasa por muchas cosas, pero quizá una de las más importantes sea la de ampliar la propiedad nacional y social de los medios de información, esa es una batalla durísima.

Tiene que haber, por ejemplo, un proceso de auditoría sobre la concesión de frecuencias. Hay que saber cómo han sido festinadas las frecuencias y privatizado casi todo el espectro electromagnético en el Ecuador. Muchas frecuencias deben ser revertidas al Estado y ser entregadas a organizaciones sociales; debe también crearse una área estatal de la comunicación, como hay en muchos países.

Este proceso de auditoría debe exigir cuentas, pero también debe concluir en indemnizaciones a la sociedad, que ha sido la afectada por su mal uso. Debemos ir más allá de proclamar estos derechos en una Constitución, debemos ir a una ley antimonopólica en comunicación; no es posible que los Isaías tengan hasta ahora el 37% de frecuencias de televisión abierta. Esto significa que los grandes grupos financieros, asociados al capital transnacional, controlan la emisión de mensajes e impiden que otros sectores sociales organizados tengan lo que deberían: sus propios espacios, emitir sus propias señales y entrar en esta batalla de la construcción de sentidos.

Un escenario puede ser que la Asamblea Constituyente, fundamentada en sus poderes plenos, realice esta auditoría y tome las decisiones más firmes en este tema. Pero hay que entender también que la Constituyente debe dictar una nueva Constitución, la cual debe recoger en su parte doctrinaria la idea de que la comunicación no debe ser referida solo a la libertad de expresión, sino que es un derecho humano fundamental, base de otros derechos, y así es como lo planteamos en la Facultad.

No se trata de, a priori, decir que no existan medios privados, pueden existir en una primera etapa, pero solo mientras ellos garanticen un servicio social, como la ley les obliga. En este momento ¿de qué servicio social podemos hablar, cuando un 99% de los medios son privados? Son instrumentos que han servido a los intereses más evidentes de dominación transnacional, de apropiación de los bienes nacionales y de explotación y superexplotación de los trabajadores y pueblos de nuestro país.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es tan nociva como el Banco Mundial. Ha servido, desde que existe, a los intereses del imperialismo. ¿Acaso la SIP protestó por ejemplo cuando Pinochet persiguió, asesinó, mató a periodistas, cerró medios, destruyó periódicos? Jamás protestó. La SIP solo existe para hacerle el juego al grupo de presión y de poder cubano-americano que existe en Miami, para atacar a la revolución cubana.

Los periodistas carecen de libertad de expresión en los medios de comunicación. Si esos medios no garantizan este derecho a sus propios trabajadores, peor van a garantizarlo a la gente. Los periodistas, las organizaciones sociales y el Estado tienen responsabilidad, participación en este proceso.

La democracia real, de base, radical, como se la quiera entender, pasa porque la gente tenga la posibilidad de comunicar.