2. octubre, 2013 Marcos Chávez * Capitales

¿O no demostraremos mediante el álgebra que el nieto de Hamlet es el abuelo de Shakespeare y que él mismo es el espectro de su propio padre?

Ricardo Piglia, Respiración artificial

Es evidente que toda pretensión de cambio en los impuestos –o de cualquier otra cosa– siempre llega acompañada de una apresurada manada de apologistas que tempranamente intentan vender sus bondades, como si fueran objetos preciosos ofrecidos a precios de regalo aparentando conocer todos sus detalles; como si fueran visionarios aventajados pese a que difícilmente han leído las más de 1 mil páginas que suma el paquete de la reforma hacendaria. Con su minoría desilusionada porque sus expectativas fueron defraudadas, como es el caso de Claudio X González, por citar a uno de su casta, quien esperaba cosechar su tercer éxito seguido con las contrarreformas neoliberales peñistas luego de sus triunfos en telecomunicaciones y educación, que tiene a los maestros rebeldes en las calles machacados a palos por los aparatos represivos del Estado del pequeño aprendiz de reyezuelo. ¿Acaso el neofranquista-salinista, amado por las hordas de la ultraderecha de la Universidad de Anáhuac –que fue regenteada por el difunto pederasta Marcial Maciel, quizá por sus generosas donaciones deducidas de impuestos, y uno de los principales beneficiarios por el capitalismo de casino y rapiña–, no había declarado convencido, una y otra vez, que la única solución para elevar la recaudación era recetarle un IVA (impuesto al valor agregado) de 16 por ciento a los alimentos y las medicinas para que no fueran tocados sus socialmente insultantes ingresos oligárquicos? Con su mayoría de pasivos resentidos que, con el tiempo, se dan cuenta, por la vía de los hechos, que no les queda más que asumir los costos… Así sucederá con la iniciativa hacendaria peñista que, con algunas variantes –al cliente lo que pida–, aprobará el Congreso de la Unión. A partir de 2014 sus bolsillos serán minuciosamente saqueados, peso a peso, por el caudal de nuevos impuestos a la renta y al consumo, o con el alza de los existentes y de los precios de los bienes y servicios públicos.

Al final, los parteros de las llamadas y malogradas reformas fiscales “integrales” siempre quedan como genios incomprendidos. Al igual que los “nobles” propósitos que sustentan sus programas: la virtuosa equidad, pues normalmente, se dice, gravarán más a los que más tienen; el esfuerzo desinteresado por el bienestar, pues se añade, los dineros adicionalmente recaudados serán empleados para el crecimiento y el bienestar de las mayorías. Imaginativos, Enrique Peña y Luis Videgaray agregan otros dos objetivos nada novedosos a decir verdad: su compasiva preocupación por la salud de la población y su inquietud por el ambiente. Pero los enfrentarán a golpes de tributos. Con la lógica del castigo pecuniario sin zanahoria. No con políticas y programas preventivos, los cuales promuevan hábitos sanos de alimentación e inhiban la lógica consumista, en especial de la basura disfrazada de bebidas y alimentos, así como con formas de vida y de producción que no destruyan y contaminen la naturaleza, fenómenos típicos de la racionalidad insensata del capitalismo, donde lo único que importa es la acumulación destructiva que garantice la reproducción ampliada del capital y la maximización de la tasa de ganancias.

Al desechar temporalmente la imposición del IVA en alimentos y medicinas, Peña y Videgaray volvieron a desempolvar impuestos francamente extravagantes, los cuales rememoran a los aplicados por su alteza serenísima Antonio López de Santa Anna y su secretario de Hacienda Ignacio Sierra y Rosso –el mismo que discurseó durante la colocación, en Santa Paula, del pie perdido por el excelentísimo y benemérito Quince Uñas–, a principios de la década de 1850. Con esa chabacanería se hermanan los militantes del histórico partido conservador; si bien, cosa curiosa, ahora los peñistas son cómicamente considerados como “progresistas” por los que antaño reclamaban esa marca como distintivo genético y del cual, hoy en día, se avergüenzan porque, según ellos, les proyecta una imagen “incivilizada”.

