El Estado que construye la denominada “revolución ciudadana” va sumando de a poco una superestructura jurídica concentradora, antidemocrática y peligrosamente policíaca. Más allá de las prácticas politiqueras que el movimiento PAÍS del presidente Rafael Correa ha revivido para aprobar sus leyes en la Asamblea Nacional, los contenidos que éstas traen permiten vislumbrar una verdadera involución hacia la larga y oscura noche neoliberal.

Hace poco, a través de la trampa, la inmoralidad y la ilegalidad, se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que los sectores académicos del país han cuestionado en sendas acciones de movilización. El presidente Correa ha anunciado que vetará esta ley (aunque en realidad no existe tal cuerpo legal, por cuanto lo actuado por la Asamblea es ilegítimo), para volver a su idea original de tener en sus manos la definición de las políticas, los contenidos y la orientación de la educación superior en todo el país. De lograrlo, en el Ecuador se plantearía un peligroso escenario para el desarrollo del pensamiento crítico, para el avance de la ciencia y la lucha democrática de las ideas.

También presenciamos la descarada trampa de los asambleístas del gobierno para que pasen por el ministerio de la ley las reformas a la Ley de Hidrocarburos, con las que el Presidente tendrá en el bolsillo los recursos petroleros, para hacer con ellos lo que más conviene a los intereses de las transnacionales y de sus grupos económicos aliados; afectando gravemente la soberanía y la dignidad nacionales.

La aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), llegó a través de un pacto entre los asambleístas del oficialismo y sectores de la derecha. Este cuerpo legal reordena al país, pero lo hace de forma que el gobierno central se desembarace de la responsabilidad de brindar servicios que ahora podrán delegarse a los Gobierno Autónomos Descentralizados. Y, sobre todo, entrega la facultad a estos gobiernos locales de crear tasas, impuestos y elevación en el precio de los combustibles. Con este cuerpo legal las nubes de la larga y oscura noche neoliberal vuelven a posarse sobre Quito, y desde ahí buscarán extenderse hacia todo el territorio nacional.

En esta edición mostramos los propósitos ocultos que existen en el proyecto reformatorio al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. La idea sería contar con instrumento legales para legitimar la criminalización de la lucha social, que ya se ha venido aplicando desde el régimen. Por ejemplo, se mantiene la sanción para quienes impidan el libre tránsito de vehículos, mercadería o personas que contempla el actual Código, pero se aumenta la pena que era: prisión de 1 a 3 años, a reclusión de 3 a 5 años.

Estas reformas pretenden que toda persona que sea detenida y cumpla la caducidad de la prisión (de la que puede salir bajo fianza) sea victima de la violación de su privacidad, con la colocación de un chip de localización, acto que se contradice con la Constitución, que reconoce el pleno derecho a la intimidad personal y familiar; ignora también otro tipo de medidas cautelares, como la ayuda psicológica, servicio comunitario u otros, dependiendo del caso. Además, la reforma reconoce como legal la presencia de los agentes encubiertos para investigar, lo cual se va contra la seguridad de las organizaciones populares y sus dirigentes, atentando a principios básicos de la democracia.

Los pueblos, sin embargo, resisten, combaten, proponen y señalan el rumbo de los auténticos cambios revolucionarios, poniendo en escena la perspectiva de los explotados, de los sectores democráticos y progresistas. Muestra de ello son las acciones que los universitarios han emprendido a nivel nacional. Los rectores han dicho que no reconocen la vigencia de la LOES. O los sectores poblacionales y de comerciante minoristas, que en Quito se organizan y se movilizan contra el intento del Municipio de Quito de imponer impuestos por la vía del COOTAD.

En el futuro se vislumbra un escenario de intensa lucha y participación popular en la vida política del país. El camino de las transformaciones revolucionarias no tiene nada que ver con el que canino que el actual gobierno parece empeñado en seguir.