En miseria extrema, 27 millones de campesinos

Marginados y sin acceso a los servicios básicos de agua, luz y drenaje, más del 90 por ciento de los campesinos no tienen siquiera ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Con ello, el campo mexicano del siglo XXI se equipara al agro “deteriorado” de 1933.
De acuerdo con el estudio Situación del campo en México; pobreza, marginación, explotación y exclusión, realizado por investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apenas 3 millones 954 mil personas del sector rural pueden llevar alimento a sus hogares; otras 27 millones 480 mil personas, no tienen acceso a una canasta básica.
El informe académico puntualiza que de los 30 millones 185 mil campesinos que habitan el sector, sólo 8 millones 500 mil tienen empleo en actividades agrícolas y ganaderas.
Indica que del total de la población rural, 10 millones 262 mil 900 personas no reciben ingreso; 8 millones 796 mil, sólo un salario mínimo; 8 millones 421 mil alcanzan de uno a dos salarios mínimos; 2 millones 112 mil obtienen de dos hasta cinco salarios mínimos, y sólo 1 millón 841 mil trabajadores agrícolas tiene un ingreso superior a cinco salarios mínimos.
Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, asegura que esta inequidad económica se debe a la falta de oportunidades de empleo y al aumento “desmesurado” de los precios.
“En los últimos 10 años, los precios de los productos que conforman la canasta básica se han incrementado en 400 por ciento; mientras que el salario mínimo apenas aumentó 40 por ciento en el mismo periodo. Con estas cifras, lo único que podemos hacer es exportar mano de obra barata”, dice el dirigente de la central que aglutina más de 1 millón de campesinos.
La investigación –encabezada por David Lozano Tovar, Luis Lozano Arredondo, Miguel Ángel Xochiteotzin Peña, Javier Lozano Tovar y otros economistas– explica que durante el gobierno de Vicente Fox la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos fue del 24.76 por ciento y, con ello, “el número de familias en el campo que no pueden acceder a una canasta básica aumentó en un 4 por ciento”.
Según cálculos de los especialistas, durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón, las familias rurales “tienen una pérdida del 44 por ciento de su ya deteriorado nivel de vida”, consecuencia de los incrementos en los costos de alimentos y bienes de consumo.

Miseria agraria

A los bajos ingresos que perciben los campesinos mexicanos se suman las precarias condiciones de vida, pues aún carecen de servicios básicos como energía eléctrica, drenaje y agua potable.
En el estudio se destacan las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que señalan que apenas 38.2 por ciento de los habitantes del sector rural tiene el servicio de drenaje y sólo el 68.7 por ciento de las comunidades agrarias goza de agua potable.
Los investigadores del CAM indican que, hasta septiembre de 2007, el acceso a los servicios básicos se encuentra más acotado, a partir del incremento en el cobro de impuestos. En tan sólo tres años descendió 11.5 por ciento y ahora el campo tiene el acceso a los servicios como en el año de 1933.
Isabel Cruz, representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AC (AMUCSS), dice que “es sorprendente que en pleno siglo XXI tengamos rezagos de dos siglos atrás”.
Explica que son, aproximadamente, 180 mil localidades que viven aisladas sin ningún tipo de desarrollo. “Podemos encontrar miles de comunidades que trabajan con herramientas del neolítico superior. No sólo no hemos tenido acceso a tecnologías, desarrollo productivo y organización, sino que siguen trabajando con machete y azadón. Si no hay servicios básicos, menos bueyes, mulas o tractores”.

Expulsor de mano de obra

La baja en los precios de los productos agrícolas, el encarecimiento de los insumos y la persistencia de una crisis económica han provocado que el campo mexicano se convierta en un continuo expulsor de mano de obra y que las remesas enviadas por millones de emigrantes formen parte del sustento económico nacional.
Según el estudio del CAM, la migración en las comunidades rurales se ha incrementado en 40 por ciento en los últimos seis años. “Tan sólo de 1995 a 2000 se duplicó el número de hogares que reciben remesas, de 600 mil a 1 millón 200 mil. Para 2005, esta cifra casi se cuadruplicó, pues las familias que recibieron remesas de manera directa e indirecta son 4 millones 100 mil”.
En la búsqueda de compensar el desempleo y el bajo ingreso monetario de sus familias, 10 millones 800 mil mexicanos –emigrados a Estados Unidos– registraron envíos por 23 mil 234 millones de dólares, en septiembre de 2007, según estimaciones del Consejo Nacional de Población.
David Lozano, encargado de la investigación, dice en entrevista que aunque parezca que “se gana más y se vive mejor de mojado, el ingreso mensual del 7 por ciento de las familias emigrantes es de apenas 1 mil 600 pesos; el 44 por ciento gana entre 1 mil 600 y 4 mil pesos mensuales, y sólo el 24 por ciento obtiene entre 4 mil y 6 mil 400 pesos al mes”.
No obstante, durante muchos años se ha hecho del envío de remesas un gran negocio. “Los emigrantes son presas de la rapiña por parte de las empresas que se dedican al envío de remesas, ya que éstas lucran con el dinero enviado por los trabajadores a sus familias”, dice el investigador.

