La miseria social y el cinismo del sistema

La edificación de una nación cuyo modelo económico anteponga el bienestar de la población sobre los privilegios de la oligarquía local y foránea, la modelación del estado de derecho y la democracia participativa que destruya el régimen presidencialista, cuyo rostro autoritario trata de ser ocultado por las elites a través de los turbios procesos electorales delegativos que involucionan bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, hermanos de sangre y franquicias de la derecha dominante, y la recuperación de la soberanía nacional, no pasan por el sistema. Nunca serán sus promotores. Un proyecto de esa naturaleza no se gestará voluntariamente en sus entrañas, porque la preservación del antiguo régimen representa la salvaguardia de los beneficios del bloque dominante político-económico. Dicha elite se ha convertido en el principal obstáculo para cambiar el orden establecido. Los fantasiosos y limitados espacios políticos, electorales y legales que había ganado por la sociedad para tratar de canalizar institucional y pacíficamente sus demandas y movilizaciones han sido emasculados por la bicéfala derecha partidaria. El Estado confesional impuesto por el cogobierno PAN-PRI es aún más intolerante, tiránico: implica un grave retroceso hacia las oscuras cavernas del conservadurismo clerical, comparado al añejo despotismo priista. El avizorado retorno del PRI a la administración de los intereses oligárquicos se montará a horcajadas sobre el Estado que contribuyen a organizar con los panistas desde el Congreso y los estados los caciques de esa organización, los Manlio Fabio, Beatriz Paredes, Francisco Rojas, los Peña Nieto o Moreira.

El sombrío panorama obligará a la sociedad a enfrentar a brazo partido a esas elites para imponerles la democratización participativa y un modelo de desarrollo sustentable e incluyente. Desdichadamente, al sustituir unilateralmente la política de la negociación y el consenso por la imposición, con la fijación de reglas del juego autoritarias, represivas y sangrientas, el bloque de poder nutre los conflictos sociales que llevan al país a un escenario de inestabilidad política descontrolada. Como dejó asentado el filósofo de Tréveris, Carlos Marx, en los estatutos de la Asociación Internacional de los Trabajadores, en 1866: “La emancipación de los trabajadores debe ser hecha por ellos mismos; su sumisión al capital es la fuente de su servidumbre política, moral y material; todo movimiento político debe ser subordinado a su emancipación, su gran fin”.

Deliberadamente, las elites nos conducen inevitablemente a la atroz lucha de clases, a la revuelta social. La imposición de las antisociales políticas fondomonetaristas de corto plazo y las contrarreformas neoliberales, la redistribución del ingreso y la riqueza desde las mayorías hacia el Estado y la nueva oligarquía fabricada desde el gobierno por Miguel de la Madrid y, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, el desmantelamiento y la privatización del Estado y los activos del país, así como la trasnacionalización de la economía, tuvieron como condición el mayor endurecimiento y autoritarismo político. La imposición de la teocracia panista y de su abierto gobierno por y para los grandes hombres de presa, el rescate calderonista del colapsado modelo neoliberal y de la oligarquía, los fallidos esfuerzos por superar la peor crisis económica desde 1932, el ajuste fiscal que los panistas y priistas aplicarán en 2010, el cual aumentará criminalmente el saqueo de los bolsillos de las mayorías, por medio de mayores impuestos y precios de bienes y servicios públicos y privados, y que recortará aún más el gasto destinado a la sociedad, la infraestructura y las actividades económicas de los pequeños y medianos productores, hecho que retrasará la reactivación productiva y agravará el subdesarrollo de México, o la embestida en contra de los trabajadores electricistas, cuyo certificado de defunción será firmado por los congresistas priistas y panistas y, todo indica, por la Suprema Corte, han descansado en la creciente subversión del estado de derecho, la impunidad, la violencia y el terrorismo estatal en contra de la población.

Los calderonistas, los panistas y los priistas justificaron su inequitativa política fiscal como una necesidad para salvar a la “patria”. Sin embargo, el perfil regresivo de la tributación y la manera en que se ejercerán esos recursos evidencian su perversa maquinación. Por un lado, la recaudación no sólo no tocará los ingresos y la riqueza de la oligarquía, sino que les ampliará las concesiones y los subsidios. Por otro, el uso del presupuesto mantendrá intocados los privilegios de la elite política y, como develó cínicamente el diputado panista Luis E Mercado, antaño quintacolumnista generosamente aceitado de Salinas, Zedillo y Fox, desde su mercenario diario El Economista, será el botín de guerra de los legisladores, los partidos y los gobernadores panistas y priistas, y del gobierno calderonista, que idearon, diseñaron y aplicaron las puñaladas impositivas a la mayoría. El gobierno progresista de la capital y sus pobladores sufrirán una agresión adicional: un mayor recorte de su presupuesto, medida con la que la derecha pretende estrangularlos, doblegarlos y someterlos a sus dictados.

