Erika Ramírez
Sección: Negocios

La decisión de Vicente Fox de liquidar Banrural cuesta al erario casi 40 mil millones de pesos en tan sólo cuatro años. A ello se suma la cartera vencida de la extinta institución, por más de 6 mil 800 millones de pesos, los más de 2 mil juicios laborales interpuestos por exempleados y jubilados, así como otros 3 mil 300 asuntos jurídicos en materia mercantil, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y es que de acuerdo con el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) –órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– ha empleado 39 mil millones 213 mil 986 pesos en el proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural (Banco Nacional de Crédito Rural), costo “histórico” para el cierre de una institución, califica el máximo órgano de fiscalización.

La cifra es 400 por ciento más del monto otorgado en créditos al sector más pobre del país, durante su último año de operaciones. Según el comparativo con el Tercer Informe de Gobierno de la administración foxista, a diciembre de 2002, el llamado banco de apoyo al campo mexicano otorgó créditos por 9 mil 783 millones 300 mil pesos.

De la fiscalización de la ASF también se desglosa el tipo de liquidaciones realizadas por el Sae, de lo que se desprende: 25 mil 262 millones 11 mil pesos de pasivos y contingencias; 1 mil 32 millones 489 mil pesos por contingencias y cumplimiento de obligaciones laborales, y 12 mil 919 millones 486 mil pesos en la liquidación de las obligaciones con los trabajadores jubilados y pensionados.

Los montos erogados a partir de enero de 2003 a diciembre de 2007, y que comprometen la disolución del Banrural, dice el informe, corresponden a 32 mil 969 millones 172 mil pesos de recursos fiscales y 6 mil 244 millones 814 mil pesos de recursos propios, y no será sino hasta 2010 cuando se dejen de asignar recursos para concluir el proceso.

A mediados del sexenio foxista, la liquidación de la institución crediticia se justificaba con la reducción de la plantilla laboral, que a 2002 era de más de 3 mil empleados activos y más de 8 mil jubilados, “lo que representaba una importante demanda de recursos del erario”. Con la creación de la Financiera Rural, como instrumento de financiamiento a los “agronegocios”, se ocuparían menos de 1 mil empleados.

Los juicios contra el Sae

Luego de que el gobierno federal se congratulara de la reducción presupuestaria en nómina, los juicios laborales en contra de la institución iniciaron también su proceso. De los 8 mil jubilados del Banrural que se registraban al cierre, actualmente existen más de 2 mil demandas para exigir los derechos laborales contraídos con el banco.

La cuarta parte de los trabajadores que prestaron sus servicios por más de 25 años han interpuesto 2 mil 45 juicios contra el SAE, que representa un gasto de 1 mil 771 millones de pesos para el erario. Del informe de la ASF se contempla que en 2007 no fue asignado ningún monto a este rubro, por lo que quedan pendientes de resolver los compromisos que en algún momento adquirió el Estado con su burocracia.

José Ángel Izaguirre, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural (Anejub), contradice las cifras oficiales, pues asegura que son más de 3 mil 800 las demandas interpuestas en contra del organismo liquidador, y que en su mayoría exigen el cumplimiento de los servicios médicos.

“No se nos ha otorgado todo lo que por derecho nos corresponde, principalmente el acceso a los servicios médicos, vales de despensa y espacios deportivos; los servicios médicos son la prestación reina para nosotros”, dice el exservidor público que representa a nivel nacional a más de 8 mil extrabajadores que rebasan los 60 años de edad.

También lamenta la liquidación de Banrural ya que, dice, “respondió a los intereses políticos de Vicente Fox. Este banco era importante, principalmente para los ejidatarios y pequeños propietarios que son los que realmente producen los alimentos de este país; los mismos campesinos que desde el 1 julio de 2003 no tienen acceso a créditos bancarios”.

