Autor: Ana Lilia Pérez
Sección: Capitales

13 MARZO 2011

Desde 2007, a partir de que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció las primeras licitaciones para otorgar a consocios privados el mantenimiento, aseguramiento y operación de dos de sus sistemas de ductos –Sistema 1 y Sistema 4–, Contralínea documentó irregularidades en torno a los procesos de licitación, en las adjudicaciones y, posteriormente, en la ejecución de los contratos (ediciones 84, 89, 165, 210).

Con el contrato número 420409807, Pemex le encargó al consorcio DMGP Servicios de Integridad, SA de CV –formado por Mexssub, GreyStar y Constructora Subacuática Diavaz–, el “aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad del Sistema de Transporte de Hidrocarburos por Ducto de PEP, Sistema 1”. El monto –19 mil 349 millones 157 mil 770 pesos– a devengarse en 10 años.

El Sistema 4 se lo adjudicó a Energy Maintenance Services Group (EMS) mediante el contrato 420407836, por 4 mil 312 millones 553 mil pesos. Ambos refieren ductos y terminales en Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Campeche.

En noviembre de 2010, Contralínea (número 210) publicó que, ante la revisión que el personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacía a estos contratos, directivos de la subsidiaria que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil y los contratistas presionaban a los supervisores de obra para que firmaran bitácoras de obra y servicios que nunca se hicieron. Ello según declaraciones de personal de Pemex en Tabasco, centro administrativo de ambos contratos.

Las investigaciones periodísticas publicadas en el número 84 (agosto de 2007) por este semanario documentaron ampliamente las irregularidades en los procesos de licitación para simular el concurso, que en realidad estaba dirigido para que los dos consorcios citados ganaran los contratos. Lo que generó, incluso, que el senador Graco Ramírez Garrido presentara una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del entonces director de la petrolera, Jesús Reyes Heroles; del titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Arnoldo Morales Gil; y de la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel. Contralínea documentó que los contratos se entregaron sin tener autorizaciones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las auditorías de la ASF comprobaron cada una de las irregularidades documentadas por Contralínea respecto de los procesos de licitación. Se acreditó que se trató de procesos dirigidos mediante una propuesta inicial que no contenía completa la información técnica, la ingeniería y los alcances del proyecto, lo que impidió a 10 consorcios participar en las licitaciones.

En la licitación en la que, según Pemex, EMS ganó el concurso, la ASF encontró que ni siquiera compró las bases de licitación.

Encontró también que ninguno de los dos consorcios cubrió cabalmente los requisitos técnicos ni económicos para que PEP suscribiera con ellos los contratos, lo que invalidaría ambas contrataciones. Por ejemplo, ni EMS ni DMGP presentaron la calificación crediticia que debía emitirles una empresa calificadora de valores registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tampoco, la documentación que acreditara su capacidad técnica y solvencia financiera.

Contralínea documentó que como parte de la estrategia de privatización de Pemex, que Felipe Calderón aceleró desde inicios de su gobierno, la operación de algunos ductos se entregaría a empresas privadas de origen texano, sin que se tuvieran suficientemente acreditados los análisis de costo-beneficio de este nuevo esquema.

La ASF dice que, en efecto, el análisis de costos y eficiencia del proyecto incumplió con las disposiciones normativas y reglamentarias aplicables “al no sustentar las cifras correspondientes a los costos de inversión” y tampoco indicar la fuente de recursos de donde se pagarían. Además de que Pemex no presentó ante la SHCP la evaluación costo-beneficio del proyecto, tampoco lo expuso ante la Secretaría de Economía para que se considerara dentro del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios.

Sin cubrir esos requisitos, los contratos no podían firmarse. De allí que la ASF los declare “indebidos”.

Insuficiencia técnica

Contralínea documentó que los consorcios contratados para operar los ductos no tenían capacidad técnica. En el caso de EMS, el texano Timothy Harold Nesler, exejecutivo de la Marathon Oil, junto con otros exdirectivos de Enron crearon una subsidiaria de papel para recibir el contrato de Pemex.

