Los universitarios, históricamente, han sido un referente de lucha para los pueblos. Y es que los estudiantes, cansados de la prepotencia y las políticas antipopulares de los distintos gobiernos, que afectan al correcto desenvolvimiento de la enseñanza, y a un auténtico proyecto de cambio, se han levantado y desde las calles han manifestado su descontento. No olvidemos que en el gobierno populista de Velasco Ibarra, 30 estudiantes murieron en la Casona Universitaria de Guayaquil, un 29 de mayo de 1969, en rechazo al examen de ingreso, defendiendo el legítimo derecho a estudiar en la universidad. Esta revuelta de universitarios y secundarios se recuerda como un hito del movimiento estudiantil.

Ahora, la universidad ecuatoriana se enfrenta a nuevos retos y, por lo tanto, a nuevas luchas que buscan trazar un camino de superación en la educación superior. En ese sentido, actualmente la Asamblea Nacional se encuentra en un proceso de debate sobre la nueva Ley de Educación Superior, que deberá convertirse en la batuta que debe encaminar a la universidad; sin embargo, los universitarios consideran que el proyecto de ley del gobierno, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), es atentatorio a los principios universales de la educación superior, como la autonomía, la libertad de cátedra, entre otros derechos y conquistas estudiantiles. Por ello, y en vista de que no existe una apertura en el régimen para dialogar y llegar a acuerdos, se movilizaron este miércoles 21 de octubre, en una masiva marcha, donde estudiantes de universidades públicas y privadas se manifestaron en contra de la imposición y aprobación de la propuesta de ley planteada desde el gobierno.

El rector de la Universidad de Esmeraldas, Felipe Pacheco, considera que para elaborar una adecuada Ley de Educación Superior es necesario el diálogo. “Es necesario exigir un diálogo directo desde los representantes del gobierno y quienes representan la universidad ecuatoriana, de manera que tengamos una ley que garantice mucho más la investigación y esa relación vinculante con la comunidad, con el propósito de solucionar los problemas de nuestros pueblos”.

El rector de la Universidad Técnica de Manabí, Félix Vélez, dice que: “Todos los organismos debemos estar siempre sintonizados, hay que entender que la universidad ecuatoriana no se opone a una ley, es más, creemos que debe haber una nueva ley, pero no impositiva, no una ley que vaya a oprimir al conglomerado universitario, que sea solo dirigida desde el gobierno, debe ser una ley consensuada entre los actores de las universidades, que son el pueblo, los docentes, los estudiantes, los empleados, que somos quienes conocemos la realidad de nuestras universidades.”

Como era de esperarse, la respuesta desde el gobierno, presidido por Rafael Correa, no fue para nada consecuente; el tachar de fascistas y mediocres a quienes hacen universidad, nuevamente, hace parte de un discurso que, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores -los maestros de la UNE, el sector indígena, los trabajadores y demás personas que critican su actitud prepotente y testaruda-, pretende deslegitimar a la organizaciones sociales y la lucha popular, que simplemente busca el bienestar de las mayorías. ¿Acaso el protestar y hacer uso de las calles como medida de presión es un delito?, ¿fue un delito cuando a través de este mecanismo se combatió y derrocó a gobiernos corruptos y neoliberales, a los que también enfrentó el actual Presidente?

El constante ataque desde los medios de comunicación, que ahora son la herramienta del gobierno, como diario El Telégrafo, periódico El Ciudadano, la Radio Pública, Ecuador TV, Gama TV y TC, medios que fueron incautados por la AGD y que por lo tanto son del Estado y ahora manejados por el gobierno, las cadenas sabatinas y las constantes cadenas nacionales, son espacios que abiertamente se utilizan para golpear y manchar los legítimos procesos de lucha que tienen los pueblos para defenderse.

La mentira y la calumnia ahora son elementos que Correa usa cotidianamente en sus transmisiones para golpear y amedrentar a quienes creen que se puede hacer algo más, y quienes criticamos su accionar en políticas que no van en beneficio de los pueblos. El gobierno, en sus intenciones de dividir al movimiento estudiantil, negocia con unas cuantas personas que sin representar a nadie se han tomado el nombre de los estudiantes para llegar a “acuerdos” en la nueva ley. Carlos Torres, supuesto representante de la Universidad Central, y Danny Terán, presidente de la UTE, son personas que nuevamente muestran su lado servil y traidor.

Lo que el gobierno busca con esto es dar a entender que los estudiantes sí están dialogando, cuando los verdaderos defensores de la educación superior se encuentran en las calles, defendiendo la universidad que debe ser de todos y que hoy se pretende arrebatar.

Estos son los caminos que utiliza Correa para desacreditar a quienes hacen universidad, para quienes quieren un cambio profundo y verdadero en la academia, que fortalezca la investigación, la ciencia, la vinculación necesaria con la comunidad. Los universitarios contibúan firmes en su convicción de defender su derecho a la educación superior.

Paola Pacheco