Decomisos irregulares en aduanas mexicanas

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas –dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– se vieron involucradas directa e indirectamente en un supuesto caso de corrupción tras el decomiso de unas telas importadas, con valor de 70 millones de pesos.

En un primer momento, fueron agentes aduanales los que incautaron los bienes, por considerar que su introducción al país no cumplía con la normatividad. Éstos, a su vez, fueron transferidos al Sae para su custodia y posterior enajenación a favor del Estado.

Sin embargo, las empresas textileras afectadas por el decomiso (una de ellas Elcar Textil) se inconformaron ante la justicia federal, por lo que consideraron una arbitrariedad de la Administración General de Aduanas. Después de un prolongado litigio, el juez federal les concedió la razón a los privados y ordenó al Servicio de Administración y Enojenación de Bienes que devolviera las materias decomisadas.

El juzgado federal consideró que las pruebas aportadas por la Administración General de Aduanas no justificaban el decomiso y que la importación de las telas no incurría en irregularidades. Por tanto, las anomalías fueron atribuídas a los agentes aduanales que confiscaron los cargamentos.

A esta orden judicial se sumó una administrativa, del SAT, que solicitaba que se devolvieran las telas a los empresarios. Sin embargo, el Órgano Interno de Control en el Sae –que depende de la Secretaría de la Función Pública– dispuso lo contrario: no restituir las telas y enajenarlas a favor de las finanzas públicas.

Ante la complejidad del caso, intervino directamente el entonces titular del Sae, Luis Miguel Álvarez Alonso. Para evitar incurrir en el desacato de una orden judicial, el Sae devolvió los bienes a los empresarios textileros.

El caso, sin embargo, no se cerró. Acusado de “negligencia administrativa”, el 19 de junio pasado Álvarez Alonso se sumó a los escasos funcionarios de alto nivel del gobierno federal que han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos y multados por sus presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio público.

Así, el Órgano Interno de Control determinó que el exdirector del Sae no podrá ocupar cargo público en 25 años y que además deberá resarcir más de 72 millones de pesos al erario, equivalentes al valor de las telas devueltas, hecho que la contraloría considera un desfalco a las finanzas públicas.

La sanción contra Luis Miguel Álvarez Alonso pareció iniciar una cacería de brujas al interor del Sae. En junio, casi una veintena de funcionarios que ocupaban diversos cargos en la institución fueron sancionados y amonestados económicamente por la Secretaría de la Función Pública.

“Castigo” al exdirector

El caso de Álvarez Alonso destaca pues, además de haber sido el funcionario de más alto nivel sancionado, su multa representa el 29 por ciento del total de amonestaciones económicas impuestas a los servidores públicos del Sae sancionados este año.

Y es que el exdirector del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes alcanzó sanciones económicas por 72 millones 281 mil 803 pesos, además de no poder participar en ningún cargo público durante los próximos 25 años.

De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos Sancionados, el Órgano Interno de Control –entonces a cargo de Alberto Mesta Soule– inhabilitó a Álvarez Alonso bajo el expediente E/SAE/ 009/2011, cuya sanción económica implicó 51 millones 699 mil 664 pesos.

El excontralor resolvió el expediente R/SAE/028/2011, también contra Álvarez Alonso, donde la sanción económica fue de 20 millones 582 mil 138 pesos, lo que suma un total de 72 millones 281 mil 803 pesos.

Disputa por el poder

La columna Oficio de papel documentó el pasado 9 de julio que los expedientes fueron abiertos en medio de “disputas por el poder y el control de bienes decomisados”. Y es que Álvarez Alonso, director fundador del Sae, se confrontó de manera directa con el entonces titular del Órgano Interno de Control, Alberto Mesta Soulé.

Fuentes cercanas al caso argumentan que las órdenes contradictorias dictadas por este último formaban parte de un plan para sancionar a Álvarez Alonso. Y es que a pesar de que el Sae incurriría en desacato a una orden judicial si no devolvía las telas, el entonces contralor interno Alberto Mesta –actual responsable del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado– lo acusó de falta de supervisión a dicha operación.

El juicio de Elcar Textil

El caso de Elcar Textil ilustra las presiones a las que se vio sometido el exdirector del Sae. El juicio de amparo 449/ 2007 –cuya copia posee Contralínea– indica que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ordenó Álvarez Alonso el pago de 49 millones 653 mil 515 pesos a la empresa Elcar Textil, afectada por el decomiso.

Benjamín Soto Sánchez fue el juez que avaló que la Administradora de Devoluciones de la Coordinación Jurídica de Bienes Muebles del Sae comunicara a la empresa textil que se habían realizado los trámites necesarios para la entrega de un cheque que amparara los más de 49 millones de pesos.

La entrega, según el juicio de amparo, se habría pactado para el 18 de diciembre de 2008. Sin embargo, el día en que debían ser pagados los 49 millones 653 mil 515 pesos se les informó a los representantes de Elcar Textil que se difería la celebración del pago “para una fecha próxima a definir”.

