¡No debemos nada, la deuda está pagada!

Si en algo tiene mérito el Gobierno es en haber encauzado los clamores populares, que siempre denunciaron los grandes perjuicios de la deuda externa. El verdadero crédito, lo tienen ellos”, dijo el presidente Rafael Correa durante la presentación del informe ejecutivo de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). Efectivamente, la inmoralidad y la ilegalidad en el proceso de contratación de deuda externa, y el no pago de esa deuda fue la bandera durante muchos años de organizaciones y movimientos populares, de la corriente de izquierda en el Ecuador, que denunció el dogal que significaba para el desarrollo.

Los diarios (comprometidos con las mafias económicas y políticas) esa mañana decían que se trataba de un informe inválido, por contener un fuerte contenido ideológico y que eso se reflejaba en que en el informe se usaban términos como “falsedad ideológica”, “deuda odiosa”, etc., en un afán por minimizar la importancia del informe y sin conocer que esas son figuras jurídicas legales que constan en el derecho internacional. Sin embargo, ¿Qué ilegalidades denuncia el informe?, ¿cuáles son los efectos sociales del pago de esa deuda contratada de forma ilegal?, ¿qué decisiones debe tomar el Gobierno una vez que cuenta con el informe?

A través del decreto ejecutivo Nº 472, se crea una comisión para hacer una auditoría del proceso de endeudamiento público. La comisión estuvo formada por 4 representantes de instituciones del Estado, 6 representantes de organizaciones sociales, 3 representantes de entidades internacionales y los grupos de trabajo que estas comisiones formaron. Así nace legalmente la CAIC, que durante seis meses leyó informes, buscó documentos y analizó objetivamente el proceso de endeudamiento del Ecuador.

Igual que casi en todos los países latinoamericanos, el origen de nuestro endeudamiento está en un exceso de liquidez de los organismos internacionales en los años sesentas, que presionaron para que nuestro país, como nuevo rico petrolero, se endeude. Entonces ahí tenemos una presión externa de mala fé para endeudarnos, y alguien que abrió la puerta de nuestra Patria para que ello ocurra: La H. Junta de Defensa, junto con otras entidades como Autoridad Portuaria de Guayaquil, Cementos Selva Alegre, Ecuatoriana de Aviación, etc.; desde 1976 hasta 1982, se endeudan en casi 5 mil millones de dólares.

La crisis empezará cuando de forma unilateral se elevan los intereses del 6% que era originalmente, al 20,5%. La oligarquía ecuatoriana vendepatria continuará pagando la deuda a pesar de que la elevación unilateral quebranta las legislaciones anglosajonas, la Convención de Viena sobre derecho de tratados de 1969, nuestra legislación, todas las legislaciones democráticas, y cuando podía apelar al principio Rebus sic Stantibus previsto en el Derecho Internacional, según el cual el cambio de las circunstancias (en este caso, el aumento significativo y unilateral de las tasas de interés) permite al deudor cuestionar sus pagos. La deuda se hace una cantidad impagable (ver gráfico). Según una proyección realizada por la CAIC, si la deuda se hubiese mantenido en el 6% original, se habría terminado de pagar en 1995.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la banca extranjera inician una serie de “refinanciamientos”, y a través de los convenios “ERA 83”, “ERA 84” y “MYRA” se obliga al país a asumir las deudas privadas, en una clara violación a nuestra soberanía e intromisión en asuntos internos.

Desde el inicio, la contratación de deuda se realiza de una forma totalmente entreguista y vergonzosa, pues muchos de los documentos con los que se contrató fueron desaparecidos, no se sabe si el dinero ingresó al país, e incluso se utilizaron fotocopias para realizar transacciones oficiales; sí, fotocopias. Pero si esto es vergonzoso, veamos si tiene calificativo lo que hicieron los funcionarios durante el gobierno de Sixto Durán Ballén.

El 9 de diciembre de 1992, viajaron Mario Rivadeneira, Ministro de Finanzas y Crédito Público; Ana Lucía Armijos, Gerente General del Banco Central del Ecuador; Miriam Mantilla, en calidad de Cónsul de Ecuador (aún cuando no tenía nombramiento, es decir arrogándose un cargo que no lo tenía) a renunciar unilateralmente a la prescripción de un tramo de deuda de 7 mil millones de dólares. El documento de renuncia que firmaron fue preparado por Lloyds Bank y lo firmaron solo los ecuatorianos, porque la banca internacional sabe que es ilegal firmar un ACTO DE RENUNCIA DE DERECHOS. ¿Cuánto les pagaron para que firmen ese convenio lesivo a los intereses ecuatorianos? Lo único que se defiende son los intereses de la banca privada acreedora, por lo que en el informe de la CAIC se recomienda iniciar las acciones penales, civiles y administrativas. ¿Qué pena debe dárseles a estos sinvergüenzas?

Si revisamos todo el informe, podemos encontrar una acumulación de irregularidades, que nos resultan imposibles abordar en un solo artículo. Para mencionar una más: durante la emisión de bonos Global, Salomon Smith y J.P. Morgan (representantes de la banca Internacional) participan como negociadores sin la autorización formal del Ecuador, no participa el Ministro de Finanzas (que es quien autoriza la ley como único representante) sino que se crea una “Comisión” que acepta el canje de bonos Brady a Global, lo que significa pago de comisiones y prepagos exigidos según nuevas tablas de amortización, as’i como contratación de nuevos créditos en el exterior, lo que ascendió a $3.950 millones, es decir casi a cuatro veces el valor de mercado de la parte negociable de los “bonos existentes”. Es decir, nos endeudamos para seguir pagando deuda. ¿Qué consecuencias ha tenido el abuso de la banca internacional y el entreguismo de unos pocos vendidos?

Según Hugo Arias, miembro de la CAIC, durante la última década hemos pagado por servicio y amortización de deuda 42.000 millones de dólares, mientras que la inversión para salud no llegó a los 2.000 millones. Para Arias, es el bienestar humano, es salud y educación de dos generaciones lo que perdió el Ecuador por servicio de una deuda impuesta por los acreedores.

Ese es el impacto que ha generado: tres millones de ecuatorianos expulsados de su Patria por la grave crisis económica, muerte de miles de niños por no contar con servicios adecuados de salud, ni una alimentación adecuada, todo para mantener a la banca internacional y a los vendepatria, causantes de esta crisis.

Por ello es que el Movimiento Popular Democrático (MPD) presentó en la Fiscalía General del Estado una demanda en contra de los ex Presidentes de la República; Sixto Durán Ballén, León Febres Cordero, Oswaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez; y contra ex funcionarios como Ana Lucía Armijos, Mario Ribadeneira, Sebastián Pérez Arteta, Nicolás Parducci, Carlos Larreátegui, César Robalino Gonzaga, Myriam Mantilla, y otros.

Esta acción es acertada, pues se debe tomar inmediatamente medidas cautelares como prisión preventiva, prohibición de enajenar sus bienes y prohibición de salida del país, a fin de que se haga justicia.

Por otro lado, el presidente Correa debe adoptar todos los mecanismos legales a fin de dejar de pagar la deuda ilegítima, el atraco que por décadas han denunciado las organizaciones populares debe llegar a su fin. ¡No debemos nada, la deuda está pagada!