Bicentenario: festejo rodeado de anomalías

La noche del 15 de septiembre de 2008 (mientras en el centro de Morelia, Michoacán, las celebraciones por las fiestas patrias se empañaban por la detonación de dos granadas de fragmentación), desde el balcón central de Palacio Nacional, Felipe Calderón Hinojosa presenciaba el inicio del tradicional festejo popular en la plancha del Zócalo capitalino.

Enmarcada por un espectáculo de luces y fuegos artificiales, la velada fue sólo la fulgurante fachada de un evento cuya organización estuvo plagada de irregularidades, como la doble subcontratación de la empresa encargada de realizarla, la nula supervisión de los trabajos contratados y la erogación extraordinaria de recursos.

Lo anterior fue referido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008. El órgano de fiscalización adjudica las anomalías al Fideicomiso del Bicentenario, creado en junio de 2006 para administrar los recursos destinados a la conmemoración del bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario del comienzo de la Revolución.

La ASF señala que, en 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso contrató al sistema de agencias turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, TURISSSTE, para que realizara el evento del 15 de septiembre y se encargara del diseño, instalación y mantenimiento de los 35 “Relojes Bicentenario” que se colocarían en todas las entidades federativas (uno por estado, tres para el Distrito Federal y dos para Guanajuato).

En lugar de ello, la agencia de participación estatal subrogó los trabajos a la empresa Make Pro, SA de CV, una subsidiaria de Corporación Interamericana de Entretenimiento, SA de CV (CIE), que preside Alejandro Soberón Kuri.

De acuerdo con un reportaje de Jenaro Villamil, publicado en el semanario Proceso el pasado 28 de marzo, Soberón Kuri figuraba entre los principales accionistas del Grupo TV Crea, una compañía dedicada a la organización de espectáculos y eventos artísticos vinculada a Televisa.

La contratación de Make Pro, SA de CV, estuvo rodeada de irregularidades, pues por el monto de las operaciones –28 millones de pesos– procedía una licitación pública, pero se hizo una invitación a cuando menos tres personas, en un concurso que no contó con bases de licitación ni con las tres ofertas necesarias para realizar la adjudicación.

El máximo órgano fiscalizador también encontró que el contrato firmado entre la filial de CIE y TURISSSTE se hizo 23 días antes de que se definiera el acuerdo entre la agencia turística y el Comité del Fideicomiso, además de que la empresa hizo dos cotizaciones a TURISSSTE: la primera, 17 días antes de que comenzaran a prestarse los servicios contratados, y la otra, sin el sello y la firma del representante de Make Pro, SA de CV.

La empresa de Soberón Kuri subcontrató a su vez a su filial Comercializadora y Espectáculos, SA de CV, que fue la que finalmente se hizo cargo de los trabajos. Sin embargo, no existe evidencia de que los trabajos entregados fueron verificados por personal de TURISSSTE o del Fideicomiso; tampoco se establecieron especificaciones ni características de los trabajos y servicios y se desconoce si éstos fueron entregados en tiempo y forma.

Los servicios prestados por Make Pro y Comercializadora y Espectáculos se pagaron el 18 de febrero de 2009; sin embargo, la ASF detectó que cuatro facturas fueron elaboradas por el impresor en una fecha posterior, el 22 de febrero. Por si fuera poco, Make Pro cobró una comisión de 2 millones 800 mil pesos, “la cual no tiene justificación”, ya que ese importe estaba contemplado en el total por pagar a la empresa.

Contrataciones irregulares y costosas

En las postrimerías de la administración de Vicente Fox Quesada, 2010 fue decretado como “Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución”. Se creó una Comisión Organizadora de la conmemoración de dichos acontecimientos históricos, encargada de coordinar los múltiples proyectos por realizarse del 17 de junio de 2006 al 31 de diciembre de 2010, que lo mismo incluyen la edición de libros especiales sobre temas del bicentenario que un festival de nopales, tunas y xoconostles.

La Comisión tenía un plazo de seis meses para dar a conocer su programa base, sin embargo se demoró 18 meses en entregarlo. La publicación de su reglamento –sujeto a cumplir el mismo plazo– tardó tres años y ocho meses, pues se difundió apenas el pasado 17 de febrero.

El decreto estipuló también que la Comisión no generaría estructura propia ni relación laboral con los prestadores de servicio que contratara, pero durante 2008 la Comisión empleó a 71 profesionistas para actividades de coordinación ejecutiva. De éstos, 51 contaban con una carta donde manifiestan que prestan sus servicios de forma exclusiva y única al Fideicomiso, “lo cual hace presumible la existencia de una relación laboral”, a decir de la ASF.

