Autor: Nancy Flores
Sección: Capitales

13 MARZO 2011

Una denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control en Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) revela que esa subsidiaria habría pagado 275 mil dólares de más, unos 2 millones 98 mil pesos, a la trasnacional General Electric por el contrato 5400022983.

Asignada por adjudicación directa en julio de 2009, la contrataciónn tuvo como objeto la prestación del servicio de mantenimiento a sistemas de control Woodward de las estaciones de compresión y bombeo, e implicó un pago total por 866 mil 87 dólares.

La adjudicación se hizo a través de la filial privada de Petróleos Mexicanos (Pemex) Integrated Trade Systems (ITS) y fue autorizada por el ingeniero Carlos Manzano Preciado, gerente de Sistemas de Control y Monitoreo Automatizados de la Subdirección de Ductos, consta en documentos a los que tuvo acceso Contralínea.

El 5 de noviembre de 2009, ITS generó la requisición PGPB0040042926 para amparar la orden previa, identificada con el folio ITS-58-9-10283, que emitió sin licitación a favor de la trasnacional. Como fecha de terminación, se fijó el 31 de diciembre de ese mismo año.

El supuesto daño

De acuerdo con la denuncia de hechos, la subsidiaria pagó a cabalidad el tiempo original establecido por el proveedor, incluidas las horas extras, a pesar de que General Electric incumplió en todos los casos con las horas mínimas de servicio.

Para Pemex Gas y Petroquímica Básica, cada hora de servicio supuestamente trabajada por el proveedor tuvo un costo de 198 dólares, mientras que cada hora extra se cobró a 298 dólares.

Las horas de servicio efectivas, sin embargo, fueron mucho menos a las pagadas. Por ejemplo, en el caso de la terminal Chinameca se pagaron 397 horas y sólo se cubrieron 143, señala la denuncia. En Cempoala, se costearon 231 y se hicieron efectivas sólo 143; mientras que en el caso de Cárdenas se pagaron 220 horas, pero sólo se trabajaron 68.

Viáticos de más
Este mismo contrato implicó el pago de viáticos a favor del personal de General Electric. Y, aunque la contratación estableció un plazo de vigencia de 56 días, la administración de PGPB pagó viáticos para 54 días en estaciones de bombeo y para 110 días en estaciones de compresión.

Según la denuncia que ya investigaría el Órgano Interno de Control, los reportes de campo firmados por el proveedor y el personal de supervisión técnica de campo revelan que General Electric tampoco estuvo la totalidad de los días que le fueron pagados por ese concepto.

El daño patrimonial en el que se habría incurrido se estima de la siguiente manera: 249 mil 619 dólares por los pagos en exceso por horas de servicio normales y extras pagadas, pero no ejecutadas; y 28 mil 920 dólares por los viáticos.

La participación de ITS

La adjudicación del contrato investigado involucra a ITS, una de las 25 filiales privadas propiedad ciento por ciento de Pemex.

Como lo ha documentado Contralínea, Integrated Trade Systems aplica un esquema de proveeduría internacional con el cual la paraestatal y sus subsidiarias burlan la Ley de Adquisiciones: sin licitación o antes de licitar bienes y servicios en el mercado mundial, ITS firma acuerdos marco con las trasnacionales que, invariablemente, obtienen los contratos.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Pemex a través de Francisco Montaño, coordinador de Información y Prensa. Hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.

Pemex, transparencia simuladora: Sandoval

“La situación de transparencia en Petróleos Mexicanos [Pemex], la paraestatal más importante de nuestro país, es un buen reflejo de la prevalencia de la transparencia simuladora que estamos viviendo en el resto de la administración pública federal, de esa transparencia de aparador”, afirma la doctora Irma Eréndira Sandoval, especialista en transparencia y rendición de cuentas.

Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la situación de Pemex es, en particular, muy grave por los hechos de corrupción.“Hay un vínculo o una colusión directa entre grandes corporaciones internacionales y los funcionarios de más alto nivel de la empresa. Los contratos se asignan sin procesos de transparencia; muchos, por la vía de la adjudicación directa”.

La también titular del Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM refiere que la llegada a Pemex de Juan José Suárez Coppel, quien viene de las grandes corporaciones, es un ejemplo del síndrome que los estudios de corrupción han denominado como “la puerta giratoria”: “Estar viniendo y trayendo desde el mercado hacia el Estado los intereses de los grupos fácticos. Esto genera la institucionalización de los conflictos de interés, que es una de las características más ominosas de la corrupción que se vive en México”.

Sandoval Ballesteros considera que en la petrolera y sus subsidiarias “tenemos una total institucionalización de conflictos de interés muy negativos para el desarrollo nacional. En ese sentido, la transparencia tendría que, al menos, iluminar estos conflictos de interés para que la corrupción y el desvío de recursos públicos no se revistan de legalidad”.

Agrega que, con la nueva ley de Pemex, se creó un régimen de excepción que excluye al Congreso de la Unión de la vigilancia de las decisiones más importantes de la paraestatal. “Se hizo una división entre las compras de las áreas sustantivas y el resto de las compras típicas y tradicionales, en donde sí se aplican las leyes de obras públicas y de adquisiciones. Pero en el caso de las áreas sustantivas, como los servicios de investigación en materia de tecnología, de consultoría, los estudios, se permite la adjudicación directa poco clara”.

Agrega que, en Pemex, se abusa de estas figuras de la adjudicación directa y la invitación restringida, y eso hace que el régimen de transparencia esté acusando claroscuros.

Irma Eréndira Sandoval considera que la paraestatal sí tiene posibilidades de cambiar la opacidad por la transparencia. “La situación de la opacidad y la discrecionalidad es ilegal. No quisiera que tengamos un tono desesperanzador, sino por el contrario: sí hay elementos para llamar a la rendición de cuentas y exigir la aplicación de la ley y la Constitución. Lo que no hay es voluntad política, porque el problema de origen es precisamente la llegada a estas grandes posiciones de poder de personas que no vienen de una cultura pública de probidad y de respeto al bien público; son gente que viene del corazón más importante del mercado, del sector privado. Y, obviamente, sirven a esos intereses”.

Contralínea 224 / 13 de marzo de 2011