Juez decide no extraditar a Sergio Dorantes

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene 90 días para informar al juez del Distrito Norte de California si procederá o no la investigación relacionada con la fabricación del testigo Luis Eduardo Sánchez Martínez, en el caso del homicidio de la exgerente de Newsweek México, Alejandra Dehesa. De no cumplir con la resolución del juez Joseph Spero, el fotógrafo Sergio Dorantes Zurita no podrá ser extraditado.
En audiencia celebrada el 18 de agosto, Spero reiteró su solicitud a la PJDF para que resolviera sobre la averiguación previa FCUAH-2/33755/05/12 con causa penal 207/2003 en contra de Sánchez Martínez, por la probable comisión del delito de falsedad. El declarante aseguró haber visto a Dorantes Zurita salir del lugar de los hechos. Según Manuel García Garrido –abogado de Dorantes en México–, el testimonio fue la única “prueba” que vincula al fotógrafo con la escena del crimen.
En su recomendación 7/2007, emitida en abril del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) verificó que en la causa penal 207/2006 Sánchez Martínez declaró haber sido sobornado por la ministerio público María del Rocío García con 1 mil pesos para declarar en la averiguación previa COY-2/969/03-07. La Procuraduría negó que existiera dicha retractación, como se observa en un documento realizado por la fiscalía de San Francisco (Contralínea 33).
La Comisión informó que “se violentó el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en la averiguación previa, en virtud de que la procuraduría capitalina realizó consignaciones utilizando las declaraciones contradictorias del testigo, Luis Eduardo Sánchez Martínez, sin verificar de manera fehaciente la veracidad de las mismas”.
Así, recomienda que el procurador capitalino continúe con la averiguación previa que se le sigue a los servidores públicos involucrados en la investigación del homicidio. Según la recomendación de la comisión, la investigación seguía congelada. Pese a que la CDHDF le concedió a la Procuraduría seis meses para hacer las indagatorias, aún no hay resultados.
Incluso desde agosto de 2007, el sistema judicial estadunidense solicitó a la PGJDF que notificara si cerraba o no la pesquisa. Cinco meses después, no han recibido respuesta. Sin que en la primera prórroga hubiera una contestación, el juez del Distrito Norte de California le otorgó la libertad bajo fianza a Dorantes Zurita el 24 de junio, quien estaba arrestado en la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California.
La decisión fue apelada por la fiscalía de San Francisco; sin embargo, el 22 de agosto el juez federal Martin Jekins ratificó la libertad bajo caución. Los ministros coincidieron en que había serias irregularidades y la fabricación de evidencia cometida por autoridades mexicanas.
Para Deniss Riordan –abogado defensor de Dorantes en San Francisco, California– se trata de un caso complejo y único, pues a la par avanzan dos procesos: el del asesinato de Alejandra Dehesa y el del testigo fabricado. En su opinión no hay causa probada, es decir, no hay evidencia suficiente para encontrar culpabilidad. En todo caso, ello sólo depende de las declaraciones del testigo que admitió que eran falsas.
Días antes de la audiencia, el litigante ya anticipaba que habría una prórroga, pues todavía no hay una respuesta clara del organismo, y el juez esperará que se resuelva primero la situación en el Distrito Federal antes de dictaminar si hay extradicción o no.
“Que no lo extraditen obedecerá a lo que suceda en México. Si la oficina del fiscal va a seguir la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y si hay una resolución clara, el juez va a progresar y tomará una decisión”, explica.