Aunque el Fideicomiso aclaró que la coordinación ha recaído en la Secretaría de Gobernación o en la Oficina de la Presidencia de la República, la entidad fiscalizadora considera que entonces no es clara la razón por la que fueron empleados.

La contratación de los 71 profesionistas representó un gasto de 25 millones 535 mil 600 pesos, lo que en parte se explica porque a 49 de ellos se les pagaron honorarios brutos mensuales equivalentes a los del personal de mandos medio y superior dentro de la administración pública federal.

Por desempeñar actividades dentro de la Comisión, una persona recibió el sueldo de un titular de unidad, que asciende a 140 mil pesos; cuatro fueron remunerados como si fueran directores generales adjuntos, con montos entre 115 mil y 132 mil pesos; 17 tuvieron sueldos similares a los de un director de área (entre 61 mil y 84 mil pesos); 18, a los de un subdirector de área (de 34 mil a 48 mil pesos); y siete más recibieron lo mismo que un jefe de área (de 25 mil a 26 mil pesos).

De acuerdo con la ASF, en dos casos los pagos excedieron el puesto más alto del Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, al recibir 240 mil y 299 mil 900 pesos como honorarios.

A 40 de los profesionistas se les pagó además un monto extraordinario por presentar un programa de actividades, lo que, a decir de la ASF, no se justifica dado que sus responsabilidades debieron establecerse previo a la contratación. En total se gastaron 4 millones 352 mil 300 pesos y, aunque el Fideicomiso del Bicentenario comprobó dichas erogaciones, “no acreditó los criterios en los que se basó la asignación de los honorarios”.

En 17 casos, los jugosos pagos no fueron incentivo suficiente, pues no se encontraron los reportes de actividades que los profesionistas estaban obligados a entregar ni hubo evidencia de que hubieran prestado efectivamente sus servicios.

Gastos millonarios y opacos

El Fideicomiso del Bicentenario, creado para administrar los recursos destinados al funcionamiento y operación de la Comisión, recibió 1 mil 591 millones 600 mil pesos entre 2007 y 2009.

De esos millonarios montos que recibió de la Secretaría de la Función Pública, en 2008 gastó 64 millones 721 mil pesos, hecho que la ASF calificó de subejercicio. El órgano fiscalizador consideró que el dinero se había transferido al Fideicomiso sólo “para evitar su concentración en la Tesorería de la Federación”, pues no se cumplió con meta alguna ni existía un compromiso formal de ejecución inmediato.

El año pasado, las erogaciones del Fideicomiso sumaron 425 millones 980 mil 500 pesos, el 28 por ciento del monto disponible, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia detalla que de 2007 a 2009, todo el dinero que ha salido del Fideicomiso se ha destinado al pago de honorarios por servicios profesionales y a gastos administrativos.

Durante 2008, mientras el país se encontraba sumergido en una crisis económica equiparable a la de 1995, el Fideicomiso pagó 1 millón 300 mil pesos por la remodelación de un inmueble para uso de la Comisión. Por la supervisión de los trabajos de remodelación, desembolsó 66 mil 700 pesos más.

En telefonía se gastaron 94 mil 200 pesos para la fija y 170 mil 600 para la móvil, mientras que para boletos de avión y gastos de traslado de los integrantes de la Comisión y de los profesionistas contratados se pagaron 710 mil 800 pesos. Y aunque faltaban dos años para que comenzaran las celebraciones oficiales, se ocuparon 2 millones de pesos en publicidad para televisión y radio.

Salvo estos datos que da a conocer la ASF y la poca información de la SHCP, el destino de los millonarios recursos del Fideicomiso será desconocido por la sociedad. Será hasta dentro de 12 años cuando la información se haga pública, ya que la entidad fiduciaria –primero el Banco Nacional de Comercio Exterior y ahora el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada– ha clasificado la información como reservada, amparada en el secreto fiduciario.

Para la doctora Virginia Guedea, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es justificable que se gaste dinero en estas conmemoraciones, de las que participan tanto el gobierno federal como las autoridades estatales y municipales. Considera, sin embargo, que debe analizarse qué tipo de gasto se hace. Al tiempo, critica que hay cierta “banalización” de las celebraciones.

En febrero pasado, las investigadoras Ana Luisa Nerio, Salomé Almaraz y Angélica Gay publicaron un artículo en el portal electrónico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que reflexionan sobre los gastos que está haciendo el gobierno so pretexto de las celebraciones.

En el texto “Derechos culturales y festejos por el bicentenario y centenario: el despilfarro”, opinan que, en lugar de gastar en las conmemoraciones, debería invertirse en la población y en garantizarle sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Consideran también que los festejos “se ven empañados por asuntos como la falta de transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno federal y de los de varias entidades”.