La felonía de la “nueva” ley Televisa

La razón fundamental que explica el rechazo social a la reelección electoral en México y, en particular, de los legisladores, es que la elite política, como parte integrante de los grupos de dominación, se ha convertido en enemiga de la mayoría. Con justa razón, desde la Revolución Francesa, Robespierre logró impedir que legalmente los congresistas se reeligieran, para evitar su arrojo a los brazos de la “aristocracia de los ricos” y la entrega de la cabeza del pueblo. La historia, empero, incluyendo la mexicana, demuestra que no la necesitan para que de todos modos lo hagan.

Como cuerpo, el Congreso, al igual que los poderes Ejecutivo y Judicial, ha hecho los méritos suficientes para convertirse en uno de los símbolos del régimen más detestados por la sociedad. Su descrédito se debe a que ellos son corresponsables de la permanencia del neoliberalismo, causante de la pobreza generalizada; que la alternancia abortara la profunda democratización del país exigida por la población y subsista la esencia y las estructuras despóticas del sistema político heredado de los priistas; y, peor aún, que pretendan engañarla con que el autoritarismo fue eliminado con los paupérrimos cambios registrados en los procesos electorales, de pasos ebrios y de cangrejo.

Dice un axioma que el estilo es el hombre, y el de los legisladores redunda en su pérdida de legitimidad y representatividad. En sus campañas, pregonan sus virtudes republicanas, su militancia por la igualdad, la justicia, la ecología o la soberanía nacional, salvo los plurinominales que no necesitan esas estulticias ni los baños de pueblo porque no representan a nadie. Pero una vez elegidos como “representantes populares”, el circo es sustituido por el espectáculo obsceno y triunfalista del abuso, el despotismo, la deshonestidad, la deslealtad, la corrupción y el derroche presupuestal; las turbias componendas, la traición de sus fingidos principios democráticos; la entrega de la nación a la depredación del capital nacional y foráneo; el olvido de su celo por la equidad, la justicia y la defensa de los heterogéneos derechos de los ingenuos votantes que creyeron que velarían por ellos como furiosos cancerberos. Dejan de escuchar lo que el historiador George Lefebvre llamó “la agitación tumultuosa de las calles” y sólo atienden el murmullo oligárquico. Se transforman en solapadores y violadores de la institucionalidad.

La falta de mecanismos legales que les obligue a una permanente rendición de cuentas y permita someterlos a juicio, destituirlos y sancionarlos por su falta de probidad, sin tener que esperar tres o seis años para “castigarlos” con sus votos, les permite cuidar únicamente sus intereses personales, los de sus pandillas y los de los grupos dominantes. Ellos excluyen a la sociedad de la política; impiden la creación de las instituciones que fomenten su participación democrática, que se conviertan en ciudadanos; la quieren reducida a simples “miembros pasivos e inútiles de cuerpo público”, como diría Robespierre.

Sólo una minoría ha dignificado al Legislativo, reivindicado la política como el espacio de agregación de la voluntad colectiva y enfrentado a los grupos económicos, mediáticos y geopolíticos que nadie elige, y arman y gobiernan la vida de la mayoría. Esa oligarquía autoritaria, rabiosamente enemiga de la democracia que usa su poder para imponer sus intereses sobre los nacionales; que sólo ve armonía y consenso cuando se administra para ella y que tiene la fuerza necesaria para presionar y avasallar gobiernos, como ocurre con los neoporfiristas del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional; que ataca y lincha a los que buscan democratizar la vida económica y política del país; que pregona el “libre mercado” y con sus monopolios lo obstaculiza, apoyado y protegido por el Ejecutivo y el Legislativo; que robustece sus fortunas con la manipulación de precios, el recorte impositivo y su dudoso pago de los mismos, los subsidios fiscales y las bajas tarifas de bienes y servicios gubernamentales, la oscura concesión de los recursos nacionales, las obras públicas, las privatizaciones de las paraestatales, el tráfico de influencias, el manejo de la información confidencial y otros negocios oscuros que mantiene con el Ejecutivo y el Legislativo a cambio de financiar carreras políticas y otros beneficios. Es la tiranía de los pocos.

