15. mayo, 2012

Autor: Flor Goche

Sociedad

El poder político de Elba Esther Gordillo Morales es de conocimiento público, no así su incalculable fortuna derivada, entre otras, de su encargo como presidenta vitalicia del sindicato más grande de América Latina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con alrededor de 1 millón 400 mil agremiados.

Alberto Serdán Rosales, especialista en gasto público y quien ha participado en organizaciones estudiosas de la agenda educativa, refiere ciertas fuentes de dinero y poder para Gordillo Morales. Aclara que se trata, en algunos casos, de posibilidades fundadas en literatura, pues “el sindicato es una organización privada” que, por tanto, no está sujeta a las leyes de transparencia, ni siquiera en lo que se refiere al manejo de los recursos públicos que se le otorgan.

El sueldo que percibe como presidenta y profesora del SNTE, la red de complicidades en la que sus familiares y cercanos ocupan puestos importantes dentro de esta estructura, y, derivado de lo anterior, el control que la también fundadora del Partido Nueva Alianza (Panal) ejerce sobre las cuentas y asignación de contratos del sindicato magisterial, dicen de su alcance político y económico.

Una investigación realizada por Sergio Aguayo y Alberto Serdán revela que durante la primera mitad de la administración de Felipe Calderón el grupo político de la maestra podría haber manejado hasta 1 billón 611 mil 771 millones de pesos. Esto como consecuencia de su control sobre instituciones como el SNTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional, el Panal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Serdán Rosales precisa que no se trata de dineros que la sindicalista se “guarde en la bolsa”, sino de “cómo ese poder presupuestario apuntala un poder político”. A mediados de 2011 la misma Elba Esther aceptó públicamente su pacto con Calderón: ella lo respaldó en su camino hacia la silla presidencial a cambio de puestos clave en el ISSSTE, la Lotería Nacional y el SNSP. Así fue como llegaron a la cabeza de estas dependencias Miguel Ángel Yunes, Francisco Yáñez y Roberto Campa, respectivamente.

El maestro en Políticas Sociales y Administración advierte las limitaciones de profundizar en ciertas “áreas de penumbra”, como los recursos provenientes de las cutas sindicales, pues la SEP se “rehúsa” a informar y a desglosar por entidad el monto que al respecto canaliza al SNTE.

De acuerdo con información obtenida a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de diciembre de 2006 a abril de 2011 ingresaron al SNTE 471 millones 386 mil 601 pesos por cuotas sindicales (ramos 11 y 25). Lo anterior resulta increíble, pues de 2005 a octubre de 2011, tan sólo dos de las 59 secciones que integran el SNTE, la X y XI, erogaron 175 millones 305 mil 198 pesos bajo el mismo concepto (Contralínea 266).

El interés público por desnudar la fortuna de Elba Esther Gordillo ha sido tal que en 2005 la organización Punto Crítico entabló ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal una demanda en su contra por enriquecimiento ilícito. Un año después la PGR envió a “reserva” la investigación.

Todas estas posibles fuentes de financiamiento comparten una característica: la opacidad y sigilo con que se manejan, sin importar incluso si se trata de recursos públicos.

Es el caso del sueldo que la lideresa del SNTE cobra como profesora, no obstante que no desempeña labores de docencia. Como lo documentó Animal Político, al menos en 16 ocasiones la SEP negó esta información solicitada a través de la Ley de Transparencia: “Es inexistente” o “sólo compete al sindicato”, son los argumentos.

Finalmente en marzo pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) resolvió el recurso de revisión de un ciudadano inconforme con la negativa de la SEP. Fijó un plazo de no mayor a días 10 hábiles para que esta instancia diera a conocer dicho sueldo.

En su investigación, María Elena Pérez-Jaén, comisionada ciudadana del IFAI descubrió que los registros de esta secretaría y los de la Secretaría Educativa del Estado de México distan entre sí. Los primeros reportan que hasta el tercer trimestre de 2011 la maestra recibió un sueldo de 249 mil 671 pesos; los segundos, hablan tan sólo de 24 mil 574 pesos.