México, con el peor nivel de salud en la OCDE

La presencia de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir del 18 de mayo de 1994 no se ha traducido en mejores niveles de salud para su población, muestran los sucesivos informes de ése y otros organismos internacionales. En 2009, México destinó el 5.9 por ciento de su producto interno bruto a la salud, uno de los más bajos entre los 30 países de la OCDE, cuya tasa de mortalidad infantil es de 15.7 muertes por cada 1 mil nacidos vivos, muy lejos del promedio de 4.9; la expectativa de vida es de 75 años, cuatro menos que la media, según el informe Panorama de la salud 2009, del llamado “club de París”.

A pesar de que México es una de las 15 principales economías del mundo, su población ostenta niveles de salud muy bajos en todas las evaluaciones de los organismos nacionales e internacionales. El informe Indicadores del desarrollo mundial 2009, del Banco Mundial, destaca que en 2006 –última etapa de medición con la que cuenta–, el gasto per cápita de México en ese rubro fue de 527 dólares, un monto que sitúa al país debajo de otros 37 en una escala de 152. Por su parte, las Estadísticas 2009, de la Organización Mundial de la Salud, colocan al país en el último lugar de América en número de partos atendidos por personal de salud calificado, superado por Antigua y Cuba, que tienen el ciento por ciento de atención.

Ese estudio revela que sólo en Chiapas hay 15 mil afectados de tracoma –un mal causado por la bacteria Clamidia trachomatis– que les provocará ceguera antes de los 50 años. Dos años atrás también detectó 243 casos de lepra. Entretanto, se intensificó el dengue, enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypty y para la que no hay vacuna, según declaró Miguel Ángel Lezana, director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa), en mayo de 2009.

La prevalencia en México del virus de inmunodeficiencia adquirida es de 267 personas de 15 años por cada 100 mil habitantes, que supera a Cuba, con una tasa de 67, y a Bolivia, con 132, cita el informe de la OCDE. La incidencia de tuberculosis sumó 20 casos por cada 100 mil habitantes en enero de 2009; el año anterior, la Secretaría de Salud de Sonora descubrió 600 nuevos casos, indicó Mauricio Castañón, investigador de ciencias genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Además, la desnutrición crónica y la obesidad infantil constituyen un doble problema de salud pública, pues en una persona coexisten las enfermedades ocasionadas por la nutrición deficiente y las ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad, como manifestó Salvador Villalpando Hernández, director de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, en agosto de 2009.

Al respecto, el informe de 2009 de la OCDE mostró que la tasa de obesidad de los mexicanos era del 30 por ciento de la población, la segunda más alta después de Estados Unidos. Como ese mal causa diabetes o asma, el estudio advierte que en el futuro se presentarán problemas sustantivos de salud, “así como un mayor gasto relacionado con ese problema”.

Al pasar revista a los recursos humanos, físicos y tecnológicos que el gobierno mexicano destina a la salud, el análisis de esa organización refiere: “Virtualmente, en todas las dimensiones para las que existen datos disponibles, México permanece abajo del promedio”. Aunque en la década pasada aumentó el número de doctores per cápita, de un médico por 1 mil habitantes en 1990 a dos en 2007, aún está lejos de la media de otros países, con 3.1, y el número de camas en hospitales era de una por 1 mil habitantes, casi un cuarto del promedio de la OCDE, de 3.8 camas por 1 mil habitantes.

En la década pasada, en la mayoría de los países de la OCDE, creció la disponibilidad de tecnologías para el diagnóstico, como unidades para tomografía computarizada, escáneres y resonancia magnética (MRI). En contraste, el número de unidades de MRI en México fue el más bajo de los 30 miembros de esa organización, con 1.5 por 1 millón de habitantes, comparado con un 11 unidades por 1 millón de personas en promedio; el número de escáneres en este país fue de cuatro por 1 millón contra una media de 20.

Sin derecho a la salud

El estudio Evolución del gasto en salud 2003-2009, elaborado por Elsa García y Krystian Méndez, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados (septiembre de 2009), indica que la asignación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2009 fue de 48 mil 617 millones de pesos, una asignación que presenta una variación negativa de 2.7 por ciento respecto de 2008.