La paraestatal justificó que EMS tenía amplia experiencia y un know how que Pemex necesitaba. En realidad, EMS nunca había operado un contrato de esa magnitud, es decir que el contrato que Pemex le entregó era el más grande de la historia de esa compañía, según declaraciones de Nesler a la prensa texana.

En su auditoría, la ASF comprobó que EMS no acreditó contar con la capacidad técnica establecida en las bases de licitación. Para que resultara ganadora de la licitación, debió presentar copia certificada de los contratos de operación y cartas emitidas por los propietarios de los sistemas de ductos, de los cuales EMS se hubiera hecho cargo. No los presentó ni tampoco la certificación que sobre su patrimonio hiciera una certificadora internacional.

Signados los contratos, las firmas texanas rentaron oficinas en el Distrito Federal y en Tabasco para subcontratar a compañías locales. La pugna entre contratistas y subcontratistas por incumplimiento en el pago derivó en que las subcontratistas suspendieran de forma temporal y luego definitiva los trabajos que bajo el mando de EMS y DMGP hacían en los ductos.

Los directivos de Pemex no supervisaron la ejecución de los trabajos. Así lo comprobó la ASF al detectar un desfase de hasta un año en las bitácoras de los supervisores.

En el Activo Lázaro Cárdenas, a cargo de EMS, por ejemplo, sólo hay bitácoras de trabajo del 29 de enero de 2009, y luego hasta el 22 de marzo de 2010; es decir, transcurrieron 417 días sin que se revisara si la compañía estaba trabajando en esta zona.

O por ejemplo, en las bitácoras de mantenimiento de ductos a cargo de este mismo consorcio, Pemex registró trabajos el 22 de diciembre de 2008, y luego hasta el 3 de agosto de 2009, es decir, 234 días después. Y así ocurrió desde que inició formalmente el contrato. La compañía no trabajaba y los supervisores de Pemex no lo registraban.

La ASF determina que, ante los incumplimientos de las compañías, hay responsabilidad de los funcionarios de Pemex por no supervisar, vigilar, controlar ni revisar su trabajo.

Sin embargo, Pemex les pagó como si hubieran trabajado conforme al contrato. Hasta diciembre de 2009 (que corresponde al periodo presupuestal auditado), a EMS se le habían pagado indebidamente 666 millones 49 mil pesos, correspondientes a 65 estimaciones de las que la ASF no encontró evidencia de que los trabajos se hubieran realizado.

Al consorcio DMGP se le pagaron indebidamente 687 millones 493 mil pesos, correspondientes a 21 estimaciones de obra.

En este último caso, el tema es de primer orden para las actividades que realiza PEP, pues dentro de las áreas a las que DMGP debe dar mantenimiento se ubica la Terminal Marítima de Dos Bocas, que es la vía de exportación a Estados Unidos, Canadá y España –los principales clientes de la exportación del crudo mexicano.

En noviembre pasado, Contralínea documentó cómo la falta de mantenimiento en esa área impactaba la producción de Pemex, pues había varios tanques fuera de servicio debido a su alto grado de corrosión. En términos numéricos, cada tanque fuera de operación representa 500 mil barriles de crudo que no hay dónde almacenar.

Un alto directivo de Pemex asignado a la Terminal Marítima de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, declaró a Contralínea que “nunca esta instalación había registrado tanta infraestructura fuera de operación por falta de mantenimiento”.

Cuando la ASF notificó a Pemex que auditaría estos contratos, el director general de Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, anunció que le rescindirían el contrato a EMS “por incumplimientos”, y en el caso de DMGP, contratistas y directivos de Pemex comenzaron a presionar a los supervisores y residentes de obra que dieran visto bueno a cada una de las estimaciones de obra que no se hicieron.

