Para nadie es desconocido que el funcionamiento de las corporaciones y fundaciones municipales estaba lleno de irregularidades. Con estos antecedentes y las denuncias planteadas por varios organismos de control, como la entonces Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción (CCCC), el presidente de la República, Rafael Correa, anunció el 15 de diciembre de 2007 en su enlace sabatino, que en el año 2008 las fundaciones y corporaciones que funcionen con fondos públicos serían eliminadas. Estas declaraciones las realizó respecto a las creadas por Jaime Nebot en el municipio de Guayaquil, como Siglo XXI, Terminal Terrestre, Autoridad Aeroportuaria, Transporte Masivo (Metrovía), Aseguramiento Popular, las corporaciones como Registro Civil y Seguridad Ciudadana, además de apoyo a la labor de la fundación Malecón 2000, creada en la alcaldía de León Febres-Cordero. Si esto ocurría en el puerto principal, ¿qué pasaba en el Municipio de Quito?

Durante la gestión del actual asambleísta por el Movimiento Municipalista, Paco Moncayo, ocurrió algo parecido. Se crearon las corporaciones Aeropuerto, Vida para Quito, Conquito, Aire para Quito, Metropolitana de Salud, Patronato San José, Museos de la Ciudad, Innovar, Quiport, entre otras. Según una investigación realizada por el periódico En Marcha, el incremento de los ingresos del presupuesto municipal por concepto de Impuesto Predial en un 300% no respondía a una política de adecuada recaudación; por el contrario, era el pretexto ideal para que los proyectos de obra municipal sean pagados por los quiteños, aplicando un sistema que les resultaba ideal para sus propósitos, el SGP (Sistema de Gestión Participativa). Mecanismo con que a las Fundaciones y Corporaciones privadas se entregaron contratos sin vigilar las normativas de la contratación pública. “Este SGP no es más que el famoso sistema de ejecución de obras 50-50, es decir, la mitad cubren los moradores de un barrio y el otro cincuenta por ciento el Municipio. Pero en realidad la cosa es más grave. Una obra de ampliación de alcantarillado para uno de los barrios de Quito, que costaba 200.000 dólares, era cubierta en 30 o 40 mil por el Municipio y la población tenía que pagar el resto a través de la carta predial”.

Esta serie de denuncias, incluso realizadas en su momento por el actual alcalde de Quito, Augusto Barrera, cuando ocupaba la Concejalía, motivó que hoy, entre sus principales acciones de gestión, estas fundaciones y corporaciones sean eliminadas. Entre los motivos, según lo indicó, está que éstas funcionaban como un Municipio paralelo y eso “no implicó el mejoramiento del resto del Municipio. Fueron ineficientes”. En las últimas investigaciones realizadas por la nueva administración, se denuncia que en el caso de INNOVAR se manejó, desde su creación hasta la fecha, un monto aproximado de 150 millones de dólares, y tenía a su cargo proyectos como: rehabilitación del Centro Histórico, Tren Ligero de Quito (TRAQ), Terminal Terrestre de Quitumbe, Sistema de Estacionamiento, semaforización, Sistema de Recaudo Metrobus-Q, Programa de Mejoramiento de Barrios-BID, entre otras.

Con respecto a la Corporación Vida para Quito, desde su creación hasta la fecha, administró un monto aproximado de 195 millones de dólares y estuvo encargada de los proyectos: Recuperación de los Ríos Machángara y Monjas, transferencia de disposición final de los desechos sólidos, parques metropolitanos, parques zonales y barriales, entre otras. Asimismo, en la Corporación para el Mejoramiento del Aire, Corpaire, desde la fecha de su creación, manejó 10 millones de dólares, estuvo a cargo de la fiscalización y control de los centros de revisión vehicular, montaje y operación de cinco redes de monitoreo de calidad del aire, control de emisión de gases en la vía pública, entre otras. Corposeguridad manejó hasta la fecha 48 millones de dólares y ejecutó los siguientes proyectos: fortalecimiento, operación y mantenimiento de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana, ampliación y operación de la infraestructura física para la Seguridad Ciudadana, equipamiento-logística-combustibles y mantenimiento de los vehículos del Sistema Metropolitano de Seguridad, Instalación de GPS en el parque automotor, entre otras.

Con respecto al posible mayor atraco que estaba por consumarse, es el realizado por Quiport. Según Natasha Rojas, presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), en la conformación de la empresa concesionaria QUIPORT existieron irregularidades. Se constituyó con un capital de 800 dólares provenientes de dos ciudadanos, el uno de origen canadiense y el otro de origen sudafricano, lo absurdo es que a esta empresa se le entrega la responsabilidad de construir un aeropuerto de 413 millones de dólares. A esta situación se suma el hecho de que las empresas auditoras Louis Berger y Campaña Asociada que fueron contratadas por el mismo Municipio para hacer la auditoría, no pudieron negar que existía un sobreprecio en la construcción del aeropuerto, la primera señala un sobreprecio de 19 millones de dólares y la segunda de 50 millones.

Edison Solís Vargas