El choque económico

“Podemos echar a andar en [2009] nuestra política anticrisista (sic) sin tener que cortar gasto o apretar el cinturón, como ocurría cada vez que había crisis económica”. Entrevista concedida por el autonombrado presidente de México a su publirrelacionista Joaquín López Dóriga, 1 de diciembre de 2008

“El gobierno mexicano va a hacer un plan muy severo de austeridad, ya lo ha hecho [en 2009, pero] lo va a intensificar [en 2010]; incluso estaremos contemplando la probabilidad de hacer ajustes a la propia estructura del gobierno”. Reforma, 17 de agosto de 2009

“¿Apretarse más el cinturón? ¡Si ni a pantalones llego!”
Voz popular

A las mayorías les corresponderá definir si desean seguir aceptando o no, sumisamente, el indigno y sempiterno papel de víctimas propiciatorias que dentro del auge y el colapso neoliberal le ha asignado el antiguo régimen despótico –que nunca se ha ido–, actualmente encabezado por Felipe Calderón, sus tecnócratas encabezados por Guillermo Ortiz y Agustín Carstens y los panistas, priistas y otros parásitos del Congreso, en nombre de sus intereses y los de las elites empresariales.

En 2001, al grito de “¡qué se vayan todos!”, la protesta popular argentina volteó al gobierno Fernando de la Rúa –calificado por sus compatriotas como “autista”– quien, junto con el Chicago Boy y mingo Cavallo, provocó uno de los peores desastres del modelo neoliberal que obligó a instrumentar el tristemente célebre “corralito” –la confiscación de los ahorros de la población, principalmente de la clase media–, elemento detonante de la crisis económica y sociopolítica que lo obligó a huir vergonzosamente en helicóptero, esa peculiar forma de escape utilizada por varios gobernantes de esa nación. En Venezuela, Bolivia o Ecuador el pueblo ha sido más refinado: ha desplazado a las viejas elites dominantes autoritarias y desmontado desde sus cimientos al sistema y su modelo neoliberal, sustituyéndolo por otro más democrático y socialmente incluyente.

La lógica de las políticas neoliberales mexicanas, impuestas por ese bloque dominante, ha sido implacable. Primero, durante casi 25 años el éxito y los fracasos de las políticas de estabilización y la imposición del modelo, que ha llevado a la concentración del ingreso y la riqueza, de abajo hacia arriba y desde el Estado hacia el empresariado, sobre todo hacia la oligarquía, cuya fortuna acumulada es socialmente insultante, descansó en la creciente pobreza, miseria y exclusión de 70 millones de mexicanos, debido a la brutal pérdida del poder de compra de los salarios reales, el desmantelamiento de las leyes laborales y las conquistas sociales de los trabajadores por la vía de los hechos, la privatización de los servicios de bienestar y grave retroceso en la calidad y cobertura de lo que quedó bajo responsabilidad del Estado. Todo fue admitido pasivamente por la población. Luego, cuando se colapsó por segunda vez el modelo en 2008 –la primera fue en diciembre de 1994, con el salinismo-zedillismo–, sin mayores protestas de la población, se les hizo pagar adicionalmente los costos económicos y sociales de la desastrosa “planeación” de los poderes Ejecutivo y Legislativo, su pésimo diagnóstico de la catástrofe neoliberal global, su empecinada decisión por apegarse a las recetas monetaristas “anticrisis” y su rechazo por abjurar del fracasado modelo como ocurrió en otras naciones, incluyendo a las que las exportaron hacia el mundo subdesarrollado.

Las medidas impuestas entre finales de 2008 y el 28 de mayo de este año, siempre guardaron el perfil ofertista puesto de moda por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, a principios de la década de 1980: todo el respaldo a los empresarios. Nunca se propuso el seguro contra el desempleo ni rentas mínimas automáticas para compensar a quienes se ubicaran en el nivel de la pobreza extrema, ni la creación de programas emergentes de empleo o el compromiso abierto de los empresarios para no despedir a los trabajadores y respetar sus derechos laborales, ni aumentar los salarios nominales ni garantizar el consumo y la inversión pública a largo plazo. Si funcionaban los subsidios cambiarios y los apoyos crediticios a las empresas, los intermediarios financieros, la industria automotriz y de autopartes, los estados y municipios, las compras de gobierno, las garantías y los préstamos a unos cuantos pequeños y medianos productores y deudores hipotecarios, aderezados con un mayor e ineficientemente aplicado gasto programable y la reducción de los réditos operados por la banca central, no los de la banca privada, por añadidura, se beneficiarían quienes no perdieran su empleo. A cambio, los trabajadores tuvieron que aceptar una mayor precariedad: reducción de salarios nominales y prestaciones sociales, paros técnicos, la reducción y el deterioro de su consumo y sus niveles de vida, “creatividad” empresarial que compensa los problemas en sus ganancias a costa de ellos.

