Reforma energética: quebrar las bases constitucionales

Por Juan de Dios Hernández Monge

Es tan claro y contundente este mandato de la Constitución, como es ilegal y francamente anticonstitucional la anunciada reforma “estructural” energética propuesta por el Partido Revolucionario Institucional-Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática. Pretenden culminar la obra privatizadora neoliberal para terminar de entregar lo que queda de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al capital privado. Han venido entregando los energéticos a capitales extranjeros, primero mediante los contratos de servicios múltiples, y luego con los contratos incentivados, y ahora con la exploración y explotación en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y las 607 mil hectáreas del yacimiento llamado Hoyo de Dona (en las aguas del Golfo de México); lo mismo ocurre con los pozos maduros en Chicontepec (Veracruz), entre muchos otros contratos y concesiones, todos nulos de pleno derecho, absolutamente anticonstitucionales.

En materia de electricidad, la privatización ha ocurrido a través de los denominados productores independientes de energía eléctrica. El capital privado produce más del 60 por ciento de la electricidad que vende la CFE, no obstante la prohibición expresa de la Constitución para la participación de los particulares en esas actividades exclusivas, por ser estratégicas, de la nación.

Existe un plan maestro que sistematiza este saqueo: el Consenso de Washington de 1989. Éste inició con la consigna del “adelgazamiento del Estado” en México y América Latina, para reducirlo a su mínima expresión como administrador, con las recetas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para obligarlos a privatizar todas las empresas estatales, paraestatales y de participación estatal (mayoritaria y minoritaria). En el caso particular de México encontramos: Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Ferrocarriles Nacionales de México, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, la entonces Compañía Nacional de Subsistencias Populares, los bancos, el sector de seguridad social, aduanas, las pensiones de los trabajadores, la jubilación, las guarderías… Incluso se llegó al extremo de permitir la “autorregulación bancaria”, con la que los dueños de los bancos dictan sus propias normas reguladoras de la actividad de crédito. Desde entonces, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonó la filosofía del “nacionalismo revolucionario” para abrazar la del neoliberalismo, un cambio de paradigma radical expresado nítidamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los gobiernos panistas, por su parte, continuaron el desmantelamiento de la propiedad pública. Hoy, el PRI simplemente recupera la conducción de ese proceso desnacionalizador, bajo la égida del “libre mercado”, es decir, de los dueños del dinero que sabemos no tienen nacionalidad.

El Estado siempre había sido representante político de los dueños del dinero, pero ahora esos mismos mandones se han apoderado de los aparatos de poder del Estado. Los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) están copados por empresarios y sus personeros: ocurrió entonces una simbiosis entre el interés político y el interés económico y el Estado abdicó de sus funciones estratégicas al asumir el papel de represor de la movilización y la protesta social, además de que se presenta como legitimador del despojo sistematizado del que México ha sido objeto.

En teoría, aun dentro de los estrechos márgenes del liberalismo clásico, el elemento “poder” –o gobierno– del Estado se encuentra acotado; es decir, el “poder” del Estado no es absoluto: cualquier funcionario únicamente puede hacer aquello que la ley expresamente le autoriza. En México, el límite del poder del Estado está representado por la esfera de derechos subjetivos de los habitantes del territorio nacional llamados ahora derechos humanos o garantías individuales, contenidos en la parte “dogmática” de la Constitución (Artículos del 1 al 29), que por su rango constitucional establecen la “ley suprema de toda la Unión” (Artículo 133). Es decir que todo el ordenamiento jurídico del país debe encontrarse subordinado a su mandato y observancia irrestricta, sin embargo y no obstante que en un verdadero estado de derecho ninguna norma legal que vulnere la letra o el espíritu de una norma constitucional tiene posibilidad de existir y resulta nula de pleno derecho.

Nos encontramos frente a una política de hechos consumados. El gobierno, en su afán de entregar la riqueza nacional al capital privado (nacional o extranjero), no ha dudado en quebrantar las bases constitucionales que nos dan identidad como país. La política energética que viene impulsando el PRI corresponde a los dictados de los organismos financieros internacionales y es notoriamente ruinosa para la economía nacional. La entrega de la riqueza nacional a los particulares –como lo vienen haciendo– constituye una condena a la miseria del pueblo, pero también una traición a la patria. Que la nación se los demande.