Estado de México se declara “incompetente” para resolver despojo, por Érika Ramírez

Estancados en un proceso jurídico desde marzo pasado, 41 personas que se ostentan como propietarias del predio La Mohonera, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, viven en la incertidumbre de recuperar los beneficios económicos de sus predios. Heredadas desde la década de 1930, estas tierras actualmente son ocupadas por la trasnacional española Obrascon-Huarte-Lain (OHL), cuya superficie es tres veces mayor a la negociada en un convenio con los pequeños propietarios en 2007.

OHL, la séptima constructora más importante del mundo, es concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense, obra realizada bajo el mandato del entonces gobernador Enrique Peña Nieto. El pacto entre la compañía y los pequeños propietarios se dio para poder construir sobre 56 mil 676.48 metros cuadrados la caseta de peaje y el tramo carretero de la vialidad que actualmente deja millonarias ganancias a la constructora de origen español (430 millones de pesos por cuotas de peaje al semestre, según datos de la misma empresa).

Édgar González Martínez, apoderado de la Asociación de Pequeños Propietarios de La Mohonera, explica que fue en mayo de 2011 cuando le hicieron saber a OHL que estaba ocupando más metros de los que originalmente le habían vendido.

“Están ocupando más de 170 mil metros cuadrados en total. En noviembre ya estaban listos para cubrir el pago de los 115 mil metros cuadrados de más. Sin embargo, nos dice la empresa que como el tipo de concesión había sido otorgada por el gobierno del Estado [de México], debíamos acudir a éste. No vemos el motivo: ‘si la empresa me afectó, pues que la empresa me pague’” (Contralínea 288 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/06/14/trasnacional-espanola-despoja-pequenos-propietarios/).

La titular de la Unidad Jurídica del gobierno del Estado de México, Irma Lorena Roa López, comenta que éste es un asunto en el que ella se declara “incompetente”, pues sólo es interlocutora en el caso. En tanto, José Luis Delgado, abogado de la asociación civil, señala a la funcionaria de velar por los intereses de la empresa y no por los de la gente.

Gobierno se declara incompetente

Irma Lorena Roa López, abogada del gobierno estatal, arguye a favor de la trasnacional, pues dice que no se van a hacer “dobles pagos” a las personas si no acreditan debidamente la posesión de las tierras. Contrario a la versión de la Asociación de Pequeños Propietarios de La Mohonera, asegura en entrevista con Contralínea que esos terrenos son propiedad del gobierno, sólo que al inicio se apoyó de buena fe a la gente que decía ser propietaria.

Roa López es contundente: “Yo me declaro incompetente en el caso, mi papel es ser mediadora. Mi competencia como jurídica no va más allá. Mi función es de interlocutora entre los particulares y la empresa”.

Expone que los predios conocidos como Tlateles o El Moño son propiedad del gobierno del Estado de México, lo cual está amparado en la escritura 5042. Explica que su origen es la disecación del Lago de Texcoco y el gobierno federal, a título gratuito, entregó a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México la superficie de estos terrenos, según su jurisdicción.
“Luego, en 1930, el gobierno federal de Pascual Ortiz Rubio, a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento, lotificó y vendió a particulares las tierras.

Dos años más tarde, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto y anuló las compraventas con particulares. Esto, debido a que no cumplieron el fin por el que fueron entregados a particulares, además de que no concluyeron con el pago de los terrenos, de los que se pagaba un peso por hectárea. En 1934 –relata la funcionaria estatal– se hizo una nueva medición y, en 1984 fue entregado el predio a través de la escritura 5042 al gobierno del Estado de México.”

La titular de la Unidad Jurídica asegura que desde ese año, la naturaleza jurídica del predio indica que es propiedad del gobierno local. En la escritura 5042, comenta Roa López, el gobierno federal condiciona al estatal a reubicar y liquidar a las personas que demostraran un derecho sobre estos predios. Se hizo una reubicación y se les liquidó, convinieron.

“Yo tengo copia de los convenios que los particulares realizaron en la década de 1980. Fueron reubicados, pagados y liquidados los predios que adquirieron en la década de 1930 del gobierno federal”.

Pagos de buena fe

Según la servidora pública, otras de las condiciones que establece el gobierno federal para entregar a título gratuito o donar al Estado de México esta superficie es que cada polígono tuviera un uso de suelo determinado.
La zona de los Tlateles o El Moño tiene un uso de suelo ecológico, por lo que se creó un parque. Después de ello se realizó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, que afectó esta superficie.

En 2006, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) pidió a la Subsecretaría de Gobierno ser el interlocutor entre los grupos sociales que se ostentan como propietarios y la empresa constructora.

“Se firmaron convenios de afectación, no fueron de compra-venta o de uso. En el cuerpo del convenio se establece que el gobierno del Estado de México es el legítimo propietario; se les está dando una cantidad de dinero, que no es un pago: siempre lo tomamos como un apoyo para las personas que ostentaban tener un derecho sobre estos predios.

