Autor: Flor Goche
Sección: Portada
6 MARZO 2011

En el gobierno del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el presupuesto federal destinado a los programas que promueven la equidad de género en la administración pública cae en 67.86 por ciento, al pasar de 18 mil 336 millones de pesos, en 2007, a 5 mil 893 millones, en 2011.

Aunque la diferencia es de 12 mil 442 millones, el actual ejercicio es uno de los más prósperos. Y es que si se le compara con los tres años previos, el de 2011 registra un incremento sustancial: en 2008, el gasto ascendió apenas a 3 mil 867 millones; en 2009, a 5 mil 10 millones, y en 2010, a 4 mil 667 millones de pesos.

En total, de 2007 a la fecha, el gobierno federal ha destinado 37 mil 774 millones de pesos a proyectos que promueven “la igualdad entre mujeres y hombres” y “mejoran las condiciones de vida” de las mexicanas.

Los ramos que han erogado esos recursos son Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, Procuraduría General de la República, Desarrollo Social y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, indican los presupuestos de Egresos de la Federación.

No obstante, la administración federal carece de evidencias acerca del destino de los miles de millones de pesos, por lo cual éstos podrían terminar en programas de asistencia social que no promueven la equidad de género, advierten expertos.

México, sin política de Estado

A decir de especialistas consultados, México carece de una política de Estado en esta materia. Los esfuerzos aislados de algunos institutos y el avance en el marco jurídico se diluyen por la falta de voluntad política del gobierno federal, señalan.

Advierten que los recursos económicos y las normatividades vigentes no son suficientes para que el proyecto de institucionalización de la perspectiva de género, que tiene su origen en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se consolide.

Claudia Salas Rodríguez, directora General de Planeación del Inmujeres, reconoce que el Estado mexicano aún tienen “saldos pendientes” con las mujeres. En entrevista con Contralínea, la abogada dice que las “deudas” del actual gobierno son acceso a la justicia, armonización y reglamentación de las leyes, detección y tratamiento del cáncer cervicouterino y de mama para todas las habitantes del territorio mexicano y prevención de la muerte materna.

Teresa del Carmen Incháustegui Romero –presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones Emprendidas por las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, de la Cámara de Diputados– expresa su preocupación por el incremento de los feminicidios en los últimos dos años, que en estados como Chihuahua ha sido de hasta 80 por ciento. La legisladora lamenta que en el país no existan programas ni políticas públicas específicas para prevenir los feminicidios; tampoco, para atender y reparar el daño a las víctimas de este delito. De los programas y los 37.7 mil millones de pesos erogados supuestamente para las mujeres durante los últimos cuatro años, un porcentaje mínimo habría sido para detener este delito.

Además, durante el presente sexenio de Calderón Hinojosa, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres –demanda histórica del movimiento feminista– han sufrido “graves retrocesos”, denuncia Leticia Cuevas Rossette, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser). Se publicitó intensamente la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pero los gobiernos de 18 estados reformaron sus constituciones, previo acuerdo con la iglesia, para “criminalizar” a las mujeres que aborten sin importar los motivos.

Durante la década de los gobiernos panistas, se han aprobado, a nivel federal, algunos instrumentos de “vanguardia”, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; los programas para reducir la mortalidad materna, y la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. El problema es que aunque muchas de las políticas públicas quedan muy bien en el papel, “algo pasa y no logran bajar por completo”, asegura la feminista.

Institucionalizar es un proceso muy complejo en el que no basta “una buena ingeniería institucional”, explica María Luisa Tarrés Barraza, profesora investigadora de El Colegio de México (Colmex). Para trascender el papel, las leyes requieren de una armonización, de un aparato normativo y reglamentario, de un contexto político y social favorable y, por supuesto, de la voluntad política de los gobernantes.

Ana Estela Durán Rico, secretaria de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, considera que los avances en los temas de las mujeres han sido “lentos y graduales”. Para que la transversalización de los programas llegue a su destino final, es decir a la atención de las mujeres, importan el compromiso de los gobiernos federal y estatales, los presupuestos, pero también la difusión de la perspectiva de género entre la sociedad.

Falta de coordinación y facultades

María Luisa Tarrés Barraza, profesora en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colmex, señala que la escaza coordinación entre los institutos estatales de las mujeres y el instituto federal, provocada por una serie de factores administrativos y legales, impide que en México exista una política de Estado para las mujeres.

Debido al carácter de organismo descentralizado del Inmujeres y a que, en muchas ocasiones, las titulares de los institutos de las mujeres en los estados no comparten la ideología ni la filiación política del gobierno federal o, en el peor de los casos, ni siquiera la misma concepción de la perspectiva de género, la incidencia del Instituto federal en los estados es limitada. Para la mayoría de los gobernadores, los asuntos de la mujer no son prioritarios, expone Tarrés Barraza.

