Lydia Cacho es objeto de amenazas, incluso dentro de las audiencias judiciales. En una de ellas Succar Kuri, acusado de abuso sexual de niños, a voz en cuello le gritó: “¡voy a acabar contigo!” La PGR se mantiene a la expectativa de lo que diga la Corte, para que las denuncias permanezcan inactivas en los expedientes. Y ambas hacen como si investigaran y procesaran la constante aportación de pruebas de la periodista. Pero a pesar de que su vida está amenazada, por razones de Estado para encubrir a Mario Marín, ninguna da la menor respuesta.

Sin freno y por encima de las leyes que fijan límites a los gobernadores, éstos andan sueltos abusando del poder caciquil en sus entidades y al encontrar en las libertades de prensa un obstáculo a sus ambiciones dictatoriales. Por todos los medios (desapariciones, agresiones y homicidios) persiguen a los periodistas para que la información y la crítica dejen de cumplir con su deber democrático-republicano de poner a los protagonistas de cara ante la opinión pública. Los ministros de la Corte posponen las resoluciones y la PGR almacena las denuncias a través de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas. Y las dos hacen caso omiso de las denuncias de Lydia Cacho contra Mario Marín, que escondido tras Felipe Calderón, a la PGR le parece intocable.

Parecido caso es el del cacique sonorense Eduardo Robinson-Bours, también parapetado en el calderonismo, para evadir las denuncias hechas ante esa PGR, cuyos ministerios públicos están adoctrinados en alargar las comparecencias –no del acusado, y menos cuando se trata de un funcionario– y exigen pruebas y más pruebas para cansar y hacer desistir al denunciante.

Los trogloditas Mario Marín y Robinson-Bours gozan de impunidad desde la Suprema Corte, la PGR y la protección política del calderonismo, pisoteando la constitucionalidad de sus entidades, y hacen lo mismo con nuestra ley fundamental, pues si con el foxismo hubo luz verde para atacar a los periodistas, el calderonismo continúa la feroz embestida.

En Sonora van más de cuatro periodistas asesinados e incontables embestidas, mientras permite que la narcopolítica y el narcotráfico, constituidos en el Cártel de Sonora, atenten contra periódicos, como las granadas lanzadas contra el diario Cambio-Sonora.

Y como denuncia Lydia Cacho (La Jornada: 9/V/07 y el noticiero de Carmen Aristegui): Mario Marín y Jean Succar Kuri insisten en quitarla de en medio porque los exhibió en su asociación delictuosa. Los derechos humanos ya no son un límite al poder despótico de los (des)gobernadores. Y pasan por encima de los derechos de libertad de prensa. Los titulares de los poderes públicos se han coludido para derogar esos postulados constitucionales.

Fecha de publicación: Julio 2a quincena de 2007