El jueves 18 de marzo, luego de un suntuoso acto, el gobierno posesionó al nuevo presidente Ejecutivo de Petroecuador, el vicealmirante en servicio pasivo Manuel Zapater, para tomar el timón y enrumbar a la petrolera Estatal hacia los objetivos previstos por el presidente Correa, atravesando por un mar político turbulento. Este nuevo personaje es inexperto petrolero, pero sí gran conocedor de la política, pues durante su carrera militar fue miembro del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), durante el gobierno de Gustavo Noboa (2002), representante del gobierno de Lucio Gutiérrez en el directorio de Petroecuador en el 2005, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. en el gobierno de Alfredo Palacio, y ahora, con Rafael Correa, es presidente Ejecutivo de Petroecuador.

Este marino viene a terminar con la tarea que inició la Armada en Petroecuador hace dos años tres meses: “la administración y reestructuración” integral de la petrolera; obra que por cierto no todos los ecuatorianos podemos valorar de la misma forma que lo hacen ellos, como “labor cumplida”, lo cual fue difundido a través de una millonaria campaña publicitaria en todos los medios de comunicación radial, escrita, televisiva y en la web.

Como una auténtica evaluación a esa administración, por declaraciones de trabajadores y ex dirigentes, se puede determinar que en ningún aspecto mejoró la situación de Petroecuador, pues la corrupción es la constante en las distintas filiales; entre los ejemplos constan: las dos computadoras que la Fiscalía confiscó como evidencia de los contratos en los que se pedía comisión, hecho en el que 5 marinos estuvieron involucrados; los contratos de compra de tubos defectuosos, de torres de perforación que no llegaron; entre otros casos. En esta larga lista de ineficiencias y mentiras también consta el supuesto incremento de la producción del crudo, ya que en los 181 mil b/d de producción se cuenta con los cerca de 5.000 barriles diarios de los dos campos que eran operados por la compañía City; cuentan con Sacha, que ahora es de Río Napo y Pungarayacu, que pertenece a la compañía Ivanhoe. A esta ineficiencia de la Armada se suma la entrega de los campos marginales debido a la inoperancia de los marinos.

Al parecer, el interés de la Marina no estaba en las contrataciones fraudulentas que corrompieron a varias “almas incólumes” en éstos últimos 27 meses, sino en hacer de la Flota Petrolera (FLOPEC), empresa de la Marina, no estatal, la única en el “negocio” de la importación de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, que hasta noviembre estaba a cargo de la intermediaria Trafigura, y ahora, por autorización gubernamental y del directorio de Petroecuador, sin previo concurso, incluye también a FLOPEC como intermediaria. Entonces el negocio queda así: Trafigura compra a Pdvsa (Venezuela) el gas y lo vende a FLOPEC (nuevo intermediario), ésta a su vez vuelve a vender con un precio más alto a Petrocomercial para la distribución nacional, dejando de lado ilegalmente el compromiso suscrito entre Petroecuador (Ecuador) y Pdvsa (Venezuela), que implica el intercambio de productos directamente, sin necesidad de intermediarios. Claro, si se cumpliera dicho convenio, la millonaria utilidad de los empresarios marinos de FLOPEC y Trafigua se perdería.

A la importación del GLP se añade la adjudicación, sin licitación, a FLOPEC para la construcción del Terminal en Tierra de GLP, en 200 millones de dólares, y su posterior administración, para redondear el negocio, que representaría 900 millones de dólares anuales, que por 20 años está calculado que sea de alrededor de 20 mil millones, pero, claro, todo esto se oculta.

También se oculta que es mentira que todos los marinos pasivos y activos han salido de la petrolera, pues aún continúa la labor de “reestructuración de la empresa” que está a cargo de Estuardo Salas comandante de la Marina, uno de los cinco marinos activos, quien declaró en una entrevista que Petroecuador carecía de estas herramientas de evaluación que creaba una fuerte tolerancia a la ineficiencia. “El plan de carrera que tenía la empresa no contemplaba si usted era eficiente o no. Lo único que consideraba era su antigüedad”.

Esta limpieza de personal se hizo porque se relacionó a todos los trabajadores con la corrupción, sin reparar que esos hechos se dieron en todas las administraciones designadas por los distintos gobiernos, desde los departamentos específicos donde se dan las contrataciones, y con ciertos dirigentes que lo socaparon; por lo tanto no se puede generalizar, el cambio a todo nivel se debió hacer con los trabajadores honestos, que son la mayoría, sin ellos es imposible. Además se debe tomar en cuenta que el alto sitial de la empresa es gracias al esfuerzo de los trabajadores operativos, mientras que la baja de producción se debe a la inoperancia de las administraciones y a la falta de inversiones; en lo que se puede incluir la entrega de los campos.

Tampoco se menciona que 1500 trabajadores nuevos constan en roles: marinos activos, pasivos y civiles, entre los que constan tercerizados como resultado del Mandato 8 y amigos y parientes de las autoridades, dispersos en todas las filiales. Según testimonios de los trabajadores en las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi, en Petroproducción en Quito y en el Oriente, en las instalaciociones de Petrocomercial en las distintas provincias, y en otras dependencias en Quito, miembros en servicio pasivo continúan en las jefaturas con escala 23, entre las más altas, lo que también supone que estos elementos continúan cobrando al Estado por doble partida: la jubilación de la Armada y ahora como trabajadores petroleros.

Los trabajadores antiguos han denunciado la violación de los derechos humanos, de la Constitución y de las leyes, pues se violentó el derecho a la libre asociación, a la sindicalización, el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad ya que se intervino la telefonía; por su parte, un grupo bien identificado de los “nuevos trabajadores marinos”, haciendo la labor de inteligencia, se encontraban a diario merodeando por todas las instalaciones vestidos de civiles, acosando a los trabajadores, fotografiando las actividades que en horas de trabajo y descanso se realizaban, a quienes organizaban reuniones y más aún a los que protestaban. Al puro régimen militar, pretendieron también implantar el corte de cabello, e incluso la formación militar en los trabajadores de la estatal, consiguiéndolo en los nuevos contratados y tercerizados.

De fuentes oficiales se conoció que el aparataje de inteligencia llegó hasta a la contratación de edificios aledaños a las instalaciones petroleras administrativas y operativas para escuchar y conocer el pensamiento y manifestaciones de los trabajadores, ingresando este tipo de tecnología hasta en la casa de los trabajadores petroleros (FETRAPEC) para desmantelar la institución y “sacar la corrupción”.

En todo este absurdo, arbitrario, antitécnico y apresurado procedimiento de la Armada se evidencian errores de cálculo, ilegalidades que golpean no solo a los trabajadores y profesionales con experiencia sino también al Estado, pues de la caja fiscal se ha pagado las indemnizaciones a los 1300 trabajadores por despido intempestivo, aduciendo “que no cumplían con el perfil”; si ese era el caso, correspondía un visto bueno por no estar capacitados para lo que les contrataron, o un sumario administrativo; entonces, ¿por qué prefieren pagar y perjudicar al Estado? En este caso el Estado debería iniciar una acción de repetición por los errores de sus fieles súbditos, así como buscar los mejores profesionales probos del área para la administración de la empresa que es patrimonio de todos los ecuatorianos y no del gobierno y sus allegados, que también están como vicepresidentes, y que fueron cuestionados en administraciones anteriores.

Se esperaba un cambio radical y positivo en Petroecuador, pero de continuar así, la estatal será desmantelada, luego de la entrega de las joyas de la corona, como está sucediendo.