Autor: Yenise Tinoco
Sección: Salud

28 Junio 2009
Fuente: Revista Contralínea 137 / 28 de junio de 2009

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluye que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación y ejecución de los recursos aplicados en inversión física. Con la revisión de la Cuenta Pública 2007, se detectaron trabajos de mala calidad, gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada de contratos, sanciones no aplicadas, incorrecta ejecución de proyectos que generaron perjuicios por más de 63 millones de pesos, así como obras pagadas no ejecutadas.

La ASF fiscalizó 440 millones 295 mil pesos, de un universo de 1 mil 546 millones 313 mil pesos destinados para la inversión física del instituto; se determinó revisar una muestra de 43 contratos por la cantidad citada, que representa el 28.5 por ciento del monto total.

Rosario Ortiz, secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, considera contradictorio que haya un mal manejo de los recursos del IMSS en materia de inversión física y, por otro lado, que el nuevo director, Daniel Karam, diga que se van a subrogar más servicios porque no hay dinero ni las instalaciones para hacer frente a las necesidades de los derechohabientes.

“De manera paulatina se han denunciado los precarios servicios que presta el instituto. Desde hace tres años, el presupuesto que asigna el gobierno federal va en descenso y, para compensar el faltante, se toma dinero del fondo de reserva del Seguro Social, y aun así la inversión se realiza de forma irregular, mal empleados los pocos recursos existentes”, dice Ortiz.

Con la revisión de los contratos asignados en 2007, la auditoría presume un daño patrimonial por 27 millones 319 mil 315 pesos por el ajuste al costo indirecto por la elaboración incorrecta e inoportuna de los estudios previos necesarios en unidades médicas de Morelos, Distrito Federal, Campeche, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Oaxaca.

La ASF determinó que el IMSS realizó incorrectamente los estudios, autorizó proyectos incompletos y deficientes, no contó con los recursos económicos para la realización de los trabajos, no programó ni se coordinó con las áreas operativas para la liberación oportuna de las áreas, que generaron trabajos y tiempos adicionales por omisiones de proyecto y de catálogo de concurso.

Del anterior perjuicio a la hacienda pública, se suma otro por 610 mil pesos por incluir en el cálculo del ajuste del costo indirecto de concurso, la utilidad y los cargos adicionales, además, 1 millón 65 mil pesos por haberse aplicado en el periodo del convenio de diferimiento.

Desde el pasado 15 de mayo, Contralínea solicitó entrevista con funcionarios del IMSS a través de Patricia Serrano, jefe de Sala de Prensa del instituto, sin que al cierre de la edición se tuviera respuesta.

Unidades sin funcionar

Rosario Ortiz considera que los recursos del IMSS son manejados de forma “poco transparente”, y al momento de realizar una auditoría saltan irregularidades millonarias en detrimento del bienestar de los trabajadores afiliados. Además, siguen sin fincárseles responsabilidades administrativas o penales a los funcionarios responsables de las distintas áreas o al propio director del instituto.

El problema, dice la legisladora, es que no existe un diagnóstico real de la situación del Seguro Social; no existe transparencia del presupuesto y, en tanto, se acaban los recursos del fondo de reserva, en vías de una privatización de los servicios de salud.

La ASF determinó que, en seis contratos, el IMSS no utilizó los recursos económicos con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos de la obra. Es el caso del Centro de Capacitación y Rehabilitación en el Trabajo, en San Juan de Aragón, Distrito Federal, el cual no funciona en su totalidad: únicamente opera el gimnasio y taller de realización de escenografías, no obstante que se formalizó el acta de entrega-recepción el 30 de agosto de 2007, lo que generó el abandono de las instalaciones por falta de mantenimiento, ocasionando humedad en muros y plafones y desprendimiento de aplanados y pintura.

En el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (en León, Guanajuato) no se puso en operación la planta alta, designada al área de gobierno e investigadores después de 14 meses de terminada. En la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI se trabaja parcialmente en aulas, auditorio y enseñanza en la planta baja; no funciona el segundo piso que corresponde a gobierno, enseñanza y quirófanos, no obstante que se formalizó el acta de entrega- recepción de los trabajos el 21 de diciembre de 2007.

La Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios (en Villahermosa, Tabasco) no está en funcionamiento, pese a que los trabajos se entregaron el 31 de julio de 2007. El Módulo de Medicina Física en el Hospital General de Zona 32 (en Minatitlán, Veracruz) fue entregado el 12 de octubre de 2007, sin que a la fecha de la auditoría estuviera en operación, igual que la Unidad de Medicina Familiar 162 en Tláhuac, Distrito Federal.

En la visita de inspección realizada el 23 de diciembre de 2008, la ASF constató que el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del IMSS no está proporcionando los servicios para los cuales fue construido, por lo que el personal médico implementó consultorios provisionales en el interior del inmueble para atender y realizar actividades afines a la medicina preventiva de los derechohabientes.

La Auditoría Superior detectó un posible daño patrimonial de 1 millón 754 mil 940 pesos por gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada del contrato 1-051102-4-11A01, signado con Grupo Constructor Arivite, para la construcción de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Bajío. Antes, la contratista había pedido un convenio para renegociar los términos del primer contrato, que había incumplido.

Se determinó otro perjuicio a la hacienda por 9 millones 684 mil pesos, porque el IMSS no aplicó la sanción estipulada en la cláusula 15 del contrato 1-051609-4-16009, por incumplimiento en la terminación de la obra, y tampoco inició los procedimientos de rescisión del mismo. El contrato fue firmado para concluir los trabajos en la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Santiago Tlaxomulco, Toluca.

Asimismo, un daño patrimonial por 1 millón 359 mil pesos por trabajos ejecutados con mala calidad y pagos en exceso. La auditoría detectó fisuras en los muros de concreto por donde se está filtrando el agua al exterior, además de presentar oquedades por falta de vibrado adecuado en la cisterna de la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en San Luis Río Colorado.

En la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Santiago Tlaxomulco, Toluca, se observó que los canceles de las salas de juntas y espera, salón de usos múltiples, de gobierno y comedor no están fijados correctamente y perdieron su verticalidad.

La auditoría determinó que en el contrato 1-063603MA-4-36009, correspondiente al Centro de Capacitación y Rehabilitación en el Trabajo, en San Juan de Aragón, el IMSS autorizó el diseño, la construcción y la administración de los recursos necesarios para la ejecución y construcción de un proyecto arquitectónico que no satisface los objetivos y requerimientos, toda vez que se constató que no se garantiza la funcionalidad de la obra y el cumplimiento de la misma.

Asimismo, se carece de espacios que garanticen los requerimientos mínimos de acceso y desplazamiento de personas con discapacidad en situaciones de operación normal o de emergencia en las edificaciones, al omitir un sistema de puertas, vestibulaciones y circulaciones horizontales y verticales con las dimensiones y características para este propósito.

En la construcción de la Unidad de Medicina Familiar y a la Subdelegación Metropolitana, ambos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ASF presume un posible daño patrimonial por 63 millones 935 mil pesos por gastos que no cumplieron con el objetivo del proyecto, debido a la incorrecta ejecución y revisión del estudio de mecánica de suelos. Esas estructuras ya presentan problemas de agrietamiento en algunas zonas.

Adquisición y abasto de medicamentos

Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, explica que el IMSS tiene un registro de sobreexistencia y desabasto en el suministro de medicamentos, es decir, existe una determinación incorrecta de las necesidades en las claves para hospitales y clínicas en la delegación de Jalisco.

Agrega que, en el caso de las sobreexistencias, se encontraron precios muy superiores a los considerados en la convocatoria pública, lo que provocó falta de liquidez y la caducidad de medicamentos, porque la existencia estuvo por encima de las necesidades reales de la delegación. “En la revisión realizada por la ASF se confirma una especie de triangulación donde quedan exhibidas complicidades de funcionarios que actúan con dolo y, sobre todo, un daño al erario”.

El legislador dice que el IMSS sigue sin reglamentar de manera precisa las adquisiciones a través de la figura de “compra emergente”. El instituto, como cualquier otra dependencia, puede verse obligado a adquirir medicamentos de manera urgente; pero eso no le da la facultad de evitar el cumplimiento de la norma cuando se dan estos casos.

