La oligarquía venezolana, opuesta a las reformas económicas y sociales del presidente Chávez, intenta de nuevo desestabilizar la nación especulando sobre los precios de los productos de primera necesidad. Después del golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de diciembre del mismo año, la elite desea provocar una crisis alimentaria y desencadenar disturbios en el país.

Los hipermercados venezolanos subieron de manera desmesurada el precio de los productos de base tales como la carne, el azúcar y los cereales, que se volvieron inaccesibles a la población y crearon así serias dificultades alimentarias. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación artificial afecta alrededor de la cuarta parte de la cesta básica y toca en primer lugar a las capas más modestas. Así, los precios aumentaron por término medio en un 66% y en algunos casos se duplicaron. Por ejemplo, el precio de la carne de pollo sufrió una inflación del 110% y el del queso del 245% [1].

“El incremento que se ha observado en el precio de la carne desde enero y en la primera semana de febrero se debe al interés de algunos distribuidores y expendedores de maximizar ganancias, dado que los venezolanos actualmente tienen más poder adquisitivo”, explicó María Cristina Iglesias, ministra del Poder Popular para las Industrias Ligeras y el Comercio [2].

El gobierno tomó medidas inmediatamente señalando que los precios debían respetar la regulación vigente desde 2005. “Quien no respete los precios fijados y regulados de la cesta básica [...] que se atenga a las consecuencias [pues] no vamos a retroceder ni un milímetro” en la lucha contra la especulación, advirtió el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez. Se creó un Comité de Control Social del Abastecimiento, administrado por las comunidades, con el fin de “construir una patria sin especuladores, sin acaparadores y [...] sin huelgas de empresarios” [3].

Varios supermercados que manipulaban las existencias y fijaban precios superiores a los que establece la ley, recibieron la visita de inspectores y fueron sancionados por las autoridades. Los productos se embargaron y se vendieron al precio justo en las tiendas populares “Mercal”. “Los especuladores son delincuentes, criminales y enemigos del pueblo y deben sentir la acción firme de la ley”, declaró William Lara, Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Rechazó el argumento de penuria evocado por los grandes comerciantes y los acusó de acaparar los productos [4].

En efecto, varias tiendas decidieron suspender la venta de carne provocando una crisis alimentaria. El presidente Chávez reaccionó enseguida y envió un mensaje a los propietarios de los supermercados exigiéndoles que pusieran término a las especulaciones y que garantizaran la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Advirtió que procedería a la nacionalización de los hipermercados, los mataderos y los frigoríficos que siguieran vendiendo productos de primera necesidad por encima de los precios legales [5].

“He enviado mensajes a los productores, a los intermediarios de los mataderos, de los frigoríficos y de los abastos. Pero si siguen empeñados en violar los intereses del pueblo, la Constitución, las leyes, les voy a quitar los frigoríficos, los abastos y los mataderos y los voy a nacionalizar”, anunció el presidente venezolano. Invitó a la población a que efectuara las denuncias necesarias y todo establecimiento que venda por encima de los precios fijados será nacionalizado y su administración se confiará a los Consejos Comunales. “Lo haremos todo para alcanzar la justicia y la igualdad alimentaria”, concluyó [6].

Se adoptó una ley contra la especulación y el boicot: La Ley para la Defensa Popular, que establece un control estricto de los precios y estipula que “los proveedores y establecimientos que infrinjan esta medida o incurran en los delitos de especulación, acaparamiento, usura, se nieguen a la venta, restrinjan la circulación o distribución de los productos bajo régimen de regulación de precios, así como aquellos que realicen prácticas evasivas de cualquier naturaleza y otros delitos conexos, para no cumplir con los precios máximos de venta al público de los productos alimenticios, serán sancionados conforme con la Ley” [7].

El Artículo 4 subraya también que “todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios”, son de utilidad pública, lo que permite al gobierno tomar legalmente el control de los establecimientos abandonados o cerrados, o que practican la especulación [8].

A pesar de todo, el gobierno bolivariano quiso dar prueba de su buena voluntad e hizo un gesto a favor de los productores y comerciantes. Decidió suprimir el IVA del 14% sobre algunos productos alimentarios tales como las carnes, el maíz, la mayonesa, el queso blanc y la avena, así como sobre el transporte terrestre de alimentos de primera necesidad a partir del 1 de marzo de 2007. Esta exoneración del impuesto concierne toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el comerciante [9].

Este nuevo intento de desestabilización que orquestó la oligarquía venezolana es ilustrativo en varios aspectos. Primero, muestra que la elite del país no logra todavía aceptar la pérdida de su poder político y la implicación cada vez más grande de los ciudadanos en la construcción de una democracia participativa y de una sociedad nueva que quiere ser inclusiva. También se encuentra en la incapacidad de admitir que el sistema político, económico y social de Venezuela está cambiando radicalmente y que este proceso, iniciado en 1999, es ahora irreversible. Por fin, los venezolanos deben permanecer vigilantes pues la oposición, antidemocrática y apoyada activamente por Washington, ha demostrado en el pasado que está dispuesta a todo para cumplir sus propósitos.

Notas

[1] Casto Ocando, «Se desata escasez de alimentos en Venezuela», El Nuevo Herald, 9 de febrero de 2007.

[2] Agencia Bolivariana de Noticias «Gobierno no permitirá venta de carne a precios superiores a lo regulado», 10 de febrero de 2007.

[3] Agencia Bolivariana de Noticias «No vamos a retroceder en la lucha contra la especulación», 11 de febrero de 2007.

[4] Casto Ocando, op. cit.

[5] Aline Leclerc, «Hugo Chávez menace de nationaliser des supermarchés», Le Monde, 15 de febrero de 2007.

[6] Suhelis Tejero Puntes, «Amenazan con estatalizar los comercios», El Universal, 15 de febrero de 2007 ; Agencia Bolivariana de Noticias «Serán nacionalizados supermercados y frigoríficos que violen precios regulados», 14 de febrero de 2007; Casto Ocando, «Chávez amenaza con intervenir comercios de alimentos», El Nuevo Herald, 15 de febrero de 2007.

[7] Ibid.

[8] Agencia Bolivariana de Noticias «Aprobada en Consejo de Ministros Ley Especial de Defensa Popular», 17 de febrero de 2007.

[9] Associated Press, «Exoneración de IVA comenzará en marzo en Venezuela», 12 de febrero de 2007; Agencia Bolivariana de Noticias «Gobierno elimina el IVA a las carnes de bovino y de cerdo», 11 de febrero de 2007.

Salim Lamrani

Revisado por Caty R.