“Asesorías” encarecen gobierno de Calderón

La administración pública federal incumple el decreto de austeridad que estableció Felipe Calderón Hinojosa al comienzo de su gestión. Así lo demuestra el aumento de más de 50 por ciento en el pago de servicios por honorarios y “asesorías” en que han incurrido conjuntamente las 18 secretarías de Estado, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Lo anterior contraviene con el plan de ahorro propuesto por el propio Calderón Hinojosa, según el cual se tenía que reducir al menos un 5 por ciento el gasto de operación y administrativo de las dependencias del gobierno federal cada año y alcanzar una meta de ahorro del 20 por ciento para el final del sexenio.

Sin embargo, los gastos no se redujeron: durante los dos primeros años del gobierno calderonista el presupuesto ejercido por la administración pública en “Servicios personales” se incrementó 29.3 por ciento. Dentro de éstos, el gasto en “Honorarios” aumentó 56.8 por ciento, al pasar de 1 mil 658 millones 496 mil 400 pesos en 2007 a 2 mil 601 millones 203 mil 200 pesos en 2008.

La contratación de asesorías para la operación de programas se amplió 54 por ciento, pues de los 1 mil 345 millones 55 mil 400 pesos gastados en 2007 se elevó a 2 mil 71 millones 937 mil 800 pesos en 2008. Tales incrementos equivalieron a un desembolso en 2008 de 1 mil 669 millones 679 mil 200 pesos extra a los más de 3 mil millones de pesos que se destinaron a estos rubros en 2007.

Este incremento fue descubierto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, en el que el órgano auditor responsabilizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de no cumplir con el objetivo de reducción del gasto operativo de las dependencias y entidades federales, estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Asimismo, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no estableció la meta de ahorro de 20 por ciento para 2012 en los capítulos de “Servicios personales” y “Servicios generales” del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Contrataciones irregulares y sin control

Un licenciado en informática, cuya experiencia laboral se orientaba al ámbito policial, ministerial, pericial y de medicina forense, fue contratado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para “supervisar actividades de capacitación y promoción” de un programa alimentario. Otra persona que había trabajado como auxiliar de pintura, encargado de lechería y verificador de la Procuraduría Federal del Consumidor, fue contratada para ejecutar proyectos y obras de desarrollo social en Veracruz, el quinto estado más pobre de México y al que Sedesol destina el tercer presupuesto más alto de entre todas las entidades del país.

Como encargado de solicitar espacios físicos para la impartición de talleres de difusión de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) contrató a un licenciado en biología; también contrató a un médico cirujano, cuya experiencia profesional había sido en el área administrativa de diversos municipios, para “proponer la difusión y uso de tecnologías de información del sistema nacional de Educación Superior Tecnológica”. En su revisión a los servicios contratados por dicha Secretaría, la ASF también detectó el caso de un pasante de la carrera de químico farmacobiólogo que fue contratado para elaborar los lineamientos de apoyo al proyecto de reforma de los planes y programas de estudio de la licenciatura en educación secundaria.

Éstos son casos consignados por la ASF respecto de contrataciones hechas por las dos dependencias que concentraron prácticamente tres cuartas partes de los 2 mil 601 millones 203 mil 200 pesos erogados en el pago de honorarios: Sedesol gastó 1 mil 298 millones 397 pesos (49.9 por ciento), mientras que la SEP desembolsó 621 millones 687 mil 565 pesos (23.9 por ciento). En conjunto, dichas dependencias suscribieron 36 mil 191 contratos de servicios profesionales por honorarios.

De acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la contratación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones en las dependencias de la administración pública federal se podrá hacer siempre que ésta sea indispensable para el cumplimiento de sus programas.

No obstante, apenas en el 51 por ciento de los contratos firmados por las dos dependencias se comprobó la vinculación del objeto del contrato con el fin de los programas presupuestarios donde se registraron, es decir, que contribuían a mejorar la calidad de la educación o a procurar mejores condiciones de vida a las personas en situación de pobreza.

Los demás contratos por honorarios (49 por ciento) no tenían relación con los programas presupuestarios en los que fueron asentados o fueron registrados en programas que no contaban con un fin y propósito específico en la estructura programática, por lo que no se pudo siquiera verificar la vinculación de los servicios contratados con metas puntuales dentro de cada dependencia.

