Autor: Flor Goche
Sección: Ocho Columnas

26 abril 2012

Endeudada y en situación de desigualdad respecto de sus compañeros de trabajo, se encuentra María Esther Navarro Lara, profesora de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A mediados de 2011 las autoridades de esta casa de estudios le retiraron el 70 por ciento de su ingreso económico.

Fue el viernes 1 de julio, previo al inicio de las vacaciones de verano, cuando por primera vez apareció el descuento reflejado en su talón de cheque mensual y que correspondía a la compensación monetaria (Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, Pride) que durante 20 años percibió por su “labor sobresaliente” en la “formación de recursos humanos, la docencia frente al grupo, la investigación, la vinculación y la extensión de los beneficios de la cultura”.

A lo largo de 37 años de servicio en esta Universidad, ha obtenido la titularidad en 50 asignaturas de las carreras de sociología y ciencias de la comunicación que imparte la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS); ha asesorado 60 tesis de licenciatura; participado como jurado en 100 exámenes profesionales; apoyado en 25 ayudantías de profesor; colaborado en diversos programas de radio universitarios; investigado y publicado sobre temas político-sociales y de la propia Universidad.

A decir de Navarro Lara, la acción emprendida en su contra es “injustificada”.
Y también “irregular”, pues en contravención del artículo 6, fracción XVII, del Estatuto del Personal Académico, que establece que es derecho de este sector “ser notificado de las resoluciones que afecten su situación académica en la UNAM”, las autoridades universitarias jamás le comunicaron formalmente el retiro de su prima ni el fundamento jurídico de tal decisión.

A través del oficio AGEN/DGEL/280/11OJ, dirigido al secretario General de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, el abogado General, refiere que “la profesora Navarro Lara omitió realizar la solicitud de renovación del Pride en las fechas que le correspondían, así como las demás etapas del procedimiento establecido para el ingreso o la renovación al Programa, razón por la cual, a la conclusión de la vigencia de su periodo –30 de junio de 2011–, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) procedió a separarla”.

Al respecto, María Esther Navarro manifiesta que en aquel momento ­­–del 31 de enero al 30 de julio de 2011– se encontraba fuera del país en disfrute de su semestre sabático y que, antes de hacerlo efectivo, el funcionario adscrito a la Secretaría de Personal Académico, Diorín González, le dijo que podría renovar su estancia en el Pride cuando volviera.

Asimismo, la candidata a doctorado en derecho, muestra la minuta de la novena sesión, en la que el Consejo Técnico falló a su favor: “El H Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en su sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2011, acuerda aceptar la diferición de la renovación del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de la profesora María Esther Navarro Lara (profesor asociado “B” de tiempo completo, definitivo, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos) y solicita que se instrumenten los procedimientos correspondientes ante las instancias administrativas encargadas del Programa, a fin de que le sea resarcido el estímulo correspondiente a la evaluación inmediata anterior, hasta el fin de la citada diferición” (sic).

El abogado general rechaza dicha resolución. En el oficio antes citado menciona “que la figura del diferimiento de la estancia en el Pride o la posibilidad de diferir la presentación de la solicitud de renovación no se encuentran previstos en la convocatoria [Pride 2011]”. Y es que, no obstante que el Consejo Técnico de la FCPS solicita a los profesores una “carta de diferición de renovación del Pride”, el requisito no está contemplado en la normatividad universitaria.

Así, concluye González Pérez: “La solicitud de la académica para que le sea reintegrado el monto de los estímulos económicos no recibidos a partir del 1 de julio de 2011 es infundada”.

La profesora universitaria no está de acuerdo con el fallo institucional y asegura que el retiro de su prima (al que se refiere como un “castigo”) está motivado más bien por su actividad política y crítica. “Y de ninguna manera me voy a detener. Estudié la maestría en ciencia política, le tengo un enorme respeto a la política y creo que tengo todo mi derecho a ejercerla”, sentencia.

Durante su estancia en la UNAM, Navarro Lara ha participado en diversos cuerpos colegidos, como el Consejo Universitario y el Consejo Técnico de la FCPS; además, de 1991 a 1997 presidió la sección 69 de la Asociación Autónoma del Personal Académico, y actualmente es delegada académica en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. En 1999 apoyó la huelga estudiantil, encabezada por el entonces Consejo General de Huelga, como respuesta a la imposición de un Reglamento General de Pagos.

En un documento que se repartió el pasado 23 de marzo, durante un mitin académico y estudiantil en su apoyo, la profesora asegura que “una de las causas de fondo” es la inconformidad que ha expresado respecto del nuevo Estatuto del Personal Académico (EPA), próximo a aprobarse y que “recortará a un gran número de personal académico: ayudantes de profesor, profesores, investigadores, técnicos académicos de carrera de medio tiempo y profesores de asignatura con más de 20 horas”.