Ricardo Salinas, de TV Azteca, cachorro de un anticomunista, y Emilio Azcárraga, de Televisa, retoño de un “soldado” del autoritarismo priista, son dos de los oligarcas beneficiados por esa espuria relación. Se sientan junto al altar y el trono presidencial. Sus monopolios son rentables económica y políticamente. Hasta 2009, acumularon 10.1 mil millones de dólares y 1.5 mil millones, según Forbes, y ocuparon los lugares 63 y 655 entre los 1 mil más ricos del mundo. Nada despreciable comparado al 90 por ciento de los ocupados de México que ese año ganaron hasta 8 mil dólares, o con más de 70 millones de pobres y miserables. Son verdaderos déspotas, hostiles a la libre expresión y la democracia; expertos en manipular y desinformar a quienes gustan de tragarse su programación mentirosa e hipócrita. Desprecian a la chusma de televidentes, la enajenan y la degradan culturalmente con sus bobalicones contenidos, porque el conocimiento puede engendrar hombres libres. Saben desestabilizar gobiernos, deslegitimar y atacar a la institucionalidad cuando es desfavorable a sus intereses. Son los Torquemada de los movimientos progresistas, como testifican Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador o los zapatistas. Son implacables ante quienes los enfrentan, como Javier Corral o Santiago Creel. Desde que se les canceló el jugoso negocio de la publicidad electoral, bloquean a ésta, sin que el patético Leonardo Valdés sepa cómo justificarlos ni aplicarles la ley. Salinas acumula más de 280 millones de pesos en multas y se mantiene impasible en su diversión de violar las normas. En 2009, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras multó con 7.6 millones de pesos a Banco Azteca, la más alta aplicada a un intermediario, por sus abusos a los cándidos que caen en sus garras, situación compartida por los infelices que recurren a sus agiotistas tiendas Elektra y su telefónica Iusacell. Nadie investiga cómo obtuvo los canales estatales 7 y 13 ni sanciona la manera en que robó el 40. Televisa y TV Azteca bloquean los intentos por eliminar la publicidad de productos basura, pues perderían los ingresos de los Servitje, la Coca Cola y demás que se enriquecen a costa de la salud pública. No hay nadie que les imponga el dogal del estado de derecho.

Los monopolios de las telecomunicaciones son la peste. Por ello, en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, imponen límites a la multiplicidad de licencias, salvaguardan el pluralismo informativo e impiden que un mismo grupo tenga una posición dominante en el mercado. En Ecuador y Venezuela, aplican el interés nacional y el poder legal del Estado sobre sus políticas desestabilizadoras y golpistas. Argentina trata de acabar con ese peligroso resabio de las criminales dictaduras militares y recuperar la rectoría del Estado con su desmantelamiento (Grupo Clarín, Telefónica Internacional y Pramer, que controlan dos tercios de la televisión, la radio y otras tecnologías). Busca limitar la participación privada a un tercio en la industria, la concentración de la propiedad y presencia del capital externo a un máximo de 30 por ciento del capital accionario; poner un tope al número de licencias por tipo de medio y su refrendo (10 años en lugar de 15, controladas cada dos años para evitar que al incorporar nuevas tecnologías –la digitalización–, multipliquen sus señales, generando un nuevo tipo de concentración, y una prórroga por otros 10, previa audiencia pública); regular sus contenidos (obligación de un mínimo de producción propia, local, independiente y del Mercado Común del Sur) y el tiempo de publicidad; cuidar la libertad de expresión, la pluralidad y la democracia, cediendo otro tercio de la industria al Estado y otro a la “sociedad civil”, incluyendo los pueblos originarios (radio y televisión) para fomentar la información, la educación y la cultura, y universalizar el uso las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

