Autor: Marcos Chávez
Sección: Opinión

Con sus resolutivos sobre los casos de Oaxaca, Lydia Cacho, Atenco, los niños muertos ofrendados al criminal desmantelamiento y la privatización de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o los trabajadores electricistas, la Corte demostró que en sus condiciones actuales y con esa clase de leguleyos burócratas, nada tiene que ofrecer a la nación en materia de imparcialidad y de justicia. Por el contrario, esa pandilla de reaccionarios, que indignamente ocupan sus deshonrados puestos, con los argumentos más ridículos, tuercen la interpretación de las leyes para ajustarlas a los arbitrarios designios del gobierno. Solapan sus tropelías. Cultivan la servidumbre del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, a quien le deben sus insultantes y jugosamente rentables asientos. Su impunidad, también compartida por el Legislativo, se debe a la carencia de una efectiva división de poderes que ampare su autonomía; la ausencia de contrapesos que equilibren y anulen el sesgo ideológico y político conservador que caracteriza a la mayoría de los ministros; de mecanismos que posibiliten una libre elección de los ministros cuya única responsabilidad sea velar la constitucionalidad del sistema y no por los intereses de las elites dominantes; de formas legales que les obliguen a rendir cuentas a la sociedad, para que ella pueda sancionar su labor, promover su destitución y someterlos a juicio. La estructura de gobierno está armada para mantener el autoritarismo.

Ahora le tocó el turno a la Segunda Sala de la Corte –integrada por Sergio S Aguirre, de ideología y conocimiento de la edad de piedra; Luis M Aguilar, Margarita B Luna, Sergio Valls y José F Franco–: legalizar otro hachazo más dado por Felipe Calderón a los vestigios que quedan del sistema solidario de pensiones, cuya destrucción fue iniciada por Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, quienes entregaron los ahorros obligatorios y voluntarios de los futuros jubilados, sin su aprobación –1.3 billones de pesos a junio de 2010, equivalente a 10.3 por ciento del producto interno bruto–, a la depredación de los grupos financieros, liderados por Azteca y Coppel, con las abusivas comisiones que les cobran –actualmente es de casi 16 pesos, en promedio, por cada 100 invertidos, pero antes fue del orden 25-30– por “administrarlos”, a través de 13 fondos; además de Pensión-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Siglo XXI-IMSS, según las contrarreformas estructurales “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Para justificar su jurisprudencia en materia de pensiones del IMSS –que reducirá el límite del salario base equivalente para el cálculo de las jubilaciones que un sector de los trabajadores recibirá próximamente (unos lo calculan en poco más de 1 millón; otros, en 2 millones), de 25 a 10 veces el salario mínimo vigente (SMV) en el Distrito Federal–, los émulos cortesanos del enano Sebastián de Morra, el bufón inmortalizado por el pintor barroco Diego Velázquez, que con sus bufidos chocarreros hacía reír a los señores de palacio, nada originales, remedaron los mismos argumentos tramposos empleados y la misma solución impuesta por los jinetes del apocalipsis: Carlos Salinas-Ernesto Zedillo-FMI-BM. El riesgo de la quiebra financiera del IMSS ha deteriorado la calidad de sus servicios y le imposibilita pagar altas jubilaciones. Para salvar a uno y otro, la fórmula es sencilla: recortar brutalmente en 58 por ciento las futuras jubilaciones, de 40 mil pesos a 17 mil mensuales, de los empleados “aristócratas”.

El principio de justicia social de los ministros es curioso: cerrar la brecha, la desigualdad existente entre las pensiones, pero no elevando la que reciben la mayoría de los jubilados del IMSS (que los condena a sobrevivir en la miseria el resto de sus días y como un estorbo para sus familiares, después de ser explotados y convertidos en desechos humanos por los empresarios; alrededor de 2.5 millones de personas, con una pensión media de 1.5 SMV, la mínima garantizada equivale a uno, con gratificación anual, sino reduciendo la de los “privilegiados”). Su principio de igualdad se tasa en la pobreza; desde luego, no en la casta divina a la que pertenecen.

