El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha figurado en las listas de simpatizantes que aportan donativos en especie al Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo un contrato por más de 7 mil millones de pesos para el desarrollo del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Zumpango. El fallo a favor de su empresa –Consorcio Teya-IGSA– fue dado a conocer en la Gaceta del gobierno del Estado de México el 2 de julio de 2009.

Datos oficiales del concurso internacional 44834001-001-08 –abierto por la Secretaría de Salud estatal a cargo de Franklin Libenson Violante– indican que la obra costará al erario más del ciento por ciento de lo que se ha contratado en los PPS del Bajío y Tamaulipas, pese a que las características de atención y servicio son similares.

Un comparativo entre los contratos de los HRAE Bajío y Tamaulipas –licitados por la Secretaría de Salud federal– y las bases de la convocatoria del HRAE-Zumpango (cuya copia posee Contralínea), arroja que los costos del hospital mexiquense se incrementan en 124 por ciento de sus pares. La obra que edificará Constructora Teya, propiedad de Hinojosa Cantú, tiene un costo de 7 mil 38 millones 250 mil pesos.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, dice que los PPS en el sector salud representan un costo “altísimo” para la federación. Además, critica que los proyectos jamás han sido sometidos al escrutinio de la opinión pública ni de los especialistas.

El 9 de julio de 2007, ante representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, presentó un plan de megaobras con 608 compromisos en materia de infraestructura, en el que, según una nota de la reportera Karla Ramírez del periódico Reforma, las adquisiciones superarán los 11 mil millones de pesos.

El mandatario destacó la inversión en dos trenes suburbanos, tres hospitales de altas especificaciones, proyectos hidráulicos, 10 universidades, y la concesión de 550 kilómetros de carreteras, todos a través de los PPS. “Queremos que vean una oportunidad de inversión en el Estado de México, donde la infraestructura sea un instrumento para el desarrollo más equilibrado, principalmente con un enfoque de combate a la pobreza”, dijo.

Costos duplicados
El desarrollo equilibrado no se aprecia en los costos que tendrán las obras. Muestra de ello, el incremento del 124 por ciento en el costo del hospital de Zumpango respecto del primer HRAE edificado en León, Guanajuato. La obra puesta en marcha por autoridades federales significó la firma de un contrato por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, vigente hasta el 24 de noviembre de 2030.

El HRAE Bajío fue otorgado un año antes de que concluyera la administración foxista a la trasnacional española Acciona –la cual enfrenta una denuncia en aquel país de organizaciones sociales, por “contribuir al desmantelamiento del sistema sanitario”–, resultado de la convocatoria 0001200-001-05.

Luego, la familia Mariscal Servitje, vinculada al Partido Acción Nacional (PAN), ganó la segunda licitación de los PPS en el sector salud (Contralínea 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”). El proyecto tiene un importe de 4 mil 108 millones 622 mil 504 pesos. Equiparado con el proyecto mexiquense, éste incrementa su precio en 71 por ciento.

La Secretaría de Salud a cargo de José Ángel Córdoba Villalobos entregó a Infraestructura Hospitalaria del Noreste el contrato 00012003-009-06. La empresa de Nicolás Mariscal Servitje (también integrante del Consejo de Administración de Grupo Bimbo) será quien financie por 25 años la unidad médica de Ciudad Victoria (Contralínea 122).

Los documentos oficiales de la licitación abierta el 28 de agosto de 2008 –contenidos en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que depende de la Secretaría de la Función Pública–, exhiben que el PPS asignado a la Constructora Teya compromete la dotación de 124 camas censables para hospitalización de pacientes, 60 menos de las que implica el HRAE Bajío. Además, los 28 servicios de alta especialidad que tendrá el hospital del Estado de México apenas rebasan por una especialidad a las programadas en el Bajío.

En tanto, el PPS de Ciudad Victoria cuenta con 100 camas y 14 especialidades. Es decir que el hospital del Estado de México contará con 24 camas más para hospitalización de los enfermos y rebasará al ciento por ciento el número de especialidades.

Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del llamado “Gobierno legítimo de México”, ha criticado el esquema de contratación de los servicios de infraestructura, toda vez que los proyectos entregados a la iniciativa privada representan un gasto “excesivo”. Aduce que un hospital del mismo tipo construido por el gobierno significaría el pago de sólo 500 millones de pesos.

El proyecto

De acuerdo con el esquema de PPS, el gobierno del Estado de México deberá pagar a Constructora Teya 281 millones 530 mil pesos anuales durante 25 años. Las bases de la licitación pública internacional 44834001-001-08 indican que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en el apartado de salud y seguridad social, tiene como objetivos “garantizar la cobertura total de los servicios de salud con calidad y oportunidad suficientes y elevar la calidad de la seguridad social”.

