Acribillado y abandonado debajo de un puente fue encontrado el cuerpo del periodista sinaloense José Luis Romero el pasado 16 de enero. La carretera Los Mochis-El Fuerte fue el escenario en donde agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron cuentan de que el comunicador había sido ultimado a balazos en cráneo y tórax. Su muerte ocurrió el 31 de diciembre de 2009, según los reportes oficiales. Éste fue el último periodista asesinado en 2009. Diez más corrieron la misma suerte durante el tercer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El documento Entre la violencia y la indiferencia: informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009 ?elaborado por la organización internacional Artículo 19, oficina para México y Centroamérica, y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)? revela que en lo que va de la presente administración los asesinatos en contra de periodistas alcanzaron el 88 por ciento respecto de los seis años de gobierno de Vicente Fox.

Además, precisa, los funcionarios públicos son los principales agresores de los comunicadores hasta en un 65 por ciento de los casos registrados.

“Testigos de la censura hacia el ejercicio de la libertad de prensa”, Artículo 19 y Cencos documentaron 244 casos de periodistas violentados mediante agresiones físicas, intimidaciones, amenazas, desapariciones y homicidios.

Consecuencia de ello –indica el reporte coordinado por Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México, y Brisa Maya Solís, directora de Cencos–, existe un “entorno evidentemente adverso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa en el país. México es el país de América Latina más peligroso para el ejercicio periodístico”.

Del capítulo “Radiografía de las violaciones a la libertad de expresión: una mirada desde los derechos humanos”, se desprende que en 2009 ambas organizaciones registraron 244 agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico.

De éstas, el 44.6 por ciento fueron agresiones físicas o materiales; 19.26 por ciento, intimidación; otro 19.26 por ciento corresponde a amenazas; 9.43 por ciento, detenidos; 4.51 por ciento fueron asesinatos y acusados de calumnia, y difamación, 2.05 por ciento.

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registraron 25 homicidios de periodistas, mientras que sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2009) se han registrado 22. Además, con la desaparición este año de la primera mujer se eleva a nueve el total de periodistas desaparecidos desde 2000.

El informe, presentado el pasado 10 de febrero, asegura que el 70 por ciento de los asesinatos está “ligado directamente con el ejercicio de la libertad de expresión y su desempeño periodístico y aquellos en los que, a pesar de que se consideren diferentes hipótesis, no se puede descartar esa posibilidad”.

La directora de Cencos dice en entrevista que esto es una muestra de total “indiferencia” por parte del Estado. El crecimiento de las agresiones y que no haya ninguna respuesta contundente es preocupante.

“Si bien el problema está ubicado en un clima de violencia e impunidad, esto es una muestra de todo lo que sucede en el acceso a la justicia. Ni la fiscalía especial ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos han demostrado una sanción a quien generó intelectualmente o que operó el asesinato. No hay claridad en las investigaciones”, dice Brisa Maya Solís, estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Estado agresor

El informe editado por Artículo 19 y Cencos asegura que más del 65 por ciento de las agresiones a periodistas es ejecutado por funcionarios públicos. Esta sentencia se opone al discurso oficial que indica que los asesinatos, amenazas o agresiones provienen del crimen organizado.

De los más de 244 casos analizados por las organizaciones, sólo “un 6.15 por ciento de las agresiones se imputan a actores del crimen organizado, que si bien esta cifra no niega la gravedad de su participación, sí coloca elementos para una reflexión del problema desde otro enfoque”. En tanto, en un 14.34 por ciento no se logró determinar la autoría.

“Llama la atención que, en el universo de las agresiones registradas, los presuntos responsables son en un 65.57 por ciento funcionarios públicos”. En este sentido, indica el informe, “el crimen organizado no se puede considerar como un actor totalmente fuera de la responsabilidad del Estado”.

Otro 7.79 por ciento de los presuntos responsables forma parte de partidos políticos, ya sea como militantes o simpatizantes. “La gran mayoría de estas agresiones tuvieron lugar en los primeros seis meses del año y estuvieron relacionadas con diferentes procesos electorales que se dieron a mediados de 2009”, indica.

