El Parlamento Europeo adoptó, el 13 de marzo de 2014, una resolución sobre «la invasión de Ucrania por Rusia» [1]. La resolución reafirma el respaldo de la Unión Europea a las autoridades entronizadas mediante el golpe de Estado de Kiev mientras que califica de ilegítimas a las autoridades de Crimea. También califica de difamación las alegaciones de la «propaganda rusa» sobre el carácter fascista (sic) de los manifestantes de Kiev. La resolución denuncia además una invasión perpetrada por tropas rusas en violación del derecho internacional (sic).

En la noche del 13 de marzo, Estados Unidos presentó al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución en el que se declara que el referéndum de autodeterminación organizado en Crimea «no tiene validez». Ya Estados Unidos no dice –como afirmó anteriormente– que el referéndum de Crimea viola el derecho internacional (el voto no es un acto de agresión de Rusia y el ejército ruso no invadió Crimea) sino solamente que viola la Constitución ucraniana cuando el hecho es que Washington ha reconocido en Ucrania un gobierno que llegó al poder violando esa Constitución.

El Congreso de Estados Unidos pospuso para el 24 de marzo el voto de sanciones, al igual que el voto de un préstamo de 1 000 millones de dólares a Ucrania. El presidente Obama ha vinculado esta última medida a una reforma del FMI. Se trata, sin embargo, de una reforma que será, a la larga, ventajosa para Rusia.

Un grupo de unos 150 cosacos se instaló en Sebastopol. Los cosacos son combatientes rusos de tipo paramilitar tradicionalmente dedicados a la defensa de las poblaciones rusas. Son combatientes voluntarios y no dependen de las autoridades políticas rusas.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Estados Unidos se reunieron en Londres, el 14 de marzo de 2014, para conversar sobre el referéndum que se organiza en Crimea. En ocasión de este encuentro pudo verse una evolución en la retorica de los miembros de la OTAN: ya no hablan de «crisis entre Rusia y los occidentales» sino «entre Rusia y Ucrania». Este desplazamiento semántico parece indicar que no habrá ninguna respuesta significativa de la OTAN ante la autodeterminación de Crimea.

John Kerry llegó a Londres en compañía de Victoria Nuland –la secretaria de Estado adjunta para Ucrania–, de Karen Donfried –la responsable en el Consejo de Seguridad Nacional– y del contraalmirante Kurt Tidd –encargado de la planificación de las «operaciones especiales», incluido en el grupo para ocuparse de los datos de inteligencia sobre los movimientos de tropas de Rusia.

El señor Kerry pidió:
– la creación de un grupo de contacto sobre Ucrania;
– la retirada de las «unidades paramilitares suplementarias» desplegadas en Crimea;
– el envío de observadores internacionales;
– la apertura de negociaciones entre Rusia y el nuevo gobierno de Kiev;
– el cese del respaldo a las fuerzas separatistas en Crimea.

El señor Lavrov solicitó la aplicación en Ucrania del acuerdo del 21 de febrero [2], o sea:
– el paso de un régimen presidencial a un régimen más parlamentario;
– una comisión investigadora del Consejo de Europa sobre los actos de violencia;
– la entrega de las armas ilegales;
– la formación de un gobierno de unidad nacional.

22 Estados han anunciado su disposición a enviar observadores para supervisar el referéndum de autodeterminación del 16 de marzo [3]. Aunque Crimea invitó a la OSCE, esta no ha respondido hasta ahora a esa invitación. Los observadores militares anteriormente rechazados en Crimea habían sido mandatados por el gobierno de Kiev.

Rusia analiza en este momento cómo garantizar a Crimea el aprovisionamiento en agua, gas y electricidad, actualmente provenientes de Ucrania a través de la provincia de Kherson, favorable a Kiev, que podría cortar el suministro a partir del 17 de marzo.

Expertos europeos han elaborado una lista de 120 altos funcionarios y hombres de negocios rusos que podrían ser objeto de sanciones adoptadas en el Consejo Europeo a celebrarse el 17 de marzo. En virtud de esas sanciones, se prohibiría la entrada de las personalidades que aparecen en esa lista a los países miembros de la Unión Europea y sus haberes podrían ser congelados.

[2] “Agreement on the Settlement of Crisis in Ukraine”, Voltaire Network, 21 de febrero de 2014.