Con datos del Consejo Nacional de Población y del Segundo informe de gobierno 2008, el CEFP estimó que del total de la población a enero de 2009 (106.2 millones de personas), 63 millones de personas tenían protección en salud, y de ese universo, el 47.8 por ciento de derechohabientes pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 10.5 por ciento, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el resto, a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y Petróleos Mexicanos.

En contraste, el estudio admite que 43.2 millones de mexicanos no están afiliados a ninguna de las instituciones de salud mencionadas ni al Seguro Popular o al Seguro Médico para una Nueva Generación. En sus comentarios finales, el CEFP advierte que “el gasto en salud enfrentará nuevos retos, como destinar mayores recursos para la atención oportuna de enfermedades que antes no se habían presentado”, por ejemplo la influenza A/H1N1.

Al respecto, el ingeniero químico Ernesto Saro Boardman, presidente de la Comisión de Salud del Senado, explica que “lamentablemente la desnutrición se encuentra en muchas regiones del país” porque México es un país de contrastes, por esa razón, “tenemos el primero o segundo deshonroso lugar en niños obesos y también en desnutridos”. Opina que el origen de esa situación radica en que “algunas entidades” no prestan atención a ese rubro y destinan a “otras cosas” los recursos que les hace llegar la federación, “como lo que estamos viendo en Oaxaca”.

El legislador por Coahuila del Partido Acción Nacional subraya que, pese a tal rezago, “ha habido avances en este campo desde hace seis años”, cuando el Seguro Popular comenzó a operar a nivel federal. Comenta que antes de esa fecha, “era impensable” que quienes tienen menos recursos accediesen a los servicios de salud si no eran derechohabientes, pues “tenían que pagar de su bolsa toda atención; ahora gran parte del presupuesto se ha ido a ese programa”.

Saro Boardman sostiene que, actualmente, el 85 por ciento de la población está protegido por el Seguro Popular. Anticipa que para 2012 tendrá una cobertura del 95 por ciento. Considera que el desafío mayor para el sistema de salud es que “está fraccionado”: el IMSS por un lado, el ISSSTE por otro, con estructuras distintas y con excesos, como las “altísimas” pensiones con edades de jubilación muy tempranas.

Negado el derecho a la información

La posibilidad de conocer las aportaciones de la Ssa a la OCDE desde 1994, por concepto de compromisos, proyectos y programas, así como los nombres de los comisionados a la sede de ese organismo para asistir a sus reuniones, se dificultó cuando la dependencia negó poseer esa información.

Esto ocurrió cuando el abogado Humberto Hernández Haddad presentó la solicitud de información pública, con folio 001200187509, el 13 de julio de 2009. Seis meses después, el solicitante interpuso un recurso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, que resolvió que todos esos datos debían ser accesibles. Sin embargo, la documentación que proporcionó la dependencia fue escasa.

En su respuesta, distintas direcciones de la Ssa afirman que no poseen los datos o cifras solicitadas; pero se pudo conocer que anualmente esa dependencia federal aporta 50 mil euros a la OCDE. También indica que funcionarios de alto nivel asisten a reuniones en París, Francia.

El desglose que proporcionó la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Ssa muestra que, entre 2002 y 2008, esa dependencia aportó a la OCDE 3 millones 910 mil 947 pesos. A su vez, el oficio DA/1918/09 del 17 de julio de 2009, del director administrativo de la Ssa, dirigido al titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, indica que esa dirección sólo tramita el pago de la contribución voluntaria dirigida a la OCDE, “cuyo monto asciende a 50 mil euros”, aunque resalta que a esa fecha no se había efectuado el pago correspondiente a 2009.

La información de la Ssa sobre los funcionarios que han asistido a reuniones en la sede de la OCDE carece del cargo y unidad administrativa a la que pertenecen y no detalla los viajes realizados en el periodo comprendido entre 1994 y 2007, sólo se desglosan las comisiones de 2008 y 2009, y no fue proporcionado ningún informe de esas comisiones.