Los documentos elaborados por la Secretaría de Salud mexiquense precisan que para ello el estado plantea como líneas de acción, entre otras, ampliar la cobertura de especialidades médicas de acuerdo con el mapa epidemiológico en cada región; establecer un programa de control que permita atender a la ciudadanía dentro de los tiempos necesarios; abatir el déficit de consultorios, camas y laboratorios de salud pública; establecer un programa de conservación, mantenimiento y renovación del equipamiento de los centros de salud; adecuar el equipo médico y de laboratorio de las unidades médicas del primero, segundo y tercer niveles de atención, así como promover nuevos mecanismos de financiamiento para equipar unidades hospitalarias generales y de especialidades.

Asimismo, una mayor inversión en infraestructura hospitalaria y clínica, en la operación de servicios y tecnología que permitan enfrentar el incremento de enfermedades más complejas y diversas.

La institución de salud a cargo de Libenson Violante apunta que el “Estado de México enfrenta la problemática de una nueva y peligrosa dinámica demográfica y epidemiológica en un marco de condiciones económicamente restrictivas. Se espera que en las próximas décadas aumente el número de adultos mayores, mientras que los menores de cinco años tenderán a disminuir, lo cual resulta en una concentración poblacional en edades intermedias y, por lo tanto, diferentes necesidades de atención medica”.

De los estudios demográficos y epidemiológicos, dice el planteamiento del proyecto, “se desprende la urgente necesidad de contar con un Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango, para prestar servicios médicos de alta especialidad a la zona nororiente del Estado, la cual está compuesta por 27 municipios agrupados en ocho jurisdicciones sanitarias: Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Naucálpan, Tlalnepantla, Zumpango, Ecatepec, Teotihuacan y Jilotepec; permitiendo de manera directa beneficiar a más de 2 millones 899 mil 811 habitantes mediante la prestación de servicios especializados que atiendan la complejidad de los distintos perfiles epidemiológicos que se presentan en nuestra entidad”.

Bajo estas circunstancias, el gobierno del estado decidió desarrollar el proyecto a través del esquema PPS, pues dice “representa una oportunidad viable para contar con la participación del sector privado en la provisión de servicios de calidad. Bajo este esquema, el proyecto será financiado, diseñado, construido, equipado, operado y mantenido en lo referido a su estructura física por el proveedor.

“El esquema PPS conjuga la obligación y el interés del gobierno del Estado de México para brindar servicios médicos con altos niveles de calidad, con la capacidad económica del sector privado y su experiencia en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de apoyo con altos niveles de especialización. De esta manera, el esquema permite al estado concentrar sus esfuerzos en la tarea medular de brindar servicios médicos con calidad a más beneficiarios, optimizando recursos”.

A nivel federal, el 23 de marzo de 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, y la Secretaría de la Función Pública, bajo el mando de Francisco Barrio Terrazas, aprobaron los PPS. Los argumentos fueron: “Optimizar el gasto público federal y encausar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de desarrollo que se requieren en el país y que, por razones presupuestales, el gobierno federal está impedido para efectuar directamente”.

Constructora Teya e Hinojosa Cantú

Documentos registrados ante el Instituto Federal Electoral (de los que posee copia Contralínea) muestran al empresario y dueño de Constructora Teya, Juan Armando Hinojosa Cantú, como militante del Partido Revolucionario Institucional en 2000.

En el gobierno de Arturo Montiel Rojas, el empresario aparecía en el Control de folios de recibos de aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con una dotación de recursos por 406 mil 940 pesos, depositados el 13 de julio de ese mismo año.

El 6 de noviembre de 2006, el expresidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría Sánchez, denunció en entrevista con los corresponsales Francisco Medina y Rene Dávila, del periódico Unomásuno, que desde la administración de Arturo Montiel Rojas se había prometido a un grupo de empresarios del ramo la entrega de obras en el estado. Según Chavarría Sánchez, entre los beneficiarios allegados al exgobernador se encontraba Hinojosa Cantú.

En cumplimiento a su promesa, decía el académico, Hinojosa Cantú obtuvo el contrato para la edificación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMM).

“Así, a quienes les prometió la construcción de las obras del gobierno, aceptaron elevar el costo de las mismas y que los beneficios ilícitos pasaran a la bolsa del mandatario Arturo Montiel Rojas, como el Hospital ISSEMM, localizado sobre Paseo Tollocan, en el municipio de Metepec, el cual, en su licitación pública, tuvo un costo de 193 millones de pesos, y terminó en 255 millones de pesos, de los cuales, más del 40 por ciento fueron para el mandatario estatal; el resto, a seis de las constructoras beneficiadas con dichas obras. Se dice que al final se cobraron 550 millones”, acusaba Chavarría Chávez.

De acuerdo con el portal de internet de la Constructora Teya, entre los principales proyectos que ha desarrollado en el Estado de México se encuentran: el distribuidor vial Naucalpan, vial Metepec, construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco y el Centro Médico Issemym.

Se solicitó la versión oficial a través de las unidades de Comunicación Social del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Salud mexiquense, así como entrevista con el empresario Hinojosa Cantú, sin que se haya obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Érika Ramírez