Autor: Érika Ramírez
Sección: Portada
30 Agosto 2009

FUENTE: Contralínea 146

Detrás de los secuestros a migrantes no sólo está el crimen organizado, también las autoridades encargadas de procurar la seguridad pública en el país, revela un informe especial elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La “industria” generaría ganancias anuales superiores a los 50 millones de dólares, que equivalen a 665 millones de pesos a un tipo de cambio de 13.3 pesos por 1 dólar.

Cifras oficiales reconocen que, en seis meses –de septiembre de 2008 a febrero de 2009–, 9 mil 758 personas que transitaron por el país con destino a Estados Unidos fueron privadas ilegalmente de su libertad. Más de 1 mil 600 migrantes secuestrados al mes, documenta la CNDH. Anualmente, el número podría alcanzar los 20 mil casos.

De acuerdo con el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, el monto de rescate que se pide por las víctimas de secuestro va, por lo general, de 1 mil 500 a 5 mil dólares. El promedio pagado es de 2 mil 500 dólares por persona. Así, de los 9 mil 758 casos de víctimas identificadas en sólo un semestre, los secuestradores habrían obtenido un beneficio ilícito de aproximadamente 25 millones de dólares.

“Los migrantes indocumentados que realizan su trayecto por el territorio nacional son altamente vulnerables, debido a que viajan en medios de transporte de alto riesgo, como el ferrocarril de carga o camiones de doble fondo; utilizan caminos de extravío y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen las zonas por las que pasan; evitan el contacto con la policía o cualquier agente del Estado; no conocen sus derechos o prefieren no ejercerlos si ello implica ser visibles; se encuentran lejos de sus lugares de origen y no saben ante quién acudir en caso necesario o desconocen las leyes del país.”

Pese a la problemática migratoria, los legisladores que conformaron la LX Legislatura del Congreso de la Unión dejaron en la congeladora 22 iniciativas relacionadas. Sólo cuatro de las 32 propuestas presentadas en el trienio, que concluyó en agosto pasado, fueron aprobadas, mientras que otras seis se desecharon.

Desdén legislativo

El documento Estadístico de iniciativas presentadas y turnadas a comisiones agrupadas por periodo y origen indica que en tres años de trabajo legislativo los representantes populares turnaron a comisiones proyectos de ley relacionados con el abuso, la trata de personas y la violación a los derechos humanos de los migrantes.

La relación de reformas a diversas leyes, contenidas en los archivos de la Gaceta Parlamentaria, descubre que el Ejecutivo encabezado por Felipe Calderón no presentó propuesta alguna ante legisladores; tampoco lo hicieron los diputados de los partidos del Trabajo ni de Alternativa Social Demócrata.

De noviembre de 2006 a junio de este año, las propuestas parlamentarias que no merecieron la aprobación inmediata de los 500 legisladores de la Cámara de Diputados iban desde proteger los derechos de los migrantes y evitar la trata de personas, hasta colocar en letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro las palabras “A los migrantes”.

La Cámara de Senadores llevó al Congreso de la Unión dos iniciativas que fueron turnadas desde 2008 a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Gobernación. De los congresos estatales, se envió una sola iniciativa al máximo órgano del Poder Legislativo, propuesta el 24 de marzo de este año por el Congreso de Nuevo León.

Las propuestas del PAN

Con la presidencia de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, a cargo de Antonio Valladolid Rodríguez, las estadísticas demuestran que el Partido Acción Nacional (PAN) llevó a debate únicamente cinco iniciativas de ley. Dos de ellas, relacionadas con los delitos contra migrantes, que aún están pendientes; dos más que tienen que ver con la recaudación de impuestos a los visitantes al país, y una más, la única aprobada, que despenaliza las actividades relacionadas con la inmigración.

El 11 de noviembre de 2006, el diputado panista Francisco Dávila García inició la práctica parlamentaria con la propuesta de “establecer que la recaudación por el cobro del derecho de no inmigrante a turistas internacionales que visiten el país será destinado en su totalidad al Consejo de Promoción Turística de México”, misma que fue desechada inmediatamente.

