8. diciembre, 2013 Álvaro Cepeda Neri * Contrapoder

Pedro J Ramírez, Prensa y libertad

El periodismo de investigación sigue dando frutos frente y contra la democracia representativa o indirecta para enriquecer y fortalecer a la democracia directa, la del demos en activo para “hacer una petición o presentar una protesta” (Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), tal como lo explica certeramente en su libro Giovanni Sartori, Aspectos de la democracia, al sostener que la “democracia sólo puede significar que el poder reside en el pueblo activo” si es que, además, “la política es, y será siempre, el producto de lo políticamente activo”. Ésta es la democracia directa: la del pueblo en las calles manifestando sus desacuerdos, criticando a los gobernantes, exigiéndoles cumplir con sus obligaciones y demandando la rendición de cuentas.

Los que gobiernan a la democracia representativa desde los poderes del Estado desprecian a la democracia directa, a la del pueblo en activo en su conjunto o a través de sus partes: maestros, campesinos, obreros, indígenas, mineros, etcétera, porque son intolerantes y autoritarios ante las protestas sociales que reclaman el cumplimiento de que los gobernantes han de consultar al pueblo, y que deben cumplir con el principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Y la prensa, al ejercer su información, análisis y críticas, ha de hacerlo como contrapoder para enriquecer a la opinión pública individual y colectiva. Para informar veraz y contrastadamente el periodismo de reporteros, caricaturistas, columnistas y demás trabajadores de la prensa escrita que, es el caso, debe sustentar esa información en el periodismo de investigación. Esto para apuntalar “la libertad de prensa [que] significa libertad para obtener información, exhibirla, publicarla y hacerla circular”.

A lo que voy es al contrato autorizado por Peña Nieto para espiar a los legisladores del Congreso de la Unión. Una empresa de espionaje contratada por casi 350 mil pesos, como pago para que el personal dirigido por Jorge Jaime Díaz Basáñez se desempeñara como “observador”, en vivo y en directo, dentro de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Poder Legislativo de la Federación, para recabar, clandestinamente, lo que hablan los legisladores, por medio de un espionaje que reportaría a las oficinas presidenciales. Ha reculado Peña Nieto y canceló el contrato a prueba por 10 días, desde el 17 de octubre de este año, y que la información de los reporteros Claudia Guerrero y Víctor Fuentes (Reforma, 28 y 29 de noviembre de 2013) dieron a conocer a los lectores.

Se trató de espiar a los legisladores, metiendo a “observadores” en los recintos donde la democracia representativa realiza sus tareas. En Los Pinos se quería saber de qué hablan los senadores y diputados, qué discuten en las comisiones y con quiénes platican. Estuvieron vigilándolos y obtuvieron reportes con grabaciones y fotos confidenciales. Diez días duró el acecho que se realizó en secreto. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos hay que solicitar la información del espionaje y abortar lo que inspeccionaron los “observadores”; porque el pueblo en activo debe saber cómo, para qué y qué contiene ese espionaje a los diputados federales y a los senadores.

¿Qué buscaba la Presidencia de Peña Nieto? Es mucho muy grave que se haya autorizado vigilar a los legisladores. Y el que Peña y sus asesores hayan reculado no los releva de la responsabilidad de tal hecho. En principio, el director general de Análisis Político, de la Dirección de Comunicación de Los Pinos, a cargo de David López, recibió un reporte, de los quincenales que contrató, sobre todo lo que sucedía en el Congreso. Rodolfo Villarreal Lizárraga, el empleado de David López, estaba interesado en los “escenarios” legislativos mediatos e inmediatos… ¿Para qué?

El asunto es que si ese espionaje no lo autorizó Peña Nieto, los reportes resultantes sí se los proporcionaban al inquilino de Los Pinos. A menos que funcionarios menores de Comunicación Social de la Presidencia se hayan extralimitado en sus funciones, y que la información sobre ese espionaje diera a entender que era para el “señor presidente”, cuando utilizaban la vigilancia para sus intereses personales. En una u otra forma, ese espionaje evidencia que en la Presidencia de la República desconfían de los legisladores.

Durante 10 días funcionó el espionaje, y tras la información, por medio de la prensa, se decidió cancelar el contrato. Ha sido el periodismo de investigación al servicio de la democracia directa el que ejerció el derecho para que los mexicanos estemos informados sobre ese espionaje a los representantes que integran, en el Poder Legislativo de la Federación, a la democracia indirecta. El hecho afecta a ésta, y al no haberse dado a conocer el contrato conforme al principio de publicidad, afecta a la democracia directa.

*Periodista