Sandra Peniche: la lucha por los derechos sexuales en Yucatán

En el pasado, Yucatán fue escenario de la Guerra de Castas y de un efímero separatismo, donde la llamada “casta divina”, formada por las familias más poderosas de la entidad, defendiera sus privilegios.

Pero fue también crisol del socialismo y del feminismo en nuestro país, de suerte que en los años de la Revolución Mexicana floreció la obra del prócer Felipe Carrillo Puerto; y fue en la capital, Mérida, donde en 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista en nuestro país.

En épocas recientes la capital y luego todo el estado de Yucatán fueron zonas controladas por la derecha católica encarnada en el Partido Acción Nacional (PAN); todavía se recuerda la censura moralista que a principios de la década de 1990 trató de implantar en Mérida la alcaldesa panista Ana Rosa Payán.

A la santurronería panista ha sucedido la hegemonía de un priísmo pragmático que no tiene empacho en abanderar los proyectos clericales cuando esto le reditúa algún provecho real o supuesto.

Si en la época posrevolucionaria hubo un avance de las corrientes progresistas en Yucatán, en la época actual se han experimentado retrocesos importantes, como la aprobación de reformas legales contra el aborto.

Con ellas, como bien señala el doctor Iván Franco Cáceres, estudioso del fenómeno religioso en Yucatán, se echó atrás en la entidad “una de las legislaciones más avanzadas en la materia y vigente desde los años del socialismo de Carrillo Puerto”.

Ante las cambiantes circunstancias históricas y políticas hay personas que mantienen sus principios y luchan por ellos, como Sandra Peniche, quien desde hace más de 2 décadas encabeza la lucha por los derechos sexuales en Yucatán, desde una perspectiva feminista y con una actitud crítica hacia las ideas conservadoras.

Al referirse a la escalada clerical y derechista que busca encarcelar a las mujeres que abortan en las diferentes entidades de la República Mexicana, señala: “Enfrentamos una embestida desesperada de los grupos y elites conservadoras ante el avance del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y de la evidencia de que Dios no existe”.
Piedra de escándalo para las “buenas conciencias”

Nacida en Yucatán, Sandra Noemí Peniche Quintal preside la asociación Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (http://shssr.blogspot.mx/) con sede en Mérida, donde se brinda atención a problemas como el cáncer cervicouterino y el virus del papiloma humano.

Desde principios de la década de 1990 ha encabezado la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Yucatán, pero su compromiso con esa causa tiene raíces más profundas en su vida.

Hizo sus primeros estudios en escuelas católicas, donde pudo constatar el autoritarismo y la doble moral del clero, en casos como el de la monja que se encerraba a solas con el cura no precisamente para rezar juntos el rosario.

Sandra también tenía una actitud crítica hacia los dogmas que la llevaba a oponerse a las clases de religión.

Por otro lado, luego de iniciar sus estudios de medicina y siquiatría constató que incluso desde esas disciplinas había un “ejercicio de poder contra las mujeres”, por lo que “me fui haciendo feminista sin saberlo yo misma”, dice.

Relata que en aquella época, en círculos familiares y sociales de la sociedad meridana se decía que si una mujer estudiaba, sobre todo ciencias como la medicina, se iba a “alejar de Dios”.

La lucha de Sandra Peniche en defensa de las mujeres y de los derechos sexuales ha provocado reacciones por parte de sectores conservadores encarnados en grupos antiabortistas.

Luego del triunfo del PAN en las elecciones presidenciales de 2000, hubo una oleada de ataques de la ultraderecha contra instituciones de educación sexual y salud reproductiva.

En Yucatán, a finales de ese año, militantes de Provida, encabezados por Jorge Serrano Limón, organizaron protestas contra la clínica que dirige la doctora Peniche.

Cinco años después, en enero de 2005, seguían las agresiones contra la institución, cuyas instalaciones fueron atacadas por grupos no identificados, que destruyeron toda la fachada y rompieron los vidrios (www.jornada.unam.mx/2005/02/07/informacion/78_yucatan.htm).

Para ese tiempo, la clínica había atendido a más de 3 mil personas y proporcionado un promedio de 1 mil 700 consultas anuales relacionadas con infecciones, trastornos menstruales, pruebas de Papanicolaou, etcétera, además de facilitar la anticoncepción de emergencia.

En otra ocasión, un grupo de extranjeros que enarbolaba la imagen de la Virgen de Guadalupe participó en una protesta contra la misma clínica.

En épocas recientes, según señala Sandra Peniche, grupos antiabortistas como Vida y Familia, AC (Vifac), han tratado de confundir a la gente colocando propaganda contra el aborto afuera de las clínicas especializadas en programas de salud sexual y reproductiva.

Vifac es una asociación que participa en el activismo contra el aborto, pero a la vez presenta una careta de pretendida filantropía, para lo que ha estado recabando fondos con ayuda de empresas como RadioShack (véase “Vifac: ?filantropía’ antiabortista, Contralínea 244, 31 de julio de 2011).