“Ante una eventual auditoría de la ASF, que desde el Legislativo impulsa la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que ya llegó a oídos de Pemex y los contratistas, los supervisores de DMGP están buscando a toda costa que los supervisores y residentes de Pemex den visto bueno a todos sus trabajos”, publicó Contralínea en noviembre pasado después de entrevistar en Paraíso, Tabasco, a personal de Pemex asignado a la revisión de esta contratación.

Al parecer, los supervisores se negaron, pues la ASF dice en su informe que tampoco encontró evidencia de trabajos realizados en ductos ni en las terminales marítimas de Dos Bocas, Cayo Arcas y algunas estaciones de rebombeo.

Al escrutar el expediente documental en el que Pemex amparó sus pagos a DMGP, los auditores no encontraron evidencia fotográfica (de antes, durante y después de la realización de los trabajos); tampoco, registros en las bitácoras de las actividades realizadas. Ni Pemex pudo proporcionar los registros de entrega y salida de las instalaciones que supuestamente atendió la contratista. Por ello, la ASF determinó como irregulares los pagos.

La ASF resolvió que Pemex debe recuperar los montos pagados de manera irregular tanto a EMS y a DMGP.

El hecho de que se devuelvan los montos pagados irregularmente no exhime a los funcionarios de Pemex de ser investigados incluso por delitos del orden penal, explica la diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

De los resultados de las auditorías al segundo año de gobierno de Felipe Calderón, el caso de los contratos de los ductos de Pemex es para la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados uno de los más graves, tanto por el monto del daño patrimonial como por las implicaciones a la infraestructura de la paraestatal.

“Evidentemente, hay un daño que no se podrá reparar, pues los contratos fueron entregados y hay un servicio otorgado, aunque sea de manera inadecuada, pero ya fue entregado, así que no tiene reparación. En este caso, si se tiene contratistas que no tienen la menor pericia para el servicio que están otorgando, no deberá extrañarnos que ocurra en cualquier momento una explosión, porque la gente que contrataron no tenía ni la menor idea de cómo dar el servicio”, explica la diputada Damián Peralta.

Éste, dice, “es el extremo de la corrupción que pudo haber al dirigir una licitación pública. Ése es el extremo de la irresponsabilidad de quienes tienen bajo su mando la toma de decisiones que no sólo quedan en el ámbito administrativo, sino que trascienden la vida de las personas”.

Complicidades de altos vuelos
Por los incumplimientos acumulados de ambos consorcios, según la ASF, desde 2009, la subsidiaria que dirige Carlos Morales Gil debía rescindirles los contratos.

En cambio, sólo le cuantificó la penalización por incumplimiento contractual de un mes, marzo de 2008, que implicaba que la compañía debía pagarle a Pemex 11 millones 533 mil pesos. Pero Nesler no estaba dispuesto a cumplir siquiera con dicha penalización. Así que la subdirección de Nuevos Modelos de Ejecución, que encabeza Luis Sergio Guaso Montoya, modificó (16 meses después de que el contrato estaba vigente) las cláusulas contractuales con la finalidad de reducir el monto de la sanción que EMS debía pagar por su atraso.

Con tal modificación, las penalizaciones para EMS se redujeron 85 por ciento.

Por ejemplo, por sus incumplimientos contractuales entre julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se le aplicó una penalización por 31 millones de pesos, cuando lo que correspondía, según las cláusulas originales, eran 202 millones 463 mil 900 pesos. Es decir, sólo en ese periodo se dejaron de penalizar 171 millones 27 mil pesos.

La significativa reducción en el monto de las penalizaciones, dice la ASF, generó que EMS, “de manera recurrente, incurriera en incumplimientos en la ejecución de eventos de frecuencia crítica”, lo que afectó la infraestructura del sistema de ductos, y “bien pudieron provocarle daños irreversibles”.

En corresponsabilidad, dice la ASF, Pemex no apercibió al contratista respecto de los incumplimientos ni asentó en bitácoras las deficiencias y tampoco llevo a cabo medidas para evitarlos.

