Autor: IPS
Sección: Línea Global

2 mayo 2012

Simba Shani Kamaria Russeau/IPS

El Cairo, Egipto. Defensores de los derechos humanos reclaman en Siria reformas a un sistema de patrocinios que ha dejado a muchas trabajadoras domésticas inmigrantes sin ningún lugar al que huir. Otros países de la región viven situaciones similares.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 9 mil personas fueron asesinadas en los 13 meses transcurridos desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Bashar Al Assad, cada vez más presionado para mantener una tregua incierta en Siria.

Atrapadas en el fuego cruzado están más de 17 mil trabajadoras domésticas filipinas.

La organización filipina de derechos laborales Migrante International estima que sólo 2 mil de estas personas fueron repatriadas desde que estallaron los enfrentamientos el año pasado.

A comienzos de este mes entró en vigor un decreto sirio que prohíbe a las trabajadoras domésticas filipinas ingresar al país. Mientras, miles de estas inmigrantes buscan desesperadamente una manera de salir de suelo sirio.

La brasileña Violeta Cortez, de 41 años, fue una de las dos empleadas asesinadas tras ser alcanzadas por balas perdidas mientras intentaba escapar de la occidental ciudad siria de Homs para refugiarse en la embajada de Filipinas en Damasco.

“Cuando estalló la violencia en Siria, el gobierno filipino desestimó la urgencia de desarrollar una estrategia de evacuación y repatriación”, dice a Inter Press Service (IPS) el coordinador de Migrante International para Oriente Medio, John Leonard Monterona.

“Como consecuencia de ello, varias trabajadoras domésticas filipinas han sufrido daños colaterales debido a la política del gobierno filipino de esperar y ver”, añade.

Dado el sistema de kafala, que vincula los permisos de residencia con el empleador, repatriar trabajadores desde Siria conlleva negociar con los patrones para compensar sus contratos y pagar multas a los funcionarios de inmigración.

“A las trabajadoras domésticas filipinas en Siria, al igual que con otras inmigrantes, les cuesta mucho salir del país, porque sus empleadores no les están permitiendo irse. Es un gran problema”, explica Monterona.

“Otro problema es que estamos recibiendo reclamos de que cuando algunas trabajadoras domésticas filipinas van a la embajada de su país en Siria a buscar ayuda las ponen tras las rejas. Migrante Internacional está intentando obtener información de la embajada sobre por qué no están protegiendo a estas mujeres”, señala.

“En términos de reformar el sistema de patrocinios, los gobiernos de la región necesitan asegurarse de que las trabajadoras domésticas inmigrantes puedan renunciar a sus empleos”, dice a IPS la abogada experta en derechos humanos Kathleen Hamill.

Esta especialista es autora de Reforming the sponsorship system for migrant domestic workers: towards an alternative governance scheme in Lebanon (Reformando el sistema de patrocinios para las trabajadoras domésticas inmigrantes: Hacia un programa de gobernanza alternativa en Líbano).

“Estas trabajadoras deben poder cambiar de empleadores o abandonar el país sin el consentimiento del patrocinador. Garantizar la movilidad laboral y la libertad de movimiento es esencial para los trabajadores inmigrantes, y requiere romper los grilletes de las visas vinculadas a los empleadores. Esto también requiere mejorar el proceso de reclutamiento regulando a las agencias reclutadoras, muchas de las cuales operan sin licencia”, dice Hamill.

“Los gobiernos también deben garantizar el derecho a vivir fuera del lugar de trabajo o del hogar, y deben garantizar vacaciones legales para las trabajadoras domésticas inmigrantes, además de un día semanal de descanso”, agrega.

El Ministerio de Trabajo de Arabia Saudita propuso un proyecto de ley que cancela el tradicional sistema de patrocinios pasando la responsabilidad del empleador hacia nuevas agencias de reclutamiento.

Las recomendaciones incluyen abolir la confiscación de pasaportes, poner a las agencias de reclutamiento a cargo de la repatriación, la protección de los derechos de las trabajadoras, la creación de seguros y de una comisión que controle las nuevas agencias. Se basan en un estudio que insumió cinco años y que será evaluado por el Consejo de Ministros.

“Las agencias de reclutamiento también son parte del problema en lo relativo a explotar a trabajadoras inmigrantes”, dice a IPS la directora de la organización Tamkeen, Linda al-Kalash.

Su entidad brinda asistencia legal a empleadas domésticas en Jordania.

“Tamkeen tuvo un caso donde la agencia de reclutamiento en el país de origen de la trabajadora mintió sobre su edad. Luego se reveló que tenía 13 años. ¿Cómo pasó los exámenes médicos y obtuvo la visa de trabajo? ¿Cómo la agencia en Jordania permitió que la pusieran a trabajar en una casa? Saltaba a la vista que era una niña”, señala Al Kalash.

Monterona agrega que “Migrante International presiona a los ministros del Consejo de Cooperación del Golfo para que garanticen los derechos de todas las trabajadoras (inmigrantes) empleadas en países árabes, desechando el actual sistema de patrocinios. Creemos que ésta es la causa del trabajo sometido que está íntimamente ligado a la esclavitud.

“Si abolimos este sistema, entonces los inmigrantes que trabajan en países donde hay desastres naturales o incluso guerras podrán salir fácilmente sin pedir permiso o que sus empleadores reporten que se fugaron”, concluye.

Enlcace: Revista Contralínea 282 / 29 de abril de 2012