En México, el duopolio se fortaleció con el absolutismo priista y su poder alcanzó límites peligrosos con autoritarismo de la bicéfala reacción panista-priista. Pasó de “soldado” a general del sistema. Es casi una vicepresidencia transexenal y álter ego de numerosos legisladores. Disponen de curules vendidas por la ramera franquicia del partido “verde” que usa para imponer sus leyes. Es insaciable al cobrar sus servicios. Calderón, que en parte les debe su gobierno, priistas y panistas doblaron su testuz ante ellos, para desgracia del pueblo y la nación. Le toleran sus abusos y los pésimos servicios de sus empresas. Traicionaron al “socio” Carlos Slim para favorecerlos. Desvergonzadamente, les regalaron la Comisión Federal de Telecomunicaciones. TV Azteca impuso su ilegal servicio HiTV, que presta por los canales espejos que le fueron asignados para su transición digital y tratará de vender otros más por medio de sus tres estaciones para transmitir hasta 21 canales digitales. A Televisa le condonarán un pago por 5.6 mil millones de pesos para que explote una porción del espectro de telefonía móvil de tercera generación (segmento de 30 megahertz), compartido con Telcel y Telefónica (segmento de 10 megahertz), sin que existiera razón técnica, jurídica, económica y social que lo justificara. Fue la generosa compensación de Manlio Fabio Beltrones por sus pérdidas sufridas con la cancelación de la propaganda electoral pagada. Televisa, Telefónica y Megacable se aprestan depredar los servicios de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, construida con nuestros impuestos, que Calderón le entregará dizque para enfrentar a Telmex del exsocio Slim.

El costo del sometimiento al duopolio seguirá a la alza. El panismo lo necesita para tratar de mantener la Presidencia; el priismo, para recobrarla. Sin duda apoyará a ambos, aun cuando se afanan en acrecentar la frívola imagen del liliputiense de Enrique Peña Nieto. Lo que no podrán subsanar es su vacuidad. Lo que natura non da el duopolio no podrán enmendarlo. Pero no les interesa. Los Berlusconi mexicanos quieren otro reyezuelo a modo para convertirse en el poder absoluto tras el trono.

El duopolio aún tiene una herida infringida por la Corte que invalidó algunos artículos de la infame a la “ley televisa”, aprobada por los diputados, “unos lelos y otros corruptos (que cada quien adopte la calificación que le cuadre)”, según el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y exigió al Senado a modificarla. Entre los temas anulados, destaca el relativo al otorgamiento de la concesión automática de radio y televisión. La Corte dispuso que, a su vencimiento, tendrán que licitarse para estimular el ingreso de nuevos participantes, y que los usuarios paguen al Estado por uso el espacio radioeléctrico. Hasta el momento, empero, esa Cámara ha sido omisa al requerimiento, porque Azcárraga, Salinas, Manlio y demás cómplices esperan la oportunidad para pisotear otra vez la ley, cumplir sus fines y burlarse de los ministros y del pueblo.

Si aquella vez el negocio era más hediondo que en Dinamarca, ahora es peor. De la mano del vicepresidente jurídico de Televisa, Javier Tejado, la mafia de Manlio, su lacayo Carlos Sotelo, perredista, Javier Orozco y Gerardo Flores, mercenarios “ecologistas” del duopolio, y otros legisladores “lelos y corruptos”, quieren pasar la misma bestia con otros atavíos: ¡en lugar de la concesión automática, la “prórroga administrativa” hasta por 20 años, sin licitación, refrendada en una o más veces por plazos similares, es decir a perpetuidad! Juegan a las trampas legales para romper con la constitucionalidad.

De tal magnitud es su desfachatez y el desprecio a la institucionalidad que ni siquiera cuidaron en borrar la pezuña cibernética de Televisa.

De Manlio nada sorprende. Siempre usa su poder para sus fines turbios y los intereses que representa. Dijo Robespierre: “Cualquier hombre que se incline en su cargo hacia la injusticia puede clasificarse como culpable de alta traición”.

Sotelo encarna la corrupción y la degradación de los líderes del Partido de la Revolución Democrática. “Prefiero los campeones declarados de la reacción a estos hipócritas, traidores a la causa del pueblo” (Robespierre dixit).