En los próximos días, un Tribunal Colegiado determinará si procede el amparo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, interpuso contra la Cámara de Diputados, la cual lo acusa como probable responsable de incurrir en el delito de conflicto de intereses.

En la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el auditor superior y ahora operado por sus hijos, auditó a la Presidencia de la República, contrato que se ha renovado con el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, sin importar que hay una investigación en su contra.

Y es que según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, en poder de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.

El encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas en 2001, 2002 y 2003 había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, del que el auditor superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores.

En la cartera de clientes que exhibe la firma familiar destaca la Presidencia de la República, que durante todo el sexenio foxista solicitó los servicios de los González de Aragón, así como los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, secretarías de Estado y gobierno, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos.

Entre las entidades auditadas por el despacho González de Aragón están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.

En el periodo que ahora se le investiga (2001-2003), el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República. Sin embargo, el órgano legislativo hizo recomendaciones para que se realizara una fiscalización a fondo en esos años, por presumir malos manejos administrativos.

Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahagún, durante la LIX Legislatura–, dice que un ejemplo de que González de Aragón no actuó con transparencia en el gobierno de Vicente Fox es la omisión de las irregularidades en las cuentas de la Lotería Nacional, de donde se transfirieron recursos a la Fundación Vamos México, que preside la esposa de Vicente Fox.

Elías Cárdenas Márquez, presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún e integrante de la Comisión de Vigilancia, coincide con González Schmal, y agrega que Arturo González de Aragón enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades.

Protección a los Bribiesca Sahagún

Antes de finalizar 2007, dice el diputado Cárdenas Márquez, la UEC determinará si González de Aragón incurrió en responsabilidad al declarar “no observable” el cheque firmado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para la compra de un predio conocido como Los Pirules, en Celaya, Guanajuato.

Aunque se trató de una subasta pública, los legisladores descubrieron que el “depósito en garantía” –hecho con el cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos, de Alberto Bribiesca– se hizo antes del proceso oficial a favor de Construcciones Prácticas, en contravención de las normas.

Según Cárdenas Márquez, diputado del Partido Convergencia, el auditor no analizó las causas de fondo en la compra del terreno.

Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio administrador del la firma González de Aragón y Asociados e hijo del auditor superior de la Federación, dice en entrevista con Contralínea que desconoce el proceso en que se encuentra el juicio de amparo interpuesto por su padre.

“Es evidente que no es benéfico para el país que a la persona que escogieron los 500 diputados, ahora le impongan trabas para cumplir con su labor”, señala el contador Gerardo González de Aragón, y añade que “a nosotros obviamente nos pega. El caso es propaganda mala, y yo tengo que enseñar a cada rato las escrituras de donación (que le hizo su padre Arturo González de Aragón) y el cruce de las declaraciones patrimoniales para deslindar a mi padre de aquí”.

Los hechos

El 22 de junio de 2006, la UEC, encabezada por Roberto Michel Padilla, determinó que el titular de la ASF no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados que, entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquéllas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C.”.

La negligencia, indica el documento UEC/DECGA/01/2006, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el artículo 8 ordena al funcionario informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés personal o pueda resultar algún beneficio a sus familiares o a terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o a socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya formado parte.

En un primer intento, González de Aragón demandó un juicio de amparo ante el juez décimo de distrito para evitar cualquier tipo de sanción, y argumentó que había inconstitucionalidad en el proceso que promovió el Legislativo.

Sin embargo, el 23 de julio pasado, el juez de distrito José Antonio Montoya García resolvió que la petición era improcedente y negó la protección de la justicia federal al máximo fiscalizador del país, según el expediente 1073/2006.

El abogado González Schmal concuerda con la resolución emitida por el juez, pues “es evidente que hay un conflicto de intereses, aunque González de Aragón pueda argumentar que ya no pertenece a ese despacho, éste lleva su nombre, y en todo caso es un aprovechamiento, un abuso de su cargo para conseguir contratos y de esto no hay duda”.

Urge a la Comisión de Vigilancia a que llame a cuentas y finque responsabilidades de orden penal y administrativo y, “sin lugar a dudas”, solicitarle la renuncia inmediata. Dice que “en ese puesto debe de estar quien tenga capacidad e independencia de ejercerlo por el beneficio de México y no por sus intereses familiares”.

El encargado de controlar el erario argumentó ante el juez Montoya García que las denuncias en su contra no proceden, toda vez que él nunca tramitó o resolvió un asunto relacionado con el despacho privado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos y, por lo tanto, “no tenía la obligación de informar a su superior jerárquico, que incluso no consta en autos en una sola prueba que demuestre lo contrario”.