La ASF dice que Pemex envió a la Secretaría de la Función Pública una solicitud de autorización al respecto en la que omitió señalar la magnitud de las repercusiones económicas y operativas que implicarían una falla en la integridad del Sistema 4 de Transporte de Hidrocarburos (el más importante dentro de la red de ductos de Pemex).

Entre los pagos de los trabajos que no se realizaron más el monto de las penalizaciones que no se aplicaron a EMS, la ASF cuantifica un quebranto a las arcas de Pemex por 842 millones 474 mil 500 pesos.

Respecto del contrato con DMGP, el monto es de 689 millones 963 mil 500 pesos por los pagos de los que no hay evidencia de que los trabajos se hayan realizado, más una penalización por 2 millones 470 mil pesos.

La ASF pidió al Órgano Interno de Control su intervención para que investigue la responsabilidad de los funcionarios de Pemex implicados desde las irregularidades en el proceso de licitación de los contratos y hasta las deficientes ejecuciones que derivaron en los millonarios daños patrimoniales contra Pemex, que, por cierto, hasta ahora sólo están cuantificados hasta 2009.

Fraude riesgoso

El impacto que las irregularidades de los consorcios contratados para el aseguramiento y operación de ductos provocan a Pemex no se reduce al daño patrimonial cuantificado por la ASF. Las irregularidades en las que incurrieron los funcionarios de Pemex para encubrir el incumplimiento de EMS y DMGP “pusieron en riesgo la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos”.

Desde que se anunció que la operación de ductos se entregaría a privados, se retiró al personal de Pemex de estas labores; aun cuando el proceso de licitación se pospuso casi 300 días, en los que los ductos estuvieron sin mantenimiento.

La falta de cuidados en estas áreas es una bomba de tiempo, explica Alfredo Hernández Peñaloza, ingeniero petrolero avecindado en Tabasco e integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).

En San Martín Texmelucan, aún se viven las secuelas que dejó el incendio por el derrame que se registró la madrugada del domingo 19 de diciembre, en el que 29 personas murieron, hubo 51 heridos y 83 casas quemadas. El ducto que llega hasta esa zona sale de la conexión, precisamente, de Dos Bocas a Nuevo Teapa.

Frente a la versión oficial de Pemex de que la explosión la generó la fuga de una toma clandestina de combustible, el ingeniero petrolero Armando Etcheverry Beltrán, uno de los especialistas más destacados en el tema, sostiene la tesis de que “no se puede descartar la falta de mantenimiento, hasta que se demuestre mediante las gráficas de la corrida de diablo instrumentado que se corrió en 2006 y que marca corrosión interna, abolladuras, deformaciones de la tuberías, familias de poros por la corrosión o bien, la soldadura que tenga alguna falla importante”.

Etcheverry habla desde su experiencia de 33 años de trabajo en la petrolera, que incluyen, precisamente, la supervisión de obra de poliductos, gasoductos, estaciones de bombeo en la red nacional de ductos de Pemex.

Contralínea solicitó entrevista con el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y con el titular de PEP, Carlos Morales, para hablar respecto de las irregularidades que la ASF detectó en los contratos con EMS y DMGP. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Violaciones a la ley

En las contrataciones entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y los consorcios EMS Energy Maintenance Services Group, y DMGP Servicios de Integridad, la Auditoría Superior de la Federación determinó que los funcionarios de la paraestatal quebrantaron las siguientes leyes y lineamientos:

– Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

– Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

– Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

– Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

– Procedimiento Administrativo Institucional para Desarrollo de Ingeniería de Pemex.

– Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Pemex.

– Procedimiento Administrativo Institucional para Adjudicación por Licitación Pública de Pemex.

– Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Pemex.

– Procedimiento Administrativo Institucional para Control de Obras y Servicios de Pemex.

– Procedimientos Administrativos Institucionales para la Elaboración y Trámite de Estimaciones de Contratos y de Generadores de Obra de Pemex.

Contralínea 224 / 13 de marzo de 2011