Según el nihilista del “mercado libre”, Carstens, esas “medidas anticrisis” fueron “exitosas”. Gracias a ellas, la economía sólo desplomó 1.5 por ciento, 8.2 por ciento y de 10 por ciento a 12 por ciento en los tres últimos trimestres. Merced a tan “afortunado éxito”, el desempleo sólo aumentó de 7 millones 43 mil trabajadores a 8 millones 230 mil entre septiembre de 2008 y junio de 2009 (el abierto pasó de 1 millón 910 mil a 2 millones 365 mil, y los que dejaron de buscar empleo pero que se encuentran disponibles, de 5 millones a 132 mil a 5 millones 865 mil). Los subocupados, de 2 millones 946 mil a 4 millones 827 mil. Los “informales”, de 11 millones 835 mil a 12 millones 189 mil. En conjunto, se elevaron de 21 millones 432 mil a 25 millones 243 mil, uno por cada dos ocupados formales (43.3 millones). En el ínter, las arengas del autonombrado “presidente” fueron que México estaba al margen del derrumbe neoliberal mundial y que no habría necesidad de “ajustarse el cinturón”.

Pero la realidad es excesivamente testaruda, o los pérfidos Calderón y sus Chicago Boys, cegados por su fundamentalismo, fueron unos absolutos ignorantes para entender la magnitud del colapso del capitalismo mundial neoliberal y el profundo abismo en que se hundía el país, lo que les impidió que instrumentaran oportunamente las medidas adecuadas a esa situación; o creyeron ingenuamente que la “mano invisible” del “mercado libre” sería suficiente para resolver automáticamente la grave crisis local, mientras que otros gobiernos, incluyendo a los promotores y exportadores del neoliberalismo, arrojaban por la borda parte del modelo, desempolvaban precipitadamente los instrumentos keynesianos y aceptaban ampliar mayúsculamente el gasto público y un déficit público que en varios países industrializados alcanzará el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, con tal de rescatar sus economías; o fueron unos consumados y descarados mentirosos que quisieron ocultar el desastre nacional para evitar lo inevitable: la derrota electoral de la ultra derecha clerical; o todo junto.

Ahora nos anuncian las “malas nuevas”: que ya estamos en recesión, que enfrentamos un “shock” de las finanzas públicas, la nueva crisis fiscal del Estado; que al menos el 95 por ciento de las 2 mil 435 alcaldías del país enfrentan serios problemas ante la caída de las participaciones fiscales y que no sería extraño que una gran cantidad de ellos tengan que declararse en bancarrota; que, según Calderón, se va a aplicar “un plan muy severo de austeridad”, el cual se inició desde el 28 de mayo y se “intensificará” en 2010, y que, incluso “se pretende hacer ajustes a la propia estructura del gobierno”, es decir jibarizar aún más al Estado autista. La verdadera magnitud del boquete fiscal del Estado y el imperativo del ajuste en el gasto, sin embargo, son oscuros si se considera la turbia manera en que Vicente Fox y Calderón han manejado las finanzas públicas, como en su momento lo hicieron sus antecesores priistas. Diversos congresistas han denunciado que Calderón y Carstens desviaron al menos 200 mil millones de pesos hacia los fideicomisos, que han crecido como los hongos después de la lluvia, con el objeto de evadir la supervisión oficial en el manejo de esos recursos y que pueden compensar la insuficiencia de ingresos y evitar el recorte del gasto por 85 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación acusa a la Procuraduría General de la República (PGR) por su negligencia ante las 23 denuncias penales que ha levantado en contra de diversos funcionarios por la supuesta malversación de fondos públicos, incluyendo “el más famoso, el del Pemexgate II”, que afectaría al foxista Raúl Muñoz Leos, exdirector de Pemex, en el que hubo un presunto quebranto por 1 mil 725 millones de pesos. ¿Protección oficial? ¿El mensaje de que puede continuarse con la corrupción porque nadie será molestado? ¿O simple falta de tiempo de la PGR, agobiada en la cruzada antinarco?