Empresas de rapiña

El análisis desarrollado por expertos de la UNAM coloca a Grupo Elektra, propiedad de la familia Salinas Pliego, como una de las principales beneficiarias de la pobreza y migración que hay en el campo mexicano.
En junio de 2005, la empresa registró el “mayor costo” en un envío de 300 dólares, de Nueva York a México, con 5.76 por ciento de comisión, mientras que Citibank fue el más bajo, con 1.04 por ciento”.
“Esto significó un constante robo a las familias campesinas, las cuales representan el 62 por ciento del total de trabajadores emigrantes. En el caso del Grupo Elektra, significa que obtiene 17.28 dólares por cada operación de 300 dólares enviados a México”, comenta el académico.
Isabel Cruz, representante de la AMUCSS, explica que la falta de regulación y transparencia en el mercado bancario hizo que la Western Union ganara millones de recursos durante décadas.
“Hoy ya no es el número uno, pues en 10 años han aparecido casi 160 empresas que se dedican a la transferencia de remesas, y eso ha hecho que la Western Union baje de 30 dólares que cobraba, a unos 15 dólares el envío de remesas. Nos obstante, todavía no hay una regulación que exija transparencia en el precio del tipo de cambio”.
El problema central de las remesas, explica la encargada del proyecto “Remesas y Desarrollo en los Microbancos de Xuu Ñuu N’Davi en Oaxaca e Ikal In to Tomin en Puebla: una experiencia exitosa de bancarización y desarrollo local en medio rural”, es que están llegando a zonas rurales donde no hay servicios financieros.
La economista asegura que “tenemos la gran paradoja de que no hay dinero en el campo y, por otro lado, llega a través de las remesas que se quedan bajo el colchón o se invierte en casas o alimentos. Si hubiera un sistema financiero, los envíos de dólares tendrían un efecto positivo para el desarrollo del campo”.

Tierra privatizada

Orillados a la venta de sus tierras, luego de que las reformas constitucionales lo permitieran, miles de campesinos ahora se han quedado sin espacios de cultivo para la sobrevivencia.
El análisis de la UNAM indica que un “22 por ciento de tierras ejidales y comunales se encuentra en proceso de cambio de dominio, para ser propiedad de empresas trasnacionales que no quieren la totalidad de las tierras, sino solamente aquellas que resulten rentables, como las zonas forestales y aquellas bastas en recursos naturales, con posibilidades de ser explotadas”.
David Lozano asegura que la modificación del artículo 27 de la Constitución –que establece los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras–, no ha hecho más que legalizar el despojo de un derecho inalienable del campesinado mexicano: su tierra.
Expone que la privatización de “la propiedad social, registrada en 2004, fue de más de mil 800 núcleos agrarios. El 4.9 por ciento del total de tierras, que representan una extensión de 829 mil hectáreas. En 2006 está cifra creció al 12 por ciento más”.
Al incrementarse el empobrecimiento de las familias en el campo, también aumentó el número de tierras ejidales y comunales que han entrado en cesión de derechos para su renta o bien como incorporación al cambio de dominio. Quienes más han aprovechado el cambio de dominio, o bien, lo han usado para explotar los recursos, son las cadenas hoteleras, dice el análisis de la UNAM.
Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, asegura que además de la privatización de la tierra, el “rentismo” ha sido uno de los recursos utilizados por los agricultores para obtener ganancia de sus terrenos.
“El rentismo es un fenómeno colateral, ligado directamente a la producción y con ello vemos una brutal concentración de la tierra en manos de empresas privadas. Por ejemplo, en Sonora el 80 por ciento de los ejidos de riego lo tienen unas cuantas empresas y en Sinaloa ocurre lo mismo con el 60 por ciento de las zonas”.
Sin duda, dice el diputado priista, éstas son “reacciones desesperadas de sobrevivencia de la gente del campo, que en ocasiones conllevan a fenómenos de criminalidad, con el cultivo de productos ilícitos”.

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