El desprecio que le merece la sociedad a los grupos dominantes y que ya no se esfuerzan por ocultar alcanza inauditos niveles injuriosos. En el caso de Calderón es monumental. A Felipe de Jesús, como observó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, le sobra el tiempo para exhibir impúdicamente su vulgaridad y su servil zalamería en el matrimonio de conveniencia entre el poder y el dinero. Pudo recibir en su búnker de Los Pinos a Javier Aguirre y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Joseph Blatter, que le entregaron la nueva camiseta del negocio futbolero de Emilio Azcárraga (Televisa) y Ricardo Salinas (Tv Azteca). Pudo viajar a las instalaciones del equipo de Pachuca y compartir con sus dueños la infraestructura que fue levantada en terrenos ejidales obtenidos por medio de engaños. Se le pudo ver feliz en el estadio del equipo Santos, de Torreón, propiedad del oligopolio cervecero Modelo, cuya construcción fue parcialmente financiada por el cacique gobernador priista Humberto Moreira (150 millones de pesos) y el alcalde panista de Torreón (20 millones), dilapidando el presupuesto (Reforma, 12 de noviembre de 2009). Los legisladores panistas y priistas, sin supervisión, les asegurarán más dinero para los usos personales de sus enanos sátrapas. El panista gobernador de Jalisco, Emilio González, podrá seguirle sirviendo con la cuchara grande a la iglesia católica. La ramplonería de Calderón en nada desmerece a la de Vicente Fox.

Pero Calderón no tuvo tiempo para darse una vuelta con los damnificados de Tabasco, 41 mil según el cacique desgobernador priista Andrés R Granier –200 mil según otras fuentes–, víctimas de las criminales políticas públicas federales y estatales. La sonrisa se le trastocó en un feroz gesto de déspota oriental teocrático cuando arrojó a la calle a más de 40 mil trabajadores electricistas pisoteando cuanta ley se le puso enfrente. ¿Qué puede importarle esa chusma, ajena a los palacios aristocráticos, del dinero y los que venden bendiciones y perdones a los nobles y fanáticos corazones? Qué puede afectarle que el salario real de los trabajadores, es decir, descontando la inflación, acumule 19 meses consecutivos de su gobierno con un deterioro en su poder de compra, que al cierre de 2009 acumule 21 y 33 al término de 2010, porque el aumento que se fijará para el próximo año sea menor a la inflación. Qué puede interesarle que el aumento de impuestos afecte aún más su capacidad de consumo, que los empresarios congelen o recorten los salarios y les trasladen sus gravámenes. Quién piensa que le quita el sueño que los desempleados abiertos y encubiertos (la población económica inactiva disponible) y los subocupados aumentaran de 10.2 millones a 12.2 millones entre los meses de septiembre de 2008 y 2009.

Calderón, panistas y priistas no se atribulan porque la pérdida del poder de compra de los salarios y el mayor desempleo y subempleo eran esperados por las políticas económicas que han impuesto a golpes de hacha. La mayor pobreza y miseria social es deliberada, es producto de esas medidas y el ajuste fiscal las agravará. Es el costo asociado del rescate de la oligarquía y las finanzas públicas, de los beneficios de la elite económica y política.

Dichas elites también tienen claro que sus políticas están generando mayor rencor y descontento que pueden desencadenar el estallido social. Y previsoramente preparan los antídotos para enfrentarlos. Por esa razón, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y empresarial fortalecen al Estado policiaco-militar. Por ello sacaron a los militares a las calles y solapan sus pillerías; fortalecen presupuestalmente los aparatos represivos del Estado; arman a sus escuadrones de la muerte y sus grupos paramilitares; cercenan sistemáticamente los derechos ciudadanos; imponen al indulgente Raúl Palencia, patiño de José L Soberanes, no para que los proteja, sino para que encubra las violaciones gubernamentales y la embestida conservadora, como lo hizo Soberanes; colocan a verdaderos trogloditas en la línea de defensa y que actúan como déspotas orientales: Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), Fernando Gómez-Mont en Gobernación o Javier Lozano Alarcón en la Secretaría del Trabajo; y posiblemente rescatarán a los almirantes José L Figueroa y Wilfrido Robledo. Los dos estuvieron en la funesta Policía Federal Preventiva. El primero estuvo involucrado en los oscuros sucesos de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, donde fueron linchados y quemados tres policías; quizá sea nombrado director del centro nacional de planeación de la PGR. El otro, en la brutal represión de San Salvador Atenco; acaso sea ubicado como jefe de la comisión ministerial del organismo citado. El puño de hierro de ambos está plenamente probado, al igual que su protección desde el Estado.

La guerra de clases declarada por el sistema a la sociedad será aún más despiadada. Será una lucha a muerte, por lo que la sociedad tiene que organizarse para defenderse y elaborar sus estrategias de cambio. La movilización alrededor de los trabajadores electricistas ofrece una posibilidad para intentarlo. El sistema no deja salidas políticas; 2010 será de mayor violencia económica y social sistémica, merced al mayor desempleo, deterioro salarial, pobreza, miseria y delincuencia que las elites nos han recetado.