Hasta el primer trimestre de 2009 se habían cometido en Honduras más de 20 secuestros y se perpetraban dos homicidios al día –en 2008 este delito totalizó 4 mil 473–, y el robo de autos iba en ascenso. Esas cifras expresan el “régimen de terror” que implantó el crimen organizado en el país centroamericano y que el presidente Manuel Zelaya decidió combatir. El 2 de abril anunció en cadena nacional las medidas de su gobierno contra esa escalada delictiva. La tarde de ese martes de primavera, Zelaya Rosales –destituido el 28 de junio– se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, y con el fiscal general, Luis Rubí, para acordar las primeras medidas de su plan. Horas más tarde del anuncio presidencial, Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso, emitió un decreto paralelo con medidas similares, por lo que Enrique Flores, entonces ministro de la Presidencia, lamentó que el Congreso rechazara la invitación del gobierno para actuar juntos.

Dos meses después, el 6 de junio, Zelaya reiteró su propósito de lanzar un operativo de seguridad contra la delincuencia común y el crimen organizado. En su programa, el Ejecutivo contemplaba la posibilidad de integrar asuntos de la seguridad del Estado, pues en esos días escalaba la oposición política. El presidente lanzó esta crítica: “Los grupos de poder económico, grupos fácticos, deben dejar de meterle zozobra al pueblo; hablan de que vamos a quitarles las casas y hasta los niños, por la mente de ellos no ha pasado la Guerra Fría”.

Con objeto de cercar a la delincuencia, Zelaya dialogó con los responsables de las fuerzas armadas de su país; ese día conversó con el ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, y el ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Por instrucciones suyas, Orellana y Enrique Flores se habían entrevistado antes con la cúpula militar hondureña, integrada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, y la junta de comandantes, aunque hasta ahora se desconocen los avances concretos del Plan de Seguridad que emprendieron las instancias gubernamentales contra las acciones de la delincuencia organizada.

Se vivían días difíciles por la crisis política. Los ministros encargados de encaminar la estrategia de seguridad que anunció el mandatario estaban en el centro del huracán político. El 24 de junio, Edmundo Orellana presentó su renuncia al mandatario. Consideró que la decisión de llevar a cabo “una encuesta prohibida por un Tribunal Judicial era una circunstancia muy especial”; y el 29 de ese mes, un día después del golpe de Estado, en una carta que dirigió a José A Saavedra, presidente del Congreso Nacional, manifestó que sólo se reincorporaría a su cargo en el Congreso hasta que el mandatario de Honduras fuera restituido.

Aquel miércoles 24 de junio, Zelaya destituyó al general Romeo Vázquez Velázquez por impedir que las fuerzas armadas a su cargo distribuyeran material gráfico en favor de la encuesta por la “cuarta urna” que proponía el presidente. Cuatro días después, este oficial en su carácter de máxima autoridad militar hondureña, fue responsable de expulsar al presidente constitucional a punta de pistola de su residencia oficial; apenas un mes después, el 31 de julio, fue emplazado por la Sala de lo Constitucional para informar, en un plazo de cinco días, “sobre el allanamiento y captura del presidente en el exilio, Manuel Zelaya”, que ordenó esa instancia precisamente cuando el destituido mandatario decidió ingresar a territorio hondureño para poner fin a su destierro forzado.

Otro miembro del gabinete del depuesto presidente, cuya responsabilidad era importante en la estrategia anticrimen, era su ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, mismo que, tras el 28 de junio, fue confirmado en su cargo por el gobierno de facto. Todos esos personajes habían asumido, desde el comienzo de la gestión de Manuel Zelaya Rosales, el compromiso de destruir las redes de la delincuencia organizada trasnacional en Honduras y abatir la violencia derivada de la misma; una vez consumado el golpe militar, esa tarea aún está pendiente.

Entorno criminal

En el verano de 2008, durante un encuentro con investigadores y funcionarios de Seguridad Pública de diversas naciones latinoamericanas, que tuvo lugar en la ciudad de México, Héctor Iván Mejía Velásquez, subcomisionado de la Policía de Honduras, expresó que su país, por estar ubicado en el corazón de Centroamérica, tiene “una geopolítica que lo hace vulnerable a la circulación de Sur a Norte y de Norte a Sur de las redes del crimen organizado” que forman parte de una criminalidad activa en el país.

Esas redes trafican drogas, armas e inmigrantes. Practican la trata de personas, el lavado de dinero y el robo de vehículos; lo logran a través de más de 93 “puntos ciegos” que existen con las fronteras de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que se caracterizan por su baja custodia y falta de logística y personal del Estado, refirió Mejía en aquella ocasión.

De acuerdo con su descripción, la situación más compleja del control delincuencial estaba en el mar, pues posee frontera con nueve Estados: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice, México, Cuba, Jamaica, Gran Caimán y Colombia, por lo que apremia una coordinación institucional con todos esos Estados que hagan frente a “la avanzada marítima del crimen organizado”. En esa lógica, anticipó el funcionario policiaco, la mayor coordinación estratégica de Honduras se realiza con Colombia, Estados Unidos y países centroamericanos a través de Unidades de Inteligencia e Interpol.

También describió las características del tráfico de drogas en su país: Ahí “operan dos cárteles en pugna, el del Atlántico y el del Pacífico”, dijo Mejía en esa ocasión. Puntualizó que ambas organizaciones tienen conexiones con Colombia y México y utilizan todas las fronteras de ingreso, aunque los principales decomisos provienen de embarcaciones y avionetas.