También se menciona la presunta responsabilidad del empresariado en un 2.05 por ciento; los integrantes de los sindicatos, en un 1.23 por ciento, aparecen como presuntos agresores en dos casos que están estrechamente ligados al tema de la libertad sindical.

Del análisis de Artículo 19 y Cencos se desprende que el 83.61 por ciento de las personas agredidas son periodistas; también se han registrado acciones en contra de los medios y sus trabajadores y trabajadoras hasta en un 5.74 por ciento.

Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México, critica que la respuesta del Estado para combatir los delitos contra los periodistas y comunicadores ha sido “pobre”. El incremento de los asesinatos es la muestra de ello. De los nueve registrados en 2008 a los 11 del año pasado revela todo: el gobierno actúa de manera “ineficaz, pobre y limitadamente”.

Estado sin respuesta

“En un ambiente destacado por la violencia, en 2009, quienes ejercieron el periodismo y fueron agredidos permanecen desprotegidos ante la ausencia de mecanismos idóneos para garantizar su seguridad, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como por la falta de acceso a la justicia ante las agresiones de las que fueron víctimas”, dice el informe.

Las “medidas” adoptadas se traducen en “limitaciones y candados” para hacer frente a los ataques contra periodistas y comunicadores.

Ejemplo de ello es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, como una respuesta ante la presión de la comunidad internacional frente al incremento de agresiones contra quienes ejercen el periodismo. Su objetivo es la investigación de las agresiones contra periodistas. Sin embargo, “su logro ha sido sortear la manera de justificar su existencia sin haber dado resultados frente al problema”.

Ante los datos presentados por Cencos y Artículo 19, la diputada panista María Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, se limita a decir que en la Cámara de Diputados apenas se está instalando la comisión que preside, y que, sin duda, la “libertad de expresión es un derecho que todos debemos tener y por lo tanto debemos ser garantes”.

Fuente: Contralínea 170 / 21 de febrero de 2010

Érika Ramírez

Flip: alternativa o puerta falsa

La Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas proponen a periodistas salvaguardar su integridad mediante el modelo colombiano de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Ese mecanismo ya fracasó, reviran exdirectores del propio modelo.

El incipiente debate inició durante el foro “Hacia un mecanismo de protección para periodistas y personas defensores de derechos humanos”, realizado el 11 y 12 de febrero pasado.

El proyecto de la Flip es un mecanismo de protección y prevención para los periodistas que corren algún riesgo. A través de un órgano de decisión (conformado por miembros del gobierno, sociedad civil y comunidad internacional), se dictan medidas de protección y recomendaciones.

El director de la Flip, Andrés Morales, resalta tres funciones fundamentales: documentar los casos; sugerir medidas de seguridad concretas para cada caso; y dar seguimiento a las medidas de protección.

Cuando un periodista considera que se encuentra en riesgo, da aviso a la fundación e inmediatamente este órgano investiga de forma sistematizada el trabajo del reportero y el contexto en el que lo desarrolla. A partir de ello se formula un documento que contiene información confidencial sobre el comunicador y que servirá después para determinar las medidas por tomar.

Los principios operativos de la Flip son: consentimiento (se toman medidas únicamente a petición del comunicador), confidencialidad (toda información tiene carácter de reservado), temporalidad (evaluación periódica del caso), causalidad (riesgo relacionado directamente con lo que hace, no necesita probarse), exclusividad, análisis de solicitudes, trámite de emergencia y valoración de riesgo.

Rafael Bustamante, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Justicia de Colombia, refiere que el programa de protección necesitó una inversión total de 56 millones de dólares en 2009 y de 57 millones de dólares en 2010. Aunque acepta, el avance es poco en la aplicación de justicia, pues todavía la Flip no logra vincular sus investigaciones con procesos judiciales que lleven a castigar a los culpables, lo que genera que Colombia continúe en un clima de impunidad.

La delegación colombiana señala que el mecanismo utilizado por la Flip funciona únicamente como dispositivo para actuar en contingencias, pero no busca solucionar problemas.