Dorantes lucha por su inocencia

En carta dirigida a la redacción de Contralínea, el fotoperiodista apunta que hay precedentes que reiteran su inocencia, tal como la recomendación de la CDHDF, que concluyó que durante la investigación del caso se violaron sus derechos a la certeza jurídica y al debido proceso.
También la retractación de Luis Eduardo Sánchez Martínez, transmitida en televisión nacional y el amparo con las actas firmadas por él mismo confirmando que fue sobornado, así como el veredicto de libertad bajo fianza –resolución calificada de única en Estados Unidos– y la decisión del 18 de enero de aplazar la sentencia, pues el juez consideró que no había elementos suficientes para la extradición mientras la PGJDF no cumpla con la investigación contra quienes fabricaron el testigo.
De regreso de la audiencia, el fotógrafo se siente aliviado. Pase lo que pase, la decisión del juez –explica en entrevista– es el tercer precedente legal en una corte estadunidense donde se comprueba que no hay suficientes elementos en su contra. “En cierta forma –señala– validan mis reclamos de inocencia”.
Además de la observación sobre las irregularidades en el caso, el juez federal Martin Jekins resaltó dos elementos relacionados con el juicio de extradición: el que el reportero gráfico tenga una solicitud pendiente de asilo político en Estados Unidos y el arraigo que el fotoperiodista tiene con la comunidad donde vive desde 2004.
Sergio Dorantes señala que, de no haber extradición, él podría continuar con su vida en ese país y ser un ciudadano libre. Desde el 25 de agosto de 2007 vive en arresto domiciliario y sólo por causas especiales puede salir, sea enfermedad, presentarse en la corte o arreglar pendientes legales.
No puede trabajar y dedica su tiempo a buscar el apoyo de organizaciones internacionales. Human Right Watch, la Fundación Bianca Jagger para Derechos Humanos y Amnistía Internacional en Londres y México siguen de cerca la evolución de su caso. Además, a partir de 2004 se consagra a la investigación legal y forense de lo ocurrido.
Para el fotoperiodista ha sido un proceso “desgastante”, tanto para él como para su familia, que incluso ha sido intimidada. Lamenta que a él le destruyeran su carrera, además de perder la mayoría de sus recursos, “todo por una fabricación infame de varios miembros corruptos de la Procuraduría del DF”.
Por el contrario, de extraditarlo, tendría que regresar a México a enfrentar un proceso, porque la orden de aprehensión sigue vigente. El periodista confía en que podrá pelear su caso, ya que tiene todos los elementos necesarios para probar que hubo una fabricación en su contra:
“Fueron las prácticas irregulares que aquejan al Ministerio Público. Yo fui una víctima más. Tengo confianza en las autoridades de la procuraduría. Creo que todo ha sido producto de una mala administración de justicia en el Distrito Federal. Yo caí víctima de sus costumbres y ahora me tengo que defender de la mejor manera posible”.
No quedándose callado, dice, es la mejor manera de contribuir para que haya justicia. El fotógrafo considera que tiene esa responsabilidad, pues hay otros que viven la misma situación y no tienen los recursos para defenderse.
“Me gustaría pedirle de manera directa a la procuraduría que reabran el caso para que se encuentre al asesino de mi exesposa. Yo no tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a que se me investigue nuevamente, siempre y cuando la Comisión de Derechos Humanos supervise el proceso para que esté apegado a derecho”.

Respuesta de la procuraduría

En entrevista radiofónica con Pablo Hirart, en su programa Frente al país transmitido el 22 de enero, el subprocurador de Procesos de la PGJDF, Miguel Ángel Espinoza Mancera, se refirió al caso de Sergio Dorantes. El funcionario declaró que hay una orden de aprehensión “firme y definida en cuanto a sus elementos”.
Según el funcionario, se tienen 18 pruebas periciales. “No es una sola la que sostiene el proceso –señala–, tenemos varias más, y los jueces de distrito y el Tribunal Colegiado Federal lo verificaron así”. El subprocurador negó que la causa penal se apoyara solamente con el dicho de un testigo.
De Sánchez Martínez, reconoció que su declaración se hizo fuera de los métodos oficiales de la procuraduría, que no permiten alteración alguna: “Es sólo el dicho de él. No hay ni un citatorio ni oficio de colaboración, que hubiera sido el modo correcto para que él se presentara; sin embargo, hace la imputación y después desaparece”. Además explicó que se solicitó consignación contra la ministerio público María del Rocío García; no obstante, los jueces determinaron que no había elementos suficientes.
Dice que nunca se ha dicho que el periodista sea culpable y sólo se tienen indicios. Agrega que en México, Dorantes tendrá un juicio con todas las garantías: “Se está preparando la evidencia y la documentación para la audiencia del próximo 18 de abril, pues la información que tiene la corte de Estados Unidos no es tan certera”.
En la misma emisión, Dorantes contestó que los reportes forenses eran ineficientes y que los testimonios en su contra se contradicen. Además afirma que sin ese testimonio no se le hubiera girado orden de aprehensión: “La primera vez se rechazó, eso lo constata el expediente, y tres meses después el juez 24 de lo penal del Reclusorio Oriente fue presionado para cambiar su opinión, sin ninguna evidencia adicional, más que el testimonio”.