La diputada priista Ana Estela Durán explica que el Poder Legislativo es corresponsable de esta situación: la perspectiva de género se consolidará en el país cuando se legisle sobre la obligatoriedad de asignar partidas presupuestales a los institutos estatales de las mujeres y se establezcan sanciones a los gobiernos federal, estatales y municipales que incumplan. Actualmente, no hay normativa alguna que coordine los esfuerzos aislados entre algunos institutos locales y el Instituto federal. Y todo se “diluye” entre las prioridades de los gobiernos estatales.

Teresa Incháustegui, diputada del Partido de la Revolución Democrática, coincide con Tarrés en que las labores conferidas al Inmujeres desde su creación rebasan las capacidades “técnicas, orgánicas y financieras” de un organismo descentralizado. Por ello, propone que el encargado de coordinar la política nacional de igualdad de género sea un nuevo órgano, que tenga nivel de secretaría o de ministerio de Estado.

“No estoy diciendo que desaparezca el Instituto; hay que fortalecerlo con tareas muy concretas. Pero para la toma de decisiones, para la confección de políticas públicas, se necesita otro con la estatura de una secretaría de Estado.”

Opositores de las demandas de la mujer

Durante el gobierno de Felipe Calderón, la jerarquía de la iglesia católica y los grupos conservadores que detentan puestos clave en la administración pública han sido los principales opositores de las demandas de la mujer, en específico de sus derechos sexuales y reproductivos, asegura Leticia Cuevas Rossette.

La coordinadora de la Ddeser recuerda la “dura batalla” que significó para su organización y para otras de la sociedad civil que las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046 –que incorporaron al sistema de salud la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo de las mujeres víctimas de violencia– lograran publicarse.

Aunque la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el personal de la Secretaría de Salud avalaron la evidencia científica de la NOM 046, Bernardo Emilio Fernández del Castillo, director General de Asuntos Jurídicos de esa dependencia y exabogado del cardenal Norberto Ribera, “entorpeció” su aprobación.

Una vez publicada la normatividad y cuando las organizaciones sociales festejaban su triunfo, un nuevo actor intervino. En junio de 2009, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, la tachó de inconstitucional. “Va en contra de la defensa de la vida”, argumentó. El panista llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que terminó por validar la Norma.

La directora General del Planeación del Inmujeres, quien asegura desconocer el caso, no duda de la existencia de “actores que no están convencidos” y que, incluso, “trabajan en contra del tema”. A decir de la funcionaria, el actuar de estas personas obedece a patrones culturales, más que a una ideología partidaria o a un asunto de consigna.

Con Rocío García Gaytán al frente del Inmujeres, “jamás ha habido línea alguna del presidente Felipe Calderón para actuar de determinada manera o para dejar de actuar”, asevera Salas Rodríguez. Agrega que los estatutos y plataformas del PAN, “a lo mejor, muy sesgados en la parte conservadora”, no influyen en el actuar del gobierno.

Salas Rodríguez, cuyo trabajo en el Instituto la ha llevado a tratar con funcionarios de otros partidos políticos, sabe que “los vicios” no son exclusivos de su partido. “Recordemos –dice– que la mayoría de los estados que modificó sus constituciones para penalizar el aborto es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional”.

Lo que sucedió en este caso, explica Cuevas Rossette, es que los gobiernos priistas, favoreciendo sus propios intereses, como lo hacen también los partidos de “izquierda”, negociaron con la jerarquía de la iglesia católica los derechos de las mujeres.

Por eso, dice María Luisa Tarrés, la condición de laicidad del Estado es fundamental para que en México exista una verdadera política a favor de las mujeres.

En “guerra” contra el narco, 1 mil 750 mujeres ejecutadas

La Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 han sido ejecutadas 1 mil 750 mujeres en el país.

En el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, mientras que, en diciembre de 2006, se registraron dos asesinatos de mujeres presuntamente vinculados a este conflicto, en 2010 sumaron 865.

Aunado a ello, las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que de 2007 a 2009 se han cometido 4 mil 434 homicidios de mujeres en México. De éstos, 1 mil 709 ocurrieron en el hogar; 1 mil 441, en la vía pública; 539, en otros lugares; mientras que de los 745 restantes se desconoce el lugar.

Los reportes del Inegi no distinguen entre homicidios dolosos y culposos, y son obtenidos de los certificados de defunción de las secretarías de Salud estatales y de los ministerios públicos.

Con Calderón, decrece el presupuesto federal para equidad de género (montos en pesos)

Fuente: Contralínea 223 / 06 de marzo de 2011