Con respecto del tráfico de armas hacia y desde territorio hondureño, se detectó que las AK-47, las Uzis, las M-16 y escopetas, granadas de fragmentación, pistolas de 3.57 milímetros y de 9 milímetros eran las armas más comunes, aunque también se han capturado lanzacohetes y misiles antitanques. La mayoría de ese arsenal ingresa desde Guatemala y Nicaragua procedente de Estados Unidos y México.

La propuesta internacional y regional de Manuel Zelaya Rosales contra el crimen trasnacional y sus efectos en Honduras se tradujo en el establecimiento de convenios de cooperación; algunos de los más relevantes fueron: con la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica y el Caribe, con Interpol, con la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos, el sistema de Integración Latinoamericano y con agencias de inteligencia del área. Su objetivo central, refirió Mejía Velásquez, era promover el intercambio de datos de inteligencia regional y eliminar las fronteras entre Estados cuando se trate de perseguir a criminales.

Casi al final de su exposición, este funcionario policiaco indicó que era “urgente” consolidar políticas y estrategias conjuntas entre los cuerpos policiales de los países centroamericanos para enfrentar, con posibilidades de éxito, “los tentáculos tan poderosos” de la delincuencia organizada, que se valía “del Tratado de Libre Comercio, la apertura del movimiento de personas y vehículos” para hacer más difícil la consolidación de sistemas de seguridad en las fronteras hondureñas.

Iván Mejía concluyó su ponencia con un pronunciamiento profético: “El crimen organizado está socavando las bases de nuestra sociedad y cada día se fortalece y aumenta sus adeptos en su organización”, por lo que es necesario poner la mayor atención a este fenómeno.

Denuncias y demandas

El panorama que describió en esa ocasión el aún funcionario policiaco del gobierno de facto de Roberto Micheletti coincide con el que denunció el diputado Marvin Ponce del Partido Unificación Democrática el 19 de febrero de 2009: asegurar que “el crimen organizado infiltró ya el Congreso Nacional de Honduras”. En su discurso, el legislador llamó a los organismos de fiscalización del Estado, como la Fiscalía, la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección Ejecutiva de Ingreso, a investigar las denuncias sobre la “clonación” de licencias de importación para vehículos. “Si el crimen organizado ha llegado al Congreso a falsificar las firmas, es que estamos a las puertas de un descontrol de la actividad delincuencial en el Estado”, expresó en tribuna el diputado.

Otro caso que ejemplifica la escalada en el robo de autos es lo que ocurre en San Pedro Sula, la capital industrial hondureña, que documentó el periodista Serapio Umanzor, uno de los investigadores del fenómeno mara en Centroamérica. De acuerdo con su pesquisa, ese delito patrimonial sustituye en importancia a los asaltos a bancos y viviendas, pues cada mes son robados alrededor de 300 automóviles como consecuencia de la falta de coordinación entre los organismos responsables de reprimir la delincuencia y la falta de medios policiales: de acuerdo con el reportero, sólo hay un agente de la Dirección General de Investigación Criminal asignado a esa localidad.

El fenómeno es tan grave, señalaba Umanzor, que la Cámara de Compañías Aseguradoras denunció la corrupción “entre militares, jueces y policías”, que hacen de Honduras un “paraíso” del crimen organizado. En su reportaje “Nicaragua y Honduras con los policías peor pagados y más baja educación”, del 14 de febrero de 2002, Serapio Umanzor y Carlos Girón preguntaban: “¿Cómo pedirle a un policía entrega hasta la muerte, honradez y sacrificio cuando al final del mes su salario es de 90 dólares, y en Honduras el salario de sus policías es de apenas 3 mil lempiras (menos de 200 dólares)?”.

Ambos periodistas, basándose en estudios internacionales, apuntaban en ese estudio que una ciudad o país con 1 millón de habitantes debe tener 3 mil quinientos policías para combatir a la delincuencia; mientras que Honduras “apenas tiene 1.2 policías por cada 1 mil habitantes”. Cabe señalar que este análisis se hizo con anterioridad a la toma de posesión de Manuel Zelaya en 2006.

Serapio Umanzor, del diario La Prensa de San Pedro Sula, demostró con documentos que la familia Herrera Donineli utilizó sus influencias políticas para adquirir terrenos subvaluados pese a su alta plusvalía; cuando la alcaldía intentó recuperar los predios, los Herrera –uno de sus miembros, Everton Herrera, era magistrado de la Corte de Apelaciones de esa localidad– vendieron el ejido a un grupo de cooperativistas.

Como resultado de su trabajo periodístico, el periodista Umanzor fue demandado ante el Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal en San Pedro Sula por difamación y calumnias. En su defensa, el comunicador explicó a su colega Wilmer Pérez Regalado que esa acción legal era producto de dos factores: primero, la diligencia por demostrar una verdad inexistente por parte de los Herrera en su contra; y segundo, la celeridad del Poder Judicial para reprimir a los periodistas y a su medio por hacer públicas sus investigaciones.

En ese caso, señala el análisis que hizo Pérez Regalado en 2000, los jueces que instruyen la causa ordenaron una intervención en los libros contables, los archivos, bancos de información y otros documentos al diario La Prensa y exigieron a los ejecutivos del medio que revelaran las fuentes que nutrieron el reportaje del periodista. Este acoso contra el periodismo de investigación, que denuncia los vínculos entre la delincuencia y los poderes públicos que se traducen en demandas, fue denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Fuente: Contralínea 147

Nydia Egremy

Fuente: Contralínea 147. Sección: Línea Global.