En su defensa, Arturo González de Aragón añade que es ilegal la consideración de la Unidad de Evaluación y Control, la cual señala que la intervención en la aprobación de los programas de revisión de la Cuenta Pública implicó conflicto de intereses, pues se tenía conocimiento de las entidades que habían sido revisadas por la firma familiar, y el órgano de control de la Comisión de Vigilancia aceptó su aprobación “con total imparcialidad”.

El auditor se deslinda de la firma familiar y asegura que fue socio hasta el 21 de octubre de 2002, para renunciar a su cargo de comité directivo dos meses después y donar las acciones del despacho a sus tres hijos el 30 de diciembre de ese año.

Las explicaciones de González de Aragón, en su primera solicitud de amparo, resultaron “inoperantes”, pues, según el juez de distrito, no expone argumentos que demuestren la ilegalidad en que se basó para solicitar un juicio de amparo.

Jorge Romero León, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., considera que el auditor no incurrió en los actos que le imputa la Cámara de Diputados, pues sólo aplicaría si se pudiera probar que González de Aragón gestionó algún contrato cuando tenía participación en el despacho, aprovechando su nombramiento como auditor Superior de la Federación.

El candidato a doctor en filosofía política por la New School for Social Research, en Nueva York, asegura que “el hecho de que él haya abandonado la firma antes de convertirse en auditor y haya finiquitado su participación, previene la perspectiva de conflicto de intereses”.

Romero León defiende el papel desempeñado por el máximo fiscalizador, pues esto “no es más que una inquietud por presionar a la Auditoría Superior de la Federación, que ha pisado algunos callos con las revisiones de las Cuentas Públicas. No quiero decir que tengamos la seguridad de que haya ocurrido, habrá que investigarlo, pero nada tiene que ver la existencia de un despacho que audita distintas dependencias del gobierno”.

El despacho González de Aragón

Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio del despacho contable que durante 16 años presidió el auditor Superior de la Federación, niega que su padre haya incurrido en conflicto de intereses, pues, argumenta, dejó la dirección de la empresa una vez que asumió la titularidad de la ASF.

En sus oficinas de la colonia Guadalupe Inn –donde las paredes se encuentran tapizadas de reconocimientos, diplomas y fotos de Arturo González de Aragón, acompañado por el expresidente Miguel de la Madrid y otros personajes–, el hijo menor del máximo fiscalizador del país asegura que, contrario a lo que se ha denunciado, la firma ha perdido clientes del sector gubernamental.

González de Aragón Rodríguez relata que una vez que su padre gana la titularidad de la ASF, tiene que deslindarse de cualquier actividad que tenga que ver con cualquier fuente de ingresos.

—Él hace la escritura de donación de sus partes sociales y se va –asegura el también consultor externo del secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores–. Nos quedamos a cargo el contador Juan Rodríguez, como socio director, que tiene el 10 por ciento de las acciones y mis hermanos y yo, que operamos con el 90 por ciento restante”.

Arguye que “muchos de los ataques que nos hacen van en función de que conseguimos trabajo gracias a él, pero en la Secretaría de la Función Pública se trabaja mediante un padrón de despachos que tienen que cumplir una serie de requisitos, todo se hace a través de licitación. Obviamente, eso nos pega, porque nos ponen a competir contra otros despachos que traen propuestas más bajas”.

Gobierno de Calderón, nuevo cliente

Con una cartera de clientes en la que sobresale una vez más la Presidencia de la República, González de Aragón Rodríguez asegura que “el hecho de que mi padre haya ocupado ese cargo no nos benefició; al contrario, a los funcionarios les dio temor a que fueran atacados en ese aspecto”.

Luego del deslinde de Arturo González de Aragón de la firma familiar y las nuevas normas de contratación impuestas por el excontralor Francisco Barrio Terrazas, el hijo menor del auditor superior encuentra nichos de mercado en los gobiernos estatales de Guerrero, San Luis Potosí, Colima, estado de México, Veracruz y Puebla, lo que también haría eco en el reclamo legislativo, al cuestionar la incurrencia en entidades auditadas por el despacho González de Aragón y fiscalizadas al mismo tiempo por el auditor González de Aragón, es decir padre e hijos son juez y parte.

Cuestionado sobre el control de las cuentas de la Presidencia de la República durante el sexenio de Vicente Fox, responde que éstas fueron de “código financiero”, es decir, que sólo tiene que ver con el pago de obligaciones locales, como el del impuesto predial, agua y otros. “Es un contrato que no llega ni a los 100 mil pesos; si fuéramos el auditor financiero de la Presidencia, a lo mejor hubiera cotizado más.

“Nosotros buscamos el renombre: poder decir que somos el despacho que audita a la Presidencia, para efectos de código financiero. Y, obviamente, en eso no hay ningún conflicto de intereses”.

En espera del fallo

Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, se niega a hablar del caso hasta que el Tribunal Colegido resuelva si procede el fallo a favor de la solicitud de amparo, interpuesta por el auditor superior de la Federación.

