La iniciativa de Ley de Yacimientos Transfronterizos que diseñó la Secretaría de Energía en tiempos de Vicente Fox –y que hoy aviva el gobierno de Felipe Calderón–, es una estrategia transexenal destinada a otorgar a las trasnacionales petroleras el derecho a explotar el petróleo mexicano en el subsuelo profundo del Golfo de México, advierten expertos.

De reformarse el artículo 27 de la Constitución para dar paso a esa ley, México perderá soberanía sobre ese recurso, como anticipó con el anuncio del pasado 18 de marzo el jefe del Poder Ejecutivo, cuando ponderó las “alianzas estratégicas”.

Si las fracciones legislativas del PAN Y PRI en el Senado aprueban la iniciativa, se consumará el dominio sobre el fondo marino entre México y Estados Unidos por parte de las petroleras Chevron-Texaco, Mobil, Shell, BP, Amoco, Halliburton, Exxon y Repsol; así como la nacional Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina (IDEAL), del mexicano Carlos Slim.

Y es que a miles de metros de profundidad, en las zonas denominadas Alaminos Canyon, Katleen Canyon y Walter Ridge, reposa un extraordinario potencial de hidrocarburos, cuya existencia apenas ha sido divulgada en México. La información no fluye desde el gobierno, incluso la iniciativa de Ley para Yacimientos Transfronterizos es desconocida por muchos.

Sin embargo, quienes generan esa información la manipulan, como ocurre con los organismos estadounidenses como la Minerals and Management Service (MMS), del gobierno de aquel país, y la Asociación de Geólogos en Petróleo (AAPG), que al anunciar una perforación exitosa en el mercado petrolero internacional inciden en el aumento del valor de las acciones de las firmas petroleras, a sabiendas de que tardarán años en extraer el primer barril de crudo o el primer pie cúbico de gas.

En el caso de México, aunque no existe tecnología para explorar esas profundidades, las zonas potenciales adquieren más valor. En ese contexto, no se comprende el apremio gubernamental por emitir una legislación que garantice a sus “socios” el recurso.

La expresión de Felipe Calderón durante la ceremonia por el aniversario de la expropiación petrolera, cuando aseguró que la demanda actual de crudo creció 4 por ciento anual “y se prevé que en los próximos 10 años continuará”, se interpreta como el preludio de la apertura del Golfo de México a las trasnacionales.

El futuro de la exploración de aguas profundas en el Golfo se vislumbró en 2005, cuando los circuitos internacionales del petróleo ubicaron a México como el quinto mayor productor en el mundo.

“Cuando pensemos en petróleo, pensemos en un flujo de dinero tremendo. Hay ganancias muy grandes siempre en pugna”, señala Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Ante el declive de Cantarell -aunque aún tiene vida útil de ocho años-, el apremio de las trasnacionales para explotar yacimientos transfronterizos del Golfo se traduce en “una presión sobre el débil gobierno de Felipe Calderón”, afirma el especialista.

Ahí se explica el discurso del presidente en marzo pasado, cuando aseguró que las llamadas Asociaciones Tecnológicas de Pemex, están destinadas a “manejar de manera sustentable las reservas, lo que es vital para llegar a un sano equilibrio entre los recursos que se extraen y los que se descubren”.

La urgencia del gobierno de Fox –y que ahora retoma Calderón Hinojosa-, por aprobar la Ley de Yacimientos Transfronterizos, radica en la intención de sentar el precedente de que el artículo 27 constitucional se ha modificado.

Una vez realizada esa reforma, la exploración podrá avanzar tanto en aguas someras como en aguas profundas. Se trata de abrir un boquete a la Constitución mexicana, sostiene Barbosa.

En esa lógica se interpreta el anuncio de Calderón de la firma de un convenio con la brasileña Petrobras, para impulsar la producción de crudo. Esa acción concretó el compromiso número 32 de las acciones que anunció para sus primeros cien días.

Sin embargo, Barbosa, también experto en reservas petroleras, advierte que esas asociaciones están orientadas a presionar un cambio legislativo para que Pemex realice asociaciones tecnológicas con otras empresas del sector, que expresamente prohibe la Carta Magna.

¡No va a pasar!

Al respecto, el senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del PRD, es contundente: “No hay ninguna posibilidad de que se apruebe esa ley, no existe un dictamen, ni siquiera está en la agenda de la Comisión de Hacienda del Senado de la República”.

El también secretario de la Comisión de Energía del Senado apunta: “pues estará lista para ser vetada, no votada” y anunció la realización de un foro sobre el tema para conocer las opiniones de técnicos y especialistas, frente al vencimiento de ese rubro previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ramírez Garrido agrega que en ese foro se discutirá “cómo hacer la reforma de Pemex, pero no con una Ley de Yacimientos Fronterizos”.