Cuatro meses más tarde, su compañero de bancada Cruz Pérez Cuéllar propuso reformar los artículos 118, 119, 120 y 123 de la Ley General de Población, para “despenalizar las actividades relacionadas con la inmigración, siendo sancionadas únicamente en días multa”. El planteamiento fue aprobado el mismo 13 de marzo de 2007.

A finales de ese año, el panista Martín Malagón Ríos llevó a tribuna el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Con opinión de las comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, propuso “incorporar dentro de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el contrabando y su equiparable”, también quedaron pendientes de analizar por parte de los diputados.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, hasta el 4 de enero de 2008, propuso establecer que cuando exista el riesgo de que la persona privada de su libertad pueda ser trasladada fuera del territorio nacional, “el Ministerio Público deberá dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a las autoridades migratorias para que realicen las acciones tendientes a evitar que aquélla pueda ser trasladada o entregada fuera del territorio nacional”. Ello se llevaría a cabo una vez que se adicionaran los artículos 113 bis y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El informe de la CNDH indica que de los 552 testimonios obtenidos se desprende que 372 migrantes agraviados son originarios de Honduras; 101, de El Salvador; 74, de Guatemala, y cinco, de Nicaragua.

Respecto de las regiones de México en las que, de acuerdo con el testimonio de los migrantes, se perpetraron los secuestros, en el sur del país fueron secuestrados 5 mil 416 migrantes; en el norte, 981; en la zona centro, 124, en tanto que no fue posible precisar el lugar en que fueron secuestradas 3 mil 237 víctimas.

Revolucionario Institucional congelado

Las iniciativas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rebasaron por dos iniciativas a las de la bancada blanquiazul. Casi todas quedaron pendientes. La primera propuesta fue turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

La iniciativa pretendía “establecer el respeto a los derechos humanos de los extranjeros, en el aseguramiento, traslado y alojamiento en estaciones migratorias”. Ésta fue promovida por el legislador priista Alfonso Izquierdo Bustamante el 20 de marzo de 2007.

Tampoco fueron aceptadas las reformas a la Ley Federal de Defensoría Pública que buscaba que a los migrantes asegurados en estaciones migratorias se les prestara “preferentemente” asesoría jurídica.

Así como la que señalaba que en las inspecciones de entrada y salida del país de nacionales o extranjeros “deberán dar atención prioritaria y especial a las mujeres que se encuentren en estado de gestación, a quienes lleven consigo menores de cinco años, a indígenas, a personas con discapacidad, a adultos mayores o a quienes requieran de apoyos especiales para su movilidad en dicho proceso”.

La creación de un fondo –integrado con la totalidad de los recursos que se cobren por los servicios y derechos de la red consular mexicana–, para cubrir los gastos relativos a actividades y programas de repatriación, atención, asesoría jurídica y de protección consular, visitas a cárceles y centros de detención de migrantes, no fue opción para los legisladores, ya que la iniciativa presentada por el diputado José Ramírez Martínez fue desechada el 12 de diciembre de 2006.

La CNDH documenta que por entidad federativa, los estados de Veracruz y Tabasco tienen las más altas cifras de migrantes secuestrados, 2 mil 944 y 2 mil 378. Los otros secuestros ocurrieron en las siguientes entidades: Tamaulipas, 912; Puebla, 92; Oaxaca, 52; Sonora, 45; Chiapas, 42; Coahuila, 17; San Luis Potosí, 15; Estado de México, seis; Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, cinco casos en cada uno; Chihuahua, dos, y Distrito Federal, uno. De otros 3 mil 237 no fue posible identificar el lugar en el que fueron privados ilegalmente de su libertad.

Perredismo pendiente

Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) promovieron 10 iniciativas relacionadas con el tema migratorio; de ellas, seis fueron turnadas a comisiones, dos más, desechadas, y otras dos merecieron el voto favorable del Poder Legislativo.

La primera iniciativa presentada por el perredista José Jacques y Medina fue aprobada el 8 de marzo de 2007, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Población. De ésta se desprende “despenalizar las actividades inherentes a la migración, salvo aquellas que atenten contra la soberanía o la seguridad nacional, para cuyo caso se conservan la pérdida de calidad migratoria y la expulsión definitiva del país”.

