Desde la instalación de la Asamblea Nacional, el debate de proyectos de ley sobre temas importantes para el país, como la Ley General de Educación Intercultural Bilingüe, se ha desarrollado en medio de varias posturas. Por un lado el gobierno, que desde el 2009 ya tenía planteada su propuesta por medio del Ministerio de Educación, y por otro los actores directos de la educación, como maestros, estudiantes y padres de familia, que en medio de la movilización popular, el debate colectivo y recolección de propuestas en base a sus necesidades, han elaborado propuestas para desarrollar una ley democrática, participativa e incluyente, que garantice y propicie una verdadera educación de calidad.

Sabemos que el Ecuador no cuenta con un sistema de educación adecuado, pues según estadísticas presentadas por el INEC, las escuelas unidocentes, que son centros donde un solo profesor imparte la educación a niños de varios niveles y edades, al mismo tiempo y en la misma aula, representan el 40% de las escuelas fiscales, es decir, existe un total de 5.908 escuelas de este tipo que no cuentan con los servicios básicos como luz o agua potable, y que reciben a más de 240.000 estudiantes. En Guayas existen 514 y en Pichincha 359 escuelas de este tipo.

En el mes de julio del 2009, la propuesta para mejorar el sistema educativo por parte del gobierno y el Ministerio de Educación planteaba -en medio de “la revolución educativa”- realizar una evaluación que supuestamente ubicaría problemas en los docentes, que luego se someterían a capacitaciones para mejorar la enseñanza, sin embargo, las escondidas intenciones del Gobierno y el Ministerio de Educación se hicieron evidentes.

Con esta evaluación dentro de la reforma educativa, lo que se hacía es ir en contra de la educación pública, en contra los derechos de los maestros y maestras del país, estos elementos rompían normas constitucionales como la profesionalización del maestro, puesto que se pretendía que los bachilleres podrían dictar clase al igual que un maestro que ha pasado durante años en la Universidad para comprender el arte de enseñar, solo por mencionar uno de los aspectos.

Luego de varios meses de plantearse conversaciones desde los maestros, las movilizaciones frente a este tema no se hicieron esperar, de tal manera que un paro indefinido de 15 días por parte de los educadores puso en jaque al régimen.

En el caso de la nueva Ley de Educación planteada por el gobierno no afectará a los intereses de los grupos con el poder económico, pues a quien afecta de manera directa es a los maestros, que en este caso, con la Ley de Regionalización, lo que se hace es entregar los centros educativos en manos de las gobernaciones regionales. Para poner un ejemplo: en Quito la educación pasaría a manos del Distrito Metropolitano de Quito, lo que traería a la palestra nuevamente el problema de la municipalización de la educación.

En este tema David Carvajal, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), sostiene que: “los estudiantes secundarios estamos completamente en desacuerdo con que la educación vaya a manos de los gobiernos regionales, ya que hemos detectado este problema en el Código de Organización Territoria y afecta directamente al sector educativo, no puede ser posible que un Código que ni siquiera existe en el país ya se lo quiera aplicar dentro de la Ley de Educación, con esto nosotros vemos una seria intención de municipalizar la educación, a lo cual no le daremos paso, porque esta situación viola la condición de la gratuidad, como se estipula en la Constitución”.

Dentro de las victorias conseguidas por el movimiento estudiantil en esta nueva Ley de Educación es tá que se ha reconocido propuestas planteadas por nosotros, como el tema de la tarifa estudiantil. Ahora los estudiantes exigen que se incorpore a un representante de la FESE en el Consejo de Educación, por la trayectoria que ha tenido la Federación a favor de los estudiantes, además de esto los estudiantes plantean que: de los 200 días laborables, 15 días sean destinados a la capacitación de los maestros.

“Como estudiantes secundarios realizamos una propuesta conjunta con la Unión Nacional de Educadores (UNE) en el Comité Nacional. Esta propuesta se la presentó en la Asamblea, y con las observaciones que ahora tenemos hemos elaborado propuestas nuevas, entre ellas el tema más importante para una ley participativa y democrática: que se reconozca al coogobierno estudiantil.

Esta ley debe tener cambios profundos y trascendentales y no superficiales como los que quiere el gobierno. Estaremos peleando conjuntamente con los maestros y los padres de familia, con quienes estamos diariamente en las aulas luchando en defensa de una educación de calidad”

Paola Pacheco