Si la deuda era ilegítima, ¿por qué la pagamos?

Esta ha sido una de las renegociaciones de deuda externa más exitosas… muchos países seguirán nuestro ejemplo”, aseguraba el presidente Rafael Correa durante la presentación de la recompra de casi el 90% de los Bonos Global 12 y 30, mientras los aplausos del público le pintaban una sonrisa de satisfacción al mandatario, pero bajémosle el volumen al discurso y veamos si es en verdad la negociación más exitosa.
La lucha de las organizaciones sociales, la presión popular, el desgaste y desilusión del discurso neoliberal, una nueva visión y corriente pedía a gritos un gobierno soberano. Correa recoge estas peticiones y las usa en su discurso para llegar a la Presidencia. El pueblo ecuatoriano vota mayoritariamente por un cambio. No era ni la simpatía, ni la sonrisa de una persona, sino los reclamos populares.

Inicia Correa su Gobierno y, a través del Decreto 472, el 9 de julio se crea la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Publico (CAIC) y ¡Cómo aplaudimos esa decisión! ¡Ningún Gobierno se había atrevido a hacer eso! Muy por el contrario, las negociaciones habían sido lesivas para los intereses nacionales.

Tal como esta auditoria reflejó, hay casos que resultan hasta vergonzosos y muestran la corrupción con la que se manejaba este tema, de lado y lado:

En 1976, la banca internacional tiene un exceso de liquidez y presiona a los países subdesarrollados a hacer préstamos innecesarios y nuestros serviles mandatarios se endeudaron con un monto inicial de $115.7 millones. A finales de los 70’s la banca internacional decide unilateralmente elevar las tasas de 6% a 21% anual. A partir de ahí la deuda será una estrategia para el crecimiento, pero no se imaginarán que del país. No, de las cuentas de los prestamistas y una forma abierta de saquear al país.

Otro ejemplo: en 1992, el gobierno de Sixto Durán Ballén crea una comisión de vendepatrias, perdón, de negociadores, que viajan a Nueva York el 9 de diciembre a firmar el convenio Tolling Agreement, donde el Ecuador renuncia de forma unilateral a la prescripción de un tramo de deuda comercial, que ni siquiera los acreedores firmaron porque era un instrumento ilegal. No firmaron, pero sí cobraron. Es decir, la ley establecía que un tramo iba a perecer porque no habíamos pagado más que intereses durante 7 años, y esta comisión renuncia a este derecho, para que los acreedores sigan chupándole la sangre al pueblo ecuatoriano.

Cito dos ejemplos; los más visibles, paradigmáticos, para ilustrar lo que sucedía en las contrataciones y negociaciones de la deuda que todos los ecuatorianos pagamos; sin embargo en el informe de la CAIC se detallan todos los mecanismos para convertir a la deuda externa en la soga que imponían sobre el cuello de los ecuatorianos los organismos de crédito y los gobernantes; violando normas jurídicas y morales.

Una vez que se había realizado la auditoría -hecho histórico para el país- ¿Qué haría Correa? Reconocido por propios y extraños realiza una maniobra bien pensada: declara moratoria técnica, baja el precio de los bonos en el mercado y realiza una propuesta para comprarlos al 30% de su valor nominal. Es decir usa las mismas leyes del mercado para ahorrar $2.921,1 millones en la re compra.

Según la economista Magdalena León, miembro de la Federación de Mujeres Transformando la Economía, en ese momento Correa debía decidir si declarar el no pago de la deuda ilegítima; lo que seguramente hubiese traído presiones de organismos internacionales, incluso demandas ante tribunales internacionales pidiendo el pago inmediato de sus bonos: “como no hay una experiencia de casos de países que hayan hecho esto, no sabíamos cuáles iban a ser las presiones internacionales, ante esta situación compleja y de riesgo, Correa optó por un mecanismo de mercado y hace esta recompra de los bonos, que en logra un alivio de la deuda, minimiza el pago”.

Para hacer esta negociación el gobierno debió desembolsar 900 millones y redujo $2.921,1 millones. León insiste en que esta negociación es histórica, pues “por primera vez ocurre que el país paga un dinero para una negociación en la cual el monto total del endeudamiento se reduce; porque todas las negociaciones anteriores a la final suponía un crecimiento de la deuda del país. Se paga en efectivo, pero el país queda menos endeudado”. Estas son las razones por las que Correa se enorgullece de la recompra, es evidente que la perspectiva es diferente, sin embargo hay otros elementos que tomar en cuenta.