Carlos Cortés, quien fuera director de la Flip señala: “se necesita una política integral, puesto que toda medida es parcial y no sirve para nada”. (Elva Mendoza)

“No podemos estar más abajo”

José Antonio Guevara, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), escucha desde el fondo de la gigantesca mesa ovoidal la voz suave y contundente de Mercedes Murillo, doña Meche, la activista de uno de los estados “calientes” de este país: “Nosotros sufrimos las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, sobre todo en Sinaloa, y para evitarlo llegamos hasta la Suprema Corte de Justicia, pero todo sigue igual”. Se le une su colega Consuelo Morales; lanza el principal mensaje de apremio a las autoridades: “Es urgente hacer algo, no podemos estar así. Ya no podemos ir más abajo. Ésta es una situación de crisis porque las instituciones no cumplen con su deber: ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo hacen”.

El funcionario de la Segob no responde: lo hará después de que intervenga Gustavo de la Rosa, visitador de atención a Víctimas y Proyectos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua. Este hombre de barba blanca y corpulento regresa a México luego de que se vio obligado a huir hacia Estados Unidos hace seis meses, cuando descubrió que su vida estaba en peligro por las denuncias que realizó contra las violaciones que se cometen en su entidad.

Ahora, frente a periodistas, abogados, organizaciones internacionales por la libertad de expresión y derechos humanos, así como de funcionarios de Segob, la PGR y CNDH, recuerda el asesinato de Paz Aguirre Ortiz, fundador de la Asociación Civil de Derechos Humanos en Casas Grandes, Chihuahua, frente a Alicia Salaiz, su esposa.

De la Rosa recuerda que advirtió a las autoridades del peligro que corría la esposa de Aguirre Ortiz, y aunque la CNDH emitió una notificación y extendió una alerta al gobierno de Chihuahua, “la señora fue secuestrada hace dos meses; seguramente ya la mataron”. Agrega este defensor que no hay forma de obligar a los funcionarios a cumplir con las medidas preventivas.

No hay nadie, subraya de la Rosa, que pueda hablarle a la procuradora del estado de Chihuahua y le diga, por ejemplo, “te advertí que había riesgo con la esposa de don Paz y no hiciste nada; ahora tú vas a contestar ante un tribunal porque no hiciste nada”.

Tampoco nadie le ha preguntado al comisario de la Policía Federal por qué no acudió a hablar con la víctima cuyos derechos fueron violados; no se le apercibe ni se le dice, por ejemplo, “por lo pronto estás despedido, a procesarte por incumplimiento, lo más elemental del cumplimiento de tus responsabilidades”, describe Gustavo de la Rosa. Casi al final de su exposición, propone que la Segob sea el área operativa del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos “porque tiene más recursos, más facultades y relaciones”.

Apremia a la integración de esa instancia para evitar que aumente la cifra de periodistas muertos; que a través de ella, las organizaciones tengan el acceso directo para comunicarse a cualquier hora con Segob y que actúe frente a cualquier amenaza. “Se trata de salvar vidas, de salvar seres humanos, no de salvar a un político que me está fastidiando el alma, ni a un funcionario que se mantiene diciendo que yo no funciono”, señala con la voz ya en alto.

El visitador concluye con un anuncio que sorprende a sus colegas e interlocutores, dirigiéndose al titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob le manifiesta: “Licenciado Guevara, tengo confianza en que usted va a ser capaz de implementar medidas cautelares para evitar que me maten. Y para demostrar que tengo confianza en los cambios anunciados por el presidente de la República, me voy a regresar a Ciudad Juárez lo más pronto posible para volver a hacer mi trabajo ahí. Le pido que lo hagamos lo más rápido posible para poder decir que sí podemos confiar en que el gobierno mexicano es capaz de enfrentarse a la delincuencia”.

José Antonio Guevara responde a esa invitación con una frase: “Señor de la Rosa, si quiere platicamos y hacemos un plan para que se haga (su regreso a Chihuahua) de una manera más consensada (sic) y ordenada”.