Para identificar el rango y unidad administrativa a la que pertenecen los funcionarios comisionados a la sede de la OCDE, se consultó el portal de la Ssa: una leyenda advierte que la “reestructuración” en esa dependencia afecta la “estructura no básica” de las unidades administrativas, por lo que en el directorio “aparecen áreas no habilitadas”. En realidad, no aparece ningún dato. Sólo se tienen los datos que proporcionó la encargada de la Unidad de Análisis Económico de la Ssa (cuyo nombre tampoco aparece), quien envió el oficio UAE/091/09 al director del Centro de Documentación Institucional el 29 de julio de 2009. Ahí se indica que Jacqueline Arzoz Padrés, economista y doctora en ciencias políticas, de la Unidad de Análisis Económico, acudió a la reunión “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”, del 5 al 17 mayo de 2008.

Cinco meses después, del 24 al 28 de octubre, Arzoz regresó a París para asistir a la reunión “Políticas de precios en el mercado global: asegurando el acceso promoviendo la innovación valorada”. Casi en los mismos días (del 25 al 28 de octubre de 2008), la licenciada Mariana Barraza Llorens, directora general adjunta de Políticas de Financiamiento, acudió al “Simposio de alto nivel sobre políticas de precios de productos farmacéuticos”.

En 2009, la doctora María Cristina Gutiérrez Delgado, de la Unidad de Análisis Económico, participó en la reunión de expertos para el “Análisis del efecto de la obesidad en la salud poblacional”, del 27 al 30 de abril. Y del 8 al 12 de junio, la doctora Arzoz formó parte de la delegación mexicana que participó en el examen sobre el estudio económico actual de ese organismo.

En cuanto a las erogaciones de la Ssa por los viajes de sus funcionarios a actividades de la OCDE, sólo se obtuvo información correspondiente a 2007 y 2009. Ahí se observa que el doctor Eduardo González Pier, coordinador de Planeación Estratégica, asistió del 18 al 27 de mayo de 2007 a la “Tercera reunión del comité de salud”, cuya comisión significó una erogación por 33 mil 525 pesos.

Del 21 al 25 de septiembre de ese año, la licenciada Mariana Barraza Llorens asistió a la “Tercera reunión de expertos sobre políticas de medicamentos”: la Ssa pagó 14 mil 637 pesos. La comisión del doctor González Pier a la reunión “Fuerza de trabajo de salud y migración internacional”, del 15 de noviembre de 2007, y a la segunda sesión del “Comité de salud”, del 19 al 20, representó un costo de 51 mil 497 pesos.

En mayo de 2008, la Ssa erogó 49 mil 916 pesos por el viaje de la doctora Jacqueline Arzoz Padrés, que asistió a la conferencia “Cobertura de la salud universal ¿Quién debe pagar?”. En octubre, esta funcionaria asistió a la reunión “Asegurar el acceso promoviendo la innovación valorada”, que representó una erogación por 18 mil 375 pesos. La asistencia de la licenciada Barraza Llorens al simposio de alto nivel sobre políticas de productos farmacéuticos, que se celebró con un día de diferencia de la anterior funcionaria, representó un gasto de 7 mil 291 pesos.

En el curso de 2009, la actuaria María Cristina Gutiérrez Delgado asistió del 27 al 30 de abril a la reunión de expertos para el “Análisis de la obesidad en la salud poblacional”: la Ssa erogó 19 mil 199 pesos. La doctora Arzoz Padrés viajó del 8 al 12 de junio en la delegación que participó en el examen sobre el estudio económico global: la dependencia erogó 18 mil 660 pesos. El último dato que aporta la Ssa es el viaje de Panagiota Panapoulou a la reunión del Comité de Expertos en Indicadores de Características de Sistemas, que se realizó del 12 al 16 de septiembre, por un monto de 10 mil 397 pesos.

Entre los beneficios de ser miembro de ese organismo, la Ssa destaca “el intercambio de información y experiencias” en políticas de salud y la identificación de mejores prácticas. Refiere que México también participa en la definición de estrategias de precios de medicamentos, pues es el país dentro de la OCDE con el consumo farmacéutico per cápita más bajo –menos de una cuarta parte de la media–; señala que, a pesar de los bajos ingresos per cápita, los precios de los fármacos en México son relativamente altos.

Para Hernández Haddad, la presencia de México en el llamado “club de París” constituye una “extravagancia onerosa que consume enormes recursos financieros”. Aprecia que esa membresía debería ajustarse a “nuestra realidad”, acreditando a un vocero que auspicie la revisión del modelo económico vigente y cancelar los gastos excesivos que ahí se realizan.