“La documentación con la que los particulares han ostentado el derecho son contratos de compra-venta simples, algunos datan de 1930, pero lo que les hemos pedido es que demuestren el tracto sucesivo. Desde esa época hasta la actual, el propietario puede ser nieto o bisnieto que apareciera como beneficiario o poseedor del terreno”, dice la abogada Roa López.

Como no hay formalidad en estos contratos y “para evitar un problema social”, el gobierno del Estado de México solicitó a la empresa darles un apoyo, comenta la titular de la Unidad Jurídica. El pago que se dio en 2007 fue aproximadamente de 50 pesos el metro cuadrado.

José Luis Delgado, abogado de la Asociación de Pequeños Propietarios de La Mohonera, señala que la funcionaria “ha politizado el asunto: a nosotros nos ha dicho que también trabaja para la empresa y que de ella va a depender si la empresa paga o no. A la fecha hemos solicitado un peritaje contable, para que se determine cuál es el monto del lucro obtenido por la tierra que no han pagado. Ya está en curso el dictamen pericial topográfico, el mismo que nos tiene que evidenciar el despojo”.

El convenio

No obstante las versiones de la titular de la Unidad Jurídica del gobierno estatal, documentos firmados por autoridades oficiales reconocen a la asociación civil como propietaria del terreno de La Mohonera. En el marco de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, el 29 de noviembre de 2007, se pactó entre autoridades del gobierno del Estado de México y los representantes de la asociación de propietarios del predio.

El documento sirvió para establecer las condiciones sobre las que se otorgarían los derechos de construcción. En él aparecen los representantes del gobierno, la empresa y los afectados. El primero, representado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México; la constructora OHL por Concesionaria Mexiquense, y los pequeños propietarios representados por la Asociación de Pequeños Propietarios de la Mohonera.

Entre las cláusulas se expresa que esta asociación de propietarios otorga su consentimiento para que se construya la obra pública en una superficie de 56 mil 676 metros cuadrados, para la construcción de un tramo troncal de la autopista. El organismo estatal y la concesionaria OHL cubren a la asociación por la desocupación de la superficie, así como por los bienes distintos de la tierra por 2 millones 833 mil 824 pesos.

Al llevarse a cabo este acto, los pequeños propietarios y la compañía española se comprometieron a reconocer al gobierno del Estado de México como propietario y posesionario del predio “por lo que renuncia al ejercicio de cualquier acción jurídica, judicial o extrajudicial, ya sea civil, penal o administrativa”.

Roa López, titular de la Unidad Jurídica del gobierno del Estado de México, dice que las personas que se dicen dueñas de estos terrenos lo hacen por “usos y costumbres, y de acuerdo con el antecedente de 1930 se sienten propietarias de los predios.

“Lo que se debe reconocer es que son personas que toda su vida, por generaciones, se les ha dicho que es su terreno, pero jurídicamente ellos están conscientes de que no [es así]. Ha sido un predio que se ha liquidado muchísimas veces. Me atrevería a decir que son de los terrenos que más se han pagado en el Estado de México”.

La representante del gobierno estatal defiende la economía de la trasnacional y comenta: “En un principio la empresa confió en la buena fe de estas personas. Les pagó, lo que propició que muchas personas abusaran. Por ello, citamos a la empresa y su postura es muy clara, no vamos a pagar a dos personas por el mismo predio, diriman su controversia en la instancia legal correspondiente y una vez que cuenten con la sentencia que emita el juez, a la persona o asociación o grupo de personas que les deba de pagar la empresa, OHL, paga”.

Las finanzas de OHL

Con presencia en 30 países, OHL llegó a México en 2002. Su información corporativa indica que la constructora española se comprometió con los gobiernos de los estados de México, Puebla, Distrito Federal y con el gobierno federal para la construcción, explotación y conservación de seis importantes infraestructuras viarias en México, que suman 359 kilómetros cuadrados. Además de ser concesionaria del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Las acciones de la trasnacional cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 11 de noviembre de 2010. “En esta operación el 26 por ciento de la sociedad pasó a manos de inversores mexicanos e internacionales, manteniendo OHL Concesiones el 74 por ciento del capital y el control de la sociedad”, indica el portal electrónico del corporativo.

El Circuito Exterior Mexiquense, anuncia la compañía, “enlaza las autopistas radiales de México-Querétaro, México-Pachuca, Peñón-Texcoco, México-Puebla y finaliza en el límite con el estado de Morelos. Su trazado comunica el área más densamente poblada del país, en la cual se encuentra el 46 por ciento de los inversores extranjeros instalados en México”.

Sus ganancias por esta obra, “de acuerdo con el Reporte Financiero 2012, ascienden a 435 millones 116 mil pesos tan sólo en lo que va del año. Cifras por encima de las demás construcciones viales” (Contralínea 288).

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó entrevista con Patricio Ibarra Gálvez, abogado del Despacho Vela y Asociados y quien representa legalmente en México a la trasnacional Obrascon-Huarte-Lain. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.