Ése no será el patético destino de los 11 cortesanos, porque su salario libre de impuestos es de, al menos, 317 mil pesos mensuales, 3.8 millones anuales. En 2009 percibieron 4.2 millones, pero “generosamente”, gruñendo por su mendicante vida, se los redujeron, luego de que se hizo público su insultante ingreso. Sin embargo, sus percepciones totales, incluyendo otras remuneraciones (bonos, gratificaciones, premios, estímulos, compensaciones), prestaciones o fondos que tenían o mantienen ocultos, no sería extraño que las dupliquen. Con esos emolumentos, el deshonor carece de sentido. Los truhanes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son peores que las pirañas. Ni ellos ni los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo requerirían pensiones. Maman de las escuálidas ubres del Estado con una singular voracidad, de los impuestos que expolian de los cada vez más empobrecidos y miserables bolsillos de las mayorías.

“Según la revista Forbes, el austero Carlos Slim vive con un sueldo de unos 300 mil pesos, unos 24 mil dólares” (El Universal, 7 de julio de 2010). El salario de los cortesanos, descontando los impuestos que seguramente se les reintegra de otra manera, es de 184 SMV de 2010. De un total de 43.6 millones de ocupados, 32.9 millones, el 75 por ciento del total, ganan hasta cinco SMV, 8.6 mil pesos mensuales; 5.8 millones, el 13 por ciento, sólo perciben el mínimo de ese ingreso; 3.4 millones, nada por su trabajo.

Ellos están más allá del bien y del mal. Desde su aristocrático Olimpo, lanzan sus rayos antisociales.

Existen diferencias abismales entre la “aristocracia” laboral y los aristócratas. ¡Ave, señores Cesares, los que les redujeron sus pensiones los saludan! ¡Vivan las clases sociales!

Por desgracia, está su antítesis: la lucha de clases.

Para no contaminarse con la realidad, los cancerberos se colocaron otra vez sus anteojeras, delicadamente curtidas con la piel de los subhumanos que desuellan vivos. Así, a Valls y Franco, el ponente, nada les importó su conflicto de intereses, ya que fueron empleados del IMSS. Ya pasó lo mismo con el caso de la Guardería ABC. Pero ¿quién se preocupa por esa acción inescrupulosa? A los otros cortesanos y al Congreso no. A nadie entre los laberintos del poder. Al resto de la banda tampoco le preocupó suplantar la Ley del Seguro Social de 1997 por la de 1973 y arrojar al retrete el principio constitucional de irretroactividad de la ley, junto con los derechos igualmente constitucionales de los trabajadores, en un acto digno de un mago de carpa más que de un ministro experto en derecho constitucional, razón por la cual se supone que les pagan. ¿Quién sancionará sus vilezas?

La ilegalidad del sistema

A Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y los cortesanos, nada les importa el bienestar social. La jurisprudencia señalada no es accidental; constituye un eslabón más del proceso de destrucción del sistema solidario de pensiones y su reprivatización, iniciado por Salinas de Gortari con el llamado SAR-1992, consolidado por Ernesto Zedillo en 1997 con la nueva ley del Seguro Social y la creación de las afores que afectaron a los trabajadores del sector privado, y afianzado por Calderón, con el cambio en la Ley del ISSSTE en 2007. En mayo de 2009, los mezquinos de justicia y dadivosos en injusticia modificaron su jurisprudencia de septiembre de 2008 para ajustar a la baja las pensiones del ISSSTE, tal y como lo acaban de hacer con las del IMSS. Este año, Calderón decidió hacer efectivo el impuesto a la renta a las pensiones superiores a nueve SMV, que aumenta los ingresos estatales y reduce el monto de las pensiones. En el ínter, asfixiaron presupuestalmente al IMSS y al ISSSTE y redujeron las aportaciones empresariales. El corporativismo sindical y la represión facilitaron la terapia.