En realidad, los objetivos justicieros y píos de la reforma fiscal peñista son una farsa. No son más que vanas envolturas por medio de las cuales se busca encandilar a la población –si es posible que alguien acepte más impuestos– para que respalde una reforma cuya principal razón es la recaudación. La obtención de la mayor cantidad de dinero, por cualquier medio, para los años subsecuentes, con el objeto de subsanar la renta petrolera que se perderá con la reprivatización energética y cuya contrapartida serán las ganancias de las corporaciones. Sólo un ingenuo puede creer en la sinceridad de los peñistas y pensar que, efectivamente, esos ingresos adicionales serán empleados para un desarrollo y el bienestar.

Es natural que todo cambio en la política fiscal, uno de los componentes centrales de la política económica relacionado con el ingreso y el gasto del Estado, genere zozobra entre las clases y estratos sociales. Ni la política económica ni la fiscal son neutrales. Los instrumentos empleados para atender la recaudación y los egresos públicos, así como su composición, definen su orientación, el sesgo ideológico de los gobernantes y sus compromisos políticos. Una política económica de corte keynesiano privilegia el crecimiento con pleno empleo, y una fiscal que implica la equidad con la progresividad tributaria directa (impuestos a la renta diferenciales y mayores para las grandes empresas y los sectores de altos ingresos), y la expansión del gasto estatal de inversión para estimular dicho crecimiento, y el social para mejorar el bienestar y atenuar las desigualdades generadas por la propia evolución del sistema capitalista. También utiliza los egresos y el déficit público como instrumento contracíclico que acepta el déficit público. Una de perfil neoliberal desecha ese tipo de Estado: prefiere la estabilidad de precios y la “disciplina” fiscal, la baja de los gravámenes directos y el alza de los del consumo (el IVA y otros) y de los precios públicos; el retiro de subsidios; el ajuste en el gasto (productivo y social sustituido por el asistencialismo) y el equilibrio fiscal. Tal y como se hizo entre 1983 y 2012, que condenaron al país –y al capitalismo mundial– al estancamiento crónico y la exclusión social. En determinadas circunstancias, empero, los neoliberales no han dudado en aceptar trasvertirse en keynesianos de circunstancia, con el aumento del impuesto a la renta o del déficit fiscal; como sucedió en la Unión Europea después del desastre de 2008 sin que por ello perdieran su naturaleza doctrinaria que poco después reapareció brutalmente, con los macroajustes fiscales, el recorte masivo del gasto sin rebajar los gravámenes directos, hasta el momento, en tanto se recupera el equilibrio presupuestario.

La definición de la orientación de la política fiscal sintetiza la pugna por la distribución del ingreso entre los asalariados, los empresarios y el Estado. Determina quién paga más al Estado, quién se beneficia más por la manera en que se gasta el presupuesto y, por añadidura, esclarece de qué lado está el corazoncito de quienes regentean el Estado. Ordinariamente ganan los grupos más organizados y con mejor interlocución con la elite gobernante en turno, con quienes comparten la ideología, los compromisos y los intereses. La emergencia de un puñado de oligarcas como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, los Servitje y otros cuantos, no más de 100, que han acumulado grandes fortunas, evidencian quiénes han sido los triunfadores del actual proyecto de nación y de su modelo económico; de qué lado se han inclinado los generosos brazos del Estado y la lucha de clases.

De cómo los neoliberales se volvieron “progresistas”

Según Peña y Videgaray, su propuesta hacendaria es “socialmente justa”, “altamente progresiva”, “económicamente responsable”, “más simple y transparente” entre otras monerías. Tan seductor aparece el espejismo de ciertos detalles que algunos cayeron rendidos ante el canto de las sirenas, cerrando los ojos ante los asuntos tenebrosos y chocarreros del conjunto de la propuesta.

Mario Di Costanzo, un izquierdista tempranamente reconvertido en neopriísta-peñista, encantado con ella, pues “no toca el IVA en alimentos y medicinas”, “restaura la equidad del sistema tributario” porque “garantiza que pague quien más gane” y “es plural”. Así, dice el exlopezobradorista (Andrés Manuel López Obrador ya no tiene “elementos para quejarse en temas fiscales”). El profeta fue desarmado (Roberto Fonseca, 24 Horas). Eufórico, el neopriísta Jesús Ortega anuncia el “inicio de un viraje en el dogma neoliberal”, por la propuesta de impuestos a la especulación bursátil, el fin de la consolidación fiscal y de casi todos los regímenes especiales por el déficit fiscal (Jorge Ramos, El Universal).