El 26 de marzo de 2014, cerca de un centenar de personas convoca das por grupos antiabortistas y sectores del clero llevaron a cabo una marcha contra la clínica de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, de Peniche, quien señala que el evento antiabortista incluyó actos de hostigamiento e intimidación (www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=1&idTitulo=322989 ).

Ese tipo de concentraciones han contado con el apoyo de la Arquidiócesis de Yucatán y del grupo Franciscanos de María, al que pertenece el sacerdote Felipe Ruiz Montoya, de la parroquia de la Transfiguración del Señor, quien ha sido uno de los promotores de esas marchas (http://yucatan.com.mx/imagen/religion-imagen/marchan-contra-el-aborto ).

En el acto del pasado 26 de marzo participaron también grupos como Paternidad Responsable, Vifac, Provida y Caballeros de Colón (http://yucatan.com.mx/imagen/religion-imagen/marcha-a-favor-de-la-vida-2 ).

El 5 de mayo de 2014, organizaciones feministas publicaron una carta abierta al gobernador de la entidad, Rolando Zapata Bello, donde denuncian “los recientes actos de intimidación y hostigamiento de los que han sido objeto las personas que integran la organización Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva por su labor en la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres en el estado de Yucatán”.

Concretamente, “en los meses de marzo y abril grupos de personas se han reunido frente a las instalaciones de la organización llevando a cabo consignas contra la labor de las defensoras de los derechos humanos.

“Asimismo, de marzo a la fecha se ha iniciado una campaña de difamación y desprestigio que arremete principalmente contra la representante de la organización, Sandra Peniche, activista y defensora de los derechos de las mujeres…”

Sin embargo, esas manifestaciones ultraconservadoras tienen lugar en un mundo donde ha menguado la autoridad moral de la jerarquía católica, desde el Vaticano hasta las parroquias.

En regiones con cierto arraigo conservador, como Mérida, el clero todavía puede sacar a la calle a unas decenas de personas con ayuda de las predicaciones de los sacerdotes de algunos templos, afirma Sandra Peniche.
Aborto y criminalización

Yucatán es uno de los estados donde se criminaliza a las mujeres que abortan, como resultado del deseo de algunos políticos de “quedar bien” con el clero.

En 2009, Yucatán se convirtió en el estado 14 de la República que incorporó en su constitución política estatal el llamado “derecho a la vida desde la concepción” (“desde el momento de la fecundación”, dice el artículo 1 del texto vigente: www.consejeria.yucatan.gob.mx/documentos/ Constitucion_Politica_del_Estado_de__Yucatan.pdf), con lo cual se recrudeció la persecución contra las mujeres que abortan.

También se reformó el Código Civil estatal para proteger a la familia tradicional en detrimento de la diversidad sexual.

“¡Váyanse al infierno!” Era el grito con el que decenas de mujeres, rosario en mano, condenaban a los homosexuales, a la vez que apoyaban esas reformas.

También se aprobó que las mujeres que aborten se sometan a un “tratamiento médico integral” que atienda las supuestas secuelas médicas y sicológicas del aborto (www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3052 ).

Empero, el artículo 393 del Código Penal de la entidad establece cinco casos en los que no se castiga el aborto: 1) cuando sea causado por “acto culposo” de la mujer embarazada; 2) cuando el embarazo sea producto de una violación; 3) cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer; 4) por causas económicas graves, si la mujer ya tiene por lo menos tres hijos; y 5) cuando el feto tenga alteraciones congénitas o genéticas graves.

En los últimos años, varias mujeres han sido sometidas a procesos legales por abortar y, de acuerdo con Sandra Peniche, en algunos de esos casos, paradójicamente, las fianzas fueron pagadas por grupos antiabortistas que temen, quizá, las reacciones de la opinión pública con motivo de la criminalización de las mujeres que abortan.

Además, dichos grupos ponen como condición, apelando a la legislación vigente, que esas mujeres se sometan a “tratamiento sicológico” para que no vuelvan a abortar.

El 24 de enero de 2014, el semanario Proceso informó que unos días antes la Fiscalía General del Estado de Yucatán detuvo y ejerció acción penal contra un joven matrimonio y una mujer por casos de aborto, y que difícilmente saldrían bajo fianza.

“En el primer caso, los implicados son Víctor Javier Ramírez Barbosa y su esposa Adelona Guadalupe Góngora Padernilla, de 21 y 17 años, quienes además son padres de un pequeño de 3 años” (www.proceso.com.mx/?p=363174 ).

“Ramírez Barbosa, quien ya fue consignado a un juzgado penal, es acusado de aborto y corrupción de menores por haber suministrado a su esposa las pastillas que le provocaron la interrupción de un embarazo de 7 semanas; en tanto que ella, quien está ingresada en el hospital O’Horán, donde convalece en calidad de detenida, es acusada de haber inducido a su pareja para que le comprara el medicamento.

“La otra consignada por abortar, Nidia Gabriela Mena Estrella, es madre soltera, tiene 30 años y trabaja en una tortillería donde gana 600 pesos semanales…”