El primero es que la deuda comercial apenas significa un 30% de toda la deuda total (ver cuadro 1). Se re-compra el 90% de ese 30%. Es decir debíamos 10.047,8 millones (según el Ministerio de Finanzas) y ahora debemos 7.126,7 millones. La pregunta para los ecuatorianos y para el gobierno sería, ¿Es suficiente? ¿Eso es todo? ¿Es lo más exitoso que se pudo? Porque se terminaron (al menos de momento) las elecciones y con auditoría y todo los otros tramos de deuda –multilateral, interna y bilateral- se siguen pagando para el bienestar de los acreedores. La negociación es buena, pero ¿No es muy exagerado hablar de recompra soberana?

La auditoria Integral de la deuda demostró que era ilegítima, ilegal y odiosa en ciertos tramos. Retomando solo los dos ejemplos anteriores había argumentación jurídica para declarar NULA gran parte de ella. En respuesta al primer ejemplo -la elevación unilateral de tasas de interés del 6% al 21%- el principio Rebus sic Stantibus, principio de Derecho Internacional, permite al deudor cuestionar el pago, amparándose en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, de 1969. Y respecto al segundo ejemplo la figura usada es tan ilegal que ni siquiera los acreedores firman la renuncia de los derechos; pero como si eso fuera poco, las personas que firmaron esta renuncia de derechos fueron con papeles falsificados; sí falsificados. Ellos firman el 2 de octubre y reciben los papeles legales que los autorizaban para esta función recién el 9 de octubre. Repito, hay muchísimas otras pruebas y casos que demuestran la ilegalidad de compra y negociaciones que violan, no solo las leyes locales, constitucionales y jurídicas internacionales, sino hasta el sentido común. Con todas estas pruebas, ¿No se podía hacer un proceso verdaderamente soberano y apelar ante las instancias legales para exigir el NO PAGO?

Además, en el momento que se desembolsan $900 millones para pagar ¿No está el gobierno legitimando la deuda? ¿Si no es legítima por qué se usa plata de los ecuatorianos para pagar algo que es producto de una estafa?

Según el economista y catedrático Luis Morales, a la luz de la teoría de la economía política se puede entender este fenómeno de una manera más satisfactoria. Y para entender el fenómeno en un contexto global, asegura que es menester recordar que en la globalización de la economía, o sea la transnacionalización de la economía mundial, los países centrales toman control del mercado económico del mundo -tanto es así que el grupo de los G-7 controla el 58% de la producción mundial- y para mantener este control del mercado económico del mundo, se asiste a una nueva redistribución internacional del trabajo.

Morales asegura que en esta redistribución “se asigna al Estado nacional la función de garantizar los intereses del capital transnacional y se convierte en el garante de los grupos financieros hegemónicos para que cumpla con los compromisos adquiridos por el Estado-burgués-capitalista- nacional. Entonces bajo esta lógica, el gobierno de Correa lo que ha hecho es garantizar, efectivamente, los intereses de las grandes corporaciones financieras facilitando el flujo de dinero que se ha prestado al Estado nacional a través de los Estados corporativos u organismos multilaterales de crédito”. Entonces pongamos en la balanza: con un discurso de izquierda, basado en una necesidad real del pueblo ecuatoriano, ¿Se eliminan casi $1.100 millones de dólares, para garantizar el pago de los otros casi $8.000 millones?

Con esta operación, en la práctica, lo que el gobierno de Correa estaría cumpliendo (queriéndolo o no) es el papel asignado por las necesidades del capital transnacional, y de manera oportuna, porque si vemos el contexto en el que se produce, nos percatamos que debido a la crisis económica mundial e iliquidez económica mundial, los 900 millones que desembolsa contribuyen en algo a la recuperación del capital financiero en la dinámica de equiparación y recuperación del mercado y sus entidades reguladoras, a costa del desequilibrio de nuestra reserva monetaria nacional.

León, sin embargo, ve esta medida como cautelosa: “toda la dinámica se genera en un proceso internacional: de no pagar ese dinero, nos hubiésemos metido en un lío, no con un país o entidad, sino con un sistema, que tiene bien definidas las leyes y medidas coercitivas, en unas relaciones de poder muy desigual, ¡Y las relaciones de poder cuentan!” León recomienda que como país establezcamos relaciones con otros que pudieran significar apoyo, no solo moral, sino económico si fuera el caso.

Esta compleja temática, pone en evidencia más que nunca, cuáles son las fuerzas que dominan el escenario económico mundial, pero también refuerzan las tesis que la izquierda más consecuente del país ha empujado desde siempre: el NO PAGO de una deuda ilegítima por la que algunos deberían estar encerrados y que seguro, Correa no va a encerrar. La actuación de Correa es cautelosa, pero ¿por qué?, ¿está buscando las condiciones para seguir garantizando un buen nombre en caso de llegar a necesitar otro crédito? Es decir, ¿el fin del neoliberalismo y dos cucharadas de lo mismo?