Las contrarreformas se sustentan en la lógica salvaje del credo neoliberal: acabar con el pacto que responsabilizaba al Estado de la seguridad social, con los derechos de los trabajadores, reprivatizarlos y obligar a los trabajadores que asuman su destino sin protecciones constitucionales. La coartada para arrojar al mar a los trabajadores fue que había que salvar fiscalmente al Estado, mientras se salva generosamente a los financieros, los constructores y otra clase de delincuentes; mientras se hipoteca su futuro financiero con los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto y otros esquemas de reprivatización disfrazada que desangran copiosamente la hacienda pública; mientras se reducen los impuestos a las empresas, sobre todo las grandes, y las personas de altos ingresos, simbólicamente porque prácticamente no pagan nada, debido a los regímenes especiales: la evasión, exención y deducción; mientras se derrochan los excedentes petroleros y se paga como a jeques a los bufones y la Corte palaciega.

Nunca ha existido el interés por crear un sistema de jubilaciones dignas, sino crear un jugoso negocio a los buitres financieros, sin riesgos para sus capitales. Actualmente existen alrededor de 3.2 millones de pensionados, equivalentes al 34 por ciento de las casi 11 millones de personas que tienen 60 años o más, al 50 por ciento de las poco más de 9 millones de 65 años y más. Para aquellos, jubilaciones de miseria y de pobreza; para el resto, nada. A junio de 2010, estaban registradas 40.1 millones de cuentas en los fondos privados. De ellas, 14.3 millones, el 36 por ciento, están inactivas. En el fracasado modelo del criminal pinochetismo seguido por México, representan hasta la mitad. En Argentina, pasó lo mismo. Con esa tendencia, en México sólo se jubilará uno de cada dos, debido al desempleo, la inestabilidad laboral y las personas que se ven obligadas a sobrevivir en la “informalidad” o abandonar el país ante la falta de empleos, por degradantes que sean. ¿Pueden alegrarse los que recibirán una pensión? Difícilmente. Al menos el 76 por ciento cotiza hasta con cuatro SMV (7 mil pesos actuales). Su monto dependerá de la (in)estabilidad en el empleo, el deteriorado salario real de cotización, sus aportaciones individuales, si es que puede, y los rendimientos pagados por los fondos (6.5 por ciento en promedio anual, descontando la inflación, 6.5 pesos por cada 100, o casi 14 si se suma la inflación) que bajarán con el tiempo. Pero antes tiene que restarle las comisiones que le cobran y las “minusvalías”, eufemismo empleado para ocultar las pérdidas sufridas en las ganancias y las aportaciones como las ocurridas en 2010, ya que, de momento, 33 de cada 100 pesos de los ahorros están invertidos en instrumentos de riesgo y el resto en papeles públicos, cuyos rendimientos oscilan entre una ganancia mínima y una pérdida real. Las pérdidas son para ellos; los beneficios seguros, para los buitres financieros. Según un parásito de la nueva aristocracia del sistema, Pedro Ordorica, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las administradoras se “solidarizan” con el 1 por ciento de sus propios recursos, más que compensado por las comisiones, en caso de pérdidas. ¡Cuánta generosidad! Al final, algunos se restarán los impuestos citados. ¿Cuánto percibirán? Es incierto. Lo único asegurado es el equivalente a un salario mínimo.

La destrucción de las pensiones es una cruzada neoliberal mundial. La Comisión Europea y el FMI la encabezan. La divisa es reducir los montos, imponer más obstáculos para alcanzarlos; obligar a los trabajadores a aportar más, entregar los recursos a la depredación empresarial, ampliar la edad de jubilación hasta los 70 años. ¿El ideal? Que los esclavos modernos se mueran al día siguiente de su retiro de la vida laboral activa.

El futuro de México: millones de viejos abandonados a la muerte por inanición. Unos pocos hombres de presa acumulando con su dinero.

Siempre y cuando no aparezca un Espartaco que encabece la rebelión de los esclavos.

Contralínea 196 / 22 de Agosto de 2010