El informe de la ASF también incluye los juicios en contra del Sae interpuestos por extrabajadores, que al cierre de 2007 sumaban 408 por 149 millones 587 mil pesos. Según el informe presentado en 2006, los asuntos de estos exburócratas eran 427, que significaban 153 millones 241 mil pesos. Las cifras indican que en un año, el Sae solucionó sólo 19 asuntos con un arreglo monetario de 3 millones 654 mil pesos. Ello significa que apenas se cubrió el 4.4 por ciento de los casos.

El exgerente en diversas sucursales de Puebla, durante los últimos años de funcionamiento del banco, critica que la solución de los casos es muy lenta, “la burocracia y el gobierno no quieren resolver, y nosotros estamos haciendo gestiones por todos lados para ver quién nos hace caso”, comenta.

La Ley Orgánica de la Financiera Rural, por la que se rige el banco en liquidación, establece que “los jubilados y pensionados de las sociedades nacionales de crédito que se liquidan continuarán recibiendo sus pensiones y jubilaciones conforme a las condiciones generales de trabajo y convenios jubilatorios respectivos”.

Además, “tendrán derecho a recibir atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria (…) Los beneficios al fallecimiento seguirán otorgándose a los derechohabientes de los jubilados y pensionados”.

De los juicios mercantiles que reporta el Sae, 3 mil 732 se registraron en 2007 e implican un monto de 5 mil 149 millones 503 mil pesos. Un año antes, la cifra ascendía a 7 mil 22 juicios por 7 mil 612 millones 877 mil 500 pesos.

Estos abarcan: “cartera vencida de habilitados” y demandas penales, administrativas y fiscales, que fueron resueltos en un 46.9 por ciento. Ello implicó la asignación de 2 mil 463 millones 374 mil 500 pesos, por 3 mil 290 asuntos.

Las deudas campesinas

Además de los recursos asignados a los litigios con exempleados y empresas acreedoras de Banrural, la extinta institución aún no recupera su cartera vencida, es decir, la deuda que tienen aproximadamente 200 mil sujetos de crédito desde diciembre de 2002.

Según el informe de la ASF, son 6 mil 887 millones 509 mil pesos los números rojos del Banrural. La cartera vigente, y que todavía podría ser recuperable, apenas representa el 5.33 por ciento, con 367 millones 220 mil pesos.

En tanto, la cartera vencida por 6 mil 520 millones 289 mil fue reducida respecto del año anterior, en 870 millones 747 mil, que significa el 11.2 por ciento con relación al reportado en 2006.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la Central Campesina Independiente, dice que las deudas que tienen millones de campesinos impiden la obtención de nuevos créditos con instituciones de la banca comercial o incluso de la misma Financiera Rural (instrumento financiero que suplió a Banrural).

Entre las observaciones que hace la ASF, destaca un probable daño a la hacienda pública por 8 millones 945 mil pesos, derivado de estados financieros dictaminados del Sistema Banrural al 31 de diciembre de 2007, por 6 mil 887 millones 509 mil pesos, con las relaciones analíticas por acreditado de 6 mil 878 millones 564 mil pesos, “que obedeció a errores y omisiones en la información financiera”.

El Mandato

El 4 de junio de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formaliza el mandato a través de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y Nacional Financiera, en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso Liquidador.

Con ello se pretendía continuar “por cuenta y orden del gobierno federal, pero en nombre propio, con la administración, cobranza y, en su caso, venta de la cartera cedida por Banrural, así como de los activos recibidos con motivo de la cobranza de dicha cartera, enterando el producto de las recuperaciones y venta a la Tesorería de la Federación, previa deducción de los gastos originados por el encargo”.

El Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 indica que el Sae tiene 23 recomendaciones pendientes de solventar respecto de los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, según se registró hasta noviembre de 2008.

El documento dice que en 2005 el máximo órgano de fiscalización emitió 16 observaciones con 24 acciones y recomendaciones, de las que sólo quedó una por atender.

No obstante, en 2006 quedaron pendientes de atender 22 de las observaciones de la ASF, mismas que derivaron de 17 observaciones con 31 acciones, que se dividen en 17 recomendaciones y 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria de servidores públicos, de las que sólo se atendieron nueve por parte del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (ER)