Plan Colombia: un peligro latente

Un fuerte remezón causó la declaración del vicepresidente de la República de Colombia, Francisco Santos, quien confirmó que “el Plan Colombia, que nos ayudó mucho y fue muy importante en un momento crítico, desde lo político hasta lo policíaco y militar contra el narcotráfico, ya no se necesita”. Estas declaraciones fueron inmediatamente rechazadas por el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, quien explicó que “no se puede pretender desconocer la política internacional del país simplemente por quedar bien con la opinión pública nacional”. ¿Qué repercusiones políticas y económicas tienen estas declaraciones en el Plan Colombia?

Matías Mongan, en un artículo publicado en la página electrónica Rebelión y titulado “Los efectos colaterales del Plan Colombia”, indica que detrás de esta política antiguerrillera “exitosa” de Uribe, muchas veces se esconden excesos y violaciones a los derechos humanos que no llegan a ser difundidos a la opinión pública. Según Mongan, de acuerdo a un informe de las cuatro plataformas de Derechos Humanos y Paz, “en el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate, a causa de la violencia sociopolítica; de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 eran niñas y niños. De las 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor de las violaciones (8.049 casos), el 75,4 % de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por actuación directa de agentes estatales, el 17,53 % (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares, el 57,87 % (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59 % de los casos (1.980 víctimas)”.

Según estos estudios, la mayor responsabilidad de atentar contra los derechos humanos es del Estado colombiano y de los paramilitares. Según el libro Plan Colombia: ABC de una tragedia, de autoría de Guillermo Navarro Jiménez, “el ejercicio paramilitar en Colombia se realizó con la ayuda de fuerzas especiales estadounidenses, las que instruyeron a las Fuerzas Armadas Colombianas en la formación de grupos de paramilitares para que cumplan su labor anticomunista, una de cuyas tareas fue el asesinato de casi 5.000 miembros de la Unidad Patriótica, creada como un brazo político abierto de las FARC, experiencia que determinó que las FARC, en la etapa actual de su desarrollo, hayan desestimado la presencia legal de su nuevo partido denominado: “Partido Comunista Bolivariano de Colombia”.

Muchas han sido las denuncias respecto a que uno de los objetivos del Plan Colombia es regionalizar el conflicto, atentando los intereses soberanos de cada país, especialmente de Ecuador y Venezuela. El mismo Guillermo Navarro, en el libro antes mencionado, confirma que la principal justificación para el involucramiento de los países limítrofes en el Plan Colombia ha sido y continúa siendo las acusaciones infundadas sobre supuestas incursiones de las FARC en territorios fuera de Colombia. “En el caso ecuatoriano, la manipulación tendiente a justificar la movilización del Ejército ecuatoriano hacia la frontera norte se inicia el 11 de septiembre de 1999, fecha en la cual se produce el secuestro de un grupo de 12 personas, entre turistas y trabajadores petroleros en la vía Lago Agrio-Tarapoa, provincia de Sucumbíos. Ante este hecho, el gobierno ecuatoriano acusó a las FARC de tal acción, para luego descubrir que fue provocado por delincuentes comunes”. Recordemos que en esos momentos el presidente ecuatoriano fue Jamil Mahuad, cuyo gobierno firmó el convenio de ocupación de soldados norteamericanos en la base de Manta.

Ha sido evidente que el trabajo de la Central de Inteligencia Americana (CIA) es fundamental para regionalizar el Plan Colombia y cumplir con otro de los objetivos de este proyecto anticomunista: buscar la cabeza de los altos dirigentes guerrilleros. Pues así lo confirma el diario electrónico “Página 12”, del 10 de julio de 2008, donde con el título: “Uribe lanzó una ofensiva anti guerrillera”, se indica que luego del rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes, Uribe ordenó agilitar la captura a altos dirigentes de la guerrilla. “Hay que incrementar las operaciones contra el grupo, particularmente contra sus cabecillas, a efectos de ubicarlos, capturarlos y ponerlos a las órdenes de la justicia”, ordenó Uribe al comandante de las fuerzas militares, general Fredy Padilla, según la nota periodística.

Si de la captura de los jefes guerrilleros se trata, la CIA ha sido artífice en Ecuador y Venezuela con la participación, como se ha denunciado, de altos mandos militares y policiales. Hecho que incluso ha sido rechazado por los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, al momento de la captura de altos jefes de la guerrilla a espaldas de sus gobiernos. Así lo publica la agencia de noticias ANSA- Caracas, el pasado 9 de enero de 2005, cuando representantes del Gobierno venezolano denunciaron que autoridades colombianas pagaron 1,5 millones de dólares para la captura ilegal en Caracas del dirigente de la guerrilla de las FARC Rodrigo Granda.

En Ecuador, los hechos han sido más evidentes: el 2 de enero de 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue capturado Ricardo Palmeras (alias Simón Trinidad) sobre lo cual un reportaje de Jorge Serrano Torres, publicado en la agencia de información IPI con el título “Inteligencia Militar: Los Servicios Secretos en Ecuador”, se indica que “el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, destacó que la detención de Simón Trinidad fue producto de una actuación ejemplar de la Policía y el Ejército de su país, de la importante ayuda estadounidense, así como el apoyo del Gobierno y Policía del Ecuador”. El gobierno de Gutiérrez no dijo nada respecto a la posible actuación de la CIA en dicha detención de ese alto dirigente de las FARC.

En el actual gobierno, y por denuncia del mismo Jefe de Estado, el trabajo la CIA habría sido fundamental en el ataque de las Fuerzas Armadas colombianas al campamento de las FARC en Angostura. El gobierno de Correa ha conformado una Comisión Civil para investigar este bombardeo, organización que debería investigar, entre otras cosas, hasta dónde inteligencia militar y policial de Ecuador ayudaron o no a dar muerte a Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC. ¿Hasta dónde Ecuador esta involucrado en el Plan Colombia?