Ana Lucía Armijos, luego de regresar al país después que la Ministra Juez de la Corte Suprema de Justicia, Mariana Yépez, dejó sin efecto la orden de detención, ocupó el Ministerio de Gobierno y luego el de Economía y Finanzas junto a varios personajes vinculados con la banca.

Así lo confirmó Alberto Acosta, actual asambleísta por Acuerdo País, quien aseguró en su discurso respecto a la incautación a los bienes de los hermanos Roberto y William Isaías, que en 1998, junto a Aspiazu, que habría financiado el 27% de la campaña de Mahuad y que representaba los intereses de una empresa como Emelec, afectada por una compleja relación morosa con el Estado desde 1985, asomaron banqueros ‘de peso’ como financistas de la campaña democristiana. “Esta vinculación bancaria se hizo evidente en los nombramientos de dichos banqueros en importantes puestos del gobierno de Mahuad -Guillermo Lasso (Banco de Guayaquil, gobernador del Guayas y superministro de Economía), Álvaro Guerrero (Banco “ La Previsora ”, presidente del CONAM), Medardo Cevallos Balda (Bancomex, embajador en México) entre otros- y de influyentes directivos de la Asociación de Bancos Privados como Ana Lucía Armijos (ministra de Gobierno y de Finanzas, y luego embajadora en España) además de Carlos Larreátegui (superministro de Desarrollo Social)”.

La estrategia de los banqueros, en complot con sus colegas en el gobierno de Jamil Mahuad, era aplicar las mismas jugadas que realizaron los propietarios del Banco Continental, en 1996, donde recibieron, según información pública, más de 400 millones de sucres que nunca fueron recuperados. Para eso tuvieron el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigida por otro el Demócrata Popular Oswaldo Hurtado, junto a la mayoría de todos los partidos políticos de la derecha como el Social Cristiano, Roldosista Ecuatoriano y la Izquierda Democrática. La crisis bancaria se venía.

Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control de la Corrupción (CCCC), agrega que este escenario surge en la famosa Asamblea Constituyente del 98 que aprueba la nueva Constitución Política del Ecuador con la trampa inicial, que lleva en una de sus transitorias, aparentemente sin que haya sido aprobada por el pleno de la Constituyente: un escudo que abría el camino para el asalto a los fondos de los depositantes.

Rodríguez asegura que la Constitución Política de 1998 en la disposición Transitoria Cuadragésima segunda, dice”textualmente lo siguiente: Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”. Con esto, las millonarias estafas de los banqueros tenían un artículo en la Constitución que les permitía cubrir sus futuras estafas.

Juan Centurión, en su libro “El Saqueo Bancario”, reitera que los informes oficiales para el 30 de septiembre de 1998, el sistema financiero nacional reportaba una cartera vencida de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, indica el analista económico, esos datos no reflejaban la verdad, ya que la auditora Deloitte & Touche determinó que solo el Banco del Progreso tenía una cartera vencida, a agosto de 1999, de cinco billones de sucres, dinero que había sido entregado a empresas del mismo Fernando Aspiazu Seminario, propietario del Progreso. “Para ello el gobierno de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, a fines de noviembre de 1998, hace aprobar en el Congreso Nacional, ese entonces dirigido por el socialcristiano de Heinz Moeller, la Ley de Reordenamiento en Materia Económica que permitía la reestructuración de las deudas que tenían las empresas con los bancos” Los Bancos limpiaban sus pasivos de carteras sucias e incobrables”, asegura Centurión.

A renglón seguido, el Congreso Nacional, de manera urgente, aprobó la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) donde, entre otras cosas, declaró que un banco antes de ser liquidado debía pasar previamente por otros dos pasos: reestructuración y saneamiento. Ley fundamental para que el Banco Central otorgue los préstamos “necesarios” para los banqueros para lo cual luego se descubrió que la cantidad de dinero que recibieron los bancos superó los cinco mil millones de dólares.

Luego de la flotación del dólar, cuando se inicia la desapareción del sucre como moneda oficial, se permitió que los banqueros especulen con la divisa y así obtengan más riqueza, pero la crisis se aceleraba hasta que llegó el 6 de marzo de 1999 donde el Gobierno decreta el feriado bancario. Miles de ahorristas exigen justicia en las calles, lo cual, incluso, provoca varias muertes, como así lo reportaban los medios de información. Según Centurión, solo en 1998, 14 de los 38 bancos que existían pasaron al Estado con un costo de cinco mil millones de dólares, y para otros analistas de hasta siete mil millones de dólares. El 21 de enero del 2000, luego de varias movilizaciones sociales, Jamil Mahuad Witt es obligado dejar el gobierno luego que varios de los banqueros y hasta su ministra de Economía, Ana Lucía Armijos, fugaron del país.

Edison Solís Vargas