Sin embargo, un análisis elaborado por su Unidad señala que la ASF carece de “equilibrio” entre el número de auditorías de desempeño, financieras y de cumplimiento que se le hacen a las entidades públicas.

El encargado de supervisar la función de los servidores públicos al interior de la ASF dice que “no se trata nada más de verificar que el presupuesto aprobado se gaste conforme a la ley, sino de dar un paso adicional y verificar que se cumplió con los objetivos de los programas. La Comisión insiste en que la fiscalización superior tiene como último fin que los recursos públicos se ejerzan con la mayor eficiencia y transparencia”.

Otra de las recomendaciones a la ASF, dice Michel Padilla, es que seleccione temas de la mayor relevancia, que vayan a revisar aquellos entes que cumplen funciones estratégicas de gobierno; por ejemplo, en la supervisión bancaria, que no haya prácticas monopólicas.

Mientras, el legislador Elías Cárdenas advierte que en la Comisión de Vigilancia se genera una iniciativa que “prohíbe estrictamente que personas ligadas por parentesco, amistad, algún vínculo de naturaleza afectiva puedan intervenir en las auditorías, en una modificación al artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”.

Para confrontar los señalamientos que hacen los legisladores en contra del auditor superior de la Federación, Contralínea le solicitó una entrevista a Arturo González de Aragón, pero en su oficina nunca dieron respuesta.

Revista Contralínea

México

Fecha de publicación: Diciembre 1a quincena de 2007
Érika Ramírez

Interrogantes a la ASF

Cuestionado sobre la profesionalización de los encargados de firmar los dictámenes de las revisiones de la ASF, y luego de que extrabajadores denunciaran que el 95 por ciento de los auditores no son profesionales en el ramo, el titular de la UEC, Roberto Michel Padilla, asegura que los funcionarios no tienen que ser contadores públicos, pues las evaluaciones al desempeño más integrales exigen que haya “un núcleo de auditores interdisciplinarios”.

Explica que se requieren “ingenieros, médicos, contadores, economistas, sociólogos, porque la fiscalización moderna que tratamos de impulsar exige conocimientos más profundos sobre los temas. Sin embargo, la Comisión de Vigilancia ha tenido un especial interés en impulsar el ejercicio fiscalizador de carrera para que la ASF tenga a los mejores en cada tema, y esa es una tarea que lleva muchos años”.

Otra de las quejas presentadas por los colaboradores del órgano fiscalizador es que los remanentes del presupuesto son utilizados en “bonos especiales”, adicionales al salario de mandos medios y superiores, así como en la compra de automóviles que no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal.

“Los bonos especiales son algo que está reconocido en el presupuesto, no es nada que esté fuera de la ley. Si así fuera, nosotros hubiéramos sido los primeros en señalarlo y planteárselo a la Comisión para fincar responsabilidades, pero no es así. Hace falta una normatividad general en la administración pública sobre las remuneraciones.”

Con más de un año en la remodelación de sus oficinas, ubicadas en la colonia del Valle, la Auditoría se retrasó en la conclusión de la obra, que ha generado inconformidades al interior de la institución. Rodríguez Padilla justifica el retardo, pues “en ese trabajo es algo muy normal, a veces se depende de la entrega de los permisos o fallas técnicas que no se pueden evitar”.

No obstante, el encargado de vigilar el trabajo de la Auditoría, advierte que “la UEC iniciaría una revisión del uso del presupuesto y si encontramos algo que nos parezca irregular, seguiremos el procedimiento establecido. En estas situaciones siempre hay que ir con un principio básico: todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. (ER)

Las omisiones de la ASF

El documento Avances y retrocesos, una evaluación ciudadana del sexenio 2000 y 2006, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., indica que las irregularidades cometidas durante la administración foxista son “significativas”.

Una de ellas, competencia de la Secretaría de la Función Pública, es el vínculo de la Lotería Nacional con la Fundación Vamos México, dirigida por Marta Sahagún, esposa del presidente, y con otros fideicomisos en los cuales habría familiares de Vicente Fox.

“Si bien en este caso las auditorías realizadas por la ASF libraron a los funcionarios encargados de toda responsabilidad, hay casos claros en los que la corrupción o quebranto han quedado prácticamente impunes”, dice el Informe.

Otro de los casos es el de los recursos desviados a Provida, en el que la SFP sancionó a cinco funcionarios de la Secretaría de Salud. Jorge Serrano Limón fue inhabilitado 15 años y se le castigó económicamente, ya que no está dentro de las facultades de Función Pública iniciar un proceso penal.

“La sanción fue mínima. Luis Pazos, directo responsable de la desviación, quien abusó de sus funciones al instruir a la Secretaría de Salud sobre una reasignación no acordada en el pleno, no fue sancionado, sino que incluso se le premió al nombrarlo director de Banobras”, expone el centro de análisis que encabeza Jorge Ramos. (ER)