“Se pone en entredicho la posibilidad de compras para favorecer intereses particulares y privados, y desde luego un marco de complicidades entre funcionarios que están dañando al erario. No se habla de insuficiencia de recursos, como regularmente comentan los directivos del IMSS, sino de desorden y corrupción en el manejo de los dineros públicos”, asegura Ortega.

La auditoría fiscalizó una muestra de 1 mil 772 millones 314 mil pesos de un total de 2 mil 272 millones 950 mil pesos, por concepto de compras de bienes terapéuticos y no terapéuticos, que representa el 78 por ciento, conformado por compras consolidadas y emergentes de bienes terapéuticos por 1 mil 95 millones 826 mil pesos del almacén delegacional en Jalisco; 519 millones 328 mil pesos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades; 117 millones 283 mil pesos de la UMAE, Hospital de Pediatría, y 39 millones 876 mil pesos de la UMAE, de Gineco-Obstetricia, del Centro Médico Nacional Occidente (CMNO).

La ASF observó que el IMSS no reglamentó las adquisiciones por el procedimiento de compra emergente, sino hasta el 6 de noviembre de 2007, no obstante que tal modalidad fue establecida desde enero del mismo año en la Delegación Jalisco y las UMAE y el CMNO.

Con la revisión de las adquisiciones realizadas por la Delegación Jalisco y las UMAE, bajo la modalidad de compra emergente, por un importe de 36 millones 776 mil pesos, la auditoría determinó que en la compra de 378 claves, los volúmenes adquiridos fueron entre 112 y 14 mil 884 piezas y el precio de adquisición de un mismo medicamento fue diferente en cada operación, lo que originó diferencias en precio por 2 millones 491 mil pesos y provocó que no se obtuvieran las mejores condiciones para el instituto.

La ASF observó que la compra emergente de medicamentos presentó las siguientes irregularidades: la adquisición de medicamentos de 53 claves, por 305 mil pesos, no fue sustentada en la receta individual o colectiva que la justifique y entregue al derechohabiente; por 8 mil pesos no corresponde a la unidad que efectuó la compra.

La auditoría presume un daño patrimonial por 210 mil 812 pesos por la falta de aplicación de penas convencionales por incumplimientos parciales, totales y retraso en la entrega de medicamentos y materiales de curación, por parte de los proveedores del CMNO.

Además, otro daño por 105 mil 568 pesos por la falta de aplicación de penas convencionales por incumplimientos parciales, totales y retraso en la entrega de medicamentos y materiales de curación, por parte de los proveedores a la UMAE Hospital de Pediatría.

Con el análisis de la adquisición de 1 mil 622 claves de medicamentos y materiales de curación, la ASF comparó el volumen de compra con las necesidades de la delegación Jalisco y determinó que se adquirieron claves en cantidad mayor y menor, así como claves que fueron adquiridas sin que formaran parte de las necesidades iniciales.

La auditoría verificó por clave el cumplimiento del nivel de inversión autorizado, y se compararon las existencias, al 31 de diciembre, lo que dio como resultado sobreexistencias por 5 millones 996 mil pesos y desabastos por 92 millones 940 mil pesos, importes resultantes de las aclaraciones realizadas por la delegación Jalisco.

La ASF concluyó que el suministro de medicamentos y materiales de curación, tanto en la delegación como en las UMAE, hospitales de especialidades y de pediatría del CMNO, fue ineficiente, debido a la incorrecta determinación de sus necesidades, lo que dio origen a compras emergentes con precios superiores a los considerados en una licitación pública, en caso de desabastos, falta de liquidez (dinero ocioso), hasta probable caducidad de medicamentos en casos de sobreexistencia.

Perjuicios en los estados

En la construcción de la Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria en Torreón, Coahuila, la ASF presume un daño patrimonial por 672 mil 95 pesos por el pago del suministro y colocación de una planta de emergencia que no correspondió a la determinada en la memoria de cálculo y en el catálogo de conceptos de concurso, debido a que ésta fue de menor capacidad y de mayor costo.

