11. agosto, 2013 Martin Esparza Opinión

| Primera parte

Si partimos de la base jurídica contenida en el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece sin cortapisas que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público que dimana de éste debe instituirse para su beneficio y no para provecho de unos cuantos, es innegable que parte de esta soberanía descansó, por muchas décadas, en nuestra soberanía económica lograda, en buena medida, gracias a las nacionalizaciones de las industrias petrolera (1938) y eléctrica (1960).

De hecho, y como hemos argumentado en Contralínea, en México parece existir una corriente inversa a la que rige en las naciones petroleras y del primer mundo, mismas que conceden a sus recursos energéticos un valor estratégico para sus soberanías y su propia seguridad nacional, evitando que tan invaluable sector sea infiltrado y controlado por empresas extranjeras.

Alarmante resulta saber que, por ejemplo, funcionarios mexicanos de primer nivel, como la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, sean recompensados por haber brindado millonarios contratos a empresas como la española Iberdrola, que en el pasado sexenio obtuvo concesiones para el establecimiento de parques de eólicos para generación de electricidad en estados como Puebla y Oaxaca, así como importantes proyectos de cogeneración en Tamaulipas y Guanajuato.

La firma española contrató como asesora externa a la exfuncionaria con un sueldo trimestral de 35 mil euros –unos 600 mil pesos–, con lo que Kessel obtendrá un sueldo promedio de 200 mil pesos mensuales por haber incluido, en un nebuloso tráfico de influencias, a Iberdrola dentro de los 772 permisos otorgados por los gobiernos panistas para la generación de energía en México a diversas empresas multinacionales.

Si en nuestro país se hiciera valer el estado de derecho, Kessel y otros muchos funcionarios deberían ser investigados por haber utilizado información privilegiada para favorecer a las trasnacionales en contra de los intereses de la nación, poniendo en riesgo nuestra soberanía y seguridad nacional, amén de los millonarios daños patrimoniales que han representado los compromisos adquiridos con las firmas extranjeras para comprarles, de forma obligatoria, su energía en las próximas décadas.

Como lo han establecido con claridad organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis de la Cuenta Pública de 2009, hasta diciembre de aquel año la compra de energía a las firmas beneficiadas por la exsecretaria Kessel le había costado al país 268 mil millones de pesos. Tal situación avizora un dramático futuro cuando el organismo señala con irrefutables pruebas que los contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las multinacionales de la energía representarán, de 2010 a 2040, una erogación global de 1.6 billones de pesos. Altísimo costo que ya empezaron a pagar millones de mexicanos con la imparable alza en sus recibos de luz.

Esta errada política energética no sólo ha obligado a subutilizar a la infraestructura eléctrica, propiedad de la nación, sino condenar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a una virtual quiebra técnica por la silenciosa privatización en sus diversas áreas, echada a andar desde el gobierno de Vicente Fox y legalizada con la reforma calderonista de 2008, que abrió la posibilidad de los contratos incentivados.

Ahora, y hay que denunciarlo al país, la reforma energética busca dar garantías a los grandes corporativos que no serán expuestos al riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad reguladora o Pemex puedan declarar nulas las futuras concesiones: las mismas y extralimitadas garantías de que gozan las trasnacionales que se han adueñado del sector eléctrico.

La falsa escenografía que presenta al sector energético como un callejón sin salida para justificar la reforma que, de acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, será presentada este mes, debe ser echada abajo en foros de análisis y debate nacional, pues no corresponde a la realidad que enfrentan tanto la CFE, como Petróleos Mexicanos. Ambas entidades deben parte de sus debilitamientos financieros a esa encubierta privatización operada por los panistas, situación de crisis que en el caso de Pemex se ha acrecentado por el injusto régimen fiscal impuesto a sus ingresos. Los multimillonarios recursos que paga la paraestatal al fisco son utilizados para tapar los gigantescos huecos presupuestales ocasionados por la evasión de los grandes empresarios, ante la complicidad y complacencia de las autoridades hacendarias.

Tan sólo en 2004, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la evasión en nuestro país alcanzó la cifra de 610 mil 800 millones de pesos, ingresos faltantes que fueron cubiertos por la carga fiscal impuesta a la paraestatal y que le costó erogar, ese año, 473 mil millones de pesos. Antes de tomar cualquier determinación a espaldas del país, se debe explicar a los mexicanos –en quienes reside la soberanía nacional como lo dicta el Artículo 39 constitucional–, cómo es posible que se haya consentido que Pemex sea la única empresa petrolera en el mundo que pague más impuestos. Por ejemplo, en 2009, Exxon Mobile erogó, por la vía tributaria, 15 mil 100 millones de dólares; Royal Dutch Shell, 8 mil 300 millones de dólares; Petrobras, 5 mil 200 millones y, para no creerse, Pemex desembolsó ¡40 mil 500 millones de dólares!

Con estos comparativos, difícilmente los panegiristas de la reforma podrán argumentar que Pemex es una empresa poco rentable e improductiva. Recordemos al respecto la urdida ineficiencia de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, inventada por Calderón para desaparecerla, cuando sabía perfectamente que su gobierno la obligaba a comprar energía cara a la CFE y revenderla a un precio más bajo a los consumidores: una inducida quiebra cuyos verdaderos objetivos eran desaparecer a una de las organizaciones más combativas e independientes del país, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para entregar valiosos recursos patrimonio de la nación (como la fibra óptica) a empresarios privados, muchos de ellos, por cierto, panistas, como los exsecretarios de Energía en la gestión de Fox, Fernando Canales y Ernesto Martens.

Los priístas, que ahora buscan emplear su fuerza numérica para imponer la reforma energética, deben recordar lo planteado por sus antecesores de la LXI Legislatura, cuando en julio de 2011, y siendo oposición, demandaron en su documento parlamentario 10 años de panismo (apartados de “Resultados”; “III Energía: desperdicio y enajenación de bienes públicos”): “para el PRI [Partido Revolucionario Institucional] está claro que el futuro de la energía en México se deberá discutir en un marco de apertura, certeza y honradez, y en función de los mejores intereses del país; la solución no consiste en privatizar los recursos de la nación para ocultar los fracasos del PAN [Partido Acción Nacional]. México cuenta con los recursos energéticos suficientes para enfrentar el reto. Sólo falta liderazgo”.

En sus manos está honrar su propia palabra y hacer valer la soberanía nacional que radica, como lo establece nuestra Constitución, en el pueblo de México y no en funcionarios pillos que han configurado, en su delictivo proceder a favor de las trasnacionales, una verdadera traición a la patria.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Fuente: Contralínea 347 / agosto 2013