El legislador dice que en su reciente viaje a Brasil se reunió con el director de Petrobras, a quien le planteó cuáles son los términos del acuerdo que convino con el gobierno de Felipe Calderón. El funcionario brasileño le aseguró que Petrobras “trabajaría con Pemex en un acuerdo de contratos de riesgo”.

–¿En la zona del Golfo de México?

–Con Brasil será posible, pues mientras que la tecnología brasileña permite perforar a tres kilómetros, en México se ha llegado a penas a mil metros de profundidad. Ellos plantean que para hacer el acuerdo de exploración y perforación y explotación será por un contrato de acuerdo de riesgo compartido, cosa que no admite la Constitución; y tampoco en los yacimientos transfronterizos. Petrobras hará un acuerdo de asesoría tecnológica para otras cosas, no para explotar yacimientos en aguas profundas del Golfo.

Sobre la intensa actividad que desarrollan las trasnacionales petroleras en el Golfo de México, Graco Ramírez explica que, si bien empresas de Noruega y Petrobras trabajan en yacimientos de Florida y Nueva Orleáns, “no estamos todavía en riesgo de perder la oportunidad de entrar más adelante: las tecnologías se van difundiendo y se van conociendo; el problema radica en que tengamos inversión suficiente porque tenemos técnicos capaces”.

Asegura que a pesar de lo que el gobierno ha hecho con Pemex, como abandonarlo, descapitalizarlo y llevarlo casi técnicamente a la quiebra por un acto deliberado, antinacional y de lesa economía, “en el Senado vamos a seguir vigilando y trabajando” este tema.

Sociedades en puerta

En el escenario petrolero internacional, Pemex ha expresado que ya prepara la estrategia de licitaciones, aunque al Congreso mexicano no ha llegado ninguna iniciativa en ese sentido.

Eso exhibe “que ellos están desesperados y muestran su buena voluntad de cooperación”, explica Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas.

En la carrera por obtener el petróleo del Golfo, el magnate mexicano Carlos Slim y los medios petroleros internacionales construyeron, entre muchos escenarios, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

“Nunca lo dieron por muerto. Por eso se anticiparon y decidieron meter la iniciativa de Ley de Yacimientos para asegurar los contratos a las petroleras extranjeras en el Golfo”, comenta Barbosa Cano.

Entretanto, Carlos Slim avanzó en su objetivo. Durante el cambio de gobierno se daba como un hecho que Halliburton ganaría el concurso para la perforación de nuevos pozos en la zona de Campeche; pero sorpersivamente, sorpresivamente, el jueves 15 de diciembre de 2006, cuando comenzaban las fiestas navideñas, el resultado del concurso dio el contrato a la empresa de Slim, para perforar 60 pozos en una modalidad que incluye la construcción de caminos e instalaciones de separación.

De esta manera, Slim instaló en diciembre pasado la plataforma marítima KU-S, a 105 kilómetros de Campeche, a través de su compañía Swecomex. Esa plataforma es el proyecto más importante de esa firma y tiene capacidad para producir 250 mil barriles de crudo diarios, como parte del proyecto petrolífero Ku Maloob Zaap (KMZ), en la zona sur.

En la puja por los contratos y licitaciones, destaca una contradicción, sostiene Fabio Barbosa. “Si el potencial petrolero del Golfo de México era tan importante para el gobierno de Fox –que quiso garantizar ese abasto a sus amos y quería el flujo de dólares–, para las petroleras y los gobiernos de las potencias metropolitanas, no se invirtió en equipo para realizar las exploraciones pertinentes para avanzar en la zona”.

Cita como ejemplo el apuro para explorar en el campo Gaucho, ubicado a 7 mil metros en tierra, uno de los pozos más profundos situado en Reforma, Tabasco, el pozo Malva, descubierto en los años 2004-2005. “Ahí, con gran intensidad, se extraían los recursos hasta en camiones, pues no había aún oleoductos que lo transportaran a puertos lejanos”.

Tras la extracción masiva está la intensa presión de las empresas petroleras. “Ahora, ya no están satisfechas con el tipo de contratos conforme a los cuales se licitaron anteriores perforaciones en México. Ahora, las metrópolis y las empresas perciben la extraordinaria debilidad del gobierno pelele, lo comprenden y son las primeras en usarlo y jugar con este factor y lo tienen acorralado”, dice Barbosa Cano.

Ritmo frenético

Las firmas petroleras que operan en la zona estadounidense del Golfo de México mantienen gran actividad. Oivind Reinertsen, presidente de Statoil en la zona –que adquirió a la canadiense Encana–, asegura que su firma empezó a buscar yacimientos en el Golfo, porque “busca ser protagonista en esta área”.

Chevron, el mayor arrendatario en aguas profundas del Golfo, tiene la misma intención y en 2006 hizo tres descubrimientos significativos en la zona. Ese año hubo 25 descubrimientos que las compañías consideraron factibles para su investigación y eventual desarrollo, por lo que la empresa Maersk, de Dinamarca, adquirió una participación de 33.33 por ciento en 93 contratos de exploración en esta región.