Según Alan Greenspan, entonces titular de la Reserva Federal, las razones estadunidenses por rescatar al colapsado neoliberalismo salinista-zedillista fueron: “Desde una perspectiva histórica mayor (…) en el contexto de la Guerra Fría y sus consecuencias (…) México es percibido como el modelo de la transición económica y política de un sistema regido por el Estado hacia una estructura de libre mercado. Muchos ministros de finanzas y banqueros centrales de los países en vías de desarrollo miraban y consultaban a sus contrapartes en México para aprender los mecanismos empleados para alcanzar el estatus cercano al primer mundo. (…) Los años de reforma económica estarían amenazados por presiones para reimponer controles en muchas áreas de la economía y para restablecer la interferencia gubernamental en el sector privado. Una reversión de las reformas económicas de México y una difusión de sus dificultades financieras a otros mercados emergentes podrían detener o revertir la tendencia global hacia las reformas orientadas al mercado y la democratización (sic). Esto sería un retroceso trágico no sólo para estos países, sino para Estados Unidos y el resto del mundo” (Pensamiento Iberoamericano, n. Madrid, enero-junio de 1995). Es decir, el proyecto hegemónico del “consenso” de Washington, del imperialismo estadunidense.

En pleno colapso, en 2009, cuando un gran número de países ha desertado del “consenso” neoliberal, ¿quién puede ver a México como el “modelo” a seguir? La obstinación calderonista y de las elites por mantener modelo neoliberal, intensificarlo y hundirse con él, sólo puede verse como una lastimosa necedad suicida y un verdadero peligro para los gobiernos progresistas de América Latina. Sobre todo después del golpe de Estado en Honduras, pontificado por la Casa Blanca, que busca por ese medio y otros restaurar su hegemonía en la región. Esos golpistas, junto con Calderón, el colombiano Álvaro Uribe y el peruano Alan García, representan sus “cabezas de playa” en la embestida desestabilizadora que se prepara en contra de Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en la emergencia de la derecha latinoamericana que pretende retornar al poder y reimplantar el binomio autoritarismo-neoliberalismo, sin descartar la manu militari.

Ante la crisis fiscal del Estado, Calderón y sus Chicago Boys no proponen una verdadera reforma fiscal integral que tendría que ser progresista y que se ha postergado por décadas. No hay que olvidar la conspiración y la revuelta empresarial en contra de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando, de acuerdo con las “recomendaciones del fiscalista Kaldor, quisieron imponer una mayor equidad tributaria, que hubiera implicado gravar más a los que más ganan. Una verdadera reforma implicaría, entre otras medidas, mayores impuestos a la renta a las grandes empresas y los sectores de altos ingresos; el gravamen de las operaciones financieras; la reducción de las deducciones; la despetrolización fiscal; fuertes sanciones a los evasores y los funcionarios que incumplan sus funciones o manejen inescrupulosamente los recursos; la transparencia en los ingresos y egresos del Estado; la permanencia en el largo plazo del gasto social y de inversión; la reducción del gasto corriente y los ofensivos salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los niveles federal, estatal y municipal; menores recursos a los partidos; el manejo flexible del déficit público; un nuevo pacto fiscal federal que mejore la situación de los estados y municipios y castigue el dispendio del presupuesto; la intervención de la sociedad en la supervisión y sanción de las finanzas públicas.

Calderón y sus Chicago Boys imponen y proponen la más pura ortodoxia fondomonetarista de manual para ajustar las finanzas públicas, en gran medida bajo los deseos de los grandes empresarios: que no se creen nuevos impuestos, que se apliquen los mismos impuestos, pero de forma generalizada; que se eliminen los subsidios y las exenciones fiscales “que no estén orientados a la productividad”; que se impulse la autofiscalización; que se cobren los bienes y servicios públicos a precios de “mercado” –agua, casetas, metro, gasolina y electricidad–, según Pedro Núñez, del IMEF y Carlos Cárdenas, de Ernst & Young. Es decir, nada de nuevos o mayores impuestos para las empresas y los sectores de altos ingresos. Mayor Impuesto al Valor Agregado a alimentos y medicinas para los sectores de ingresos fijos (medios, pobres y miserables), ya que ellos pueden compensarlos y deducirlos, al igual que las tarifas de los bienes y servicios. Los subsidios y las exenciones sólo para la “productividad”, pero de sus ganancias, no para incentivar el consumo, para que paguen los demás. La “autofiscalización” para que con una “ética” empresarial actual prácticamente no enteren impuestos. Cuando proponen gravar a la economía informal, los sindicatos y los partidos políticos, también incluyen a la iglesia católica o escuelas privadas, por ejemplo.

