21. julio, 2013 Miguel Concha Malo * Opinión

Hace 13 años fue recluido en las celdas del Centro Federal de Readaptación Social El Amate, y ha sido traslado a cinco diferentes reclusorios. Muchos de estos traslados pretendían alejarlo de su comunidad y su familia, que radica en Chiapas. De manera intencionada se le ha querido distanciar de su pueblo, que desde fuera le apoya y presiona a las autoridades para que sea liberado. El pueblo tzotzil sabe que el Profesor, como lo conocen, fue condenado a 60 años de prisión sin justificación y sin pruebas contundentes. Sabe además que se le fabricaron delitos que no cometió. Alberto Patishtán Gómez fue encontrado culpable, según las autoridades, y se le acusó por presuntas faltas relacionadas con lesiones, homicidio calificado, robo, daños, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Acusaciones que con el paso de los años han sido revertidas, y se ha demostrado que las pruebas son falsas y que los testigos mintieron. No omitimos mencionar que de fondo hay un conflicto político.

Hace 13 años el Profesor participaba en la denuncia comunitaria que hacía evidente que el presidente municipal de su comunidad se beneficiaba personalmente de los recursos públicos. La comunidad se organizó y emprendió un proceso de lucha social, exigiendo la destitución del entonces titular de la presidencia municipal. Patishtán, al igual que muchas más personas, exigía justicia y castigo a la corrupción. En este contexto se le acusa de emboscar una patrulla de la policía, donde siete personas perdieron la vida y resultó herido el hijo del presidente municipal.

El proceso jurídico que ha vivido el hermano Patishtán ha sido duro y largo, pero sobre todo injusto, ya que se le sentenció a pesar de presentarse pruebas que dan cuenta de que en el momento de la emboscada el profesor indígena se encontraba en una reunión con maestros de la zona escolar de Huitiupán. Todas y todos sabemos que el caso Patishtán pone al descubierto la situación tan injusta que viven muchas de las personas presas al interior de las cárceles en Chiapas. Más grave aún es que nos muestra que existen casos de personas inocentes purgando penas crueles y en condiciones inhumanas. Pero también es cierto que esta lucha nos comparte la fuerza espiritual descomunal de Alberto, pues aun estando en reclusión fundó un colectivo de presos políticos, La Voz del Amate, que de manera pacífica exigen su libertad y desde allí tejen solidaridad de muchas personas que hacen llegar cartas al profesor y al colectivo desde diversas partes del mundo. En las próximas semanas las instituciones del Poder Judicial de este país deberán resolver el caso.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, decidirá si el profesor permanece preso o se le otorga libertad inmediata. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no reasumir su competencia en el caso, pues argumentó que éste no resulta trascendental, y que no se han incorporado “argumentos novedosos”. A nuestro juicio, y el del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la resolución de la SCJN constituye una denegación del derecho humano al acceso a la justicia de miles de personas cuyos procesos estuvieron colmados de irregularidades. Así de injusto es el proceso en contra del profesor Pathistán. Existen elementos contundentes que dan cuenta de las violaciones al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia. Y sin embargo, a pesar de esto se le dictó una sentencia de 6 décadas de prisión. No tenemos reparo en asegurar que en este caso se configuran graves violaciones a los derechos humanos del profesor, pero también de las comunidades indígenas de nuestro país.

México tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. El sistema de justicia actual discrimina estructuralmente a las personas pertenecientes a alguno de estos pueblos: juzga a quien no debe juzgar y encarcela a personas inocentes. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformado por más de 70 organizaciones de derechos humanos en el país, respalda en su conjunto la exigencia de libertad inmediata para el profesor, y exige a las autoridades implementar las acciones necesarias para atender y resolver este caso lo más pronto posible. De hecho el caso del profesor es parte de la campaña Defendamos la Esperanza, impulsada por la misma Red TDT, que da cuenta de experiencias ejemplares de defensa y promoción de los derechos humanos en México. Es urgente nuestra solidaridad con todas las personas presas de manera injusta.

Patishtán se ha convertido para muchas personas en un guía de cómo defender los derechos humanos privado injustamente de su libertad. Durante todos estos años de encarcelamiento se ha desempeñado además como un ministro fervoroso de la Iglesia, acompañando con fe y esperanza a quienes como él han sufrido las consecuencias del deficiente y violento sistema penal. Asimismo, ha liderado y participado en innumerables huelgas de hambre y jornadas de ayuno. Combina la defensa de la dignidad de su pueblo y de las personas con la meditación y puesta en práctica de textos de la Biblia, fortaleciendo así sus trabajos por la paz y la justicia. A pesar de saber que las condiciones en las que se encuentra su caso son difíciles, Patishtán busca la mejora de las condiciones en las que están sus compañeros de prisión. Ha roto con el miedo, y ahora resiste los embates de un sistema deshumanizante. En sus declaraciones resuena mucho de lo que le motiva a mantenerse firme frente a la injusticia: “Pensamos: si morimos ni modo. Vale más morir luchando por la libertad que resignarnos”.

Alberto Patishtán es un defensor de los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos indígenas que por siglos han sido violentadas. La injusticia y condiciones deplorables a las que se margina a la mayoría de las personas presas en el país, y que él mismo experimenta, lo han convertido en inspiración para levantar la voz sin miedo y exigir a los jueces de este país que cumplan la ley y hagan justicia, ya que si se les ha encomendado esa tarea no es para solapar corrupciones judiciales ni pruebas inventadas. Hoy día somos millones de voces solidarias que exigimos al Estado dé plena libertad al defensor de derechos humanos y miembro del colectivo Solidarios de la Voz del Amate, Alberto Patishtán Gómez.

*Filósofo, sociólogo y teólogo; director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

Fuente: Contralínea 344 / julio 2013