Otras firmas noruegas trabajan en el Golfo, como Hydro y Bergesen Worldwide Offshore Limited, la cual rentará a Pemex el barco FPSO por 15 años por un costo estimado en 758 millones de dólares.

Fuente: Revista Contralínea
Publicado: Mayo 2a quincena de 2007

Nydia Egremy

Avidez y coacción

Estados Unidos llegó tarde a la exploración petrolera en el Golfo de México. Tras la segunda Guerra Mundial, la exploración de yacimientos se aceleró y, en 1947, el gobierno estadounidense decidió que el Departamento del Interior organizaría la exploración y explotación de petróleo en el mar, en detrimento de las actividades de los estados ribereños de Texas, Louisiana, Mississippi y Florida.

Esa medida desató una disputa por los recursos en la zona, incluso Texas amenazó con escindirse de la Unión Americana y en su intervención, la Corte de Justicia de aquel país resolvió a favor del gobierno. Hasta la crisis mundial de los años 70, las petroleras de la superpotencia se volcaron hacia los yacimientos del Golfo para saciar su apetito energético.

Diez años después, la explotación de la zona se consolidó a través de la Minerals and Management Service (MMS), la institución gubernamental reguladora de energía, y que los mexicanos imitaron al crear la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyos informes y estudios de prospectiva tienen gran impacto.

“Colegas estadounidenses se burlan de nosotros porque publicamos esos informes e indican que los especialistas de la MMS no siempre dicen la verdad”, comenta Fabio Barbosa, también historiador del petróleo, quien critica la falta de transparencia desde el Estado mexicano con respecto a la información sobre exploración y licitaciones en el Golfo de México.

Un ejemplo de esa oscuridad informativa es lo ocurrido hace 10 años, cuando las grandes petroleras mundiales unificaron esfuerzos para investigar lo que entonces era la última gran estructura sin perforar en el lado estadounidense del Golfo: el proyecto BAHA (acrónimo de los programas exploratorios de las petroleras Brachiosaurus, de Shell; Anaconda, de Amoco; y Hi de Mobil y Alfa Centaury, de Texaco).

Ese campo, ubicado en el Cinturón Plegado Perdido en el extremo sur de Alaminos Canyon, comenzó a perforarse en abril de 1996 con el objetivo de llegar a los 6 mil 707 metros de profundidad. Sin embargo, sufrió un accidente mecánico y fue suspendido en junio de ese año cuando alcanzaba apenas 3 mil 417 metros de profundidad.

“No sólo los mexicanos, sino toda la industria petrolera internacional, ignoraban ese fracaso, y ello exhibe cómo también los estadounidenses nos engañaron, pues en los reportes de MMS afirmaban con exactitud que el campo BAHA se reportó como nuevo descubrimiento”, apunta el experto.

Sólo cinco años después, las empresas reanudaron las tareas en “Perdido” (localizado en esa zona al extremo sur) para perforar el BAHA 2 en otro bloque que se concluyó en marzo de 2001, y cuyo resultado permaneció oculto hasta 2003.

La opcidad persiste, pues la Asociación gubernamental de geólogos especialistas en petróleo (AAPG) citó en un estudio de marzo de 2003, que los resultados “permanecen como confidenciales”.

Estudios posteriores, realizados en Estados Unidos y México, confirmaron que BAHA 2 también fue un fracaso, aunque Barbosa afirma que “las empresas y el gobierno estadounidense, a través de la MMS, adulteraron los informes, mientras que la prensa petrolera mundial publicó datos que hasta hoy reconocemos como falsos”.

En México, y acorde con la información procedente del exterior, el gobierno de Fox estaba especialmente comprometido con el programa de perforaciones profundas. Canales Clariond, su ex secretario de Energía, y el ex director de Pemex, Luis Ramírez, planteaban abiertamente que México estaba en riesgo de perder petróleo por el descubrimiento de cuerpos geológicos transfronterizos en el Golfo.

Más tarde vinieron los aciertos. En 2001 la excavación del pozo Trident fue exitosa, le siguieron el pozo Cascade en 2002 y en septiembre del 2006 el pozo Jack 2. Hasta ahora, en la zona transfronteriza de Walker Ridge se han perforado 12 pozos con dos fracasos conocidos, y otros cuyos resultados se mantienen en secreto.

De los casi 30 pozos que se han perforado en el Golfo, sólo uno está en la zona transfronteriza marina entre México y Estados Unidos y no existe tecnología para explotarlo. De ahí que la urgencia por realizar una reforma constitucional para explotar ese potencial sea prematura, puntualiza Fabio Barbosa, quien reitera que Pemex y la Secretaría de Energía “engañaron a los legisladores y a quienes elaboraron la iniciativa de ley, que Canales entregó a los panistas y que mantienen en secreto”.