Una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acredita que autoridades mexicanas utilizan el erario para “castigar” o “premiar” el ejercicio periodístico.

Se trata de la 60/2009, emitida el 29 de septiembre pasado y dirigida al gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez. De acuerdo con la recomendación, el poder Ejecutivo local ha incurrido en “la aplicación de procedimientos y criterios discrecionales, poco transparentes y discriminatorios en la contratación de publicidad oficial por parte de la Coordinación de Comunicación Social” en perjuicio de A.M. y Al Día.

La recomendación de la CNDH se suma a la emitida el 20 de septiembre pasado, dirigida a autoridades del gobierno federal, en donde se acredita la discriminación publicitaria y el acoso judicial contra la revista Contralínea.

El debate sobre los “premios” y “castigos” que reparten los gobiernos estatales y federal a medios de comunicación que consideran “afines” o “críticos” podría reavivarse en los próximos días, cuando la oficina del saliente ombudsman José Luis Soberanes emita una recomendación similar a favor de la revista Proceso.

El director editorial de A.M., Enrique Gómez Orozco, sentencia: “Juan Manuel Oliva utiliza el presupuesto público para premiar o castigar a los medios de comunicación. A.M. no sucumbirá”.

El caso se remonta al 8 de julio de 2007, cuando A.M. publicó un desplegado donde daba cuenta de la suspensión de toda contratación de publicidad gubernamental con ese diario y con Al Día, ambos de la misma casa editorial, ordenada por el propio Juan Manuel Oliva. El diario consideró que la medida no era otra cosa que “imposición de restricciones a la libertad de expresión”. Entonces, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició una queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Aunque el 17 de abril de 2008 el ombudsman estatal determinó que “existió supresión y reducción de información oficial por parte del gobierno de Guanajuato (…) como medio indirecto de afectar la libertad de expresión”, el gobernador no aceptó la recomendación.

Por ello, el 14 de junio de 2008, Mario Humberto Dávila García, representante legal de los periódicos, presentó ante el ombudsman local el recurso de impugnación en que manifiesta su inconformidad por la respuesta de la autoridad, mismo que radicó la CNDH.

La comisión nacional, por su parte, concluye que “la falta de procedimientos y criterios claros, objetivos, transparentes y no discriminatorios por parte de las dependencias y entidades del gobierno del estado de Guanajuato para la distribución de publicidad oficial, deja abierta la posibilidad de incurrir en prácticas discrecionales para la asignación de recursos públicos con objeto de premiar o castigar a los medios según su línea editorial”.

Agrega que con tales prácticas se vulneran los derechos humanos a la libertad de expresión y a la información.

“Por ello, la CNDH en su Recomendación 60/2009 solicita al gobernador de Guanajuato dar cumplimiento en todos sus términos a la Recomendación emitida por el ombudsman local el 17 de abril de 2008, y se informe a esta comisión nacional de su cumplimiento.”

Ante ello, Enrique Gómez Orozco, director general de A.M., “espera que el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez cumpla la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y deje de utilizar los recursos públicos para coartar la libertad de expresión”.

Ataja que “nada hará cambiar la política editorial de A.M. Nuestra lucha es por la transparencia y la legalidad”.

Sobre las razones del veto publicitario a A.M., el director de uno de los rotativos con mayor circulación en el estado explica: “Guanajuato está secuestrado por una secta que llegó al poder, llamada El Yunque, cuya característica primordial es la oscuridad”.

Según el análisis de las evidencias, realizado por la CNDH, se “confirma que el gobierno de esa entidad a través de su Coordinación de Comunicación Social suprimió y redujo la publicidad oficial que otorgaba a esas publicaciones, como un medio indirecto de afectar la libertad de expresión prevista en los artículos sexto, párrafo primero, y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.