En agosto de 2010, Contralínea publicó el trabajo “Catedráticos de la UNAM: un futuro incierto” (edición194) . En éste, Navarro Lara y otros docentes que integran la Asamblea Universitaria Académica denuncian que el nuevo EPA precariza su situación laboral y cercena derechos laborales: vacaciones, jubilación, aguinaldo, viáticos, exenciones de pago, permiso por parto y pago de marcha.

La también egresada de la UNAM dice que su “arbitraria” separación del Pride responde a que, con base en el artículo 106 del EPA, ha fungido como representante de otros profesores ante la jefa del personal de la FCPS, por ejemplo, en la revisión de los concursos de oposición. “A través de recursos de inconformidad, yo he estado como en 10 o 15 casos y todos los hemos ganado”.

Agotadas las instancias universitarias, Navarro Lara entabló, a mediados de abril pasado, una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje contra Fernando Castañeda Sabido, aún director de la FCPS; Rina Aguilera Hintelholher, secretaria del Personal Académico de la misma; Luis González, abogado General de la UNAM; y Dante Morán Zenteno, titular de la DGAPA.

Desde un pequeño cubículo, ubicado en el edificio “E” de la Facultad, la docente recuerda aquél día de julio cuando observó que en su cheque de cobro, el de las quincenas 13 y 14 de 2011, sólo aparecía la cantidad de 700 pesos. “Venía bajísimo. Ya te imaginarás. Otro poco y de veras les renuncio”. Aunque el monto que le retiraron es igual a 15 mil pesos, en el talón de ese mes aparecía también un descuento por 8 mil pesos, los que paga a cuenta de su casa.

—Gracias a un préstamo del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado) de casi 100 mil pesos ya me he estado equilibrando– dice, afligida, María Esther.

—¿Cuáles han sido las consecuencias del retiro de su estímulo?

—Desafortunadamente sí son consecuencias económicas, en el sentido de endeudamiento y la situación profesional. Me siento completamente en desigualdad con mis compañeros porque trabajo lo mismo o más y, sin embargo, me pagan muy poquito. Sí hay un demérito de mi actividad académica, como si me maltrataran.

Los estímulos, parte del salario

Además de emprender su propio litigio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Esther Navarro Lara decidió impulsar, en conjunto con otros trabajadores universitarios, una campaña colectiva de reconocimiento de los estímulos a la productividad como salarios.

El fundamento de su demanda es la tesis de jurisprudencia 34/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión privada del 3 de mayo de 2002. Ahí se establece que “el premio por productividad o bono de logro de objetivo” es parte integrante del salario, dado que el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo estipula que “el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo”.

Para que esta jurisprudencia se haga obligatoria para la UNAM y otras instituciones, se requiere de cinco casos. Por eso, Navarro Lara solicita que se comuniquen con ella otras personas afectadas por el Pride.

En contraste, el abogado general de la UNAM, a propósito de la situación de esta profesora, manifiesta que “los estímulos económicos que reciben los académicos por su participación en el Pride son beneficios adicionales que no forman parte del salario nominal, por lo que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente; por tanto, la separación del Programa y consecuente suspensión del estímulo económico no significa una disminución del salario del académico y con ello no se lesiona derecho alguno”.

Otros argumentos para considerar al Pride parte del salario son: es un ingreso permanente; las actividades que los profesores realizan para ganarlo no son distintas a las que establece la legislación universitaria y su contrato colectivo de trabajo; puesto que la Universidad ejerce de manera regular estos recursos hay una “bolsa financiera” al respecto.

Desde 1993, cuando alrededor de 300 profesores universitarios realizaron una huelga de hambre, el sector académico no ha vuelto a demandar la abolición del Pride. Sin embargo, los sectores más críticos han sostenido su desacuerdo con las políticas de estímulos ya que “merman el trabajo colectivo y fomentan situaciones de competencia laboral entre pares”.

Asimismo, la convocatoria del Pride es expedida a “discreción” por el secretario General de la UNAM en turno. “O sea, es totalmente autoritaria porque no es el órgano colegiado, sino el funcionario, el que da las instrucciones y además de manera muy inhumana porque no incluye a profesores con incapacidades médicas o consideraciones por edad avanzada, ni a docentes con permiso por maternidad”.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con el doctor Dante Jaime Morán Zenteno, titular de la DGAPA, área responsable de la retención de los estímulos a Navarro Lara. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 281 / 22 de abril de 2012