El Poder Legislativo también aprobó la propuesta de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, quien impulsó el 16 de septiembre de 2007 “reconocer la migración de mexicanos al extranjero como un fenómeno social que deja en mayor grado de vulnerabilidad a las personas que integran sus familias”.

En su trabajo parlamentario, el diputado Alberto Amaro Corona pretendió hacer válida la reforma a la Ley General de Población, para impulsar y promover el establecimiento de una Comisión de Asuntos Migratorios en los congresos locales de las entidades federativas. La iniciativa fue desechada inmediatamente.

Luego, Amaro Corona solicitó a los legisladores que fuera aprobada una reforma a la Ley General de Educación para “incorporar que la educación impartida por el Estado tienda a fomentar valores que desarrollen una conciencia social sobre el problema de la migración”. La propuesta permanece congelada en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Entre otras iniciativas presentadas por el PRD, que fueron turnadas a comisiones, se encuentran las de Francisco Calzada Vázquez, quien solicitó promover en el Presupuesto de Egresos de la Federación previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena y migrante.

Además, quedó pendiente “establecer que el Estado mexicano no podrá devolver a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata a ningún país, aun cuando sea el de su nacionalidad, cuando las autoridades migratorias consideren que existe riesgo que atente contra su vida, libertad o integridad física”, promovida por Irene Aragón Castillo.

La minoría

El informe estadístico de la Cámara muestra que los partidos Convergencia, Verde Ecologista y Alternativa llevaron a tribuna seis iniciativas. Alejandro Chanona, de Convergencia, presentó tres propuestas, de las que destaca “que, en las estaciones migratorias, el aseguramiento de extranjeros que serán expulsados deberá ser con apego a las garantías de libertad, igualdad y justicia; y prohibir la utilización de centros de detención o reclusión federales, estatales y municipales para fines distintos a la compurgación de penas y aquellas derivadas de los procesos penales”.

Del Verde Ecologista, Ana María Ramírez Cerda sugirió garantizar y proteger, por medio de la Secretaría de Gobernación, los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que tengan la calidad de migrantes, con independencia de su situación migratoria, iniciativa que permanece en el análisis hasta que los nuevos legisladores tomen sus cargos y retomen los asuntos pendientes.

El proyecto de Nueva Alianza fue desechado luego de que el diputado Manuel Cárdenas Fonseca solicitara el voto de sus compañeros para que las autoridades migratorias se responsabilicen de “cuidar la verificación de la nacionalidad de las personas en tránsito internacional por puertos, aeropuertos y fronteras, así como de la documentación y formas migratorias determinadas por la Secretaría de Gobernación, de manera exhaustiva”.

Uno de los casos documentados por la CNDH relata que dos disparos en la cabeza fueron la muestra de que al que no paga se le mata. Una mujer salvadoreña fue testigo de la muerte de su compañera de viaje. Ambas habían salido del país centroamericano con destino a Estados Unidos. Cruzar México fue sentencia de muerte.

En Tierra Blanca, Veracruz, ambas mujeres se encontraban en las vías del tren cuando fueron secuestradas por dos hombres armados. Las subieron en una camioneta tipo suburban azul y las trasladaron a una casa de seguridad, ubicada aproximadamente a 15 minutos del lugar. Les robaron sus pertenencias y dinero, asimismo fueron víctimas de malos tratos, las amarraron y amordazaron. La salvadoreña relató que a ella la violaron y a su compañera la mataron.

“Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con matarnos si no se los dábamos. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron cachetadas, empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron…”

“A mi compañera la mataron porque ella no tenía quién le ayudara y no les dio ningún número, entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí, para intimidarme…”

Los secuestradores pidieron como rescate 4 mil 500 dólares a un familiar de la migrante en los Estados Unidos, monto pagado, sólo en parte a través de depósito después de dos días. La mujer dijo que al momento en que los secuestradores recibieron el dinero, la dejaron salir de la casa de seguridad.

FUENTE: Contralínea 146