En consecuencia, el juez le requirió al ahora exdirector del Sae que, en un término “improrrogable” de 24 horas, fuera realizada “la entrega del cheque por resarcimiento económico” a la textilera.

De no responder a esta orden judicial, dice el documento fechado el 19 de diciembre de 2008, “se denunciará tal circunstancia, así como la ejecución de la sentencia, ante el órgano competente”.

Lo anterior también implicaría la separación del cargo del funcionario que desacata la orden y su consignación ante el juez de Distrito que correspondiera para que lo juzgara por la desobediencia cometida.

Los sancionados

Datos de la Secretaría de la Función Pública indican que de enero a julio de este año han sido sancionados 5 mil 933 servidores públicos en todo el país. Por las amonestaciones económicas aplicadas, deberán ingresar al erario unos 2 mil 255 millones de pesos.

El reporte Sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la administración pública federal muestra que el mismo mes en que fue inhabilitado el exdirector general del Sae, en junio pasado, existieron otras 47 sanciones en la misma institución. Sus acciones significaron multas por más de 200 millones de pesos.

La resolución de la Secretaría de la Función Pública muestra que en el Sae hubo 12 inhabilitaciones, siete suspensiones, 12 multas económicas, 12 destituciones, dos amonestaciones privadas y tres públicas.

Fue a través de 24 resoluciones que 19 servidores públicos adscritos al Sae merecieron este tipo de sanciones, e implicaron amonestaciones por un total de 248 millones 541 mil 894 pesos, tan sólo en este organismo.

Entre otros altos mandos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes sancionados junto con el exdirector general se encuentran el coordinador de Bienes, Manuel Alcocer Castelazo; el director Ejecutivo, Pedro Izquierdo Rivera, y el director Corporativo de Operación, Fernando Stefanon Salinas.

ASF reprueba sistema de control

Apenas en marzo pasado, la Auditoría Superior de la Federación dio muestra de supuestas irregularidades en el manejo de bienes que enajena el Sae.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, el diseño del sistema de control interno del Sae, en la administración del inventario de los bienes transferidos para su administración y destino, presenta “debilidades”.

Lo anterior debido a que “no cuenta con la normativa específica que regule la información que debe contener la base de datos en la que se registran los bienes, ni su supervisión, operación y consulta”, detalla el análisis.
Esta situación, indica el máximo órgano de fiscalización, no permite evaluar la calidad y veracidad de la información que concentra para llevar un estricto control de las existencias físicas de los bienes muebles e inmuebles, y coadyuvar a la toma de decisiones.

Además reporta que la Junta de Gobierno del Sae no ha determinado la información que debe contener la base de datos en la que el organismo registra y controla el inventario de los bienes transferidos para su administración y destino, ni ha elaborado los lineamientos que regulen la supervisión, operación y consulta de dicha información.

Irregularidades en Aduanas y Sae

Empresarios de la industria textil denuncian que tanto la Administración General de Aduanas como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) actúan no como autoridades sino como competidores desleales.
Ello, porque supuestamente los cargamentos de telas importadas que son decomisados en las aduanas de forma irregular han sido vendidos por el Sae en países de Centroamérica. Aunque los recursos se entregan a la Tesorería de la Federación, los industriales señalan que el país pierde dinero.
De acuerdo con la columna Oficio de papel, “en la Administración General de Aduanas, área encargada de las incautaciones, se comprometían con los textileros a destruir las telas, pero en realidad esa mercancía nunca era quemada (porque no se tiene el equipo para ello). En ocasiones [los bienes] salía[n] por la puerta trasera de las Aduanas para regresar al mercado en manos de los textileros, lo que significaba cuantiosas ganancias para funcionarios corruptos y empresarios abusivos.
“Un negocio redondo solapado por las autoridades hacendarias y que es un secreto a voces en todas las aduanas”.

En el gobierno de Vicente Fox Quesada, el 19 de diciembre de 2002 , se publicó la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, mediante la cual se creó el Sae.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación pretendía “apoyar el cambio en la función pública”, que había pasado del Partido Revolucionario Institucional al Partido Acción Nacional.

Su creación tenía como finalidad “reducir los costos de administración y custodia por la administración, operación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal;?y armonizar y evitar la duplicidad de los procedimientos que realizaban diversas instituciones y unidades administrativas”.

Entre los criterios que contempla la ley se encuentran:

Otorgar mayor certidumbre jurídica al tener una ley que defina y clasifique los bienes a disposición del gobierno federal.

Transparentar las actividades encomendadas al Sae, para lo cual se establece la obligación de rendición de cuentas periódicas, al presentar informes a las entidades transferentes, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y a otras instancias fiscalizadoras.

Establecer un sistema flexible a fin de que los bienes sean transferidos al Sae cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales.

Normar mediante los procedimientos necesarios la administración y destino de bienes.