Preocupa a relatores acoso judicial a Contralínea

“El acoso oficial en contra de los periodistas de Contralínea es un caso típico de silenciar a la prensa”, aseguró el relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue. “El Estado debe responder por el acoso en contra de los periodistas”, añadió la relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, como conclusión de su documentación de los agravios en contra de los integrantes de este medio de comunicación.

Desde 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH han documentado los ataques de servidores públicos y empresarios vinculados al gobierno de Felipe Calderón contra el semanario. En la primera Visita Oficial Conjunta a México “para observar la situación de la libertad de expresión en el país”, los relatores expresaron su preocupación por el acoso judicial, amenazas de muerte, allanamientos, persecución y veto publicitario, entre otros agravios.

Al destacar el caso de Contralínea como uno de los más representativos agravios a la libertad de expresión en México –calificado por los relatores como el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo–, ambas relatorías lo describieron como típico de las agresiones ejecutadas por diversos actores del Estado “para silenciar a la prensa”, en contravención a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales, de manera explícita, protegen los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.
El acoso judicial

Uno de los puntos de mayor relevancia para ambas relatorías es el acoso judicial que se ejerce en México en contra de los periodistas como una forma de censura. El informe asienta el caso de Contralínea como un ejemplo de hostigamiento y represalias en contra de comunicadores “por investigar actos de corrupción o actuaciones indebidas”.

Durante su visita a México, los relatores se reunieron con miembros del Poder Judicial de diversas entidades. Examinaron, ente otros asuntos, los procesos civiles presentados por contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) –Zeta Gas, Oceanografía– en contra de los integrantes de Contralínea. De esas reuniones, en su informe concluyen que dichos juicios responden al “propósito de hostigar a periodistas y medios críticos”.

El informe también retoma la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de este semanario. “La CNDH certificó el acoso que sufrieron periodistas de las revistas Contralínea. Periodismo de Investigación y Fortuna. Negocios y Finanzas por parte de particulares y empresas ligadas a un mismo grupo empresarial, quienes promovieron en su contra al menos cinco demandas civiles en tres entidades federativas distintas”.

En el marco de dichos procesos, agrega el informe, el director de Contralínea, Miguel Badillo, “fue detenido en circunstancias cuestionadas por la CNDH”. La privación de su libertad fue ejercida por “personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y varios civiles que, según información de la revista, se ostentaron como representantes de los demandantes, se introdujeron intempestivamente en las instalaciones de dicha revista”.

Al respecto, señala, “las relatorías expresan su preocupación ante estos hechos, que revelarían un intento de utilizar el sistema judicial para hostigar y silenciar a periodistas”.

En su informe, Catalina Botero y Frank La Rue agregan que “las relatorías están preocupadas por las acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios en un entorno jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Además, las relatorías recibieron información sobre acciones civiles que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica, y que habrían sido interpuestas contra periodistas y medios de comunicación”.

Ante ello, especifican que el Estado tiene el deber de “garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo”. Recomiendan al Estado establecer “estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.
El veto publicitario

Otro de los temas de mayor preocupación para ambas relatorías es el veto publicitario ejercido por el gobierno de Felipe Calderón en contra de este semanario, como castigo a la línea editorial, y particularmente en represalia por las investigaciones periodísticas que revelaron actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder de sus más cercanos en el gabinete a cuenta de los recursos de Pemex, como el fallecido Juan Camilo Mouriño Terrazo y las operaciones ilegales del hoy presidente nacional del Partido Acción Nacional, José César Nava Vázquez.

“Después de que la revista Contralínea publicó una serie de reportajes críticos sobre Petróleos Mexicanos, esta entidad pública dejó de contratar publicidad oficial alguna en dicha revista”, cita el informe de los organismos internacionales.

Las relatorías documentaron que –infringiendo el principio decimotercero de la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión de la ONU, que a la letra dice: “La asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y de créditos oficiales con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe ser castigado por la ley”– el gobierno mantiene el veto publicitario en contra de este semanario, pasando por alto la Recomendación 57/2009, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Contralínea 150).

Agrega que el gasto público oficial es alto y tiende a aumentar, sin embargo, “habría sido utilizado como mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”. Cita los casos de veto publicitario del Ejecutivo federal en contra de los semanarios Proceso y Contralínea, y del gobierno estatal de Guanajuato en contra de los periódicos A.M y Al Día, como “un medio indirecto para limitar su libertad de expresión”.

Con los casos anteriores como referencia, las relatorías concluyeron que, en México, “la ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.

Por lo anterior, las relatorías recomendaron “establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno”.

En su informe sobre la violencia, impunidad y autocensura, los relatores documentaron “la violencia e intimidación” en contra de los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, registradas en abril pasado, cuando viajaban en la caravana humanitaria que intentó ingresar a San Juan Copala, Oaxaca, en la que fueron asesinados los activistas Beatriz Alberta Cariño, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Antero Jakkoola, originario de Finlandia.

Como parte de su cobertura periodística, los reporteros de Contralínea documentarían el asesinato de las locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez (ocurrido en abril de 2008). Tras el ataque a la caravana, ambos periodistas permanecieron atrapados en la zona durante dos días hasta que fueron rescatados. David Cilia tenía dos heridas de bala.

En las reuniones oficiales que entre el 9 y el 24 de agosto efectuaron en el país, los relatores de la CIDH y la ONU exigieron a los representantes del Ejecutivo y Judicial respeto a la labor de los periodistas de Contralínea, que en aras de su ejercicio profesional, al documentar los malos manejos de la administración calderonista, han sido blanco de numerosas agresiones acreditadas por la CNDH en la Recomendación 57/2009, de la cual, en su informe, las relatorías de la ONU y la CIDH hoy hacen eco.
Responsabilidad del Estado

En apremio de que el Estado mexicano garantice la libertad de expresión, el gobierno de Felipe Calderón deberá acatar las recomendaciones emitidas por los representantes de los organismos internacionales, entre ellas el investigar los asesinatos y las desapariciones de periodistas.

Con base en información de la CNDH, las relatorías refieren en su informe que, en la década panista, en el gobierno federal, 64 periodistas han sido asesinados y 11 desaparecidos. De estos casos, 29 asesinatos y cinco desapariciones han ocurrido tan sólo desde 2008, es decir, en la administración calderonista; cifra a la que se suman los secuestros de periodistas y atentados con explosivos contra medios de comunicación registrados en los últimos meses.

El informe integra además los casos de periodistas que en el ejercicio de su profesión son objeto de amenazas y hostigamiento, al dar cobertura a temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública. La mayoría de estos casos, concluyen las relatorías, “no se denuncian por falta de confianza en la gestión de las respectivas autoridades”.

Ambas relatorías darán seguimiento a cada uno de los casos documentados en su visita a México, particularmente a la respuesta gubernamental. Todo ello será detallado en el informe final que cada relatoría publicará a inicios de 2011.

Cabe señalar que las observaciones emitidas por los relatores son consideradas como doctrina que, como fuente de derecho, dicta criterios para que los funcionarios adecuen sus actuaciones y comportamiento a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Al respecto, los representantes de la ONU y la CIDH urgen a “que el Estado mexicano adopte una política integral de prevención, protección y procuración de justicia”.