El neofranquista Mariano Rajoy propuso gravar en 2013 a las inversiones especulativas en España, con una tasa mínima de 24.75 por ciento y un máximo de 52 por ciento, según los beneficios obtenidos. También planteó elevar el IVA a la compra-venta de viviendas de 4 a 10 por ciento y eliminar su deducción, y anunció un próximo impuesto verde bajo la divisa: “quien contamina paga”, la misma usada por los peñistas con el mismo propósito ambientalista. ¿Rajoy dejó de ser un fundamentalista neoliberal y se volvió progresista, de aroma keynesiano, al estilo peñista-chuchista? ¿Simple coincidencia en las propuestas o se sigue el mismo libreto elaborado en otro lado, respetándose los matices autóctonos?

En 2102 el Parlamento Europeo, dominado por la derecha variopinta, incluyendo a los adoradores del “libre mercado”, aprobó la creación de un impuesto a la compra-venta de acciones y productos derivados. Ese año escribió Carmen Martínez Carrascal, del Banco de España (el Central): “Numerosos países cuentan actualmente con figuras impositivas sobre algún tipo de transacción financiera […] Entre finales de septiembre y octubre de 2012, 11 Estados miembros (España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia, Italia y Portugal) remitieron a la Comisión solicitudes oficiales pidiendo autorización para proceder a una cooperación reforzada en la implantación de un ITF [impuesto sobre transacciones financieras] común” (Estabilidad financiera, número 23, noviembre de 2012). Quizá sólo Francia no es gobernada por un cónsul neoliberal.

Hacia finales de 2009 y alrededor de 4 billones de dólares que había costado el rescate de las entidades financieras colapsadas hasta ese momento, los impuestos y las regulaciones a los capitales especulativos habían dejado de ser una especie de infierno temido por los financistas.

¿Es el mundo del revés, o alguien quiere engañar a la población vistiendo con traje de diablo progresista al santo neoliberal mexicano?

Otros, los “nuevos indignados”, se sintieron traicionados, atacados por una especie de fuego amigo. Peña y Videragay no incluyeron el citado IVA de 16 por ciento y presumen que quieren bolsearlos, pese a que todo se reducirá a un modesto arañazo, descontable de impuestos, pese al eventual acotamiento a las deducciones. El priísta sumiso Emilio Gamboa, mercenario de los oligopolios televisivos y mercader de las catacumbas del Congreso, refunfuña por el intento de elevar el IVA de 11 a 16 por ciento en la frontera. Hasta el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se había anticipado a cambiar sus estatutos para aceptar dicho gravamen. Con cierta razón, Merrill Lynch anticipa efectos inflacionarios por la próxima catarata de impuestos, ya que, aunque no lo dice, las alzas serán trasladadas a los consumidores afectando su capacidad de consumo y, por tanto, anulando las presiones en los precios. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria predice que de todos modos el IVA que se impondrá a otros bienes y servicios afectará a la parte “socialmente justa” y “altamente progresiva”; afectará más a los miserables y pobres que supuestamente buscó proteger. Los analistas del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado le regatean otra virtud: ni siquiera “ayudará a crecer; y si bien atiende a necesidades sociales puede resultar incluso recesiva”.

Sin embargo, el Pacto por México y el Congreso de la Unión han demostrado que son excelentes casas de negocios. Todo se vende al mejor postor. Mientras Peña les ha dicho a los maestros que está dispuesto a agotar la vía del diálogo, pero que “no hay marcha atrás, [que] la reforma educativa va y habrá de promulgarse”, con sus refinados interlocutores el coloquio avanza por una pista distinta. Diálogo con cambio. Dependerá del cliente para que entre la iniciativa y la ley hacendaria se abra un sendero más cómodo para los presuntos afectados del “menos del 1 por ciento de la población total [que] percibe ingresos iguales o mayores de 500 mil pesos al año”.

La disputa seria aún no empezaba al momento de escribir esta nota y ya los peñistas anunciaban que reculaban a una medida a favor de la “equidad” para gravar más a los que más tienen: el IVA a la educación privada, excluyente, clasista, racista y católica (la mayoría) en sus servicios al 1 por ciento oligárquico, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la opusdeista Universidad Panamericana y demás selectos antros burgueses. Pese a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la siguiente parte revisaremos qué tan social y equitativa es la iniciativa peñista, sus santaannistas propuestas y sus pírricos alcances.

*Economista

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Contralínea 354 / lunes 30 de septiembre al domingo 6 de octubre de 2013