En esa sintonía, la política de ajuste calderonista parió recortes en el gasto programable. La sociedad tiene que “ajustarse el cinturón”. Pero no la elite política, porque en plena “austeridad” la Presidencia rebasó en 361 millones de pesos su presupuesto para la primera mitad del año, 37.5 por ciento más del autorizado por los diputados (1 mil 321.5 millones contra 960.4 millones de pesos). En 2007 lo hizo en 201 millones y en 2008, en 401 millones. Los diputados federales que presiden las 44 comisiones, los que integran la mesa directiva y el personal administrativo gastaron en tres años 28 millones de pesos en servicio de telefonía celular, 7 mil pesos mensuales cada uno. (Reforma, 17 y 18 de agosto de 2009).

La austeridad es para otros. El recorte en el gasto corriente no será para quienes han convertido al Estado en un botín. El doctor tijeras no los tocará pues necesita de ellos para aprobar las puñaladas presupuestarias en contra de la sociedad.

¿Cuáles serán los efectos de la austeridad fiscal?

El aumento de los impuestos indirectos o nuevos gravámenes, al incremento de los precios de los bienes y servicios públicos y el recorte de subsidios podrían compensar la baja de los ingresos fiscales y atenuar el déficit público, ya que provocarán la esperada desviación de recursos de las mayorías hacia el Estado y los empresarios. Generarán presiones inflacionarias que implicará un mayor costo financiero de la deuda pública y aumentarán los costos de producción que serán trasladados hacia los precios finales, hacia los consumidores. Ello implicará un menor poder de compra de la población de ingresos fijos, si no es compensado con un alza de los salarios de la población, medida prohibida por la ortodoxia monetarista. Así, caerá la demanda que afectará aún más las ventas, la producción, la inversión y las ganancias empresariales, además de que profundizará la recesión y retrasará la reactivación y su fortaleza. También agravará la capacidad de pago de los deudores bancarios y otros intermediarios y empresas, con el consecuente aumento de las carteras vencidas y el riesgo de su quiebra o la necesidad de rescatarlos. La contrapartida de los mayores ingresos del Estado será un mayor desempleo y empobrecimiento de la población, su menor calidad de vida. Con el tiempo, también implicará una nueva baja en los ingresos fiscales y acaso más inevitables recortes en el gasto público.

El menor gasto programable deteriorará más la desastrosa calidad de los bienes y servicios públicos. La congelación de plazas públicas y el despido de trabajadores redundarán en un menor poder de compra de la economía y en más desempleo. La menor inversión pública agudizará la recesión y minará la capacidad productiva y la infraestructura de la economía, la pérdida de sus efectos anticíclicos directos e indirectos sobre la inversión privada, el crecimiento actual y su potencial en el largo plazo. Reforzará la concentración del ingreso y la riqueza, el malestar social, la delincuencia, la incertidumbre sobre el futuro del país.

Calderón y sus Chicago Boys apuestan que, en caso de ser necesario, los costos sociopolíticos de su terapia de shock económico sean contenidos con el Estado policiaco que instauran gradual y anticonstitucionalmente. Como diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano: la dictadura del “mercado libre” exige, para sobrevivir, “las descargas de los shocks eléctricos”.

¿Los priistas les darán el beso del diablo a los panitas: los respaldarán en su genocidioeconómico para acelerar su caída de la Presidencia y tratar de encaramarse a ella?

Lo veremos más adelante, cuando se discuta la política económica y el presupuesto para 2010. De ellos depende cómo se modelarán y las mayorías deben estar pendientes para cobrar las próximas afrentas, si es necesario. Y todo indica que inevitablemente tendrá que ser así para demoler al antiguo régimen que se empeña por subsistir, ahora con el retorno de los priistas.