Respecto de las asesorías contratadas, la ASF detectó que en 42 por ciento de los casos tampoco guardaron relación con el fin del programa presupuestario al que se encontraron adscritos, no obstante que se pagó en promedio 1 millón 425 mil 400 pesos por cada una de las 435 asesorías que, en suma, suscribieron la Sedesol y la SEP durante 2008.

Entre los programas de la SEP en los que se registraron irregularidades, se encuentran Enciclomedia; Producción y Edición de Libros y Materiales Educativos; Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en Competencia; Promoción y Fomento de Libros y a la Lectura; Universidad Virtual; Reforma a la Educación Secundaria; Reforma a la Educación Primaria; Diseño y Aplicación de la Política Educativa; Programas Educativos en Materia de Prevención de Adicciones; Programa de Mejoramiento del Profesorado; y el Programa de Becas y Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas.

En el caso de la Sedesol, los contratos irregulares comprendían al Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria y Actividades de Apoyo Administrativo.

Registro electrónico deficiente

La SFP desarrolló el Sistema Electrónico de Honorarios con el fin de facilitar los trámites que las dependencias debían realizar para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios. Sin embargo, la ASF asentó que “el sistema no proporciona información confiable”, debido a que Función Pública no llevó a cabo mecanismos para verificar que se registre la totalidad de los contratos, “por lo que la información que se obtiene del sistema electrónico de registro de honorarios es incompleta”.

Como consecuencia de dicha deficiencia en el sistema electrónico, la ASF notificó a principios de este año a la SFP que el hallazgo de diversas irregularidades “pudiera ser constitutivo de responsabilidades administrativas”. Y es que la dependencia a cargo de Salvador Vega Casillas no registró 25 mil 57 contratos de servicios por honorarios suscritos por la SEP y Sedesol en 2008, y cuyo monto ascendía a 1 mil 67 millones 11 mil pesos. Asimismo, la ASF detectó que 1 mil 168 contratos fueron registrados extemporáneamente sin que se notificara a la autoridad respectiva.

Por incumplir en el plazo máximo de 30 días para registrar los contratos por honorarios en el sistema electrónico, la ASF hizo señalamientos similares a las secretarías de la Defensa Nacional, por 89 contratos; a Economía, por 22 contratos; a Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, por 19 contratos; a Relaciones Exteriores, por ocho contratos; a Medio Ambiente y Recursos Naturales, por seis contratos; a Reforma Agraria, por cuatro contratos; a Gobernación, por tres contratos; y a Comunicaciones y Transportes y a la PGR, por un contrato cada una.

Hacienda también fue notificada por la ASF de una posible responsabilidad administrativa, pero su caso destaca por el número de contratos reportados fuera de tiempo. De acuerdo con la revisión del órgano fiscalizador, se trató de 1 mil 9 contratos registrados en el sistema extemporáneamente y cuyo monto asciende a 56 millones 494 mil pesos.

Deficiente desempeño de Hacienda y Función Pública

En el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la ASF concluye que la fiscalización a los gastos en asesorías y pago de honorarios en la administración pública federal evidencia “deficiencias y omisiones administrativas y de control interno”, y atribuye a la SHCP la ausencia de información sobre proyecciones de gasto, así como la falta de acreditación de las acciones de supervisión.

A Función Pública la señala por no haber elaborado un programa de ahorro en gasto administrativo y de operación para cumplir con la meta de ahorro sexenal de 20 por ciento en los capítulos 1000 (“Servicios personales”) y 3000 (“Servicios generales”).

La dependencia a cargo de Vega Casillas tampoco contó con una normativa que regulara los plazos en que se entregarían a los titulares de las dependencias los informes para evaluar los resultados obtenidos de los servicios contratados; mucho menos vigiló que las dependencias cumplieran con las normas de registro y contratación de personal, ni estableció sistemas para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en la contratación de servicios y administración de recursos humanos, con lo que incumplió tanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Respecto del cumplimiento de las metas de ahorro en el gobierno federal, la ASF señala que no pudo identificar las proyecciones de gasto de las dependencias de la administración pública federal para el cumplimiento de la meta de ahorro anual de 5 por ciento en el gasto de operación y administrativo, ni tampoco para alcanzar el objetivo de 20 por ciento de ahorro para el final del sexenio en los capítulos de “Servicios personales” y “Servicios generales”.

Por el contrario, tras revisar los criterios generales de política económica de 2008 y 2009, el órgano fiscalizador constató que el gobierno federal ha establecido una meta de crecimiento anual del gasto en servicios personales de 1 por ciento.