Otro perjuicio a la hacienda por 1 millón 443 mil 938 pesos por el concepto extraordinario P24-05-01 “fabricación, montaje, transporte y sellado en acabado rústico hidrofugado en fachada de celosía circular”, en virtud de que fue aprobado para utilizarse en la construcción de las fachadas de los muros circulares que ya estaban consideradas en el proyecto ejecutivo original, por lo que se debió pagar con el precio unitario del concepto de concurso OC05-297-005, elementos verticales y horizontales precolados con diferentes dimensiones, hueco acabado blanco y cincelado en sus cuatro lados.

La ASF solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, finque responsabilidades administrativas contra los servidores públicos que en su gestión no utilizaron de manera eficiente y eficaz los recursos presupuestales asignados al proyecto de Torreón. Con el desfase en su terminación –la fecha de operación se programó para 2006– se afectó a la población derechohabiente y se provocó un perjuicio de 82 millones 569 mil pesos, definido en el estudio de preinversión, con el cual se determinó la factibilidad técnica, económica, ecológica y social del proyecto.

En la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios en Apodaca, Nuevo León, la auditoría presume un daño al erario por 14 millones 178 mil 529 pesos, en los conceptos de suministro, fabricación y montaje de estructura metálica, sin garantizar que las secciones estructurales propuestas sean las correctas y si se les aplicó pintura contra fuego.

Además, se pidió la intervención del OIC para que investigue a los funcionarios que iniciaron el procedimiento de licitación sin contar con el estudio de mecánica de suelos, el cual fue elaborado el 7 de septiembre de 2005, 32 días naturales después de la fecha de inicio contractual de los trabajos, por lo que el proyecto ejecutivo presentado a los participantes no era definitivo y elaboró las memorias de cálculo para definir las dimensiones de las estructuras sin los valores establecidos en dicho estudio.

En Tamaulipas, la auditoría encontró irregularidades en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Victoria, donde se presume un daño patrimonial por 9 millones 302 mil 589 pesos por el pago de ajuste de costos e indirecto de concurso, como consecuencia de un proyecto ejecutivo incompleto y deficiente, finiquitado con un avance en la ejecución de los trabajos del 62 por ciento.

Otro perjuicio por 3 millones 137 mil 408 pesos, al autorizar el pago de los conceptos relacionados con los equipos de instalación permanente, no obstante que estos trabajos no fueron terminados al no realizar las pruebas de arranque y capacitación del personal técnico.

En la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Nuevo Laredo, se detectó un supuesto daño patrimonial por 51 millones 809 mil 929 pesos por trabajos derivados de la inobservancia de las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, lo que está ocasionando fisuras en diferentes muros y áreas de la unidad, lo cual no garantiza la calidad de la estructura del inmueble.

La ASF determinó otro posible perjuicio a la hacienda por 9 millones 408 mil 514 pesos por el pago de ajuste del costo indirecto de concurso, derivado de un proyecto ejecutivo incompleto y deficiente.

Además, otro daño por 638 mil 672 pesos por el pago de los conceptos suministro y colocación de pasto en rollo, y suministro y plantación de diversas especies, debido a que no sobrevivieron; por el pago de 40 lozas que se encuentran fisuradas, partidas y resanadas; el piso de adocreto presenta deformaciones horizontales y verticales en la parte frontal del edificio principal, y por el costo indirecto de concurso, sin verificar que se realizaron los trabajos o que de acuerdo con el tipo de construcción fueran necesarios.

En tanto, en la Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios y Unidad de Medicina de Atención Ambulatoria en Coacalco, Estado de México, se presume un quebranto a la hacienda por 1 millón 682 mil 691 pesos por pago en exceso del ajuste de indirectos.

En el contrato 1-050504 correspondiente al Hospital General de Zona 33 en Ramos Arizpe, Coahuila, la ASF presume un daño patrimonial por 1 millón 18 mil pesos por obra pagada y no ejecutada. En el caso del contrato 1-0519-01-MA-02 de la Unidad de Medicina Familiar 5 Consultorios en Bahía de Banderas, Nayarit, se detectó un posible perjuicio por 4 millones 957 mil 958 pesos por la actualización de los precios unitarios de contrato, sin acreditar los parámetros para su cálculo, debido a que no se aplicaron correctamente los índices inflacionarios correspondientes a la fecha de presentación de propuestas e inicio de los trabajos.